En medio del inicio del debate electoral rumbo a las elecciones 2026, donde la "seguridad" ocupa el centro de la agenda, desde distintos territorios se viene recordando otra crisis urgente y poco visibilizada: la crisis del agua. Durante marzo, en el marco del Día Mundial del Agua, diversas organizaciones, comunidades y juventudes impulsaron actividades en defensa del río Rímac, principal fuente de agua para Lima y Callao.

Millones de personas en Lima y Callao consumen agua que nace en zonas impactadas por pasivos mineros, mientras nuevas amenazas, como el proyecto minero Ariana, ponen en riesgo tanto la calidad como la disponibilidad del recurso. A ello se suma una respuesta estatal insuficiente frente a los riesgos ambientales y a la vulneración del derecho humano al agua, la salud y un ambiente sano.  

Las acciones fueron sostenidas por el Grupo Institucional en Defensa del Río Rímac, integrado por la Asociación por la Defensa y Desarrollo Sostenible del Medio Ambiente en la Cuenca del Río Rímac (ADESAM), el Departamento de Dignidad Humana de la Diócesis de Chosica, la Comisión Episcopal de Acción Social (CEAS), Grupo Andes, Red Muqui, CooperAcción y el Movimiento Ciudadano frente al Cambio Climático (MOCICC), junto a colectivos juveniles (Yana Ñahui, Yachay Suyu, La Casa de Tiza, Frente en Defensa del Agua de Lima y Callao, Red Territorial Juvenil de Lima y Callao, Colectivo de Autoconvocados, La Comuna Universitaria, entre otros) y profesionales comprometidos con la defensa del agua, los territorios y los derechos de las poblaciones. Las actividades que se realizaron fueron las siguientes: 

1. Talleres formativos: Genaro Aguilar

Como parte de este proceso, se realizaron tres talleres formativos denominados “Genaro Aguilar”, en homenaje al defensor ambiental de San Mateo (Huarochirí), quien dedicó su vida a la lucha contra la contaminación minera en la cuenca alta, y que falleció este año dejando un importante legado de organización y compromiso.

Los talleres convocaron a 20 jóvenes de distintos distritos de Lima y Callao, quienes recibieron herramientas para fortalecerse como agentes comunitarios en defensa del agua, la salud y los derechos ambientales, con capacidad para informar, sensibilizar y promover organización en sus barrios y comunidades. Los temas que se abordaron fueron: contaminación de la cuenca, la amenaza del proyecto minero Ariana, impacto de los metales pesados en la salud y estrategias de comunicación popular.

2. Foro “Río Rímac y elecciones”: Propuestas desde los territorios hacia las candidaturas 

El 20 de marzo se realizó en Huaycán (Ate) el foro “Río Rímac y Elecciones”, que reunió a 80 personas de comunidades de la cuenca alta, docentes, jóvenes y candidatas y candidatos al Congreso, en un espacio de diálogo para colocar en la agenda electoral la defensa del agua y los derechos de poblaciones afectadas por la contaminación.

Desde los territorios, se recordó la histórica resistencia frente a la contaminación minera, como la gesta de 1934 en San Mateo, y se evidenciaron los impactos actuales en la salud, la educación y la vida cotidiana. El director de la I.E. José Faustino Sánchez Carrión, en Carapongo, mencionó la necesidad de incorporar esta problemática en el currículo educativo para que nuevas generaciones comprendan la relación entre territorio, ambiente y derechos. 

Por su parte, las y los candidatos de distintas agrupaciones coincidieron en la importancia de impulsar la declaratoria de emergencia de la cuenca del río Rímac, la protección de las cabeceras de cuenca y el fortalecimiento del monitoreo ambiental comunitario, como medidas urgentes ante la contaminación. 

3. Encuentro entre la cuenca alta y baja: Comunidad de San Mateo recibe a jóvenes de Lima

El 21 de marzo, participaron 20 jóvenes que formaron parte de los talleres Genaro Aguilar, junto a organizaciones como ADESAM, la Diócesis de Chosica, MOCICC y Red Muqui, y visitaron el distrito de San Mateo (Huarochirí) para conocer de cerca la realidad de las comunidades campesinas que habitan la cuenca alta.

La jornada permitió mostrar cómo la contaminación impacta directamente en la agricultura, la ganadería y la salud, y generó un espacio de intercambio entre quienes viven en el territorio donde nace el agua y quienes consumen el agua en la ciudad. Este encuentro marcó un paso clave hacia una mayor articulación entre el campo y la ciudad en la defensa del río y el derecho al agua.

