En estos meses destacan las huelgas iniciadas por los trabajadores de Doe Run Perú debido a reclamos laborales, la suspensión de la certificación ISO14001 por parte de DRP así como el problema en el funcionamiento del Comité de Vigilancia y Monitoreo Ciudadano.

A continuación presentamos los principales acontecimientos:

REGISTRO DE OCURRENCIAS

Algunos comentarios:

• En la reunión de la Comisión Ambiental Municipal- CAM se dio un informe sobre los talleres de capacitación y se indicó que no existe participación de los miembros del Comité de Vigilancia y Monitoreo Ciudadano .

  Asimismo se presentó un Informe elaborado por Osinergmin sobre cambios en el plan de vigilancia y monitoreo y se anunció la realización de nuevos talleres de capacitación para los días 27 y 31 de abril.

  Tal como lo indicamos en el Resumen Informativo anterior, el hecho que los miembros del Comité de Vigilancia y Monitoreo Ciudadano no sean convocados a tiempo y que no cuenten con las capacidades técnicas necesarias dificulta el cumplimiento eficiente de sus funciones dentro del Comité. De no corregirse estos problemas, no se podrá cumplir con su objetivo central que es vigilar el cumplimiento del PAMA.

• La huelga de los trabajadores de DRP se produjo por reclamos de mejoras salariales, incremento de las utilidades y la firma de convenio colectivo anual y no cada 5 años como viene sucediendo. El sindicato de empleados levantó la huelga a los dos días, es decir el 8 de abril y solo el sindicato de trabajadores obreros continuó con la misma. Ese mismo día se produjo un enfrentamiento entre los trabajadores y la policía. El 10 de abril inició la marcha hacia la ciudad de Lima de los trabajadores. Entre el 11 y el 15 de abril se realizaron en Lima reuniones entre dirigentes del Sindicato y representantes de La empresa Finalmente el 16 de abril se realizó una segunda marcha y levantamiento de huelga, sin que el Sindicato de trabajadores sobreros haya conseguido algunas de las solicitudes efectuadas.

  Durante esta huelga, se dio inicio a una campaña de intimidación a los trabajadores por parte de la empresa a través de volantes comparativos con los salarios de los comerciantes, solicitud de nuevo personal, amenaza de despido a los trabajadores y la movilización de un contingente policial.

  Due Run Perú sigue sin encontrar una solución definitiva a los problemas con sus trabajadores. Además debemos resaltar que en el caso de La Oroya se repite una situación que se ha dado en otras zonas mineras: la priorización de temas de corto plazo como las demandas laborales frente a temas de largo plazo como la problemática ambiental y sus efectos en la salud.

• La certificación ISO 14001 fue obtenida por Doe Run en el 2006 y otorgada por los auditores externos de TÜV Rheinland. La certificación ISO 14001 tiene el propósito de apoyar la aplicación de un plan de manejo ambiental en cualquier organización del sector público o privado. La norma ISO 14001 exige a la empresa crear un plan de manejo ambiental que incluya: objetivos y metas ambientales, políticas y procedimientos para lograr esas metas, responsabilidades definidas, actividades de capacitación del personal, documentación y un sistema para controlar cualquier cambio y avance realizado. La norma ISO 14001 describe el proceso que debe seguir la empresa y le exige respetar las leyes ambientales nacionales.(1)

  Según informó Víctor Andrés Belaunde, gerente de Asuntos Institucionales y Comunicaciones de Doe Run, la empresa está abocada a actualizar la información y adecuar la realidad del complejo metalúrgico de La Oroya. En ese sentido, el ejecutivo explicó que desde julio del 2006 a la fecha se han realizado mejoras que no han sido tomadas en cuenta por TÜV Rheinland.

  Por otro lado, organizaciones ambientales, como AIDA y Earthjustice, indicaron que TÜV Rheinland ha actuado responsablemente al llevar a cabo esta medida. Resaltaron que es deber de Doe Run hacer más para proteger la salud pública en La Oroya , una de las ciudades con más alto índice de contaminación en el mundo.

