OPINIÓN

CABE CANEM
(La República, 12 de noviembre de 2007. p.6)
Por Mirko Lauer

Creo haber leído ya cerca de 20 comentarios de respuesta discrepante al artículo “El perro del hortelano”, de Alan García en El Comercio. En Google News encuentro algo más de 50. Lo cual es a su manera un éxito de convocatoria a la polémica. No he podido encontrar un solo comentario a favor. Pero, después de todo, para eso está el texto mismo.

Los más indignados han entendido el artículo sobre todo como un ataque a los opositores. Pero también se puede leer el texto como una explicación de sus propias políticas. Algo así como una justificación de lo actuado y de lo que está por venir. Podría ser visto como una suerte de manifiesto o declaración de objetivos.

Para los alanófobos, el texto, bastante a la derecha del liberalismo o la socialdemocracia pero sobre todo con algunos pasajes de esmerada incorrección política, ha sido una fiesta. Además estaba la oportunidad de lanzarse contra el García presidente a través de García periodista, de hacer política mediática y medianera.

De ninguno de los lados el intercambio ha producido nada nuevo. El artículo es la política económica y social del segundo alanismo puesta en letra de molde. La mayoría de las respuestas está dentro de uno de varios sentidos comunes que circulan: liberal progre, izquierdista retro, antiaprista silvestre, militante de la sociedad civil.

Para este columnista lo más novedoso en el texto termina siendo lo que era más predecible: García mantiene algunos pilares básicos de su pensamiento económico 1985. Lo cual es irónico, puesto que una obsesión de la derecha ha sido si García “ha cambiado”. Es decir si otra vez podría anteponer su política a los intereses del gran capital.

Una de las esencias de la economía “apostólica” 1985-1987 fue que un liderazgo empresarial sin cortapisas llevaría al país hacia delante. En otro contexto, es verdad, 2006-2007 han sido un despegue parecido. En ambos casos la ausencia de Estado efectivo (no el perro del campo o el de la ciudad) parece ser el principal obstáculo para ese tipo de planes.

Volviendo al artículo. ¿Piensa García responder al cargamontón? Probablemente no. La experiencia ha demostrado que el método es una brillante oportunidad para que los comentaristas se ubiquen al nivel del presidente, convertido en un periodista más. Suena muy democrático, pero bastante poco institucional.

Sin embargo hay cosas que decir a favor del contacto directo. A Hugo Chávez le va de maravillas con su “Aló, presidente”. A Fernando Belaunde le fue bien con sus conferencias de prensa semanales, hasta que tuvo que cortar cuando se multiplicaron los intentos de manoseo. Además, los resultados suelen hablar por sí mismos.

MEDIO AMBIENTE. CHINA: CRECIMIENTO Y CONTAMINACIÓN 
(La República, 7 noviembre 2007)

Marco Arana.

El crecimiento económico chino ha llegado a constituir una amenaza global a la sostenibilidad. En setiembre de 2006, la prestigiosa National Geographic (NG) publicó un reportaje sobre "China, el lado oscuro del éxito". En horas en que nuestros gobernantes, fascinados por ese crecimiento, se aprestan a atraer más inversiones chinas (entre los 20 proyectos mineros que el presidente García quiso que el Congreso aprobara, al menos una empresa de las que iban a ser favorecidas era china) es preciso tener en cuenta que China es una de las que más daños ambientales causan al planeta. Las promesas de minería limpia y socialmente responsable en Majaz bien pueden ser "un cuento chino".

El gobierno comunista de Mao Zedong impulsó su revolución industrial desde el noreste de China en base a nuevas minas y fábricas estatales del carbón, acero y petróleo. "A principios de la década de 1980, el noreste generaba el 16% de la producción industrial del país, con solo 8% de la población; esto la convirtió en una de las regiones más ricas en una sociedad manifiestamente igualitaria" pero dos décadas después la producción del noreste decayó a menos del 9% del total nacional y la desigualdad ha crecido. Dice así la NG: "Miles de fábricas estatales obsoletas, millones de obreros despedidos, una brecha cada vez mayor entre ricos y pobres, corrupción creciente, catástrofes ambientales y humanas y el fantasma del malestar social que lo nubla todo" y aunque el gobierno hace esfuerzos por redinamizar esa economía regional, la realidad es inocultable, mucha gente pobre en el pueblo minero de Xinjian, en Qitaihe, escarba con las uñas las pilas de desechos de las minas de carbón para obtener algún trozo que sirva para vender. Cientos de trabajadores desempleados de la industria minera aguardan el desalojo del que fuera "el pueblo de trabajadores mineros modelo" en Tiexi, Shenyang.

