COINCIDEN EXPERTOS EN CONADES

  • RED MUQUI y CooperAcción formaron parte de mesa principal sobre eje de modelo de desarrollo

Durante la Conferencia Nacional de Desarrollo Social (CONADES), expertos que participaron del eje de modelo de desarrollo, concluyeron en la necesidad de dar una mayor prioridad a las diversas actividades económicas y productivas para afianzar un crecimiento económico que sea sostenible, puesto que, el modelo de Economía Extractivista excluye a otros sectores y conlleva a una falsa noción de desarrollo que no contempla lo social y ambiental.

RED MUQUI y CooperAcción aportaron a estas conclusiones tras participar de la mesa “El modelo neoliberal y extractivista, su profundización y los paquetes legislativos, su impacto sobre los bienes y recursos comunes y la construcción de alternativas para un desarrollo alternativo”.

Falso desarrollo económico

José de Echave de CooperAcción expuso un análisis sobre las narrativas que, en estos últimos 15 años, han venido instalando el modelo extractivista en nuestro país, pese a que el sector de la minería ha sufrido la caída del precio de los metales.

El exviceministro de Gestión Ambiental remarcó que, si existen cifras positivas respecto a la expansión y a la producción minera, esto quiere decir la inversión en proyectos mineros haya aumentado.

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“La relación entre los precios de minerales y las inversiones mineras, es directamente proporcional. Y el Perú no es la excepción. El ‘súper ciclo’ de precios y el ciclo de expansión extractiva no es lo mismo, uno forma parte del otro, y esto último es lo que ha crecido en los últimos 25 años”, explicó ante CONADES.

A ello, De Echave agregó que las inversiones mineras a nivel global han caído en un 18.3%, mientras que en Péru, en un 10.2%. También mencionó que esta tendencia se mantiene en otros países como Estados Unidos (-56%), Canadá (-57%), México (-45%) y Chile (-32%).

Tras indicar que América Latina recibe el 28% de las inversiones en minería en el mundo, el representante de CooperAcción aclaró que el “milagro de la economía peruana” no es el resultado ‘exclusivo’ de una ‘fabulosa’ política interna, sino del periodo del súper ciclo de precios que hizo crecer a toda la región, entre el 2002 y 2012 con el disparo al alza de los precios de los metales.

De Echave señaló que, desde hace 5 años, la campaña sobre la existencia de una “tramitología” que –supuestamente- entrampa inversiones y contribuye a afianzar el modelo extractivista en el Perú. Es así que, el empresariado minero ha logrado presionar y rebajar exigencias “ambientales y sociales” mediante decretos legislativos y normas como los paquetazos ambientales. Además de conseguir beneficios tributarios.

“Hay un salto de producción minera, pero sin aporte tributario. La minería llegó a prepresentar casi el 50% del IR, y ahora es el 4%. El aporte tributario del sector minero viene a ser negativo por este mecanismo por devoluciones de IGV”, apuntó el Economista de CooperAcción.

A esto se suma, que el producto minero creció casi 20%, ahora con una mayor producción de cobre – a bajo costo- desde Las Bambas (Apurímac), Cerro Verde (Arequipa), Constancia (Cusco) y Toromocho (Junín).

“La minería forma parte de la matriz productiva del país, pero esta última debe ser diversa y sostenible. Se hace necesario pensar en escenarios de transición, y en cómo salir de este modelo extractivista –no extractivo- que alude a una extracción exacerbada y depredadora, que además afecta derechos. Se aspira a tener una lógica de extracción equilibrada”, puntualizó.

Extracción y derechos indígenas

Javier Jahncke, Secretario Ejecutivo de la RED MUQUI, cuestionó otro aspecto del modelo extractivista actual: la conflictividad social y la afectación de derechos territoriales de comunidades y pueblos indígenas.

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“Desde la actividad minera y el Estado, se ejerce una gran presión frente a los territorios de comunidades. Cuando se refieren a ‘calidad de vida’, solo se habla desde una perspectiva técnica de desarrollo. Una perspectiva en la que no todos los peruanos participan”, acotó.

Jahncke Benavente subrayó que en la región Lima existen unas 289 comunidades campesinas según base datos elaborada por el Instituto del Bien Común. A ello agregó que no se garantiza seguridad jurídica para las casi 10 mil comunidades campesinas (que ocupan el 50% del territorio peruano) ya que unas 4 mil no tienen título de propiedad.

“Si queremos proteger derechos o fortalecer perspectivas de desarrollo tenemos que tener instituciones ambientales fortalecidas para fiscalizar y supervisar, y otorgar seguridad jurídica de todos los peruanos, y que esto no esté al servicio de los poderes económicos”, enfatizó durant su exposición en la mesa sobre modelo de desarrollo.

La ‘maldición’ de los recursos naturales

El Economista Francisco Santa Cruz expuso sobre la paradoja que trae consigo la “bonanza” del modelo económico extractivista, sobre todo cuando este se ve golpeado por la baja en el precio de los commodities, y se desencadenan distorsiones políticas, mayor pobreza, inestabilidad institucional y desigualdad.

A todo, Santa Cruz lo denominó la “maldición de los recursos naturales”, aquella que sufren países ricos en estos, pero crecen a menor ritmo, bajan su productividad, tienen poblaciones empobrecidas y dan paso a procesos de alta corrupción.

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“Esta visión se intensifica minería, pues se produce volatilidad de precios, ingreso de divisas abundantes por altos precios que da lugar a una baja del tipo de cambio, y por ende a la baja en la competitividad de otros sectores. Y al cambiar el ciclo alto, viene una brutal reducción de ingresos fiscales que es lo que pasa en Perú en los últimos 2 o 3 años”, explicó.

En ese sentido, Santa Cruz expuso que, el generar economías de exportación minera se inhibe la diversificación productiva, se estanca el crecimiento, se anula la innovación tecnológica, se bloquea el surgimiento de nuevos sectores exportadores, y resalta la debilidad institucional, al impedir la capacidad de regulación de los Estados en el tema ambiental.

“La maldición es hacer de esos recursos naturales, una estrecha y absoluta dependencia sin capacidad de diversificar, es consecuencia de policías públicas y modelos de crecimiento. Los rubros de exportación primaria no han significado para el país un crecimiento y desarrollo sostenible de la población”, aseveró.

Convivencia de empresa y comunidades

De otro lado, el Economista Germán Alarco, profesor de la escuela de posgrado de la Universidad del Pacífico, resaltó que el Perú necesita de la minería y los sectores extractivos ya que representan el 80% de divisas al país. No obstante, reconoció que contribuyen con poco en impuesto a la renta (IR), y se debe apuntar a que sean el elemento central para recaudación de impuestos y, así generar mayores ingresos fiscales.

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Asimismo, Alarco coincidió con RED MUQUI en trabajar caso por caso a partir de cada proyecto minero y evaluar el costo beneficio que estos traen a la población local donde se desarrollan.

“Hay que cambiar las condiciones de trabajo con las actividades extractivas, evidentemente hay que mejorarlas. Hay que llegar a fórmulas de entendimiento donde estas actividades sean aceptadas”, comentó.

