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El día de ayer, jueves 31 de enero, el presidente Martín Vizcarra junto a sus ministros presentaron oficialmente la Política Nacional de Competitividad y Productividad (PNCP). Ésta Política fue emitida a través del Decreto Supremo Nº 345-2018-EF el 31 de diciembre del 2018, pero pasó desapercibida en el contexto de las movilizaciones que la ciudadanía realizaba para defender a los fiscales Domingo Pérez y Rafael Vela en la lucha contra la corrupción y por las fiestas de año nuevo, sin que se haya realizado debate alguno al respecto.

Presentación y propuesta

En medio de la presentación pública el día de ayer en el Centro de Convenciones de Lima, decenas de trabajadores organizados realizaron un plantón exigiendo la derogatoria de éste Decreto porque vulnera derechos laborales fundamentales como la reposición laboral por despidos arbitrarios y recortaría beneficios laborales como vacaciones, CTS, etc. Recordemos que el 15 de enero se realizó una jornada nacional de lucha exigiendo la derogatoria de éste Decreto, pero los grandes medios de comunicación no le dieron gran cobertura.

Vizcarra

Durante la inauguración en la presentación de la Política Nacional de Competitividad y Productividad, el presidente señaló: “La meta que les propongo es crear un país competitivo, productivo y sostenible, un Estado moderno y eficiente con instituciones sólidas que brinden mejores servicios y generen bienestar para todos los peruanos”. Asimismo, añadió que debe promoverse la competitividad de los trabajadores peruanos para que sea posible su inserción en empleos “donde sus derechos sean respetados a cabalidad y talentos sean aprovechados a su máximo potencial”.

Al respecto, desde Red Muqui respondimos inmediatamente en nuestras redes sociales:

Diversificación económica: Que un país no es competitivo sobre la base de seguir dando grandes beneficios a una sola actividad económica extractiva como la minería que no genera empleo sostenible. Que no hay competitividad en un país si no se cierran las brechas de productividad entre empresas de diferente tamaño, asociaciones, cooperativas y el agro, por ejemplo.

Trabajo: Que no somos competitivos ni productivos cuando se cree qué eliminando derechos laborales como la reposición laboral, los trabajadores van a querer producir más; bajo el argumento de la eliminación de “restricciones laborales” que no ayudan a dinamizar el mercado, como lo establece el D.S de la PNCP a contracorriente de lo dicho por el presidente.

Sostenibilidad ambiental: Que no seremos un país sostenible si como lo señala la Política Nacional de Competitividad y Productividad, se reduce el gasto ambiental del Estado frente a los pasivos ambientales dejados por las actividades extractivas de la minería y a la vez se promueve la “puesta en valor” de los ecosistemas y los bienes de la naturaleza para dinamizar la economía y seguir beneficiando el gran capital; dejando de lado la titulación pendiente de las comunidades campesinas y nativas (pueblos indígenas), debilitando la propiedad comunal e individual. Una especie de reedición del perro del hortelano 2, creando “zonas de sacrificio” en minería que afectan los derechos fundamentales de las personas, para atender la demanda de los altos niveles de consumo de países del extranjero y de grupos de poder económico de nuestro país.

Informe sobre PNCP

Desde Red Muqui hemos cuestionado esta Política, autodenominada “segunda fase del ajuste de los 90” a través de notas informativas y un debate en vivo, realizado el lunes 21 de enero, con especialistas para analizar la Política Nacional de Competitividad y Productividad (PNCP) que pueden ver en el siguiente link (goo.gl/SuuXrg); porque consideramos, finalmente, que nos condena a seguir siendo un país extractivo minero; no diversifica realmente nuestra economía; vulnera derechos laborales fundamentales de la población en general; rebaja los estándares ambientales; no garantiza un desarrollo sostenible; y aborda los conflictos sociales como riesgos para las inversiones en la lógica de costo o beneficio, y no desde una perspectiva de derechos humanos que garantice la participación ciudadana, la consulta previa y el diálogo social.

En paralelo a ésta política, en breve se debe hacer pública de parte del Gobierno la “Visión de la minería al 2030” que trabaja el Grupo Alto Nivel (GAN), y que según el PNCP permitirá la “aceptación social” de la minería y la realización prioritaria de la cartera de proyectos mineros pendientes.