El drama no solo se debe a la vieja industria minera (como dirían los empresarios mineros peruanos) sino que también las nuevas privatizaciones de las empresas mineras están dando origen a mayor desigualdad social. En febrero de 2007, Europa Press informó: "China contaminó más que el año anterior. De acuerdo con la Administración Estatal de Protección Medioambiental (SEPA), las emisiones de dióxido de sulfuro crecieron 463 mil ton. respecto a 2005, mientras que la Demanda Química de Oxígeno (DQO), un indicador de la polución de las aguas, aumentó 173 mil, es decir, un 1,2%. La SEPA señala que China creció un 10,7%, y que el aumento del sulfuro de dióxido se debió a un mayor consumo de carbón, que creció casi 230 millones de toneladas, y el de la COD a una mayor producción de derivados del papel, que creció un 20% con respecto a 2005 y se situó en 58 millones de toneladas. Aunque los porcentajes de crecimiento oficial de la contaminación puedan parecer relativamente pequeños, hay que tener presente que China es el segundo mayor contaminante del mundo, después de EEUU."

LOS TRABAJADORES MINEROS EN HUELGA
(CNR, 6 noviembre 2007)

Por: José De Echave

Una nueva huelga nacional ha sido convocada por la Federación Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Siderúrgicos del Perú (FNTMMSP), lo que pone nuevamente en agenda el tema laboral. Se anuncia que 36 sindicatos mineros se plegarán a esta medida entre los que figuran los de Tintaya, Cerro Verde, Southern, Perú, Yanacocha, Barrick, Volcan, Atacocha, Minsur, Shougang, entre otros.

Esta es la segunda paralización a nivel nacional en lo que va del año; en el mes de abril fue decretada la primera huelga del año con un pliego de demandas entre los que destacaban los siguientes puntos: la incorporación de todos los trabajadores de empresas contratistas a la planilla de la empresa principal; la restitución del articulo 7º de la Ley Nº 25009, referida a la jubilación sin topes; la desafiliación libre de las AFP, la eliminación de las denominadas jornadas atípicas, el incremento en la participación de utilidades, así como una ley del trabajo que garantice el derecho de los trabajadores mineros.

Varios meses después de haber logrado un acuerdo con las autoridades del sector, el principal gremio de trabajadores mineros ha señalado que estos no han sido cumplidos. Al margen de este dato, lo cierto es que el malestar laboral es creciente en el sector minero y la convocatoria a la huelga nacional ha estado precedida de situaciones de conflicto en empresas como Shougan y Southern Perú: de hecho en los primeros seis meses del año ya se había superado el numero de huelgas realizadas a lo largo de todo el año 2006 y lo que es más grave, el número de hora hombres perdidas (indicador que mide la intensidad de las paralizaciones) ha pasado de 78,720 en los doce meses del 2006 a 220,400 en los seis primeros meses del 2007.

¿Qué está pasando en el mundo laboral minero? Todo indica que las condiciones laborales impuestas desde mediados de la década del 90, han generado una situación que en la mayoría de empresas se hace cada vez más difícil sostener. Algunos ejemplos: el aumento incesante de trabajadores de empresas contratistas intermediarias; si en 1993 representaban solo el 22.31% del total de trabajadores mineros, en 1999 ya eran el 58.7% y actualmente la cifra de los trabajadores mineros que no tienen una relación directa con las empresas, bordea el 65%. Este aspecto ha jugado un rol gravitante en la precaria calidad del empleo minero, en la medida que las empresas contratistas se caracterizan por la escasa capacitación de sus trabajadores y serias deficiencias en temas relacionados con el reconocimiento de beneficios sociales y la seguridad industrial: por ejemplo, las estadísticas muestran que más del 60% de los accidentes fatales ocurridos en las minas peruanas en la última década corresponden a trabajadores de empresas contratistas.