  La suspensión de la certificación ISO 14001 es una muestra más que las medidas que viene adoptando DRP siguen siendo insuficientes para remediar la situación ambiental de La Oroya. Los procesos de actualización y adecuación por los que viene atravesando la empresa no constituyen solución alguna para la situación de deterioro ambiental de La Oroya.

• En el caso de Morococha y el Proyecto Toromocho llama la atención que la empresa Perú Cooper indique que la reubicación de la ciudad de Morococha una vez que empiece la explotación del proyecto no es prioridad para la empresa para los próximos 12 a 15 años. Es claro que una vez que empiece la explotación del proyecto, la población no podrá permanecer en Morococha. En este escenario: ¿No debería la empresa tomar como tema prioritario la reubicación de estas personas?

  Resulta por demás preocupante que este tema no sea abordado de manera transparente por Perú Cooper ya que podría convertirse en el origen de conflictos con la población de Morococha. Esto es muestra de la falta de claridad en la definición de estrategias por parte de algunas empresas en sus relaciones con las poblaciones del área de influencia de los proyectos mineros. En un escenario en el que la disputa por recursos como la tierra está a la base de gran parte de los conflictos socio ambientales que se vienen dando en torno a la actividad minera, las políticas sobre reubicación resultan fundamentales en la lógica de prevenir conflictos.

• Finalmente, los representantes de la empresa Doe Run anunciaron que en noviembre del año 2009 estará concluido el Programa de adecuación del medio ambiente (PAMA), cuyo costo se elevó de 107 millones de dólares a 244 millones, y de esta manera "se concluirá con los compromisos asumidos con el gobierno".

  
  Según sus directivos, DRP ha cumplido con ocho de los nueve proyectos de mejoramiento del medio ambiente, tratamiento de las aguas residuales, residuos sólidos y escorias derivadas al río. Asimismo, anunciaron la construcción en septiembre próximo de una planta de tratamiento de ácido sulfúrico. José Mogrovejo, quien expuso ampliamente el trabajo que lleva adelante Doe Run, expresó que solo en el PAMA han invertido 244,5 millones de dólares. Informó además que el 85% de su fuerza laboral está en planilla y se está trabajando en otorgarle mayor valor agregado por la recuperación de metales menores.

  Igualmente, indicó que Doe Run ha repotenciado la planta de residuo de zinc y se ha pavimentado 16 mil metros cuadrados para levantar polvo de metal a un costo de dos millones 400 mil dólares.

  Las interrogantes, al final de su exposición, fueron planteadas por los congresistas José Carrasco Távara (PAP), David Waisman (AP) y Fabiola Morales., especialmente sobre el peligro de contaminación de plomo en la sangre de la población.

  En sus respuestas, los directivos de la minera informaron que han contratado los servicios con una empresa extranjera para el monitoreo ambiental, que existe un convenio con el Ministerio de Salud para que este determine la fecha para el control de plomo en la sangre. El último se realizó en noviembre de 2007 y los resultados serían dados a conocer la última semana de abril.

  Agregaron que la empresa está "adecuando y optimizando" la recuperación de los metales para hacerlos más limpios. Esta labor se complementa con una campaña de difusión y educación hacia los trabajadores para el manejo y cuidado de los residuos de plomo y otros metales.

  Si bien se vienen avanzando con varios proyectos, la interrogante que cabe plantearse es si los mismos son realmente efectivos y están contribuyendo realmente a mejorar la calidad del aire de La Oroya. La respuesta de los directivos frente a las preguntas sobre el peligro de contaminación de plomo en la sangre de la población es insuficiente: el Convenio con el Ministerio de Salud no soluciona el problema de contaminación del aire y de los graves impactos en la salud de la población.

  (1) http://www.fao.org/docrep/007/ad818s/ad818s08.htm

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RESUMEN INFORMATIVO - APURÍMAC

MARZO 2008 - ABRIL 2008

En estos meses identificamos que uno de los ejes del conflicto sigue siendo la estructura y el manejo del fideicomiso. Tal como lo analizaremos más adelante, consideramos que los problemas de fondo aún no han sido identificados por ninguno de los actores de la zona de influencia del Proyecto Las Bambas.