4. Festival por el Día Mundial del Agua: memoria, información y movilización

El 22 de marzo, en la Alameda Chabuca Granda (Cercado de Lima), se realizó el festival abierto por el Día Mundial del Agua, que reunió a decenas de personas entre familias, jóvenes y organizaciones en un espacio cultural con música en vivo, batucada, talleres para niñas y niños, feria informativa y proyecciones audiovisuales.

La actividad permitió informar sobre la contaminación por metales pesados y los riesgos del proyecto Ariana, pero también recuperar el vínculo afectivo con el río Rímac y reafirmar que su defensa es una  apuesta colectiva. 

Finalmente, a pocas semanas de las elecciones, las organizaciones remarcaron la urgencia de  abordar la crisis del río Rímac y que forme parte del debate público y la construcción de propuestas a favor de las comunidades que hoy se encuentran afectadas.

La defensa del agua no es solo una demanda de las comunidades de la cuenca alta, sino una cuestión de derechos humanos, salud pública y futuro para más de 11 millones de personas en Lima y Callao, que dependen de este río para vivir.

Ante la expansión minera: las comunidades responden con sus formas de vida ancestrales practicadas durante siglos de resistencia

Tras más de 30 años de intensa actividad extractiva en los territorios del Perú, los megaproyectos que se presentaron como una oportunidad de desarrollo económico y progreso, hoy son fuente de conflictos, desigualdad, vulneración de los derechos humanos y daños al ambiente y a la salud.

Por ello, es necesario analizar sus impactos y buscar alternativas más sostenibles, reales e interculturales que promuevan los buenos vivires de todas y todos.

La minería a gran escala en este nuevo ciclo de expansión, en su afán por explotar los últimos bienes naturales, tiene un impacto devastador en los ecosistemas, que se comprueba en la creciente deforestación, contaminación del agua y del aire, degradación de suelos y pérdida de la biodiversidad.

Asimismo, las comunidades cercanas a los proyectos mineros están expuestas a diversos riesgos para su salud, como la contaminación por metales pesados que, a la fecha, suma más de 10 millones de personas expuestas, según el Ministerio de Salud, en especial mujeres, niñas, niños y jóvenes. También la contaminación del agua con productos químicos y metales tóxicos puede resultar en enfermedades muy graves.

En ese sentido, las promesas incumplidas y las malas prácticas en las relaciones comunitarias entre empresas y comunidades han llevado al aumento de la conflictividad socioambiental y la violación de los derechos humanos. El derecho a la consulta previa y a la participación en decisiones que afectan sus territorios a menudo es ignorado, dejándolas sin voz ni capacidad para influir en el destino de sus tierras. El desplazamiento forzado y el despojo de tierras también son recurrentes en muchos territorios donde se asientan los proyectos mineros, que llegan a afectar la vida y la cultura de las comunidades.

Frente a estos desafíos, cada vez más comunidades y población organizada son conscientes que sus formas de vida basadas en el concepto de los buenos vivires practicadas durante siglos de resistencia frente al colonialismo son alternativas probadas frente al publicitado y nunca alcanzado “desarrollo” que proponen los proyectos extractivos.

Por ello, muchas comunidades locales impulsan iniciativas para reducir su dependencia de combustibles fósiles y la explotación de recursos naturales a través de emprendimientos a escala comunitaria. Además, aplican y preservan prácticas ancestrales de agroecología, proyectos de ecoturismo, entre otros que generen ingresos económicos sin dañar el medio ambiente.

La búsqueda de alternativas al extractivismo es un desafío que evidencia la necesidad de repensar el modelo de desarrollo basado en el consumismo y priorizar el respeto por la naturaleza, la salud, la vida y los derechos de las personas. Solo a través de un enfoque integral y participativo podremos construir un futuro sostenible y en armonía con nuestro planeta.

Por lo expuesto, consideramos que es hora de revelar los mitos mineros y caminar hacia una sociedad más justa, solidaria, equitativa y sostenible, que privilegie lo colectivo y la protección de la Pachamama, un mundo donde quepan todos los mundos.

