Elementos filtrados por fecha: Lunes, 29 Octubre 2018

Un informe elaborado por el Grupo de Trabajo de Pueblos Indígenas de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), de la que forma parte la Red Muqui fue presentado a la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones (CEACR) de la OIT. a las organizaciones indígenas que reúne el Pacto de Unidad de Organizaciones Indígenas, la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) y la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), ante la obligación del Estado peruano de entregar, en el 2018, la memoria regular sobre la implementación del Convenio 169.

Estos son solo algunos de los temas abordados en el Informe Alternativo de seguimiento al Convenio 169:

·        Salud. Existen nuevas causas de enfermedad y muerte vinculadas a la contaminación de ríos y fuentes de agua en la Amazonía. Muchas personas indígenas afectadas en su salud por metales tóxicos no cuentan con establecimientos médicos cercanos, especializados o abastecidos de medicamentos, insumos y equipamiento para una atención adecuada. Los pasivos ambientales de antiguas y actuales operaciones mineras e hidrocarburíferas son fuente central de contaminación para la salud.

·        Debilitamiento de derechos territoriales. Desde el 2013 se han aprobado normas para promover las inversiones que debilitan la protección de los derechos indígenas, como la Ley 30230, el Decreto Supremo 001-2015-EM, la Ley 30327, los decretos legislativos 1192, 1210 y 1333, Ley 30723 entre otras que afectan derechos territoriales de los pueblos indígenas.

·        Consulta previa. Después de siete años de vigencia de la Ley 29785 (Ley de Consulta Previa) han quedado fuera del ámbito de consulta decisiones relevantes como las regulaciones sobre normas que afectan derechos de pueblos indígenas: propiedad y posesión de la tierra, programas de saneamiento físico legal. También han quedado fuera programas sociales que, desde una lógica asistencialista, se brindan a comunidades campesinas y nativas. Persiste la asimetría de información y conocimiento entre pueblos indígenas y el Estado. Además, es casi nula la implementación de los acuerdos adoptados en los procesos de consulta.

·        Criminalización de la protesta social. Bajo el supuesto de lucha contra la criminalidad organizada, se han efectuados cambios en la ley penal y procesal penal que vulneran derechos fundamentales como la libertad personal, integridad personal y libertad de expresión. Entre 1995 y 2018 se suscribieron 145 convenios de servicio policial extraordinario entre la Policía Nacional del Perú y empresas extractivas (minería e hidrocarburos) para proteger intereses corporativos. En 2017 y hasta junio de 2018 se han declarado o prorrogado 20 estados de emergencia por supuestas causas de conflictividad social en el marco de una estrategia represiva para responder a la conflictividad social.

Se asume el tema actual de la criminalización de la protesta y defensa de derechos humanos, sobre todo la legislación que favorece se problema y los convenios entre la Policía Nacional y las empresas extractivas. Aparte de informar sobre la situación actual de los pueblos indígenas en aislamiento, el informe comparte hechos importantes sobre la salud ambiental e intercultural.

·        Pueblos en aislamiento. El cambio de reservas territoriales a reservas indígenas debilita la protección a los pueblos en aislamiento y contacto inicial (PIACI) al perder su intangibilidad, favoreciendo la colonización, el ingreso de agentes extraños a los pueblos y la actividad económica (legal e ilegal).

·        Registro y reconocimiento. No existe una adecuada coordinación para actualizar el registro de pueblos indígenas y comunidades y existe información deficiente. El Decreto Legislativo 1360 atribuye competencia exclusiva al Viceministerio de Interculturalidad para reconocer a los pueblos indígenas lo que resulta restrictivo considerando, que las comunidades campesinas y nativas tienen derecho a que se reconozca su personería jurídica como una de las formas de organización de los pueblos originarios.

·        Participación política. El régimen electoral propicia el abandono de las formas tradicionales de organización porque exige a los pueblos incorporarse a los partidos. Esta asimilación es controversial, debido a que los partidos políticos no son una forma de organización propia de los pueblos indígenas. Además, se debe tomar en cuenta que la estructura de los partidos políticos peruanos se encuentra en una crisis de credibilidad.

·        Censo indígena. El diseño e implementación del Censo poblacional realizado el 2017 tuvo serias deficiencias. Por ello, el Estado debe ser cuidadoso en el uso de la información generada y consultar otras fuentes y estudios para intervenir en territorios indígenas y orientar mejor las políticas públicas.

