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La Comunidad Campesina de Fuerabamba se ha esforzado por mantener un proceso de diálogo y negociación con la empresa minera china, MMG Las Bambas, a cargo del proyecto minero en Apurímac, para lograr la atención de sus legítimas demandas por la afectación de sus derechos fundamentales y colectivos a causa de las actividades mineras y en particular por el impacto ambiental y de salud que genera el transporte del mineral de dicha operación; por las afectaciones a su territorio, en gran parte por los incumplimientos de los acuerdos por parte de la empresa, sin que haya una respuesta efectiva de parte del gobierno; lo que ha desencadenado en la actual protesta que lleva más de 50 días.

Hasta la fecha, el Estado peruano, nuevamente, no ha cumplido con asumir su rol como garante de derechos fundamentales de las poblaciones y comunidades afectadas; ésta vez en el caso del proyecto minero Las Bambas. Hace poco el Viceministro de Gobernanza Territorial de la Presidencia del Consejo de Ministros, Raúl Molina, señaló que la negociación entre la comunidad y la empresa minera es un “asunto privado”, donde supuestamente el Estado no tiene injerencia. Éstas declaraciones develan la política de abstención que maneja el gobierno peruano para resguardar los derechos de las comunidades, y posturas así son las que incitan a la conflictividad social.

En medio de ésta permanente ausencia estatal para garantizar los derechos de las comunidades; en estos días la Policía Nacional (PNP) ha detenido en Lima a Gregorio Rojas Paniura, Presidente de la Comunidad Campesina de Fuerabamba; a los abogados Frank Aníbal Chávez Sotelo y Jorge Martín Chávez Sotelo; y a Carlos Fernando Vargas Arizabal, por orden de la Fiscalía de Crimen Organizado de Apurímac; quiénes son acusados por los delitos de crimen organizado y extorsión.

Al respecto, desde la Red Muqui y nuestras instituciones miembros, junto a organizaciones aliadas; mostramos nuestra profunda preocupación por la detención del Presidente de la Comunidad Campesina de Fuerabamba, Gregorio Rojas, y de los abogados Chávez Sotelo; debido a la acusación de que serían parte de una “organización criminal”, como les imputa la Fiscalía. Respecto de los abogados; señalamos que debe haber una investigación rápida e imparcial para determinar si existen responsabilidades. Se pueden tener diversas estrategias legales, pero consideramos que no se puede criminalizar la defensa de derechos, más aún cuando se trata de defensa de derechos humanos.

Estos métodos de criminalización donde se hace uso ilegítimo del derecho penal, son una práctica estatal recurrente para desarticular la organización de comunidades que buscan exigir el respeto de sus derechos.

Finalmente, exigimos al gobierno que reconsidere el pedido de “imponer la fuerza” en el caso Las Bambas; pues una posible intervención de la PNP y las fuerzas armadas sólo agudizaría más la actual situación de conflictividad que el gobierno ya ha ocasionado con sus decisiones. También exigimos al gobierno que agote todas las vías para desarrollar un diálogo informado y participativo.

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