Modelo sin gestión de riesgos

A su turno, Orlando Chuquisengo, de Soluciones Prácticas, aseguró que existe una relación directa entre la situación de riesgos, el escenario de cambio climático y las actividades extractivas. Todo ello, indicó, se debe en gran parte al modelo de desarrollo que estamos implementando en nuestro país.

“Tenemos desarrollo, pero con una economía extractivista, la minería y la industria maderera -que arrasa bosques- y ciudades que no se saben ubicar, obras que se construyen por cualquier lugar”, señaló.

El experto en enfoque de gestión de riesgos, recordó que nuestro país ocupa el segundo lugar de desastres en Sudamérica, y el tercero de vulnerabilidad frente al cambio climático. Igualmente, dio cuenta que entre el 2013 y 2016 se registraron 61 mil emergencias en el país, según INDECI con 15 millones de afectados, más de un millón de viviendas destruidas, 2.1 millones de cultivos perdidos.

“Se calcula que necesitamos unos US$6 mil millones -por año- en medidas para reducir los riesgos de desastres en los próximos 15 años. En el 2016 ha sido uno de los daños más costosos debido a los desastres, con US$175 mil millones, después del año 2012 en el que se llegó a US$180 mil.

DATO:

El objetivo central de CONADES es elaborar propuestas de políticas públicas orientadas a poner la economía y el estado al servicio de las personas. Desde su formación se realiza una conferencia con una problemática específica, acumulando conocimiento, propuestas programáticas y articulación con el movimiento social.

Fuente / Fotos: RED MUQUI

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El Colectivo Territorios Seguros para las Comunidades del Perú y la Plataforma Gobernanza Responsable de la Tierra advierten el regreso del DL 1333 a través del proyecto 1718-2017-PE que afectarían los derechos a la tierra

El 28 de julio el gobierno del presidente Kuczynski presentó el proyecto de ley 1718-2017-PE el cual es una nueva versión del Decreto Legislativo 1333, que fue ampliamente rechazado por las organizaciones indígenas que conforman el Pacto de Unidad y derogado por el propio Congreso de la República en mayo de 2017, al constituir una norma que amenazaba las tierras en posesión y propiedad de las comunidades campesinas y nativas.

Recordemos que el DL 1333, aprobado dentro del paquete de 112 decretos dados por el Ejecutivo dentro de las facultades otorgadas por el Congreso, crea la institución denominada APIP con procedimientos ad hoc para otorgar títulos en tierras donde se desarrollaran proyectos de inversión priorizados. La Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso, tenía el encargo de revisar la constitucionalidad de dicha norma, haciendo suyos los argumentos que presentaran las organizaciones indígenas sobre la inconstitucionalidad de este decreto, finalmente por mayoría absoluta se acordó su derogación en el Pleno del Congreso. La autógrafa fue enviada al Ejecutivo para su publicación, sin embargo el Ejecutivo observó el acuerdo de derogatoria, quedando el DL 1333 vigente hasta el momento.

El proyecto de ley, toma mucho de las disposiciones inconstitucionales del DL 1333, las desarrolla de manera más ordenada, perfecciona los procedimientos, pero en el fondo mantiene el mismo espíritu normativo: generar inseguridad jurídica en las tierras y territorios de las comunidades campesinas y nativas, agricultores familiares y pequeños propietarios.

El proyecto de ley insiste en crear una institucionalidad denominada APIP exclusivamente para sanear y expropiar predios necesarios para obras de infraestructura priorizada, esta institución estaría dentro de PROINVERSIÓN, agencia adscrita al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), sin experiencia en materia de saneamiento y expropiación, con funciones entrarían en conflicto de competencias con otras instituciones del Estado como Ministerio de Agricultura y Riego, Gobiernos Regionales o SUNARP y en algunos casos va más allá de la constitución y el ordenamiento legal, lo que generará inseguridad jurídica en los propietarios de tierras. La justificación que el Estado da sobre esta norma, es la demora en la entrega de bienes inmuebles necesario para un proyecto de inversión privado o público, dejando de lado el saneamiento de tierras comunales.

El proyecto de ley contempla la exclusión de inmuebles que se encuentren en propiedad y/o posesión de pueblos indígenas; sin embargo, esta exclusión es insuficiente puesto que más de la mitad de comunidades campesinas no están reconocidas como pueblos indígenas; además existen casi tres mil comunidades campesinas y nativas que no cuentan con título y el 50 % de comunidades nativas y campesinas no están georreferenciados, no existiendo un catastro que de información sobre los límites exactos.

La inversión privada y pública es necesaria en nuestro país, pero esta inversión se tiene que hacer en el marco de respeto a los derechos de propiedad de todos los peruanos; el Estado no puede favorecer constantemente a un grupo de inversionistas reduciendo los procedimientos de acceso a la tierra a costa de debilitar los derechos a la tierra y al territorio de las comunidades campesinas y nativas o de los agricultores familiares. Al hacerlo está actuando de manera discriminatoria en contravención a la Constitución Política.

Por ello, exhortamos al gobierno entablar procesos de diálogo con organizaciones representativas; además de cumplir con el proceso de consulta previa ya que esta norma afecta derechos de comunidades; así mismo solicitamos al gobierno invertir recursos para saldar la deuda histórica en materia de titulación de comunidades, de modo que no se generen nuevos procesos de conflictividad social, y el país se encamine hacia un ordenamiento del territorio nacional.

Lima 16 de agosto del 2017

Transcurrido el primer año de gobierno, el presidente Pedro Pablo Kuczynski presentó su primer mensaje a la nación el 28 de julio último. Al respecto, RED MUQUI se dirige a la opinión pública para manifestar lo siguiente:

1. El mensaje presidencial trajo el anuncio de nuevos proyectos mineros: Corani (Puno), Mina Justa (Ica), Quellaveco (Moquegua) y Michiquillay (Cajamarca). De esta manera, el gobierno confirma que seguimos dependiendo de una actividad económica como eje de nuestra economía.

Sobre esto se requiere que el gobierno asuma un verdadero programa de diversificación económica en el país, y no solo ‘paliativos’ para actividades como la agricultura. Nuestra canasta familiar depende de nuestras comunidades campesinas que desarrollan la agricultura familiar en el 7% de nuestro territorio nacional. Sin embargo, sus territorios no están protegidos de los impactos ambientales, sociales, afectaciones en la salud humana, entre otros, debido a las actividades extractivas.

Por el contrario, se debería priorizar las actividades como el turismo sostenible, la pesca artesanal, y otras actividades económicas más sostenibles.

2. En el mensaje se ha priorizado la formalización, la Pequeña Minería y Minería Artesanal; de la cual existe una campaña del gobierno para impulsarla. En ello estamos de acuerdo, pero no podemos formalizar todo de la misma manera. El presidente debe mencionar que los decretos legislativos que el Ejecutivo dictó a fines del año pasado, permiten que el Instrumento de Gestión Ambiental y Fiscalización para la Formalización de Actividades de Pequeña Minería y Minería Artesanal (IGAFOM) tenga carácter de declaración jurada, sin que existan entidades que le den seguimiento. De la misma forma, con una declaración jurada se puede obtener permisos del propietario o de comunidades campesinas para realizar cualquier actividad minera en tierras superficiales. En el último caso se pasa por encima de los espacios de decisión comunales. Se formaliza, pero no se consideran los impactos ambientales, sociales y en la salud de las personas.