A continuación presentamos los principales acontecimientos:

REGISTRO DE OCURRENCIAS

Algunos comentarios:

• Tal como informamos en el resumen informativo anterior, los desacuerdos entre la comunidad de Fuerabamba y Xstrata provocaron que la referida comunidad acordara impedir el ingreso de personal de la empresa minera a su territorio donde se desarrollan trabajos de exploración y se encuentra el campamento.

  En la referida reunión quedó en evidencia el difícil momento por el que atraviesa las relaciones de la empresa minera con la comunidad de Fuerabamba, en la medida en que, de acuerdo a lo señalado por las comuneros de Fuerabamba, la empresa minera no ha cumplido sus compromisos de ejecutar proyectos, no se han sincerado respecto a temas como la reubicación. Indicaron asimismo que el apoyo que viene dando la empresa Xstrata hasta la fecha es pequeño y a corto plazo y que no tiene sostenibilidad e impacto.

  Como conclusión se determinó la fecha de la reunión de la empresa, autoridades comunales, autoridades municipales y la comisión de alto nivel para el día 10 de abril del presente año. Esa reunión no se realizó dado que la comisión de alto nivel nunca llegó.

• El Presidente Regional de Apurímac indicó que “lo importante es que el fondo está presidido por una persona de derecho privado sin fines de lucro, que en este caso debe recaer en los alcaldes, el gobierno regional y la empresa minera que se encuentran en el área de influencia del proyecto minero” Indicó que en la reunión que sostuvieron él y los alcaldes de Cotabambas con el Presidente de la República , se le solicitó que el fondo social debe estar constituido por los mismos beneficiarios para no poner más trabas a los proyectos.

  Por otro lado, el alcalde de Grau se mostró sorprendido al tomar conocimiento que los alcaldes de la provincia de Cotabambas, viajaron por su cuenta a la ciudad de Lima para reunirse con funcionarios de ProInversión y el Ministerio de Energía y Minas con el propósito de analizar los alcances del DL 996, a pesar de haberse acordado conformar una comisión para tratar este tema en forma conjunta.

  Informó que tras el Decreto Legislativo 996, ha reaparecido una interpretación de los funcionarios de ProInversión que sería un peligroso precedente para alentar la división entre las provincias de Grau y Cotabambas y se sustenta que en el contrato de opción de compra (inicialmente propuesto) sólo se beneficiaban directamente cuatro distritos de Cotabambas, entre ellos Challhuahuacho, descartándose a la provincia de Grau.

  En principio cabe indicar que la constitución, composición, estructura y funcionamiento del fondo social se establecerán mediante el reglamento del Decreto Legislativo Nº 996, que aún no ha sido publicado.

  En ese sentido, hay que tener en cuenta que cualquier propuesta que no reconozca que el problema de fondo en el manejo del fideicomiso no conseguirá los resultados buscados. Tal como lo venimos indicando en anteriores resúmenes informativos, el principal problema es que no se ha involucrado a la población beneficiada en los procesos de toma de decisión. Ello genera desconfianza entra la población y por lo tanto, un serio cuestionamiento a la priorización de proyectos y al manejo de los fondos.

  En efecto, el problema de fondo no es la estructura del fideicomiso como tal sino los objetivos que el mismo debe cumplir. Consideramos que cualquier fondo social que se ejecute en una zona de influencia minera debe constituirse en una herramienta que fortalezca a las poblaciones, que genere mayor institucionalidad a nivel local y que lleve un desarrollo sostenible a las zonas en las que se desarrolla la actividad minera.

  Si bien los temas de forma son relevantes, no deja de preocuparnos que el interés de los principales actores esté en la estructura del fondo y no en generar mecanismos más abiertos para involucrar a las comunidades campesinas que vienen mostrando hace bastante tiempo su disconformidad con los manejos del fondo.

