La dictadura de las empresas mineras en el Perú

Mar 28, 2019

Por: Javier Jahncke – Secretario Ejecutivo de Red Muqui

En los últimos días el tema minero nuevamente se ha puesto en agenda pública; en especial, a partir de los conflictos sociales generados en Las Bambas en Apurímac, pero también por el incremento de la conflictividad a nivel nacional.

Los 10 años de lucha frente a la imposición del proyecto minero Tía María conmemorados el 23 de marzo en Cocachacra, Arequipa; las articulaciones en las provincias andinas de Piura que impulsan una próxima paralización en rechazo al proyecto minero Río Blanco; las protestas de las poblaciones y comunidades en Moquegua; Cajamarca; Pasco; Junín; por el impacto de la contaminación y de los pasivos ambientales mineros en la salud de las personas, en particular de los niños; son sólo algunas de las protestas sociales que van incrementándose. Todas esas luchas generadas o por incumplimientos de acuerdos de las empresas y el Estado con las poblaciones afectadas, o por falta de decisión, o más bien por decisiones políticas que ha tomado el gobierno para no responsabilizar a las empresas mineras a fin de no afectar el negocio minero.

En necesario abrir los ojos y percatarse qué sucede en el gobierno y tener claro quién gobierna hoy en día para mantener ésta situación de impunidad. El caso Las Bambas ha desnudado públicamente lo que era un secreto a voces: son las empresas, fundamentalmente mineras, y los gremios empresariales, que en el caso de la CONFIEP tiene como su presidente al empresario minero Roque Benavides, los que toman las decisiones en materia de política económica y social en el país. Esto se ha agudizado desde la asunción de Kuczynski en el gobierno y con la continuidad Vizcarra.

Luego de dos días de discusión en Lima con el Ministerio de Energía y Minas y otras instancias de gobierno; y como fue público, cuando ya se había avanzado el diálogo para llegar a acuerdos con la población afectada, que exigía a la empresa que cumpla acuerdos y al Estado que haga respetar sus derechos, como nos confirmara el Viceministro de Minas Incháustegui; se produjo la detención del presidente de la Comunidad de Fuerabamba, Gregorio Rojas, y de los abogados Chávez Sotelo.

Hemos planteado desde la Red Muqui en un comunicado que se debe investigar y establecer las responsabilidades de dichos abogados, si las hubieran; pero lo que sí se evidencia es que en el gobierno hay al menos dos puntos de vista muy diferentes sobre las estrategias a seguir para abordar los conflictos. Una estrategia que busca diálogo y acuerdos y, otra; confrontacional, presionado por las empresas y sus gremios, que pareciera tener como figura emblemática al nuevo flamante presidente del Consejo de Ministros, Salvador Del Solar, que busca sí o sí llevar adelante los proyectos sin evaluar las consecuencias de dicha decisión.

En su momento el propio Presidente Vizcarra y el Ministerio de Energía y Minas planteaban públicamente que impulsaban llegar a un acuerdo dialogado en el caso Las Bambas. ¿De dónde llegó la orden de aplicar en éste momento la estrategia de criminalización de la protesta? ¿Fue por encima de la disposición de Vizcarra? ¿Qué papel juega actualmente el Premier Del Solar en el gobierno? ¿Quién puso a Del Solar en la PCM, el Presidente Vizcarra o se lo impusieron las empresas mineras y los gremios empresariales?

Durante el gobierno del Fujimorismo fue el momento más álgido de la cooptación del poder por parte de intereses fácticos. Los diversos gobiernos no han estado exentos de ello, pero éste momento del gobierno actual ha mostrado no tener respuestas a dicha presión, y más bien ha sido servil a la toma del poder de parte de las empresas; que genera una verdadera dictadura, que se puede comprobar con marcos normativos y políticas como la Política Nacional de Competitividad y Productividad con el D.S. N° 345-2018-EM; la flexibilización de estándares ambientales y sociales; y con la “Visión Minería al 2030”, que plantea un enquistamiento en el poder por lo menos hasta el 2030.

Es urgente tener clara la situación para ejercer una defensa del Estado de Derecho, porque el Estado debe recuperar su rol garante de derechos de las peruanas y peruanos, según lo establece la Constitución, y no puede seguir en manos de intereses que sólo buscan su propio beneficio.

Modificado por última vez en Lunes, 01 Abril 2019 20:12
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