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Viernes, 11 Enero 2019 21:27

La corrupción que Vizcarra no combate

Por Mirtha Vasquez -Abogada de Aprodeh y Grufides-. El 2018 y el inicio del 2019, han estado marcados por una elevada adrenalina y entusiasmo ciudadano que ha surgido gracias a la lucha anticorrupción en la que el país entero está empeñado y que nos genera como nunca antes, no solo un espíritu de compromiso conjunto, sino una esperanza real de al menos llegar a sancionar a los llamados “peces gordos” del corroído sistema de justicia que ha regido por años. 

Sí, esta lucha es muy importante y en ella no hay que cejar, no obstante en medio de esta efervescencia justificada y legítima, corremos el riesgo de perder de vista otros aspectos, otros procesos, que son necesarios para complementar esta lucha.

¿Cuánto importa la situación de los más pobres de este país? ¿En algo ha cambiado con este nuevo y renovador gobierno? Las poblaciones de Quillo-Ancash, la gente de Hualgayoc- Cajamarca, de la Oroya, Simón Bolivar, los pueblos Kichwa, Quechua, Achuar y Kukama de Loreto, la población del Pastaza, Corrientes, Tigre y Marañón, contaminada y afectada en su salud debido a las actividades extractivas, que están muriendo poco a poco ¿Han encontrado eco en sus reclamos básicos por atención médica?

En el 2018 mientras los peruanos nos comprometíamos en un fuerte activismo contra la corrupción judicial, las comunidades indígenas -campesinas o rurales- afectadas por las empresas mineras, no han sido atendidas para solucionar sus reclamos frente a las afectaciones que vienen sufriendo  

En Navidad, mientras todos concentrábamos nuestra preocupación en la permanencia de los fiscales claves en la lucha anticorrupción, el gobierno emitió, el mismo 24 de diciembre, el D.S 128-2018-PCM, mediante el cual, una vez más prorrogaba el Estado de Emergencia en varias provincias y distritos del sur andino, decretando para ellos suspensión del ejercicio de varios derechos constitucionales. Allí no hay un desastre, no hay convulsión social, pero estas poblaciones hace más de un año tienen que soportar estos estados de excepción que militarizan sus zonas y limitan sus libertades, solo para garantizar el paso libre de las empresas mineras que operan en este corredor. Sí, porque en este país continuamos con la política de priorizar la inversión privada aunque implique sacrificar el derecho de los ciudadanos.

Y mientras seguíamos con ese espíritu de lucha, el 28 de diciembre se promulgó la Ley 30899, que estableció la prorroga de la vigencia de beneficios y exoneraciones tributarias hasta el 2019, a grandes transnacionales como mineras y petroleras. Sí, aquellas que están constantemente contaminando y afectando a las poblaciones. Sí, aquellas que incumplen con pagar sus multas ambientales y desatienden a la población que han dañado, estaban -una vez más- siendo beneficiadas económicamente en perjuicio de este precario Estado.

Y eso no es todo. Al terminar el año, el 31 de diciembre en el diario oficial se publicaba la aprobación de la Política Nacional de Competitividad y Productividad, Decreto Supremo No 345-2018-EFP, dentro del cual se aborda el régimen laboral, estableciendo como una de las metas,  maximizar la productividad generando en las empresas un entorno favorable y competitivo.  Otra vez, prima el enfoque pro empresa muchas veces antagónico a los derechos ciudadanos.

Empezamos el 2019 y parece que nuestro entusiasmo y activismo por la lucha anticorrupción esta garantizado, y con ello nuestro compromiso con el actual gobierno, la pregunta que me hago es ¿A nombre del mismo vamos a ignorar las condiciones y situaciones de los peruanos más vulnerables?

Las políticas que se generan ex profesamente para favorecer a las grandes inversiones privadas y que minimizan los derechos ciudadanos también son una forma de corrupción. Frente a ello también debemos cuestionar, denunciar, romper silencios, no hacerlo nos vuelve cómplices. Exijamos que el espíritu de reforma se extienda a estos temas, de lo contrario la lucha frontal contra la corrupción no será real. Recordemos además que uno de los actores responsables de la corrupción que hoy denunciamos, ha sido el poder empresarial privado, ese que este gobierno sigue beneficiando. Y no olvidemos nunca que no hay corrupto sin corruptor.