La campaña de los defensores y defensoras visibiliza a nivel local, regional y nacional la situación de las personas defensoras de derechos humanos y ambientales que son constantemente criminalizadas, violentadas e incluso asesinadas. Asimismo, la campaña busca generar presión social al Estado peruano en sus diferentes sectores y niveles, para que se implementen mecanismos de protección, denuncia y reparación en favor de las personas defensoras del Perú.

¿Cúales son las demandas de las personas defensoras de derechos humanos y ambientales? Debido a que las personas defensoras de las diferentes regiones viven en diferentes contextos sociales, económicos, entre otros, muchas de sus demandas son diferentes, pero a continuación, se señalan las demandas comunes que existen:

• Que el Estado y las empresas extractivas respeten sus derechos, así como los del medioambiente
• Que se deje de criminalizar la protesta, así como hostigarles y violentarles por defender sus derechos que son afectados por la actividad minera.
• Que se implementen medidas de protección como muestra del respeto a su labor de defensa de derechos. Así como la implementación de mecanismos de reparación a las personas afectadas por la contaminación y que han sufrido por la defensa de sus derechos.

¿Cuáles son los logros hasta ahora?

1. El MINJUS se comprometió a dotar de presupuesto al Mecanismo Intersectorial para la protección de defensores de DDHH; se solicitó la presentación del Acuerdo Plenario en temas de criminalización a la Corte Suprema de Justicia (este acuerdo aún no se presenta).
2. Se comprometió a evaluar la entrega de una indemnización a los deudos de personas fallecidas o que hayan sufrido mutilaciones, debido a su labor en defensa de sus recursos naturales.
3. Se logró realizar una reunión entre el viceministro Guillermo Vargas y los voceros/as de las personas defensoras de derechos humanos de diferentes provincias del país. La reunión tuvo como objetivo dialogar sobre la importancia de garantizar el derecho a la protesta y el acceso a la justicia.
4. También se logró la reunión con el Grupo de Trabajo de Defensores de la Comisión Justicia y DDHH de Congreso para que se impulse la derogación de la “Ley de Gatillo Fácil”, la cual permite que la policía pueda reprimir con armas letales logrando impunidad.

Actividades realizadas: 

El 26 de octubre se realizó el "Encuentro de defensores y defensoras de derechos humanos y ambientales", con 17 defensore/as de los territorios, afectados por metales pesados, criminalizados y amenazados, de distintas partes del país. Ellos llegaron a Lima para exigir la implementación del nuevo protocolo de defensores.

El 27 de octubre se realizó el Plantón frente a la sede del MINJUS con el objetivo de exigir al gobierno protección efectiva de defensores y defensoras frente a los asesinatos, amenazas y criminalización que sufren.

Derechos Humanos Sin Fronteras realizó un el taller de vocerías comunitarias dirigido a defensoras y defensores para la exigencia y defensa de los derechos en los espacios públicos de Espinar y Chumbivilcas, en Cusco.

Grufides organizó un encuentro en el valle de Condebamba, Cajamarca, con la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, y se conversó sobre el derecho a la protesta, la defensa de las personas defensoras criminalizadas y la protección del valle.

Red Muqui realizó un encuentro con defensores y defensoras de Valle de Tambo, Arequipa, con el objetivo de generar un espacio de diálogo con los líderes/as y dirigentes/as sobre mecanismos de protección para personas defensoras de DDHH e identificar otros mecanismos que las organizaciones y comunidades vienen implementando, además, para contribuir a que los dirigentes/as y líderes/as se auto identifiquen y reconozcan como defensor/a de derechos.

APRODEH organizó la “Escuela comunal de mujeres de comunidades campesinas en el distrito de Uranmarca, Chincheros". En este taller, las mujeres participantes, mostraron su apoyo a defensores y defensoras.

Red Muqui Norte realizó el 3er Taller de la Escuela de Defensores y Defensoras del Norte -en el marco de la Escuela Rosa Quedena-, en el cual los defensores coincidieron en sostener que su labor se centra en denunciar la contaminación de los recursos naturales.

Si bien se han conseguido varios logros, aún falta conseguir que el Estado apruebe el presupuesto respectivo para aplicar el Mecanismo Intersectorial para la protección de las personas defensoras de DDHH, el cual les brindará seguridad y acceso a la justicia. Además, se trabajará para impulsar la creación de una red nacional de defensores y defensoras de derechos humanos y ambientales, lo cual se estará trabajando a lo largo del año 2022. Finalmente, se integrará como un objetivo la exigencia al Estado de la ratificación del Acuerdo de Escazú.