¿Qué pasará con el Plan Nacional de Acción de Empresas y Derechos Humanos y con el Protocolo de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos? Foto: Perú 21.

¿Qué pasará con el Plan Nacional de Acción de Empresas y Derechos Humanos y con el Protocolo de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos?

Jun 26, 2019

El MINJUSDH después de la renuncia de Pedro Grández…

Durante la presente gestión del Dr. Daniel Sánchez, actual Viceministerio de Derechos Humanos, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH) priorizó la elaboración del Protocolo de Protección de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos; obligación que había asumido el Estado peruano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desde el 2016 frente a las exigencias que veníamos desarrollando desde el movimiento de derechos humanos.

Para ello, el Viceministerio de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia a través de la Dirección Nacional de Derechos Humanos y su director el Dr. Pedro Grández, que recientemente acaba de renunciar; impulsaron un proceso de construcción del protocolo con amplia participación de la sociedad civil.

Es así que en abril del presente año mediante la Resolución Ministerial Nº 0159-2019-JUS, el MINJUSDH aprobó este instrumento; a pesar de no haber contado con la participación activa de otros sectores, como el Ministerio del Interior y el Viceministerio de Gobernanza Territorial de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). Este es un instrumento importante como primer paso para crear una política pública para la protección integral de las personas defensoras de los derechos humanos en el Perú.

Lamentablemente, el instrumento ha sido criticado por diversos sectores de la política nacional, gremios empresariales, y grupos conservadores, que incluso en sus críticas han planteado: ¿debe el Estado apoyar a los activistas antimineros?; y han adelantado que puede “ser aprovechado por una diversidad de personas; entre ellas miembros de organizaciones generadoras de conflictos, que ven en este protocolo una protección a sus actividades”. Incluso se ha etiquetado al Protocolo, como “un subsidio público a la conflictividad social”. En el mes de mayo de 2019, el Ministro del MINJUSDH, Vicente Zevallos, fue citado al congreso por el Congresista de Fuerza Popular, Francisco Villavicencio, Presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, “con carácter de urgencia”, para responder sobre el citado Protocolo.

Se generó una campaña pública de desprestigio contra el Dr. Grandez, responsable de la Dirección Nacional de Derechos Humanosdel MINJUSDH, que incluyó a prensa de diversos medios de comunicación, y que culminó con su renuncia. Surge ahora la inquietud de cómo se dará continuidad desde el MINJUSDH a la aplicación efectiva del Protocolo frente a las presiones de los grupos de poder económico y político que lo cuestionan y que buscan su no aplicación efectiva.

Asimismo, en la Red Muqui queda la preocupación respecto de la continuidad de otro importante proceso iniciado en la gestión del Dr. Grandez en la Direccion General de Derechos Humanos del MINJUSDH, que es la elaboración del Plan Nacional de Acción de Empresas y Derechos Humanos. Este proceso es estratégico para avanzar hacia la regulación de la responsabilidad de las empresas mineras frente a la vulneración de derechos humanos en el contexto en que realizan dichas actividades económicas, y se llevaba a cabo en el marco de la normativa internacional de los “Principios Rectores de Empresas y Derechos Humanos”, impulsada por las Naciones Unidas, donde se desarrollan conceptos importantes para la regulación de la “debida diligencia” de las empresas y sus “responsabilidades extraterritoriales”.

La RED MUQUI viene participando en estos procesos para la elaboración de dichas herramientas de políticas públicas, a pesar de las dificultades de contar con el poco compromiso de otros sectores del Estado. La renuncia del Dr. Pedro Grandez, quien asumió un compromiso firme por éstas tareas, pese a las infundadas críticas y la campaña de difamación y presión política que ha sufrido por parte de los sectores empresariales mineros, entre otros; nos plantea la preocupación sobre la continuidad en la construcción del Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos, y la posible ausencia de garantías para un proceso participativo y democrático frente a las injerencias del poder económico y político.

Esperamos que la protección de defensoras y defensores de derechos humanos, y la exigencia a las empresas extractivas, en particular las mineras, de respeto a los derechos de comunidades y poblaciones; sea priorizado por las instituciones del Estado, y en particular por el actual gobierno que debe recuperar su rol garante de derechos de las personas, que son las que deben beneficiarse de la economía, y no estar a su servicio.

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