 

Publicado en OPINIÓN

Frente a las diversas estrategias que está desarrollando la empresa minera Río Blanco en la región de Piura y las provincias de Huancabamba y Ayabaca, señalando que se ha re-diseñado los estudios técnicos del proyecto inicial, acercándose a los colegios de las provincias mencionadas para dar premios en los concursos que realizan los centros educativos para lograr “aceptación” de la gente, ofreciendo regalos a comuneros para que asistan a sus talleres con la finalidad de dividir a la comunidad y a las dirigencias comunales de la provincia que se oponen al desarrollo del proyecto minero; se reunieron el 29 de diciembre del 2018, diversas organizaciones ronderas, campesinas, organizaciones sociales de comunidades pertenecientes a las provincias de Ayabaca y Huancabamba, como la comunidad de Yanta, de Segundo de Cajas, contando también con la participación del nuevo alcalde de Pacaipampa de la provincia de Ayabaca, Guido Manuel Rojas Hernández.

DESARROLLO DEL AGRO

En la reunión se acordó reimpulsar el Frente por el Desarrollo Sostenible de la Frontera Norte del Perú y promover las actividades agropecuarias y agrícolas como alternativas económicas a la minería. El alcalde del distrito de Pacaipampa hizo alusión al ejemplo de los pobladores de Tambogrande que no dejaron que se desarrolle la explotación minera en sus tierras y hoy en día el desarrollo del mango y otros productos es una realidad con una fuerte cadena productiva. “Mi política de gobierno es fomentar que las organizaciones tengan ingreso por las actividades que hacen, tal como el café y la panela que podemos ver en varias zonas de la provincia. Tenemos que fomentar este tipo de agricultura, de desarrollo productivo, para decir al Estado que no puede haber explotación minera aquí porque nuestra gente se dedica al sector agropecuario, agrario”. Remarcó que impulsarán el mercado de campesinos y desarrollarán valor agregado a los productos derivados de la ganadería y agricultura.

También estuvo presente el biólogo y presidente de la Plataforma Inundación Nunca Más de Piura, miembro de la Red Regional de Agua, Desarrollo y Democracia - parte también de Red Muqui-, Fidel Torres, quien señaló que la ciencia se ha valido del conocimiento de las comunidades. A nivel internacional, el yacón, la maca, la quinua y otros productos que se propagandizan como grandes alimentos, han surgido de las comunidades, remarcó. Añadió que “las rondas campesinas serán reconocidas políticamente por la defensa del ambiente, la salud pública y el desarrollo de la biodiversidad”. Por ello se hizo la pregunta: “¿Cómo es posible que intenten atentar con la destrucción de la biodiversidad para extraer minerales?”.

ANTECEDENTES

Cabe recordar que en el marco del APEC que se desarrolló en nuestro país en diciembre del 2016, el ahora presidente Vizcarra, en ese entonces vicepresidente de PPK, se reunió con representantes del gobierno chino y firmó un convenio de promoción con el consorcio Xiamen Zijin Tongguan Investment Development Corporation para el desarrollo del proyecto minero Río Blanco.

 

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Es importante resaltar que en septiembre del 2007 se desarrolló la consulta vecinal en las comunidades y poblaciones de los distritos de Ayabaca y Pacaipampa (provincia de Ayabaca), de El Carmen de la Frontera (provincia de Huancabamba), en la que el 95% decidió apoyar el desarrollo de la agricultura, la ganadería y el turismo en sus territorios; rechazando así, la actividad minera, por los riesgos que ésta genera en el acceso al agua -para la mayor parte de la región- así como para el desarrollo sostenible de sus actividades económicas. El 57% de los páramos andinos de todo el país están en Piura y es necesario que todos los páramos sean declarados áreas de conservación para así proteger las fuentes de agua que representan estos ecosistemas.

OJO

Finalmente, frente a la nueva imagen que quiere vender la empresa minera china, hacemos recordar que a causa de la imposición del proyecto minero Río Blanco se produjeron 10 muertos entre el 2004 y 2009. Rememorando que la anterior empresa inglesa, Majaz, torturó en el campamento minero a 28 campesinos en el año 2005.

Publicado en Minería
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