Otro tema que preocupa a los trabajadores mineros es el promedio de horas semanales laboradas, que según la información del propio Ministerio de Trabajo, es uno de los más altos en el país. A ello se le suma el hecho que desde la década pasada se comenzaron a implementar, bajo distintas modalidades, los denominados “sistemas acumulativos de trabajo y descanso”. Las formulas difieren: en algunas empresas se aplica el de 14 días continuos de trabajo (con jornadas de 12 horas diarias) por 7 días de descanso; en otras son 20 o 10 días continuos y un número de días de descanso de acuerdo a los convenios. No es difícil imaginar los impactos que pueden estar causando estos sistemas acumulativos de horas laboradas en la vida de del minero y sus familias, ya que implican períodos de separación forzada y vida en soledad en el lugar de las labores.

Todos estos temas están saliendo a la luz con las inspecciones laborales. Los resultados de las inspecciones, según el propio Ministerio de Trabajo, demuestran que el minero es el sector de mayor conflictividad y como ha declarado la ministra Pinilla “no hay ya en la minería una empresa que tenga a todos sus trabajadores directamente contratados en planilla”.

A estos temas se le añade las extraordinarias ganancias que están teniendo las empresas mineras y que no están siendo compartidas con los trabajadores mineros. Solo las siete principales empresas de la gran minería han incrementado sus utilidades de US$ 2,879 millones de dólares el año 2005 a US$ 4,540 millones el año 2006. Esta situación contrasta con la relativa estabilidad de los ingresos de los trabajadores mineros.

De no enfocarse adecuadamente las demandas que vienen del sector laboral, se le puede abrir un nuevo espacio de conflicto social a las empresas mineras, que en los últimos años han estado centralmente ocupadas por las relaciones con sus entornos poblacionales.

UN LADRIDO PARA ALAN
 (Semanario El Búho, Arequipa, 6 de noviembre del 2007)

Por Ramiro Escobar

Ha pasado más de una semana de la publicación, en el diario El Comercio de Lima (el 28/ 10/07), del artículo “El síndrome del perro del hortelano” firmado por el presidente  Alan García (que trata sobre los que, según él, “no comen ni dejan comer”) y el debate recién comienza. Me apunto guau, guau.

Creo, para comenzar, que el texto adolece de tantas fallas de redacción (faltan, o estás mal puestos, los dos puntos, los puntos y comas, las comas, amén de la falta de concordancia) que, sinceramente, mejor no lo sometamos a evaluación. No hay derecho a criticar al SUTEP si se tiene tan mala prosa.

Pero además las líneas del mandatario adolecen de una falta de rigor periodístico casi canino: presentan, abundantemente y entre comillas, como si alguien las hubiera pronunciado alguna vez, una serie de declaraciones marcianas, desorbitadas, que caricaturizan todo rastro opositor.

¿Quién ha dicho alguna vez “reduce la jornada laboral estatal a 6 horas, paga más salarios, aunque el Perú no produzca más”? ¿A qué orate se le ha ocurrido afirmar, en nuestro país, “que me den más sin que yo cambie y sin que haga ningún esfuerzo”? Yo no sé lo he escuchado ni a Antauro Humala.

Toda esa carga de galimatías tiene como objeto volver perruno cualquier reclamo, sugerir que todas las críticas son ladridos frente al quijotesco avance del actual régimen. Lo triste, sin embargo, es que el ensayo presidencial más bien presenta al APRA como perrito faldero del capital.

Habrá que recordar, por vez enésima y para curarnos en salud de cualquier acusación rabiosa, que quienes objetamos ciertas formas de invertir, ciertos excesos de empresas mineras o de otra índole, no tratamos de morder a nadie. Simplemente ejercemos el derecho a pensar como ciudadanos informados.