  Partiendo de la premisa la minería debe aportar al desarrollo sostenible de los entornos poblacionales en los que se ejecutan los proyectos de inversión, las soluciones que se planteen deben ser de largo plazo. Con ello queremos decir que el fondo social no es un fin como tal, sino un medio para fortalecer a las comunidades y que las mismas puedan mejorar su calidad de vida, así como tener toda la información sobre las implicancias del desarrollo de un proyecto minero, es decir los impactos positivos y negativos del mismo.

• Charlie Sartain, Presidente Ejecutivo de Xstrata Copper indicó que: "Muy bien podríamos estar entrando a una era de superconsolidación. Ya veremos lo que sucede en el curso de los próximos dos años," agregó en la conferencia mundial del cobre CESCO/CRU que se realiza en Chile.

  Cabe recordar que Xstrata estuvo hasta hace poco en la mira de la gigante brasileña Vale Do Río Doce, quien deseaba comprar a su rival por su vastas reservas cupríferas. Un acuerdo con Xstrata habría sido una de las mayores adquisiciones de la historia, al ser valorada en hasta 90.000 millones de dólares.

  Al respecto agregó lo siguiente: "Si miramos al año pasado, hubo un incremento del 70 por ciento en las transacciones de fusiones y adquisiciones en la industria minera, a más de 1.700 acuerdos a través de la industria, que representaron un volumen de unos 160.000 millones de dólares."

  Sin embargo, advirtió que los gobiernos deberían ser cuidadosos y no afectar a la industria elevando las regalías y las cargas impositivas."Los impuestos y las regalías mineras ciertamente proveen una importante fuente de ingreso para los gobiernos," dijo Sartain.

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RESUMEN INFORMATIVO - PIURA

MARZO 2008 - ABRIL 2008

En el período el conflicto en Piura se ha agudizado con hechos graves como ha sido la denuncia penal por el delito de terrorismo contra los municipios y organizaciones de zona que promovieron la consulta vecinal. En la denuncia han sido comprendidos representantes de las organizaciones no gubernamentales que prestan asesoría a las comunidades.

Por otro lado, en la región Piura se viene debatiendo el tema de la minería. En particular en la zona de influencia del proyecto se vive una situación de tensión sin que se vean iniciativas del gobierno orientadas a facilitar y retomar el camino del diálogo. La ausencia del Estado es notoria y contribuye a crear una situación de incertidumbre.

REGISTRO DE OCURRENCIAS

Algunos elementos de análisis:

• El caso Majaz se ha insertado nuevamente en la agenda nacional. No por la discusión de las implicancias ambientales del proyecto o la legalidad de la presencia de la empresa minera o la propuesta de desarrollo para Piura, sino una denuncia por Terrorismo y otros delitos presentada por una Asociación civil denominada Frente de unidad de la Comunidad Segunda y Cajas (Fucsc), que presta un claro apoyo a la empresa Minera Rio Blanco Copper S.A. (Minera Majaz), en contra de los alcaldes, dirigentes sociales y el equipo técnico que promovieron la consulta vecinal del pasado 16 de setiembre y que defienden los derechos de las comunidades campesinas y poblaciones de la zona de influencia minera.

  Esta denuncia y la campaña de prensa iniciada en forma paralela por el diario Correo de Piura, han cubierto el espectro informativo sobre el caso en la Región Piura , sin que se estén discutiendo en este momento los temas de fondo de la problemática minera.

  A la fecha la denuncia, que no tiene mayor sustento probatorio, pues se basa sólo en recortes periodísticos, en un 90% del diario Correo de Piura, que brinda un claro apoyo a la empresa Minera Rio Blanco Copper S.A. (Minera Majaz), se encuentra en proceso de investigación. El fiscal, ante la falta de sustento de la que adolece, ha citado a los denunciantes, quienes no han acudido a las dos citas que se les han programado.

