Campaña Cuando #TodoEstáAmarrado nada sirve

Mar 10, 2018

Los conflictos socio ambientales mineros NO se van a solucionar si…

  • GOBIERNO y/o EMPRESAS están AMARRADOS a la corrupción.
  • El negocio minero solamente es entre GOBIERNO y EMPRESA.
  • Autoridades y poblaciones no tienen participación en la toma de decisiones.
  • Las normas están hechas sólo para facilitar el negocio minero, sin respetar derechos.

El GOBIERNO y las EMPRESAS MINERAS priorizan la explotación de los recursos naturales sin importan si sus impactos afectan o no el territorio, el medio ambiente, la biodiversidad, la cultura y la salud de nuestras comunidades y población.

Por eso La consulta previa y la participación ciudadana en minería son meros trámites

 

¿Qué está pasando?

1.No hay una política preventiva de dialogo frente a los conflictos sociales. No se puede decir que “con la plata por delante” (adelanto social) se acaban los conflictos. Si no se “escucha y comprende” antes a las comunidades y poblaciones, y sus perspectivas de vida, los conflictos solo se incuban para explotar más adelante, porque no se tratan los temas de fondo que los generan.

2.El diálogo no está institucionalizado, no cuenta con una normativa que le dé un marco general, ni está considerado de manera transversal antes de cualquier decisión o norma.

3.Las comunidades y poblaciones no cuentan con la información necesaria y oportuna, ni tienen el asesoramiento y acompañamiento técnico que les ayude a entender las normas o proyectos para tomar una decisión adecuada.

4.El Estado no asume un rol garante de derechos de las comunidades y poblaciones en los conflictos, sino que comúnmente favorece a los intereses económicos.

5.No se cumplen los acuerdos suscritos, ni existen en los procesos de diálogo garantes que den seguimiento y fe de su cumplimiento.

6.Las consultas previas en minería, sólo se han desarrollado en proyectos con acuerdos previos con las comunidades, ninguna en casos de conflictividad.

7.Todas las consultas previas se han aplicado luego de otorgar los derechos a las empresas mineras, y luego de la aprobación de los estudios ambientales y demás autorizaciones, es decir, sobre decisiones intrascendentes para la realización del proyecto minero o la normativa en discusión. Se convierte en un mero trámite a cumplir, y deja de ser un derecho que se debe respetar.

8.El Estado ha dejado de priorizar su rol garante de derechos (Art. 1 de la Constitución), en los espacios de diálogo, convirtiéndolos en procesos de negociación donde media entre empresas y comunidades o poblaciones, privilegiando la realización de los negocios antes de hacer respetar los derecho.

Modificado por última vez en Sábado, 10 Marzo 2018 17:08
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