·        Educación. Una de las principales afectaciones al derecho a la educación bilingüe e intercultural (EIB) es la drástica reducción del presupuesto destinado al Programa de Educación Intercultural Bilingüe en más del 50% para el 2018. Como señaló la Defensoría del Pueblo, esta situación inicia un debilitamiento en la implementación de la política pública educativa para los pueblos indígenas, cuyos avances fueron significativos en años anteriores.

Otro punto importante trata de las mujeres indígenas y sus derechos a la participación política, a la educación, a la salud y al trabajo, igual que la violencia de genero. La comisión pide al gobierno que comunique información sobre las medidas tomadas o contempladas para fomentar el acceso de la mujer indígena a la educación, al mercado de trabajo y a la propiedad de la tierra, así como, su participación en los procesos de consulta.

El informe, también señala que es necesario abordar el derecho a la educación, establecido en el artículo 26 del Convenio 169 de la OIT que contiene la obligación de adoptar medidas para garantizar a los miembros de los pueblos interesados la posibilidad de adquirir una educación a todos los niveles. Otro tema es el de la administración de justicia e interculturalidad, como los derechos lingüísticos y culturales en el Poder Judicial y enfoque intercultural en la labor jurisdiccional.

Publicado en Minería

¿Conflictos de interés en el sector minero? El medio de investigación y datos Convoca publicó este viernes un informe periodístico donde se da cuenta sobre la movilidad laboral entre empleados de empresas mineras y funcionarios públicos. Ese es el caso del actual ministro de energía y minas, Francisco Ísmodes, quien trabajó por 22 años en la empresa minera Millpo, sancionada por incumplir normas ambientales y generar impactos. Desempeño labores de gerente corportativo, gerente general y gerente legal.

Convoca afirma que “junto al caso del ministro Ísmodes está el de uno de sus más altos funcionarios: el del viceministro de Minas, Luis Miguel Incháustegui Zevallos, quien trabajó en las empresas mineras Lumina Cooper y Gold Field La Cima. Para esta última compañía, el titular de Energía y Minas realizó una consultoría en febrero de 2015, según aparece en su declaración de intereses”.

Las mineras Milpo S.A.A., Gold Fields y Lumina Copper, para las cuales trabajaron el ministro Ísmodes y el viceministro Incháustegui por separado, infringieron normas ambientales entre 2008 y 2014, según el registro del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA). En total, las tres compañías debían pagar multas por 3 millones 436 mil 213 soles, sin embargo, debido a que a mediados de 2014 entró en vigencia el artículo 19 de la Ley 30230 —‘Ley del paquetazo ambiental’—, estas empresas se beneficiaron con una reducción total de 1 millón 230 mil 140 soles en multas.

Cabe resaltar, que, durante el gobierno de Humala, se aprobó la Ley 30230 que permitió que los procesos evaluados en la Dirección de Fiscalización, Sanción y Aplicación de Incentivos (DFSAI), la primera instancia de OEFA, no terminen en multas para las empresas durante los siguientes tres años y que a cambio se establezcan medidas correctivas. 

Convoca señala, también, que “entre 2008 y 2013, tiempo en el que Ísmodes fungía el cargo de gerente de asuntos corporativos, el OEFA abrió diez expedientes sancionadores a la minera Milpo. Nueve de ellos derivaron en una sanción económica contra la compañía: sumadas en conjunto, el monto total al que ascendió la multa fue de 1 millón 341 mil 761 soles”.

Por su parte, el secretario ejecutivo de Red Muqui, Javier Jahncke, comentó que “bajo estos mecanismos de “puerta giratoria” se posiciona el pensamiento de las empresas en el sector público, así se toman decisiones en base al sector empresarial. Ocurre, también, una tergiversación del rol del Estado, que debe ser garante de derechos, así se toman decisiones en favor de empresas y no en favor de los derechos de las personas”. Agregó que “en el fondo esas influencias del poder son determinantes para cambiar funcionarios ¿eso no es corrupción?”.

Finalmente, el medio de investigación publicó una herramienta web que permite ver qué funcionarios ha pasado por la “puerta giratoria” y laboraron en empresas privadas para luego ingresar al Estado. Puedes revisarla aquí: http://puertagiratoria.convoca.pe/

Revisa el informe completo de Convoca

Publicado en Minería
  1. Últimas Noticias

Calendario

« Octubre 2018 »
Lun Mar Mier Jue Vie Sáb Dom
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31