El capital- pequeño, mediano o grande- es indispensable, esencial, pero no hace falta que uno se tire al piso, cual can sin dueño, para acogerlo. No ocurre así justamente en los países puestos como paradigma y, peor aún, tampoco se concibe en ellos que los ambientalistas sean tan maltratados.
García, en su tinta, pone los dientes sobre los “medioambientalistas” y los acusa de anticapitalistas o comunistas. Hasta sostiene que lo de los indígenas ‘no contactados’ es una invención contra la inversión petrolera. ¡Cuando el propio MIMDES tiene un programa dirigido a esas comunidades nativas!

Ya sabíamos que este gobierno no tenía, para nada, simpatías con el desarrollo sostenible, lo que debe parecerle un ladrido mayúsculo. Pero lo peor del artículo está en el tercer párrafo cuando habla de comunidades y asociaciones que “no han cultivado ni cultivarán” millones de hectáreas.

El “no cultivarán” tiene, para mi gusto de sabueso periodístico, un signo trágico. En cristiano no canino, quiere decir que el viejo partido, en manos de su actual presidente, renuncia formalmente a su vocación de justicia social y asume que la equidad jamás llegará al campo empobrecido.

Podemos reconocer que sería importante un mejor uso –¡sostenible guau, guau!- de nuestro recursos naturales. Lo que no podemos aceptar, en honor a nuestra perruna sensatez, es que, en aras de capitalizar todo, se privilegie sólo a los grandes daneses de la economía. Así nos comeremos entre todos.  

PONER EN VALOR LOS RECURSOS NATURALES, ¿PARA QUIÉN?
(La República, 3 de Noviembre de 2007)

Por Humberto Campodónico

El artículo del presidente García insiste en que hay un enorme potencial de ingresos si se explotan los recursos naturales, pero hay "perros del hortelano" que se oponen a esa explotación de manera dogmática. Son los "comunistas de ayer, convertidos en los ecologistas de hoy, que no quieren que el Perú progrese".

Ciertamente, existen pequeños sectores que no quieren ninguna explotación. Pero son los menos. Sin embargo, con ese argumento se pretende también incluir como "opositores radicales" a los que plantean que la explotación de los recursos naturales debe cumplir con los estándares ambientales y sociales de la legislación vigente.

Por ejemplo, la ley 26834, Ley de Áreas Naturales Protegidas, establece que en los parques nacionales no puede haber extracción de recursos naturales. Pero hay un proyecto del Ejecutivo que pretende recortar el Parque Nacional Bahuaja Sonene para la explotación de gas. ¿Por qué? En Brasil, como en Perú, existe esta legislación. Y Petrobrás la cumple. ¿Exigir que se cumpla la ley es ser perros del hortelano?

Cuando Yanacocha, en el 2004, quiso explotar yacimientos de oro en el Cerro Quilish, la población se opuso porque estimaba que se depredarían los acuíferos de la zona. Yanacocha insistió, pero finalmente se dio cuenta de su error y se rectificó públicamente en un comunicado (www.cristaldemira.com, 6/11/2004).

Ahora bien, si los proyectos de explotación de recursos naturales cumplen con la ley y se procede a su explotación, la cuestión central es: ¿Quién se beneficia con su "puesta en valor"? Lo normal es que las concesiones mineras y los contratos petroleros reflejen un equilibrio económico que beneficie a las empresas y al Estado, porque la Nación es dueña de los recursos naturales.

Pero esto no sucede actualmente. Los precios internacionales están por las nubes, así como las utilidades de las empresas. En esta situación, el ejemplo de la provincia de Alberta, Canadá, es significativo, pues acaba de establecer que, si los precios del petróleo aumentan, también deben subir las regalías.

Léase bien, en Alberta se considera que no es suficiente el ingreso extra proveniente del impuesto a la renta (lo que también sucede en el Perú), pues plantea que la sobreganancia por el alza de precios no solo debe beneficiar al inversionista, sino que también debe ser extensiva al propietario del recurso natural.

Pero en el Perú eso no sucede, pues las modalidades de contratación no lo contemplan y el Estado no participa de las sobreganancias. Este impuesto fue planteado por los 2 partidos que llegaron a la segunda vuelta, pero el APRA incumplió su promesa.

Tampoco el artículo de García plantea modificar esa situación de ahora en adelante, proponiendo, por ejemplo, una cláusula de aumento de las regalías cuando aumenten los precios. No solo eso. Se firman nuevos contratos de estabilidad tributaria (con Majaz) que no contemplan participación en la sobreganancia y ni siquiera se habla de derogar el Art. 62 de la Constitución, que los hace inmodificables.

Así, las sobreganancias irán a las arcas de las empresas y no al Estado. Se pierde la oportunidad de que los recursos naturales financien el salto del país al siglo 21, con inversiones en infraestructura, salud, educación, modernización tecnológica y pleno aprovechamiento de las tecnologías de la información y del conocimiento.

El sentido de la "puesta en valor" de los recursos naturales (respetando el medio ambiente y los derechos de la población) implica reconocer que estos son de la Nación, a la cual le corresponde participar de sus beneficios. De otra manera, la "puesta en valor" valorizará, sobre todo, las acciones de sus inversionistas.

MINERÍA EN EL PERÚ: DE LA “MITOLOGÍA” A LA POSIBILIDAD
Raúl Chacón Pagán

Al abordar los impactos ambientales de la minería en el Perú no se puede decir simplemente que todos contaminan, por lo que el problema es macro y no solo del sector minero, como hacen sus defensores. De esa manera se diluye el trasfondo de la problemática, y no se aporta a una real solución: si todos son responsables, al final nadie lo es.

Además, ese discurso cae en algunas inexactitudes, como hacer equivalentes el que haya una legislación ambiental minera avanzada para los estándares peruanos (pero no para los europeos o norteamericanos), con el que esa legislación se cumpla como es debido, o sea siempre, lo cual bien sabemos que no es así, por la  débil institucionalidad nacional y la insuficiente capacidad fiscalizadora del Estado. ¿Pueden las Direcciones Regionales de Minería y el OSINERGMIN, con sus limitados recursos humanos y logísticos, fiscalizar a las numerosas mineras del país, ubicadas en remotos lugares?. Otra inexactitud de los defensores de la minería es sugerir que las comunidades pueden decidir de manera informada, libre y previa respecto a los proyectos mineros, cuando en el Perú eso es tan sólo un ideal todavía: una cosa es informar de manera rápida y eventual sobre complejos asuntos técnicos a personas andinas a veces analfabetas, y otra es dialogar y consultar de verdad, como se hace en Canadá, donde decir indio no es sinónimo de insulto. Por eso, más inexacto aún es comparar de manera tan simplista la realidad canadiense con la peruana, es decir a un Estado nación del primer mundo con uno del tercero o cuarto, con todo lo que eso implica, particularmente en niveles de desigualdad social (el Perú es uno de los países más desiguales de América Latina y del mundo). De modo que respecto a los puntos anteriores no vale ser inexactos o ingenuos, por no usar otros adjetivos menos bienpensantes. Como dijo alguien, en política no hay que ser ingenuos, menos en minería.

Tampoco se trata de satanizar a la minería y pintarla como  la causante de todos los males del país, pues eso también es perder la verdadera dimensión de la problemática y nos lleva a caer en garras del maniqueísmo (buenos, unos; malos, los otros) y el análisis incendiario por antonomasia. Ojo: no pocos mineros y sus defensores también suelen satanizar a sus críticos, es decir a las ONG y organizaciones como la CONACAMI, por ejemplo, y a todo color (usando revistas y hasta programas televisivos), lo cual tampoco contribuye a definir propuestas de solución para los conflictos socioambientales, sino, todo lo contrario. ¿Cómo se puede dialogar con alguien cuando se le considera el diablo en persona, o sea un complotador antiminero y antidesarrollo nacional? Lo primero que hay que tomar en cuenta es que criticar no es sinónimo de estar en contra, aunque hay veces en que esto sí puede ser así, como en los raros casos ultrapolarizados de Tambogrande y Majaz que obedecen a una lógica social particular, básicamente interna, más que externa. A menos que se piense que los pobladores de las zonas de Tambogrande y Majaz son débiles mentales que hacen todo lo que las ONG y la CONACAMI les diga.

De otro lado, hace años que se habla de minería sostenible o sustentable, confundiendo términos que tienen dos sentidos distintos. Una cosa es ser sostenible o viable económicamente, gracias a la continua generación de utilidades de una empresa, y otra es que sea sustentable en términos ambientales, aplicando criterios que garanticen la anhelada sustentabilidad. En minería, obviamente es mucho más fácil que se dé lo primero, para regocijo de los accionistas, mientras que es imposible hacer sustentable una actividad que agotará un recurso natural en unas décadas, a lo sumo, y no dejará para las futuras generaciones más que un supuesto buen cierre de minas, con drástica alteración de la geomorfología original. Más recientemente, con la difusión del concepto de Responsabilidad social Empresarial (RSE), que se entiende que es una cualidad que asume voluntariamente una empresa que cuida su entorno y su interior (sus trabajadores), se habla de minería responsable, que sería la característica de la “nueva minería”, peruana o extranjera.

En realidad, es difícil aplicarle ese rasgo a una empresa, que no es un ser humano sujeto a la ética, al cual sí se le puede calificar de responsable o no, sin mayores problemas, según su forma de comportarse, o su moral. Es decir, una empresa no es una persona humana, sino una persona jurídica cuyo fin es la generación de utilidades para sus accionistas, y la condición de responsable, entendido como buen manejo de su entorno como de su interior, es algo que eventual, sino difícilmente, se manifestaría al mismo tiempo. Por ejemplo, una gran empresa minera aurífera como Yanacocha podría estar pagando sueldos y salarios razonables, pero en qué sentido podría ser responsable con el ambiente si está alterándolo a cada momento de manera radical, al mover miles de miles de toneladas de roca y tierra como nunca antes se hizo, al margen de que contamine o no (y no pocos dicen que Yanacocha sí contamina, además de dejar comunidades sin agua). ¿Y acaso sabemos fehacientemente todas las consecuencias socioambientales de esa actividad, o sería responsable decir que sí, cuando la respuesta quizá es no? ¿Son infalibles los famosos Estudios de Impacto Ambiental (EIA)? ¿Y qué sabemos de las consecuencias de los novedosos cierres de minas, en particular para ese tipo de minería a gran escala, que tienen un horizonte de cientos de años, cuyo término no alcanzaremos a ver? En realidad, aquí nos movemos en el terreno de la incertidumbre, y aparentar que no es así, es a todas luces irresponsable. Siendo así, hablar con toda seguridad y soltura de la responsabilidad ambiental de las grandes mineras se asemeja al discurso del vendedor de cebo de culebral o de esos famosos curalotodos (a propósito, muchos dicen que la minería es el remedio para casi todos nuestros males). Por ello, esa responsabilidad, más bien, sería bastante relativa, básicamente a corto y mediano plazo y sujeta a los condicionantes o limitaciones del ambiente y sus recursos. De modo que la modestia en ese discurso sería bienvenida, y quizá un “no sé” de vez en cuando sería más realista y honesto.        

Concluyendo, ¿decir lo anterior, es estar en contra de la minería?. Más que polarizar el debate, lo mejor sería dar masivamente más elementos para el mismo, a fin de, finalmente, ser capaces todos los involucrados de tomar una decisión informada, previa y libre respecto a la minería. Pero para ello, primero, debe definirse de manera participativa cual es nuestra visión de país, o sea a qué apuntamos, para luego definir cómo conseguir eso. ¿Queremos seguir apostando por el modelo primario exportador, ahora basado en mucho en los metales, o queremos apostar por nuestra megadiversidad, incluyendo los metales, utilizando una adecuada zonificación territorial (rechazada por los mineros en Arequipa) que facilite su explotación racional? Como fuere, se requiere un plan de desarrollo nacional, así como planes de desarrollo locales, siempre participativos, para encaminarnos en una u otra dirección. Lo contrario sería seguir jugando a “inversiones, sí, críticas y reclamos, no”, que ya vemos a qué nos está llevando hace años, y que para el 2011 podría ser uno de los factores para una radicalización política, que paradójicamente es lo que más temen quienes se benefician del actual modelo económico, empezando por los mineros.