3. Respecto al medio ambiente, el presidente Kuczynski reconoció que “el lago más grande del Perú (Titicaca) está contaminado por relaves mineros”. Esa ha sido consecuencia de la minería formal, informal e ilegal que afecta fuentes de recursos hídricos fundamentales a nivel nacional. Justamente, a esto responde las recientes protestas sociales en Puno, en donde la población sigue esperando que se cumpla con la promesa electoral acerca de la construcción de pozas de oxidación para procesar el agua residual que llega al lago. De no atenderse oportunamente esta problemática el conflicto puede agudizarce, es urgente la atención a esta demanda de las poblaciones afectadas por las aguas contaminadas del Lago Titicaca.

4. En el mensaje a la Nación se mencionó sobre la “reducción de los impactos ambientales”; pero ello es incoherente con las normas -sin sustento técnico- que fueron emitidas por este gobierno. Este año se fueron flexibilizando los Estándares de Calidad Ambiental para aire (ECA Aire) en doce veces, así como los que rigen para el agua. Todo ello impactará en la salud y la vida de las personas.

La indecente pretensión de esta norma busca ‘facilitar’ la venta del Complejo Metalúrgico de La Oroya, ha demostrado que no resulta conveniente para los inversionistas. Por tanto, ha quedado claro que el gobierno estaría emitiendo normas que tienen beneficiarios directos, en lugar de buscar alternativas de desarrollo integral y sostenibles para La Oroya, y que no implique atentar contra de la salud y vida de las personas de esa zona.

5. Que el mandatario haya mencionado “Dignificar a las rondas campesinas”, nos parece loable. No obstante, consideramos que el Ejecutivo debe tomar en cuenta el importante el avance del Poder Judicial, y su presidente Duberlí Rodríguez, quien ya ha reconocido el rol de las rondas de ejercer justicia y brindar seguridad. No obstante, el gobierno central aún debe dejar de calificar como “antimineros”, “enemigos del desarrollo” a aquellas rondas campesinas y organizaciones sociales que defienden sus derechos al territorio y a la consulta sobre decisiones que les afecta. Si su perspectiva es empezar a reconocer a las rondas, esperamos que cambie la perspectiva sobre la conflictividad social en el viceministro de Gobernanza Territorial de la PCM.

6. Para el jefe de Estado es importante “Fortalecer el rol del Ministerio de Salud (MINSA) es fundamental ya que no funciona como debe funcionar”. En ese sentido, nos preocupa las personas cuya salud y vida han sido afectadas por la actividad minera, pues no reciben un tratamiento adecuado. Una muestra de esta realidad, es el caso de los pobladores de Pasco, quienes luego de años de reuniones y acuerdos infructuosos, se vieron obligados a venir a Lima y encadenarse en el MINSA, y así exigir atención médica y remedición de sus pasivos ambientales mineros. Esperamos que el gobierno considere que el MINSA debe cumplir con estos compromisos y atender de manera inmediata a estas poblaciones afectadas a su salud por actividades mineras.

7. El presidente Kuczynski no olvidó decir que "el agua será legado de su gobierno". Es así que en su mensaje ha ofrecido que el 84% de las zonas rurales tendrá agua y desagüe al 2021. Nuestra inquietud surge por cómo se podrá llegar a esta meta si nuestras cabeceras de cuenca y ecosistemas que captan agua se encuentran afectados y contaminados por la minería. Por ello es importante aplicar mecanismos como el ordenamiento territorial (que la Ley N°30230 estableció como “referencial”) y se les devuelva a los gobiernos regionales, la potestad de establecer prioridades de desarrollo en base a sus potencialidades, y que estas no sean impuestas desde el gobierno central y en base a las concesiones mineras.

8. Y, por último, el presidente señalo que se debe “Fortalecer a las empresas de agua potable, que seguirán siendo públicas”. Sin embargo, uno de los decretos dictados en su gobierno ha establecido que estas Empresas Prestadoras de Servicios (EPS), ahora serán empresas del régimen de sociedades. Es decir, poseerán acciones que pueden ser vendidas a otros intereses económicos -en la práctica- permitir la privatización del recurso hídrico, lo cual va en contra de su rol principal, que es brindar un servicio. Consideramos que esto se trata de una seria contradicción, lamentablemente, avalada por el Congreso.

9. El presidente ha presentado 5 proyectos de ley, luego de la reunión con Keiko Fujimori, uno de ellos sobre el tratamiento de aguas residuales. Se plantea mayor participación de las APP para ello. Recordemos que en los decretos del actual gobierno se planteó simplificar los procedimientos para los vertimientos de aguas residuales. Ya no intervienen con sus autorizaciones las autoridades responsables, ahora solo se aplican los ECA y Límites Máximos Permitidos (LMP) de agua. Las inversiones son importantes, pero se deben supeditar a la mejora de la calidad de vida de las personas, de lo contrario no son beneficiosas.

Finalmente, entre los proyectos de ley presentados por Kuczynski, se busca destrabar el acceso a inmuebles para la ejecución de obras de infraestructura: la misma finalidad del derogado Decreto Legislativo N°1333, que–mediante ProInversión- buscaba facilitar aún más el acceso a predios, especialmente en territorios de comunidades campesinas (en relación con la Ley N°30230). Consideramos que con éstas medidas continúa la velada idea de desaparecer las comunidades campesinas.

Lima, 30 de julio de 2017

PESE A DESESTIMACIÓN DE DELITOS

  • En investigación preliminar la propia Fiscalía desestimó acusaciones del MINSA
  • Ahora el Ministerio Público se centra en acusación de uso de documentación falsa

Fiscalía formuló acusación penal contra el abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL), Juan Carlos Ruiz, y el médico ambientalista, Fernando Osores, quienes denunciaron el caso de campesinos afectados en su salud por metales pesados en Espinar (Cusco).

Pese a que, en su investigación preliminar, el Ministerio Público archivó cuatro de los cinco delitos contemplados en la denuncia realizada por Procuraduría Pública del Ministerio de Salud (MINSA), La Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Arequipa insiste en que Ruiz y Osores se valieron de un certificado de defunción falso para denunciar que el Estado trató de ocultar contaminación de personas por metales pesados en sangre.

“En octubre del año 2015, Fernando Osores y mi persona, denunciamos que campesinos afectados por metales pesados en Espinar empezaron a ver su salud gravemente comprometida. Como fue el caso de Margarita Ccahuana Córdova, quien murió por cáncer renal y por intoxicación por arsénico y cadmio, tal como señala su certificado de defunción”, comentó Ruiz Molleda.