  Recientemente, en declaraciones al diario El Comercio de Lima, el presidente del Frente de Unidad de la Comunidad Campesina de Segunda y Cajas , Juan Cruz Pusma, ha indicado que “la denuncia servirá para que sean respetados los derechos de los comuneros que están a favor del proyecto minero”. Al respecto el periodista que hace la nota añade, “Después de la primera media hora de entrevista, sin embargo, Cruz y miembros de su directiva reconocen que no tienen cómo demostrar que los denunciados son terroristas”.

  En Lima, la denuncia por terrorismo y otros delitos, es acogida por un sector de la prensa, como parte de la campaña que realiza el gobierno contra todo aquél que tome distancia o discrepa de sus políticas económicas.

  En todo caso, podemos comprobar, que se trata de toda una estrategia promovida para desmovilizar y aislar a líderes sociales y organizaciones que reivindican derechos, asociándolas a una supuesta “Red Antisistema”, con un gran poder de injerencia a todo nivel, que busca desestabilizar al gobierno. En ese contexto se utiliza las denuncias por terrorismo como un instrumentos de estigmatización.

  Ante ello desde diferentes sectores se han escuchado voces rechazando tales imputaciones y reclamando el derecho a la libertad de pensamiento, reclamando al gobierno que sea abierto a la diversidad de opiniones y permeable a las críticas y puntos de vista discrepantes, puesto que de lo contrario se pone en peligro el sistema democrático, llegando al extremos de encontrar medidas similares a las tomadas por gobiernos autoritarios.

  Ante la campaña de prensa iniciada por el diario Correo de Piura, los principales afectados, han solicitado la rectificación de las informaciones mediante la vía notarial, y el cese de las publicaciones difamatorias, lo que no ha sucedido. La campaña ha continuado de manera paralela a la investigación por delito de terrorismo, afectando la imagen y honra de las personas. Lo más preocupante, es que el diario Correo de Piura asegura que muchas de sus informaciones se basan en “informes de inteligencia”, que dan a entender que son producidos por el propio Estado a través de las entidades responsables de ello, lo que debería ser aclarado públicamente.

  La situación amerita que el gobierno evalúe el rol que viene jugando en el caso, para corregir la situación actual y permitir que se reabra los canales de diálogo, generando condiciones adecuadas.

  Otro hecho importante es la presentación pública del Informe denominado “Biodiversidad y minería en el norte del Perú: Observaciones referentes al proyecto Río Blanco”, que han realizado el Geógrafo norteamericano Kenneth Young y de la Bióloga Blanca León, ambos de la Universidad de Austin, Texas.

  Ellos entre sus principales reflexiones sobre el proyecto minero Río Blanco han destacado:

  1. Al hablar de desarrollo sostenible en un mundo globalizado, las experiencias tanto locales como externas brindan un bagaje importante sobre cómo planificar ese desarrollo. Lo que supone reconocer las estructuras de gobernanza, así como los objetivos y decisiones locales.
  2. Para garantizar los medios de subsistencia de la población de la zona, es necesario el respeto de las habilidades, conocimiento, objetivos y prácticas productivas de los agricultores.
  3. Para el norte del país, y en particular para el área de exploración minera en Piura, el vacío de información primaria es preocupante. El vacío en el conocimiento de la situación ambiental se vuelve crítico cuando se examinan las áreas consideradas aptas para la prospección minera, las que corresponden mayoritariamente a las zonas no cubiertas por estudios sobre el estado ambiental.
  4. Un problema grave de esta situación, es que no se ha considerado la protección ambiental a las cabeceras de cuencas. Esta preocupación es pertinente cuando en el caso del proyecto Río Blanco, se examina la escala de una posible explotación sobre la base de las concesiones adjudicadas, las que incluyen cuencas importantes tanto para la población local como para los departamentos y regiones en las que se enmarcan. Los incumplimientos citados por OSINERGMIN (En la resolución que sanciona a la empresa minera Río Blanco), permiten además añadir la falta de seriedad empresarial que queda demostrada desde el tratamiento exploratorio y por tanto adicionan mayor preocupación.
  5. Se requieren análisis de varias escalas. Los impactos ambientales no sólo son acumulativos, sino que pueden pasar un umbral donde las consecuencias ambientales aumentan dramáticamente, de esta forma los cambios cuantitativos se hacen cualitativos con transformaciones difícilmente reversibles.
  6. Sin las garantías ambientales y sin entender el contexto socio-ecológico, es poco recomendable el proyecto.