Debido a estos argumentos, realizamos un informe: Naturaleza e implicancias de la Política Nacional de Competitividad y Productividad 2019-2030 (PNCP), para abrir el debate y señalar que sí hay propuestas alternativas a la minería, con una verdadera diversificación productiva, sostenibilidad ambiental y con generación de empleo sostenible.

Pueden revisar el Informe en este link: goo.gl/D6QdXN

 

 

Publicado en Noticias

El martes 29 de enero, el Frente Amplio de Defensa de los Intereses de Morococha (FADDIM), la Asociación Civil de los Hijos Nacidos en Morococha (ASOC HNM) y la Asociación de Propietarios de Morococha se movilizaron tomando medidas de protesta y sacando un memorial suscrito por distintas autoridades de la región Junín, entre ellos, el gobernador regional Vladimir Cerrón.

El memorial publicado exigió apoyar y respaldar los pobladores de la antigua ciudad de Morococha; quiénes denuncian que la Minera Chinalco está realizando acciones de hostilización, amedrentamiento y abuso contra los pobladores de la zona con la finalidad de desocuparlos de la antigua ciudad; sin indemnizar a los pobladores quiénes viven en el territorio. Los pobladores de la comunidad temen que la empresa minera destruya sus casas para expulsarlos de su propiedad; quiénes hace más de cinco años conviven con el polvo de la extracción del cobre, las vibraciones y el ruido de las detonaciones del proyecto minero Toromocho de la empresa minera Chinalco.

Juzgado mixto de La Oroya

La creciente presión y las medidas adoptadas por el pueblo de Morochocha Antigua han dado lugar a un resultado positivo. El mismo día el juzgado mixto de la Oroya emitió una resolución que aprueba la medida cautelar de no innovar: que ordenque los demandados Minera Chinalco Perú SA, la Superitendencia Nacional de Bienes Estatales y la Empresa del Estado del Derecho Privado, Activos Mineros SAC; se abstengan de ejercer “actos de destrucción, desmantelamientos y destrozos en el ornato Urbano, espacios libres acceso y esparcimiento de la Antigua ciudad de Morococha dentro del lote Municipio 34 472.30 hectáreas”. Ver la resolución del Juzgado Mixto de La Oroya aquí: goo.gl/kaZVW8

La medida cautelar resulta en suspender alguna acción de desalojo que quiera realizar la empresa minera, amparándose en el procedimiento de transferencia expropiatoria que fue amparado anteriormente por el Estado peruano.

Cabe recordar que en el contexto de la reconstrucción nacional luego del fenómeno de “El Niño Costero”, el Congreso aprobó el artículo 49 de la ley de agilización de expropiaciones (ex Ley 30680), que convirtió en ilegal la posesión de predios en zonas de riesgo como medida de prevención de desastres. Éste artículo fue utilizado por la SBN, utilizando también las potestades otorgadas por el Decreto Legislativo 1192 que en su artículo 41° señala que por el solo mérito de una resolución de la SBN se hará la transferencia de inmuebles a propiedad del Estado a título gratuito. Como ya se ha señalado anteriormente por Red Muqui, la aplicación de éstas disposiciones, vulneran los derechos de posesión y propiedad de las poblaciones de la zona.

Puertas Giratorias

Como se ha señalado anteriormente, tras los cambios legales operados en el Congreso; el viceministerio de Minas, que presidía Ricardo Labó en febrero del 2017, que anteriormente trabajó hasta el 2014 en Río Tinto, un grupo minero con capitales chinos de Chinalco; pidió transferir a la Superintendencia de Bienes Nacionales (SBN) el terreno de 34 hectáreas de la Municipalidad de Morococha a la empresa estatal Activos Mineros, de la cual Ricardo Labó también era presidente, para ser destinado al proyecto minero de ampliación de Toromocho, operado por Chinalco.

ricardo labo

OJO

Cuando Chinalco anunció el inicio de las obras en la ampliación del proyecto minero Toromocho, lo hizo junto al propio Vizcarra en junio del 2018. Quién señaló: “Cuando la inversión va a generar progreso y desarrollo, encuentran en el Estado un aliado en esa inversión”, dijo públicamente el acual presidente. 

 
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Normas y políticas públicas que afectan derechos fundamentales, colectivos y ambientales 2016 - 2018

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