Según señaló el MINSA en su denuncia de año 2015, el abogado de IDL y el médico especialista en salud ambiental, habrían falsificado el resultado del examen clínico de doña Margarita (otorgado por CENSOPAS en el 2010), al igual que su firma en una declaración jurada donde ella ratificaba su denuncia. Esto fue desestimado por la misma Fiscalía.

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Asimismo, el procurador del MINSA aseguró que Ruiz y Osores, en coordinación con el médico arequipeño Julián Olave, insertaron información falsa en el certificado de defunción de la señora Cahuana.

“Desde antes de la denuncia de la Procuraduría, nosotros demostramos que el certificado de defunción de la fallecida doña Margarita, nos fue entregado por su hijo Canciano Taquima Ccahuana. Y que este documento fue expedido regularmente por Julián Olave, médico del Hospital de Goyeneche de Arequipa”, replicó Ruiz.

Ahora el despacho fiscal ha centrado su investigación en el certificado de defunción y ha ordenado una serie de diligencias luego de casi dos años de la publicación del artículo donde se dio a conocer el caso de contaminación de las poblaciones de las comunidades campesinas de Huisa y Alto Huancané.

Entre tanto, se ha “forzado” la confección de un nuevo certificado de defunción, quitando convenientemente el diagnóstico de intoxicación por metales pesados que tenía el original cuando falleció Ccahuana.

Juan Carlos Ruiz también recordó que el caso de contaminación por metales en personas fue seguido y expuesto ante la Defensoría del Pueblo.

“Lo que el Ministerio de Salud quiere esconder es que la totalidad de los miembros de las comunidades de Huisa y Alto Huancané tienen metales pesados altamente tóxicos en el organismo, por encima de los máximos límites permisibles. Así lo ha reconocido la Defensoría del Pueblo en una recomendación defensorial dirigida a la Diresa Cusco”, aseveró el abogado del IDL.

Además, los pobladores de la comunidad de Huisa ratificaron que el formato de los resultados recibidos por doña Margarita, es el mismo que a ellos les entregaron. De esta manera desmintieron al CENSOPAS.

“Ahora somos perseguidos por el Estado, por la única razón de exponer la barbarie en Espinar y procurar protección a los derechos fundamentales de los afectados, como la dignidad de la persona humana, la vida, la integridad personal y la salud, en asociación al derecho a un ambiente equilibrado”, manifestó el letrado.

Mientras fiscalía avanza, MINSA se detiene

Luego de casi dos años de haberse conocido el caso, no existe un compromiso por asumir la responsabilidad de brindar atención a los afectados en dichas comunidades campesinas cusqueñas.  

“Ojalá las autoridades del Estado actuaran con la misma prontitud y empeño para buscar financiamiento del plan de atención integral de las personas afectadas con metales pesados. La Dirección Regional de Salud (DIRESA) del Cusco afirmó haber elaborado el plan de atención, pero que el Gobierno Regional de Cusco y el Gobierno Central no tienen recursos para ejecutarlo. A su vez, el Gobierno Central refiere que dicha función escapa de sus competencias. Entretanto, los defensores de derechos humanos debemos pagar varios de los platos rotos”, alertó Juan Carlos Ruiz.

Recuento del caso

En agosto del 2015, Juan Carlos Ruiz Fernando Osores Plenge escribieron un artículo titulado «La contaminación en Espinar por metales pesados comienza a cobrar sus primeras víctimas» de esta manera denunciaron públicamente las causas de la muerte de Margarita Ccahuana Córdova.

Para ello, citaron su propio certificado de defunción en donde se detalla: 1) shock séptico e insuficiencia renal; 2) cáncer renal; e 3) intoxicación por cadmio y arsénico.

Lo que sostuvimos entonces es que hay personas que sucumben ante la inacción del Estado, en concreto del Ministerio de Salud (MINSA) y el Gobierno Regional de Cusco (Diresa Cusco), pues –como todos sabemos, incluyendo las autoridades– la población de las comunidades campesinas de Huisa y Alto Huancané están expuestas a metales pesados por encima de los límites permisibles.

“Fue en aras de hacer constar nuestro trabajo profesional, que ingresamos en el caso de doña Margarita por un pedido expreso que ella realizó antes de morir. La comunera solicitó asesoría y representación legal al Instituto de Defensa Legal su asesoría, con el propósito de defender sus derechos. De lo contrario, no hubiésemos intervenido”, aclaró Juan Carlos Ruiz.

Fuente y fotos: Justicia Viva / IDL

EN EL PLENO

El Congreso de la República aprobó la derogación del Decreto Legislativo N°1333, norma de “simplificación del acceso a predios para proyectos de inversión priorizados” y que creaba el APIP, una entidad expropiadora de ProInversión que facilitaba el acceso a territorios del área rural para fomentar proyectos de inversión de “interés nacional” y ponerlos en manos de empresas transnacionales.

Durante la sesión del pleno, la Comisión de Constitución sustentó que dicha norma creaba inseguridad jurídica entre los pueblos indígenas y ponía en riesgo sus tierras y territorios, ya que autorizaba a sanear todos los documentos legales de propiedad, y en la práctica obligaba a los propietarios de cualquier terreno o inmueble, en el ámbito de un megaproyecto, a enajenar su propiedad en favor de las empresas beneficiarias.

Como era de esperar, los congresistas del partido de gobierno, Gino Costa y Mercedes Aráoz, trataron de salvar el proyecto que le daba poder de expropiación y titulación a ProInversión, aun por encima de la SUNARP y el COFOPRI.

Es así que Gino Costa de Peruanos por el Kambio (PPK), intentó un cuarto intermedio a fin de efectuar modificaciones a fin de asegurar que no se afectarían tierras de comunidades. De igual manera, la segunda vicepresidenta de la República, Mercedes Araoz, intentó sustentar que el gobierno había dialogado con las comunidades y la norma las respetaría, sin embargo, sus pedidos no prosperaron, al considerarse que la titulación comunal es una deuda aún pendiente del Estado peruano.

En el transcurso del debate, los congresistas del Frente Amplio demostraron que la titulación comunal no está regularizada en todo el país, por lo cual nada garantizaba que en los lugares donde no se podía demostrar su vigencia, las tierras comunales fueran arrebatadas por las empresas inversionistas.

Un día antes de la derogación, el Pronunciamiento del Pacto de Unidad de las organizaciones campesinas agrarias y amazónicas, quienes junto con las entidades de la sociedad civil exigían que el Congreso de la República apruebe la derogatoria del D.L. 1333, llamada también “Ley de Despojo” de los propietarios, no sólo de las comunidades originarias, sino de cualquier pequeño propietario rural o urbano.

Entre las organizaciones miembro de la RED MUQUI que firmaron este pronunciamiento estuvo la Asociación Pro Derechos Humanos, Derechos Humanos Sin Fronteras del Cusco, el Centro Peruano de Estudios Sociales (CEPES), la Pastoral Social del Vicariato Apostólico San Francisco Javier de Jaén y la Asociación Marianista de Acción Social (AMAS).

La cuestionada norma forma parte del paquete de 112 decretos legislativos promulgados por el Poder Ejecutivo en base a las facultades legislativas concedidas por el Congreso de la República.

Qué se pretendía con el APIP

  • Tener un órgano ad hoc con el único propósito de sanear tierras a favor de la inversión. Depende de Proinversión, que a su vez responde al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
  • Elaborar y rectificar los planos aprobados por entidades estatales o rectificar áreas, medias perimétricas y linderos de los predios de propiedad privada que presenten supuestas superposiciones con predios que son objeto de las acciones de saneamiento físico- legal de la propiedad.
  • Poder de reubicar poblaciones, aun pasando por encima de los pueblos indígenas que, ante este tipo de medidas, deben dar su consentimiento previo e informado.
  • Poder convocar asambleas en las comunidades, aun violando el artículo 89 de la Constitución Política y la autonomía organizativa de las comunidades campesinas y nativas.
  • Subordinar a otras entidades encargadas de titulación y registro de predios, como la Superintendencia de Bienes del Estado, a la SUNARP, al COFOPRI e incluso a la Policía Nacional para casos de desalojo en los procesos  de  saneamiento.
  • Sobreproteger a los funcionarios de la APIP por encima del Ministerio Público, la Policía Nacional y el Poder Judicial, ya que las denuncias penales contra funcionarios de la APIP iban a requerir de la opinión fundamentada de la propia APIP.

Fuente: APRODEH / SERVINDI

Foto: Despacho Tania Pariona 

EN NOVIEMBRE SE REALIZA EPU

  • Normativas para reactivar economía y su afectación a territorios indígenas es el principal problema expuesto por Sociedad Civil

La Organización de Naciones Unidas (ONU) tiene programado evaluar la situación de los Derechos Humanos (DDHH) en el Perú para el mes de noviembre, a través del Examen Periódico Universal (EPU) que su Consejo de DDHH realiza cada 5 años, a cada uno de los 193 de sus Estados miembro.

Durante el próximo periodo de sesiones (6 al 17 de noviembre próximo, en la sede de Naciones Unidas en Ginebra), y siguiendo la metodología establecida, representantes de Japón, Venezuela y Portugal evaluarán al Estado peruano sobre los avances en la protección de los derechos humanos y se buscará respuestas ante las vulneraciones que se presenten.

Es así que, cada año, 42 Estados son revisados durante 3 sesiones del Grupo de Trabajo dedicadas. Estas se celebran normalmente en los periodos enero/febrero, mayo/junio y octubre/noviembre.

El resultado de cada revisión es reflejado en un "informe final" en el que se emiten recomendaciones que el Estado examinado tendrá que implementar antes de la próxima revisión.

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Para asegurar la imparcialidad del EPU, no solo revisa la información que entrega el propio Estado en evaluación, sino también se consideran los reportes que pueblos indígenas, instituciones y la sociedad civil entregan acerca de avances y violaciones a derechos humanos en el país.

Es por ello que, el Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenas de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (Grupo PPII de la CNDDHH) ha entregado un informe a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, acerca de las vulneraciones a los derechos de las poblaciones indígenas en el Perú.

"En último EPU, se saludó la promulgación de la Ley de Consulta y se pidió su ejecución. Precisamente, el informe entregado a Naciones Unidas da cuenta de las debilidades en la que ha caído la implementación de esta Ley, debido a cómo en el Perú se viene privilegiando políticas de promoción económica por encima de los derechos indígenas al territorio, salud, ambiente sano, etc. ", comentó Diego Saavedra, especialista de DAR y coordinador del Grupo PPII de la CNDDHH.

Qué dice la Sociedad Civil esta vez

El informe EPU 2017: Vulneraciones a los derechos de los pueblos indígenas en el Perú, muestra cómo es que, en estos últimos cuatro años, el Estado peruano ha desplegado un conjunto de políticas que buscan enfrentar la caída de precios de las materias primas que extraen y exportan estas actividades extractivas.

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En ese sentido, da cuenta que la principal afectación de las medidas de ‘reactivación económica’ en la población indígena, se centra en sus territorios, ya que se les impone proyectos sin consulta, o con limitados mecanismos de participación que generan impactos sociales y ambientales muy serios.

Como parte de su metodología en la elaboración de este documento, el Grupo PPII de la CNDDHH –al que pertenece RED MUQUI– se han hecho análisis técnicos a partir de la identificación normativa, que plantean vulneraciones a derechos, normas y políticas.

Asimismo, se especifica a la ONU que este informe es resultado de la información que se ha recogido y construido con las organizaciones indígenas a nivel nacional.

“De acuerdo a las opiniones sobre las conclusiones y/o recomendaciones, compromisos voluntarios y respuestas presentadas por el Estado peruano a Naciones Unidas en el año 2012 (Código A/HRC/22/15/Add.1), no existe una referencia específica a compromisos por atender la situación de los pueblos indígenas y las amenazas a sus derechos. Por ello, creemos necesario compartir la siguiente información”, indica el inicio del informe.

Apartados del informe:

  • Situación de los pueblos indígenas
  • Vulneración de la normativa vigente de los derechos a la tierra y territorio de los pueblos indígenas
  • Vulneración de derechos a la tierra y territorio de los pueblos indígenas por omisión a la titulación de sus tierras indígenas
  • Vulneraciones a la Consulta Previa
  • Normativa de gestión ambiental que afecta derechos colectivos, al territorio y la salud de los pueblos indígenas
  • Vulneraciones a los derechos de las mujeres indígenas

DATO:

  • Tres documentos principales son utilizados para realizar el examen del Estado: Un informe nacional (20 páginas) preparado por el Estado examinado; Una compilación de diez páginas preparada por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos que contiene información de los órganos de tratados, los procedimientos especiales, y agencias de las Naciones Unidas como el PNUD y UNICEF; un resumen preparado por la OACDH que contiene información de la sociedad civil.
  • Este viernes termina el 27° Periodo de Sesiones del Tercer Ciclo del Examen Periódico Universal (EPU), en el que las Naciones Unidas viene evaluando a diferentes Estados – entre ellos Ecuador- sobre la situación de los derechos humanos en cada país.

 

Fuente: Grupo de Trabajo de Pueblos Indígenas de la CNDDHH / DAR

Fotos: Parthenon.pe / /Flickr de la Cancillería del Ecuador / Informe EPU 2017. Vulneraciones a los derechos de los pueblos indígenas en el Perú 

POR PRESIÓN DEL MEF

·         Dictamen para retirar esta norma está pendiente de aprobarse en Comisión de Constitución

El Pacto de Unidad, bloque integrado por seis organizaciones indígenas de alcance nacional, acusó al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) de impedir la derogatoria del Decreto Legislativo Nº 1333 que facilita las inversiones en infraestructura en el país a costa, señala, del despojo de los territorios ancestrales de los pueblos indígenas u originarios.

El 4 de mayo último, el Pleno del Congreso omitió el debate y la ratificación del dictamen de la Comisión de Constitución y Reglamento que aprueba la derogatoria de esta norma, por considerarse inconstitucional.

En su momento, la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología del Congreso, desaprobó este decreto; incluso María Elena Foronda Farro, su presidenta, sustentó en marzo el pedido de derogatoria ante la Comisión de Constitución que preside Úrsula Letona.

Fue así que, desde mediados de marzo, la Comisión de Constitución del Congreso acordó derogar el polémico decreto tras reconocer que vulnera los derechos de las comunidades campesinas y nativas en torno a su propiedad y la determinación del uso de sus territorios. Todo ello, en presencia de las organizaciones indígenas del Pacto de Unidad.

Desde su aprobación, ha sido duramente cuestionado por organizaciones indígenas y campesinas, la sociedad civil y un sector del propio Congreso.

Atraco en comisión Letona

No obstante, desde aquella sesión del 14 de marzo, el Decreto Legislativo Nº 1333 (“Para la simplificación del acceso a predios para proyectos de inversión priorizados”), no pasa al Pleno para su discusión y votación para su probable derogación.

En ese sentido, los miembros del colectivo indígena aseguran que desde el MEF se vienen haciendo las gestiones para presionar y se desista de aprobar el retirar el dictamen N.° 1217/2016-CR (12/04 de abril de 2017), que retiraría el 1333.

Ahora depende de la comisión Letona para ratificar la derogación de esta norma inconstitucional en las próximas semanas. “Al atentar contra los derechos territoriales, la consulta y consentimiento previos de las comunidades campesinas y comunidades nativas; este decreto impulsado desde el Ejecutivo podría agudizar la conflictividad socioambiental en el país”, advirtieron las organizaciones indígenas agrupadas en el Pacto de Unidad.

Acción legal contra decreto

Ante esta demora, diversas organizaciones de la Sociedad Civil presentaron una acción de amparo contra dicho decreto por omitir la Ley de Consulta Previa establecida en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Entre las objeciones es que la norma no precisa ninguna garantía, ni límite sobre la propiedad y posesión respecto al impacto de proyectos de infraestructura sobre la tierra y territorio de las comunidades y pueblos indígenas, ni tampoco sobre la de los pequeños propietarios y agricultores en general.

Otra es el “poder de reubicar poblaciones” en manos de Proinversión, que por medio del Proyecto Especial de Acceso a Predios para Proyectos de Inversión Priorizados (APIP), podría definir la necesidad de reubicar pobladores. Algo que, en el caso de los pueblos indígenas solo se puede hacer mediante el consentimiento previo e informado.

Otra intromisión del APIP es la “capacidad” de convocar asambleas comunales (campesinas y nativas), con lo cual se estaría violando el artículo 89 de la Constitución Política respecto a su autonomía organizativa.

Entre otras objeciones, está la inseguridad jurídica al contravenir la normativa especial en materia de saneamiento físico legal, y las diferentes competencias de la  SUNARP y los gobiernos regionales.

Se reunieron con el MEF

El viernes 28 de abril, los miembros del Pacto de Unidad sostuvieron una reunión en el Ministerio de Economía (MEF) que fue conducida por Mario Zúñiga, Jefe del Gabinete de Asesores, y Ángela Acevedo, Directora General de Derechos de los Pueblos Indígenas del Viceministerio de Interculturalidad (Ministerio de Cultura).

Ambos representantes de los sectores de Economía y Cultura insistieron en que la norma es favorable al desarrollo del país; sin embargo, mostraron su interés por conocer las observaciones de las organizaciones indígenas, y reconocieron que cometieron un error por no haber convocado a este diálogo anteriormente.

Ante ello, los representantes indígenas se mostraron sorprendidos al ver que los funcionarios no conocían sobre las razones que sustentan la derogatoria del D.Leg. N°1333, pues días antes se les hizo llegar de manera formal. Es decir, no les tomaron la atención y mucho menos respondieron su oportunidad.

El Pacto de Unidad expresó, a los representantes del MEF, que, en adelante, otros temas referidos a los pueblos indígenas sean abordados de manera conjunta y permanente, pues aún está pendiente que las comunidades campesinas y nativas accedan a servicios de calidad en salud, educación, vivienda, etc. con enfoque de interculturalidad y sostenibilidad.

También expusieron sobre la necesidad de destinar un presupuesto para la titulación y saneamiento integral de territorios ancestrales y para el desarrollo integral de las zonas excluidas en el ámbito andino y amazónico, donde las condiciones de vida de los pueblos originarios son cada vez más difíciles, más aún en un contexto de contaminación ambiental a causa de las actividades extractivas.

DATOS:

  • El D.Leg. N°1333 aprueba a creación del Proyecto Especial de Acceso a Predios para Proyectos de Inversión Priorizada (APIP), como una institución adscrita a PROINVERSION, con plenos poderes y atribuciones para impulsar y llevar a cabo el saneamiento físico-legal de las tierras públicas, privadas y comunales.
  • El APIP sobrepasa las competencias del Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI), COFOPRI y de los Gobiernos Regionales. Todo con el fin de acelerar procesos de titulación y despojo de las tierras que demandan los proyectos de la gran inversión privada.
  • Pacto de Unidad remarcó que emisión de decreto nunca fue consultado a los pueblos indígenas conforme a lo que ordena el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Ley del Derecho a la Consulta Previa.
  • El Pacto de Unidad lo integran la Confederación Nacional Agraria (CNA) la Confederación Campesina del Perú (CCP), ONAMIAP, FENMUCARINAP, CUNARC y UNCA.

 

Fuente: CAAAP / CNA / SERVINDI

Foto: Milagros Salazar / CEPES

pactodeunidad

ORGANIZACIONES INDIGENAS RECHAZAN MANIOBRAS DE LOS MINISTERIOS DE ECONOMIA Y DE CULTURA Y DEMANDAN LA DEROGACIÓN DEL DECRETO LEGISLATIVO 1333, “DECRETO DEL DESPOJO DE TERRITORIOS Y TIERRAS DE PUEBLOS INDIGENAS”

Con enorme extrañeza, las organizaciones indígenas del Pacto de Unidad presenciamos, el pasado jueves 4 de mayo, que el Pleno del Congreso de la República omitió el debate y la ratificación del dictamen de la Comisión de Constitución y Reglamento que aprueba la derogatoria por inconstitucional del Decreto Legislativo 1333, “para la simplificación del acceso a predios para proyectos de inversión priorizados”, pese a encontrarse a trámite en la agenda legislativa.

Ante esta situación las organizaciones indígenas manifestamos a la opinión pública, nuestra más absoluta disconformidad y rechazo hacia tal decisión y exigimos que dicho decreto sea puesto en agenda y se ratifique el pedido de derogación, dadas las graves amenazas contra el derecho de propiedad y posesión de nuestros territorios ancestrales, que conlleva este dispositivo. Como se sabe, esta norma dispone medidas inconstitucionales e ilegales para favorecer y facilitar las inversiones en infraestructura a costa del despojo de nuestros territorios comunales, agricultores familiares y propietarios en general que viven dentro o cerca a zonas donde el gobierno prevé ejecutar grandes obras de infraestructura y megaproyectos de inversión privada y pública.

Recordemos que este decreto legislativo nunca fue consultado a los pueblos indígenas conforme a lo que ordena el CONVENIO 169 DE LA OIT, LA LEY Y EL REGLAMENTO DEL DERECHO A LA CONSULTA PREVIA, omisión que no ha sido subsanado por el Ejecutivo, ni siquiera ha sido cuestionada por el propio Ministerio de Cultura; motivos por los cuales a esta norma no le queda más camino por recorrer que la derogatoria inmediata por el Congreso, al adolecer de defectos insalvables.

Al respecto, las organizaciones indígenas denunciamos la existencia de maniobras por parte de funcionarios del Ministerio de Economía y Finanzas – MEF para presionar al Congreso de la República, específicamente a la bancada de Fuerza Popular con la finalidad de EVITAR LA DEROGACIÓN DEL D.L 1333.

Así mismo, denunciamos que luego de asistir de buena fe el 28 de abril a una reunión convocada por el MEF para sustentar nuestra posición sobre la derogación del D.L 1333, este Ministerio viene malinformando al señalar que se logró un acuerdo con relación a esta norma con el Pacto de Unidad, afirmación que negamos categóricamente y que nos obliga a rechazar este tipo de maniobras que traicionan desde todo punto de vista la confianza y buena fe que debe caracterizar un dialogo de esta naturaleza. Así mismo denunciamos la participación de la Directora de Pueblos Indígenas del Viceministerio de Interculturalidad, Ángela Acevedo, quien en la referida reunión del 28 de abril fungió como facilitadora de la misma, avalando con su presencia la posición del MEF. Recordemos que el Ministerio de Cultura a través de Viceministerio de Interculturalidad está obligada a garantizar la plena vigencia y respeto de los derechos de los pueblos indígenas, por lo cual, estas actuaciones han generado la desconfianza y el rechazo total de las organizaciones indígenas.

Desde el Pacto de Unidad, EXIGIMOS a nuestros representantes en el Congreso a NO CEDER ante las presiones que se están efectuando desde el Ejecutivo para lograr la aprobación de una norma que, desde todo punto de vista, es inconstitucional y violatoria de nuestros derechos territoriales; asimismo, alertamos a nuestras comunidades campesinas y nativas y organizaciones de agricultores a no bajar la guardia hasta lograr la derogación de una norma tan peligrosa para la integridad de nuestros territorios.

Lima, 08 de mayo de 2017

¡No al despojo de nuestras tierras y territorio!

¡Wañuchum Decreto Legislativo 1333!

pactodeunidad

Las organizaciones indígenas nacionales reunidas en el Pacto de Unidad (CCP, CNA, CUNARC, FENMUCARINAP, ONAMIAP y UNCA) hemos tomado conocimiento que el Poder Ejecutivo ha presentado para debate y aprobación urgente del pleno del Congreso de la República el Proyecto de Ley “que aprueba disposiciones de carácter extraordinario para las intervenciones del Gobierno Nacional frente a desastres y que dispone la creación de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios”, a través del cual se declara de prioritario interés nacional y necesidad pública la implementación de un plan integral para la rehabilitación y reconstrucción de la infraestructura pública en materia de transportes, comunicaciones, salud, educación y vivienda, y para lo cual propone la creación de una entidad con rasgo ministerial y con poderes casi irrestrictos denominada “Autoridad para la Reconstrucción con Cambios” (RCC), dependiente directamente de la Presidencia del Consejo de Ministros.

Al respecto, las organizaciones indígenas saludamos el proyecto y cualquier iniciativa que, desde el gobierno, se impulse para atender urgentemente a nuestros hermanos damnificados y afectados por los desastres generados a nivel nacional por el fenómeno de El Niño Costero. Sin embargo, en la medida en que dicho proyecto afecta también nuestros derechos colectivos, advertimos públicamente lo siguiente:

1. Que, más allá de lo necesario que es esta iniciativa legislativa, la misma evidencia una vez más la reiterada práctica del actual gobierno de proponer medidas legislativas que afectan nuestros derechos colectivos sin cumplir con el debido proceso de consulta y consentimiento previo que exigen tanto el Convenio 169 de la OIT como la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (DNUDPI), situación que ya ocurrió con el Decreto Legislativo 1333 (hoy en proceso de derogación por el Congreso). En efecto, así se aprecia en el contenido de la Segunda Disposición Complementaria Transitoria del Proyecto de Ley, la cual prácticamente obliga a nuestras comunidades campesinas y nativas –sin proceso de diálogo o acuerdo previo- a ceder provisionalmente y sin resarcimiento alguno la posesión y uso de sus territorios comunales para la reubicación temporal de los afectados por las catástrofes. Al respecto, debemos manifestar nuestro más profundo rechazo a esta medida, la cual, además de que debería ser obligatoriamente consultada con nuestros pueblos indígenas (para obtener su consentimiento), impone una obligación que puede implicar serios impactos al derecho de propiedad y posesión de nuestros territorios ancestrales, debido a que la presencia temporal de pobladores ajenos a las comunidades podría convertirse progresivamente en un hecho permanente e irreversible, considerando lo difícil que puede ser un nuevo proceso de reubicación, y sin olvidar tampoco que los traficantes de tierras podrían aprovechar estas oportunidades e intervenir, como siempre lo han hecho, para promover mecanismos legales e ilegales para consolidar el despojo y el desmembramiento de los territorios comunales.

2. Que, asimismo, este proyecto constituye una nueva amenaza de arrebato de nuestros territorios ancestrales al disponer, en su Segunda Disposición Complementaria Final, que para este proceso de reconstrucción será aplicable el cuestionable Decreto. Legislativo 1192 (nueva Ley de Expropiaciones) el cual deja abierta la posibilidad de expropiar (de manera inconstitucional por supuesto) los territorios de las comunidades campesinas y nativas que, estando bajo su posesión ancestral, no puedan acreditar a través de un título de propiedad debidamente saneado y georreferenciado el derecho de propiedad que sí les reconoce el Convenio 169 de la OIT y la DNUDPI.

3. Que, de igual manera, la Novena Disposición Complementaria Final (Obra por Terreno), al señalar que los inversionistas privados que inviertan en el encausamiento y escalonamiento de los ríos, generando así tierras aprovechables, pueden a acceder a éstas a modo de retribución o compensación por su inversión, expresa un claro interés en favorecer a los grandes inversionistas privados, pues es evidente que ni las comunidades indígenas ni los miles de pequeños productores agropecuarios que han sido afectados por las catástrofes están actualmente en condiciones de invertir en el proceso de reconstrucción, dejándose más bien abierta la posibilidad de que a través de este mecanismo se consolide un nuevo despojo de tierras comunales y con vocación agrícola a favor de los intereses privados, considerando que el plan de reconstrucción incluye todo tipo de mecanismos de coacción para lograr el traslado forzado de los pobladores afectados que habiten en zonas vulnerables a nuevos desastres.

4. Que, asimismo, en el artículo 8 se insiste en implementar más procedimientos administrativos “simplificados” con el argumento de “agilizar” el proceso de reconstrucción, algo que nos preocupa enormemente y nos exige estar en estado de alerta, al recordar que, con pretextos similares, se han emitido “paquetazos normativos” antiterritoriales y antiambientales como la Ley 30230, la Ley 30327, el D.S. 001-2015-EM y el ya mencionado Dec. Leg. 1333; normas todas ellas aprobadas a espaldas de los pueblos indígenas. Así mismo en el inciso 8.4 de este artículo refiere el libre acceso y disponibilidad de terrenos y predios puestos a disposición a solo requerimiento de la Autoridad, sin prever que un gran porcentaje del territorio nacional es propiedad privada, individual y colectiva, y por lo tanto el Estado no puede ordenar su libre disposición.

5. Que, por otra parte observamos que el proceso de reconstrucción que se pretende implementar tiene un perfil marcadamente centralizado en infraestructura y obras públicas, las cuales, si bien son absolutamente necesarias, dejan de lado el fortalecimiento de las capacidades humanas y económico-productivas de nuestras comunidades originarias y pequeños productores agropecuarios, desaprovechándose así una valiosa oportunidad para involucrarnos en un proceso nacional de desarrollo integral que abarque diferentes ámbitos y componentes del bienestar social con enfoque de sostenibilidad. Por ello, exhortamos al gobierno nacional a que se nos considere como actores del proceso de reconstrucción con cambios que se llevará a cabo, convocando y garantizando nuestra participación en todos los niveles de gobierno (nacional, regional y local) e instancias de coordinación en los que se planificará e implementarán las medidas necesarias para la reconstrucción de nuestro país.

Por tanto, las organizaciones indígenas nacionales EXIGIMOS al Congreso de la República no aprobar las disposiciones de este proyecto de ley que afectan nuestros derechos colectivos y ponen en riesgo una vez más nuestro derecho al territorio ancestral, EXHORTANDO a este Poder del Estado desistir de aprobar más normas de esta naturaleza sin cumplir con el respectivo proceso de consulta previa y obtener nuestro consentimiento libre e informado.

Asimismo, DEMANDAMOS al Poder Ejecutivo convocar a las organizaciones nacionales, regionales y locales representativas de los pueblos indígenas y pequeños productores agropecuarios y garantizar nuestra participación en todas las fases (planificación, implementación, seguimiento y evaluación) del proceso de reconstrucción nacional, brindándonos las oportunidades que por décadas venimos esperando para alcanzar nuestro desarrollo integral sobre la base de los principios del Buen Vivir.

Finalmente, REAFIRMAMOS nuestro compromiso de contribuir fraternal y solidariamente en todas las acciones y medidas que se requieran para que nuestro país supere prontamente las terribles catástrofes que los peruanos y peruanas hemos enfrentado recientemente, como siempre lo hemos hecho los pueblos indígenas u originarios cada vez que el Perú ha enfrentado los momentos más difíciles de su historia.

Lima, 21 de abril del 2017

pactodeunidad

La organizaciones indígenas reunidas en el Pacto de Unidad hace una semanas obtuvimos un avance importante en el Congreso de la República, al lograr en la Comisión de Constitución y Reglamento, la derogatoria del Decreto Legislativo N°1333 para la simplificación del acceso a predios para proyectos de inversión priorizados, con el voto de 13 congresistas a favor, 1 contra y la abtención de 1.

Los pueblos organizados denunciamos desde el primer momento, que el decreto, en sus 9 artículos y 4 disposiciones finales, tiene serios vicios de inconstitucionalidad e ilegalidad; no solo para los pueblos indígenas sino para todas y todos los peruanos; argumentos considerados dentro del debate de los congresistas de la Comisión, además de la honda preocupación por evitar la agudización de la conflictividad social ambiental en el país, donde los pueblos y las comunidades somos los principales afectados.

Ante esta decisión de la Comisión de Constitución, que esperamos sea ratificado en el pleno del Congreso de la República, el Ministerio de Economía y Finanzas liderado por el ministro Alfredo Thorne, exhortó al Congreso a que reconsidere su intención de derogar este nefasto decreto, ejerciendo presión en medios de comunicación y en instituciones del Estado.

Este decreto es parte de los mecanismos jurídicos – administrativos creados por el actual gobierno de PPK, para seguir favoreciendo más a la gran inversión, sin importarle la afectación a los derechos de los pueblos indígenas, especialmente a tierras – territorio, a la consulta previa y consentimiento libre e informado; reconocidos por la Constitución Política del Perú, el Convenio 169 – OIT, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de Pueblos Indígenas, y la Jurisprudencia Nacional e Internacional.

Sin embargo, el Ministerio de Economía y Finanzas que está realizando una intensa campaña de defensa de este decreto, ha convocado a las organizaciones al Pacto de Unidad a una reunión sobre el D.Leg. 1333, por intermedio de la Dirección de Pueblos Indígenas del Ministerio de Cultura. Ante ello manifestamos lo siguiente:

1.- El Ministerio de Economía y Finanzas y PROINVERSIÓN tuvieron seis meses que fue el tiempo dado por las facultades legislativas por el Congreso para consultar los artículos del D.Leg. 1333, y nunca convocó a una reunión a las organizaciones indígenas.

2.- Ya en plena vigencia del D.Leg. 1333 y en medio de los pronunciamientos del Pacto de Unidad, PROINVERSIÓN trato de sorprender a las organizaciones indígenas, invitándolas a participar de un proceso de validación de la norma y queriendo reglamentarla, de manera arbitraria y en tiempo record.

3.- Desde las Organizaciones del Pacto de Unidad, actuando de buena fe, remitimos cartas solicitando espacios de diálogo ante la PCM, el MEF, PROINVERSION; sin embargo, no obtuvimos respuesta alguna, demostrándose así ninguna vocación de dialogo para atender nuestra preocupación y conocer nuestros argumentos.

4.- Por tanto, en vista de la posición clara del MEF de defensa del D.Leg. 1333 y los considerados mencionados, las organizaciones indígenas del Pacto de Unidad no asistiremos a la reunión planteada con el Ministerio de Economía y Finanzas por intermedio del Ministerio de Cultura.

5.- Por el contrario, exigimos al Ministerio de Cultura cumplir su rol como ente rector en materia de pueblos indígenas y garantizar los derechos territoriales de los pueblos y sus comunidades.

El Pacto de Unidad EXIGE la ratificación de la derogatoria del Decreto Legislativo N° 1333 ante el pleno del Congreso y DEMANDAMOS al Ministerio de Economía y Finanzas, PROINVERSION y sus operadores, a desistir de avalar este decreto y reglamentarlo.

Finalmente le recordamos al gobierno que su fin máximo es buscar el bienestar común de todas y todos los peruanos y no solo favorecer el desarrollo de la gran inversión, que enriquece a unos pocos; más aún en el momento actual de serios desastres naturales que nuestros pueblos están sufriendo, y donde ha quedado claro la falta de políticas de prevención y la nula planificación por parte del Estado.


¡No al despojo de nuestras tierras y territorio!
¡Inversión sí, despojo no! ¡Titulación para todos y no para unos pocos!
¡Wañuchum Decreto Legislativo 1333!
Lima, 23 de marzo de 2017

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