  Finalmente un tema a evaluar es la información sobre el enfrentamiento entre pobladores y policía de China, en el marco de las actividades que realiza la empresa Zijin. Recordemos que Zijin es la principal accionista de Río Blanco Copper S.A (Minera Majaz) y ello constituye un precedente negativo, si sumamos a ello los bajos estándares ambientales y laborales que manejan las empresas chinas.

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En marzo y abril de 2008 se ha vuelto producir un incidente ambiental dentro de las operaciones de Xstrata Tintaya lo que resulta sumamente preocupante. Asimismo, el acelerado crecimiento de las concesiones en distintas provincias de Cusco, sigue causando preocupación entre las autoridades y población local.

REGISTRO DE OCURRENCIAS

Algunas consideraciones finales:

• Los incidentes ambientales en el ámbito de trabajo de Xstrata Tintaya siguen causando preocupación pues no se cuenta con información oportuna de la empresa sobre los impactos de los incidentes. Además resulta necesario evaluar por qué en periodos de tiempo relativamente cortos se producen incidentes ambientales de esa naturaleza.

• Respecto al avance de las concesiones en Acomayo En el ámbito del distrito en la actualidad habría dos concesiones mineras para la explotación de hierro; una a la empresa Aceros Arequipa, con una extensión de mil hectáreas y la segunda a favor de la empresa el Cuervo en una extensión de 600 hectáreas en el sector de Punawasi que pondrían en riesgo la laguna de Pomacanchi y la biodiversidad existente en la zona.

  Los alcaldes explicaron que las dos concesiones están ubicadas en las cabeceras de cuenca, donde tienen su naciente las fuentes de agua dulce que en mayor o menor grado soportarán la contaminación de la actividad minera, agua que luego será utilizada para la actividad agrícola y que también confluirá a la laguna de Pomacachi. Para el alcalde ese es el mayor problema, la contaminación de las fuentes de agua que confluyen en la laguna de Pomacanchi, pues afectará a la actividad agropecuaria a la que se dedican más del 90 % de habitantes del distrito y la actividad piscícola que se desarrolla en la laguna de Pomacanchi.

  Sin embargo Pomacanchi no es la única zona donde existen concesiones. Según la autoridad habría otras en los distritos de Acopia y Sangarará, lugares donde los yacimientos mineros metálicos habrían atraído el interés de las empresas mineras. En estas zonas también correrían el riego de ser contaminadas por la actividad minera las lagunas de Pampamarca y Mosoc llacta que forman parte del circuito 4 lagunas con una biodiversidad y son fuente de agua dulce para las comunidades campesinas de los distritos mencionados.

  El alcalde informó que en el caso de la concesión otorgada a Aceros Arequipa, la municipalidad distrital interpuso oposición a la Resolución de Concesión que hasta hoy no tiene una respuesta.

  Esta situación es una muestra de la preocupación que existe por el avance las concesiones y la expansión de las mismas en diversos ámbitos territoriales. Tal como lo hemos venido señalando, la inadecuada política de otorgamiento de concesiones, al no coordinar con ninguna autoridad local o regional, ni verificar las características del territorio sobre el que otorga la concesión, genera situaciones como la anteriormente descritas: otorgamiento de concesiones en cabeceras de cuenca o en ecosistemas ricos en biodiversidad sumamente frágiles frente al desarrollo de la actividad minera.

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Este período está caracterizado por caso de las tensiones por el uso del agua en Bambamarca, que involucra a las empresas mineras Gold Fields y Coimolache así como la continuación de la tendencia de la criminalización de la protesta. A continuación se detallan los principales eventos ocurridos durante los meses de marzo y abril:

REGISTRO DE OCURRENCIAS

Algunas consideraciones finales: