Los representantes de las comunidades campesinas de Ayabaca y Huancabamba reiteraron, una vez más, que la empresa minera Río Blanco opera de manera ilegal en sus propiedades. Así lo dieron a conocer durante el Foro Público “Riesgos e impactos del proyecto minero Río Blanco y alternativas al desarrollo” realizado en Piura, y que contó con un grupo de especialistas ambientales, quienes abordaron temas relacionados al extractivismo.

Isaul Guerrero, de la Comunidad Campesina de Segundo y Cajas de Huancabamba, indicó que la empresa opera de manera ilegal en las propiedades de la comunidad, “por lo que expresamos nuestra posición de defensa de nuestras comunidades campesinas”. Además, hizo referencia al Proyecto de ley 1718 en discusión en el Congreso que perjudica a las comunidades, con medidas como facilitar a los titulares de concesiones mineras, y proyectos de gran envergadura. “Exigimos al congresista Luis López Vilela, retirar su iniciativa legislativa porque es injusta, inconstitucional y no responde a los intereses de nuestras comunidades, sino al de las empresas mineras”, acotó.

Por su parte, Martín Scurrah, de RedGe, criticó el extractivismo minero que es visto como el único baluarte del crecimiento económico sin tomar en cuenta que se necesita diversificar la economía. Añadió que se debe tener respeto al ser humano en todo su sentido, “así como respeto al medio ambiente y a la naturaleza. La actividad extractiva sólo busca satisfacer una demanda fuera de la región y del país”. Igualmente, indicó que las políticas de Estado no se muestran contundentes con la minería ilegal que daña el medioambiente.


Javier Jahncke, secretario ejecutivo de Red Muqui, también expresó su rechazo a la poca atención del Estado a las comunidades campesinas y pueblos del interior de las regiones en donde se encuentran estos proyectos, las mismas que siguen postergadas sin políticas que ayuden a mejorar su calidad de vida.


Sobre el proyecto minero Rio Blanco en las comunidades campesinas de Segundo y Cajas, y Yanta en la sierra de Piura, los ponentes indicaron que significaría una grave afectación a la flora, fauna y las costumbres de la zona por la fuerte inyección de capitales y su repercusión en la sociedad no sólo de la sierra, sino también de la costa piurana.

Piura es una región rica en recursos naturales, los páramos y bosques de neblina que se encuentran entre Huancabamba y Ayabaca, son ecosistemas que captan el agua de la lluvia y humedad, y generan las nacientes de los principales ríos de toda la región. Brindan el recurso hídrico para actividades económicas sostenibles que dan la mayor parte de los puestos de trabajo locales, como agricultura, ganadería y turismo sostenible.

El páramo y los bosques de neblina de Piura, tienen una gran biodiversidad que alberga especies en extinción como el oso de anteojos, tapir de montaña y la pava aliblanca, entre otras variedades, y especies de flora endémicas y en serio riesgo por actividades no sostenibles.

RED MUQUI se dirige a la opinión pública nacional e internacional para expresar lo siguiente:

  1. Es lamentable que en medio de la expectativa generada por el fútbol en nuestro país, que nos ha unido en torno a un anhelo, aprovechando la coyuntura que acapara la mayor parte de los medios de comunicación, el gobierno del señor Kuczynsky, apoyado por grupos de poder económico esté dictando una serie de normas e impulsando proyectos de ley en el Congreso que los favorecen. La Ministra Aljovín y la Premier Araoz ya habían anunciado, ante el auditorio de empresarios mineros en PERUMIN, un paquete de medidas que, comprobamos, sólo buscan la ampliación de la frontera minera para facilitar la exploración en la mayor parte del país, en desmedro de la regulación ambiental de las actividades extractivas, y la eliminación de las pocas garantías que quedan de la propiedad de la tierra, especialmente en el caso de las comunidades campesinas y nativas de nuestro país.
  1. Sin que exista criterio técnico alguno, el gobierno ha emitido la Resolución Ministerial N° 276-2017-MINAM del martes 03 de octubre, que estandariza la aplicación de Estudios de Impacto Ambiental (EIA) para proyectos mineros de gran y mediana minería, y Declaraciones de impacto ambiental (DIA) para actividades de pequeña minería y minería artesanal (que corresponden a los Gobiernos Regionales), estableciendo que se aplican sólo poniendo énfasis en un criterio de distancia (a partir de 50 metros de fuentes de agua o 100 metros de ecosistemas que las captan o generan)

Es decir, se prescinde de un estudio profundo del impacto y consecuencias de la actividad minera para tomar decisión que puede afectar vida, salud y actividad económica de poblaciones y comunidades.

El objetivo de fondo de ésta medida, en realidad es la ampliación de las zonas de actividad minera, “ordenando” el territorio unilateralmente, sin base constitucional, sin consulta previa ni participación ciudadana, poniendo en riesgo los ecosistemas y fuentes hídricas, que podrían verse afectados por los impactos ambientales, contaminando o eliminando los flujos de agua, y con ello el acceso al recurso hídrico y la calidad del agua.

  1. Paralelamente a ello, el día 04 de octubre, el Congreso de la República aprobó por mayoría en la Comisión de Descentralización, el dictamen que aprueba el proyecto de ley 1718, “ley que regula la obtención de inmuebles requeridos para la ejecución de obras de infraestructura priorizada”. Este proyecto de ley no es otra cosa que un reforzamiento del decreto legislativo 1333, aún vigente, que fuera derogado por el Congreso en primera instancia, pero luego observada dicha derogatoria por el Poder Ejecutivo y su derogatoria aún está pendiente de revisar en el Congreso.

Dicha norma, pasa por encima de la propiedad y posesión de la tierra de las comunidades y población en general, y de la seguridad jurídica que éstas figuras legales les brindan, y prioriza la concesión minera y otras figuras “legales” que facilitan el acceso a la tierra de parte de las empresas titulares de los proyectos de inversión pública priorizados y de gran envergadura. Incluso el APIP, organismo creado con el nuevo marco, puede convocar a una Asamblea Comunal para una reubicación, lo que hace ver que hay una “legalización de lo que es ilegal”, e inconstitucional, pues una comunidad es autónoma en sus decisiones según la Constitución.

  1. Ambas normas, y otras que están pendientes, como el Reglamento de Protección Ambiental para las actividades de exploración minera, todas ellas emitidas de espaldas a una discusión pública y participativa, consideramos que van a generar mayor conflictividad socio ambiental en el país. Y el gobierno lo sabe. Por ello, además ha afianzado en el último tiempo la normativa que criminaliza la protesta social, y ha establecido condiciones que aumentan las penas, aplicando la asociación ilícita para delinquir y otras figuras que buscan atemorizar a las defensoras y defensores en su rol garante de derechos, buscando deslegitimar su rol, para evitar cualquier traba a la actividad minería.
  1. Esta normativa además, pasa por encima del derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas, proceso que se encuentra totalmente desnaturalizado en minería, y de los elementales e insuficientes mecanismos de participación ciudadana existentes, evitando su aplicación en muchos casos. Ni siquiera el acuerdo previo, que es un mecanismo de negociación en la práctica, queda vigente cuando las modificaciones normativas generan mecanismos de imposición, que incluso pasan por encima de un mínimo acuerdo previo con el poseedor o propietario de las tierras superficiales, cuando hay otras figuras legales que lo evitan.

Por todo ello, demandamos al gobierno del señor Kuczynski y a las empresas mineras que evalúen las consecuencias de las decisiones que vienen tomando, pues al contrario de favorecer a sus intereses, van a generar mayor conflictividad social, y afectar aún más las inversiones, dejando a los gobiernos regionales y locales, y  en especial a las poblaciones y comunidades como sujetos pasivos, que deben asumir la imposición de éstas decisiones, formas de desarrollo, y modos de vida de un gobierno tecnócrata que es sumiso al poder económico que lo presiona, y al cual se debe.

Como país debemos unirnos, en la defensa de un desarrollo sostenible de nuestro territorio, por un ordenamiento territorial participativo, respetando los derechos de las poblaciones y comunidades campesinas y nativas, protegiendo nuestra biodiversidad y ecosistemas frágiles que captan y generan recursos hídricos para la vida y las actividades económicas de las cuales vivimos y nos alimentamos, en un país que ya sufre la consecuencias del cambio climático, para el que debemos prepararnos, y no seguir tomando decisiones sólo en base a criterios económicos. 

Lima, 06 de octubre de 2017

RED MUQUI

Cerro de Pasco y La Oroya, son dos zonas en donde ciudad, minería y fundición han crecido una sobre otra -sin mayores regulaciones ambientales y de salud- si bien han generado ingresos a las arcas del Estado Peruano, también han ocasionado el envenenamiento generacional por décadas de miles de peruanos que vivieron y viven en estas zonas. Lo mismo ocurre respecto de los pasivos ambientales en San Mateo.

Red Muqui presenta el resumen del  Informe de Atención médica de salud en ambientes asociados a minería y metalúrgica a menores residentes en Cerro de Pasco y La Oroya, y situación de los pasivos ambientales en San Mateo- 2016. Este documento ha sido realizado por el médico ambientalista, Fernando Osores, quien examinó a un total de 24 niños y niñas.  Se les realizó el dosaje y se les hizo análisis de cabello, sangre y orina para determinar la presencia de los siguientes metales pesados: As [arsénico], Pb [plomo], Cd [cadmio] y Hg [mercurio].

Los niños atendidos residen en Cerro de Pasco-Quiulacocha(15) y La ciudad de La Oroya Nueva y Vieja (9) respectivamente, tienen entre 3 y 15 años. La media aritmética de la edad fue 9 años.Todos los niños de Cerro de Pasco y La Oroya presentaron exposición puntual positiva (detectable) para arsénico, plomo, mercurio y cadmio. Asimismo, superaron el mejor estándar de medición para arsénico en sangre. En el caso de  la orina, en 8 de los 9 niños de La Oroya y 10 de los 15 niños de Cerro de Pasco superaron el estándar de medición para arsénico de acuerdo con el MINSA.

 

Por el lado de los pasivos en San Mateo, el informe alerta que no solo el relave Tamboraque –contiene casi 690 mil toneladas métricas de residuos- pone en riesgo el río Rímac y la ciudad de Lima. Son, aproximadamente, ocho pasivos ambientales más, entre los que destacan el relave Chinchán (Coricancha); ex depósito de Mayoc, Minera Lisandro Proaño S.A.; la mina Los Quenuales (Casapalca), cuenta con un pasivo ecológico de más de un siglo de operación; el depósito de relaves Chinchan (Los Quenuales), está activo y se encuentra a 110 Km. al norte de la planta concentradora; depósito de relaves Tablachaca, ubicado al margen derecho del río Rímac. Este último, contiene unos tres millones de toneladas métricas de relaves producidos por la planta concentradora de Casapalca.

El depósito de relaves Antuquito, contiene unas 600 toneladas métricas de relaves producidos por la planta concentradora de Casapalca, también se encuentra al margen izquierdo del río Rímac. Estos pasivos ambientales mineros son foco principal de contaminación y afectación a la salud de las personas.

 

 Al respecto el informe presenta algunas recomendaciones, el texto completo se puede leer en el resumen del Informe de Salud

 1. Desarrollar un Plan Nacional sostenible de monitorización epidemológica permanente, en tiempo real, transparente, coordinado y participativo de las matrices de agua.

2.Caracaterizar los peligros y riesgos de los impactos ambientales inmediatos, y a largo plazo a la salud humana en una concepción de Ecosalud y protección del bien público.

3. Fortalecimiento de la capacidad de vigilancia y monitoreo ambiental de los ciudadanos/as, poblaciones indígenas y originarias, así como, el reconocimiento de sus organizaciones, y su incorporación al Sistema Nacional de Gestión Ambiental como mecanismo de alerta temprana.

4. Promover la investigación priorizada en la protección, prevención y evaluación de riesgos a la salud por exposición crónica no ocupacional a sustancias químicas.

5. Promover la planeación estratégica nacional para la salud pública ambiental protectiva y preventiva en zonas de alto riesgo de exposición a metales pesados (como es el caso de Pasco y La Oroya)  

Libre descarga RESUMEN DEL INFORME AQUÍ

juanaste

Por: Ing Juan Aste Daffós, consultor Red Muqui                        

El gobierno de PPK acaba de perpetrar un atentado criminal contra nuestras cuencas hídricas, los nevados, los bosques primarios y tierras de protección, las áreas naturales protegidas, los bofedales, las aguas subterráneas y los manantiales, es decir, contra el potencial agroalimentario, la biodiversidad, el turismo y a los hermanos de las comunidades y poblaciones locales de nuestro Perú, al aprobar la Resolución Ministerial 276 del Ministerio del Ambiente publicada el 03 de octubre 2017 en medio de la algarabía de la posibilidad de ir al mundial de fútbol.

Esta norma, que a todas luces, resulta inconstitucional ya que so pretexto de incluir nuevos proyectos de exploración minera, se incluyen, también, los lugares donde se puede hacer actividad minera, a efectos que para su realización en dichas zonas muy vulnerables, se presenten los respectivos Estudios de Impacto Ambiental (EIA). También, se ha incluido para que presenten el EIA a los proyectos de exploración minera que consideren túneles o que busquen determinar la existencia de minerales radioactivos. 

Este hecho pinta de cuerpo entero la catadura de este gobierno de ppk al que no le importa qué pase con la disponibilidad de agua proveniente de nuestras cuencas, nevados andinos, aguas subterráneas ni con la rica biodiversidad de los bosques de la amazonía que son el futuro del Perú. Lo único que le interesa es ceder a la presión de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, gremio de los empresarios mineros (EEUU, China y Canadá, principalmente). Con los actuales precios, nuevamente altos, quieren asegurarse nuevas reservas y mayores ganancias. Por eso, estaban  aparentemente mortificados por una Ley inocua como es la Ley que le da un año de plazo a la Autoridad Nacional del Agua para que identifique, delimite y zonifique una cabecera de cuenca (Ley 30640), cuando en realidad lo que querían es la aprobación de esta Resolución Ministerial.

Es hora de establecer un impuesto a la sobreganancia minera, regular la expansión minera y proteger ambientalmente nuestros recursos estratégicos ordenando el territorio, justamente al revés de lo que ocurre ahora, donde la actividad minera ordena el territorio e influencia de manera determinante sobre los gobiernos y la vida, económica y social del país impidiendo la industrialización, razón por la que seguimos dependiendo completamente de las importaciones (Chinas y de EEUU, principalmente) que a su vez dependen de los ingresos por las exportaciones mineras (EEUU, China y Canadá, principalmente) que solo benefician a las empresas que extraen los minerales y a los países que los compran para luego vendernos sus productos manufacturados o industriales. Necesitamos abandonar la dependencia minera del modelo económico que aporta tributariamente muy poco, no genera empleo y nos está dejando sin recursos estratégicos por el impacto ambiental que genera, es decir, porque con ella estamos matando nuestro futuro.

Lima. 06 de octubre de 2017

ANEXO

SOBRE LA RESOLUCIÓN MINISTERIAL 276-2017-MINAM

LA RM 276-2017-MINAM publicada el 03 de octubre del 2017 señala en sus principales considerandos que:

Que, mediante Resolución Ministerial N° 157-2011-MINAM se aprueba la Primera Actualización del Listado de Inclusión de los Proyectos de Inversión sujetos al SEIA, modifi cada por la Resolución Ministerial N° 298-2013-MINAM, la Resolución Ministerial N° 300-2013-MINAM, la Resolución Ministerial N° 186-2015-MINAM, la Resolución Ministerial N° 383-2016-MINAM y la Resolución Ministerial N° 159-2017-MINAM;

Que, mediante Oficio N° 1310-2017-MEM/DGAAM/ DGAM, el Ministerio de Energía y Minas, en su condición de autoridad competente en el marco del SEIA, ha solicitado al MINAM la modificación de la Primera Actualización del Listado de Inclusión de los Proyectos de Inversión sujetos al SEIA, a fi n de precisar los proyectos de inversión en materia de exploración minera que, por sus características, envergadura, tamaño e impactos ambientales que generarían, requieren contar con una Certifi cación Ambiental previa a su ejecución;

Que, mediante Resolución Ministerial N° 255-2017-MINAM, el Ministerio del Ambiente dispuso la prepublicación del proyecto normativo, conforme a lo dispuesto en el artículo 39 del Reglamento sobre Transparencia, Acceso a la Información Pública Ambiental y Participación y Consulta Ciudadana en Asuntos Ambientales, aprobado por Decreto Supremo N° 002-2009-MINAM, y el artículo 14 del Reglamento que establece disposiciones relativas a la publicidad, publicación de Proyectos Normativos y difusión de Normas Legales de Carácter General, aprobado por Decreto Supremo N° 001-2009-JUS, en virtud de la cual se recibieron aportes y comentarios al mismo;

Que, mediante Oficio N° 1457-2017-MEM/DGAAM/ DGAM, el Ministerio de Energía y Minas remitió el informe técnico legal que sustenta en la modificación de la Primera Actualización del Listado de Inclusión de los Proyectos de Inversión sujetos al SEIA, considerando los aportes y comentarios recibidos en la prepublicación del proyecto normativo; Con el visado del Viceministerio de Gestión Ambiental, de la Dirección General Políticas e Instrumentos de Gestión Ambiental y de la Ofi cina General de Asesoría Jurídica;

SE RESUELVE: Artículo 1.- Modificar la Primera Actualización del Listado de Inclusión de los Proyectos de Inversión sujetos al Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental (SEIA), considerados en el Anexo II del Reglamento de la Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental, aprobada mediante Resolución Ministerial N° 157-2011-MINAM y normas modificatorias, en relación a las actividades de exploración minera que corresponde al Sector Minería, quedando redactado de la siguiente manera:

MODIFICACIÓN DEL NUMERALES 3 Y 4 DE LA R.M. Nº 157-2011-MINAM

SECTOR GOBIERNO NACIONAL

Minería Ministerio de Energía y Minas

 (…) 3. Proyectos de exploración minera de titulares de la mediana y gran minería, considerando sus componentes auxiliares y otros que requiera, que contemplen más de veinte (20) plataformas de perforación y/o más de diez (10) hectáreas de área disturbada, o que se encuentren ubicados:

a) A menos de cincuenta (50) metros de un cuerpo de agua, bofedal, canal de conducción, pozo de captación de aguas subterráneas, manantiales o puquiales.

b) A menos de cien (100) metros de distancia en línea horizontal y perpendicular de la huella máxima de ocupación en invierno de un nevado o área glaciar.

c) A menos de cien (100) metros de tierras de protección y/o bosques primarios.

d) En Áreas Naturales Protegidas de administración nacional y/o sus zonas de amortiguamiento y/o áreas de conservación regional.

e) En áreas al amparo de alguna regulación especial expresamente reconocidas por Ley.

4. Proyectos de exploración minera que consideren túneles de exploración o que se busquen determinar la existencia de minerales radioactivos. (…)

SECTOR GOBIERNO REGIONAL

(…) 2. Proyectos de exploración minera de titulares de la pequeña minería y minería artesanal considerando sus componentes auxiliares y complementarios****.

 Nota (****): Para el ámbito de Lima Metropolitana se encuentran bajo la competencia del gobierno nacional en tanto culmine el proceso de descentralización.

SECTOR GOBIERNO LOCAL

Ver Nota (******) al final del listado

Artículo 2.- Disponer la publicación de la presente Resolución Ministerial en el Portal Institucional del Ministerio del Ambiente (www.minam.gob.pe).

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL Única.- La presente Resolución Ministerial entra en vigencia con la entrada en vigencia del nuevo Reglamento de Protección Ambiental para las Actividades de Exploración Minera, adecuado a la normativa del SEIA, el cual incluirá las medidas técnicas mínimas en materia ambiental, aplicables a todas las actividades de exploración minera; así como, los procedimientos, plazos, participación ciudadana y condiciones aplicables a la Ficha Técnica Ambiental, con la que debe contar el titular del proyecto de exploración minera que no está sujeto al SEIA.

juanaste

Por: Ing Juan Aste Daffós, Consultor Red Muqui                        

El gobierno de PPK acaba de perpetrar un atentado criminal contra nuestras cuencas hídricas, los nevados, los bosques primarios y tierras de protección, las áreas naturales protegidas, los bofedales, las aguas subterráneas y los manantiales, es decir, contra el potencial agroalimentario, la biodiversidad, el turismo y a los hermanos de las comunidades y poblaciones locales de nuestro Perú, al aprobar la resolución ministerial 276 del ministerio del ambiente publicada el 03 de octubre 2017 en medio de la algarabía de la posibilidad de ir al mundial de fútbol.

Esta norma, que a todas luces resulta inconstitucional ya que so pretexto de incluir nuevos proyectos de exploración minera se incluyen también los lugares donde se puede hacer actividad minera, a efectos que para su realización en dichas zonas muy vulnerables, se presenten los respectivos estudios de impacto ambiental (EIA). También se ha incluido para que presenten el EIA a los proyectos de exploración minera que consideren túneles o que busquen determinar la existencia de minerales radioactivos. (…)

Este hecho pinta de cuerpo entero la catadura de este gobierno de ppk al que no le importa que pase con la disponibilidad del agua proveniente de nuestras cuencas, nevados andinos, aguas subterráneas ni con la rica biodiversidad de los bosques de la amazonia que son el futuro del Perú, lo único que le interesa es ceder a la presión de la sociedad nacional de minería, petróleo y energía, gremio de los empresarios mineros (EEUU, China y Canadá, principalmente), que con los actuales precios nuevamente altos quieren asegurarse nuevas reservas y mayores ganancias. Por eso, estaban  aparentemente mortificados por una ley inocua como es la ley que le da un año de plazo a la autoridad nacional del agua para que identifique, delimite y zonifique una cabecera de cuenca (ley 30640), cuando en realidad lo que querían es la aprobación de esta resolución ministerial.

Es hora de establecer un impuesto a la sobreganancia minera, regular la expansión minera y proteger ambientalmente nuestros recursos estratégicos ordenando el territorio, justamente al revés de lo que ocurre ahora, donde la actividad minera ordena el territorio e influencia de manera determinante sobre los gobiernos y la vida, económica y social del país impidiendo la industrialización, razón por la que seguimos dependiendo completamente de las importaciones (Chinas y de EEUU, principalmente) que a su vez dependen de los ingresos por las exportaciones mineras (EEUU, China y Canadá, principalmente) que solo benefician a las empresas que extraen los minerales y a los países que los compran para luego vendernos sus productos manufacturados o industriales. Necesitamos abandonar la dependencia minera del modelo económico que aporta tributariamente muy poco, no genera empleo y nos está dejando sin recursos estratégicos por el impacto ambiental que genera, es decir, porque con ella estamos matando nuestro futuro.

Lima. 05 de octubre de 2017

ANEXO

SOBRE LA RESOLUCIÓN MINISTERIAL 276-2017-MINAM

LA RM 276-2017-MINAM publicada el 03 de octubre del 2017 señala en sus principales considerandos que:

Que, mediante Resolución Ministerial N° 157-2011-MINAM se aprueba la Primera Actualización del Listado de Inclusión de los Proyectos de Inversión sujetos al SEIA, modifi cada por la Resolución Ministerial N° 298-2013-MINAM, la Resolución Ministerial N° 300-2013-MINAM, la Resolución Ministerial N° 186-2015-MINAM, la Resolución Ministerial N° 383-2016-MINAM y la Resolución Ministerial N° 159-2017-MINAM;

Que, mediante Oficio N° 1310-2017-MEM/DGAAM/ DGAM, el Ministerio de Energía y Minas, en su condición de autoridad competente en el marco del SEIA, ha solicitado al MINAM la modificación de la Primera Actualización del Listado de Inclusión de los Proyectos de Inversión sujetos al SEIA, a fi n de precisar los proyectos de inversión en materia de exploración minera que, por sus características, envergadura, tamaño e impactos ambientales que generarían, requieren contar con una Certifi cación Ambiental previa a su ejecución;

Que, mediante Resolución Ministerial N° 255-2017-MINAM, el Ministerio del Ambiente dispuso la prepublicación del proyecto normativo, conforme a lo dispuesto en el artículo 39 del Reglamento sobre Transparencia, Acceso a la Información Pública Ambiental y Participación y Consulta Ciudadana en Asuntos Ambientales, aprobado por Decreto Supremo N° 002-2009-MINAM, y el artículo 14 del Reglamento que establece disposiciones relativas a la publicidad, publicación de Proyectos Normativos y difusión de Normas Legales de Carácter General, aprobado por Decreto Supremo N° 001-2009-JUS, en virtud de la cual se recibieron aportes y comentarios al mismo;

Que, mediante Oficio N° 1457-2017-MEM/DGAAM/ DGAM, el Ministerio de Energía y Minas remitió el informe técnico legal que sustenta en la modificación de la Primera Actualización del Listado de Inclusión de los Proyectos de Inversión sujetos al SEIA, considerando los aportes y comentarios recibidos en la prepublicación del proyecto normativo; Con el visado del Viceministerio de Gestión Ambiental, de la Dirección General Políticas e Instrumentos de Gestión Ambiental y de la Ofi cina General de Asesoría Jurídica;

SE RESUELVE: Artículo 1.- Modificar la Primera Actualización del Listado de Inclusión de los Proyectos de Inversión sujetos al Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental (SEIA), considerados en el Anexo II del Reglamento de la Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental, aprobada mediante Resolución Ministerial N° 157-2011-MINAM y normas modificatorias, en relación a las actividades de exploración minera que corresponde al Sector Minería, quedando redactado de la siguiente manera:

MODIFICACIÓN DEL NUMERALES 3 Y 4 DE LA R.M. Nº 157-2011-MINAM

SECTOR GOBIERNO NACIONAL

Minería Ministerio de Energía y Minas

 (…) 3. Proyectos de exploración minera de titulares de la mediana y gran minería, considerando sus componentes auxiliares y otros que requiera, que contemplen más de veinte (20) plataformas de perforación y/o más de diez (10) hectáreas de área disturbada, o que se encuentren ubicados:

a) A menos de cincuenta (50) metros de un cuerpo de agua, bofedal, canal de conducción, pozo de captación de aguas subterráneas, manantiales o puquiales.

b) A menos de cien (100) metros de distancia en línea horizontal y perpendicular de la huella máxima de ocupación en invierno de un nevado o área glaciar.

c) A menos de cien (100) metros de tierras de protección y/o bosques primarios.

d) En Áreas Naturales Protegidas de administración nacional y/o sus zonas de amortiguamiento y/o áreas de conservación regional.

e) En áreas al amparo de alguna regulación especial expresamente reconocidas por Ley.

4. Proyectos de exploración minera que consideren túneles de exploración o que se busquen determinar la existencia de minerales radioactivos. (…)

SECTOR GOBIERNO REGIONAL

(…) 2. Proyectos de exploración minera de titulares de la pequeña minería y minería artesanal considerando sus componentes auxiliares y complementarios****.

 Nota (****): Para el ámbito de Lima Metropolitana se encuentran bajo la competencia del gobierno nacional en tanto culmine el proceso de descentralización.

SECTOR GOBIERNO LOCAL

Ver Nota (******) al final del listado

Artículo 2.- Disponer la publicación de la presente Resolución Ministerial en el Portal Institucional del Ministerio del Ambiente (www.minam.gob.pe).

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL Única.- La presente Resolución Ministerial entra en vigencia con la entrada en vigencia del nuevo Reglamento de Protección Ambiental para las Actividades de Exploración Minera, adecuado a la normativa del SEIA, el cual incluirá las medidas técnicas mínimas en materia ambiental, aplicables a todas las actividades de exploración minera; así como, los procedimientos, plazos, participación ciudadana y condiciones aplicables a la Ficha Técnica Ambiental, con la que debe contar el titular del proyecto de exploración minera que no está sujeto al SEIA.

Representantes de comunidades campesinas de Ayabaca, Huancabamba y Pacaipampa de la región Piura  expusieron hoy su desacuerdo frente al proyecto minero Río Blanco ante la Comisión de Pueblos andinos, amazónicos, afroperuanos, ambiente y ecología y la ministra de Energía y Minas, Cayetana Aljovín.  “Son casi 15 años de conflicto en la región, nosotros ya nos hemos dado a conocer nuestra postura: Río Blanco no va” afirmó Benito Guarnizo García, ex presidente de la comunidad Segunda y Cajas, de Huancamba. 

Hace poco apareció un supuesto padrón de firmas a favor del proyecto, los dirigentes aseguran que muchas de ellas son falsas. “Los páramos son zonas de agricultura, nosotros cultivamos café, cacao, producimos panela, vivimos de la agricultura y no queremos minería en esta zona”, dijo Aninio Moreto Riofrío, representante de las comunidades campesinas de Pacaipampa.  Lo comuneros aseguran que la empresa china Xiamen Zijin Tongguan Investment Development Corporation cuenta con una oficina en la zona de Ayabaca y pretende continuar con sus actividades, así como convencer a la población de cambiar de opinión.

Los comuneros que llegaron a Lima para dar a conocer la problemática de su región exigieron al gobierno que se respete el proceso la consulta vecinal realizado el 2007 y se aplique el derecho a la Consulta previa. “Las comunidades dijeron no a la minería en los páramos”, acotó Magdiel Carrión Pintado, presidente del Frentre por Desarrollo Sostenible de la Frontera Norte del Perú.  Cabe recordar, que la zona en mención es un espacio de gran biodiversidad biológica con páramos y bosques de neblina, donde se encuentran las nacientes de los principales ríos de Piura y la población vive de la agricultura y ganadería. Casi el 80% de la zona de páramos está concesionado a inversiones mineras.

Al respecto, la ministra de Energía y Minas Cayetana Aljovín, respondió que el Proyecto minero Rio Blanco aún se encuentra en exploración y por lo tanto, se harán los estudios necesarios. “Está en una fase muy incipiente de exploración,  no debería haber mayor preocupación”, expresó.

Los representantes de las comunidades, acompañados por el congresista Hernando Cevallos realizaron una conferencia de prensa en el hemiciclo del Congreso. El legislador señaló que apoya la decisión de las comunidades campesinas de la sierra de Piura en su posición de no permitir el ingreso a sus tierras de la minera china, que tiene antecedentes de violación a los derechos humanos como el secuestro y tortura de comuneros, hechos que están siendo investigados y por los cuales, la empresa pagó indemnizaciones a los afectados.

El presidente de las Rondas campesinas de Ayabaca, Rubén Jiménez Carrión, anunció una movilización para el 21 de noviembre en Piura. Las rondas campesinas se manifestaron en contra del Proyecto minero, comentó. "Los dirigentes de la zona de influencia han sido perseguidos y se les ha criminalizado por defender las nacientes de agua de los páramos en Piura", afirmó

 

RED MUQUI, colectivo de 29 instituciones de 11 regiones del Perú que acompaña a comunidades y poblaciones que habitan en zonas mineras, se dirige a la opinión pública para manifestar lo siguiente:

1.Saludamos a las comunidades y rondas campesinas, organizaciones sociales, autoridades y pobladores/as en general de los distritos de El Carmen de la Frontera en Huancabamba, y los distritos de Ayabaca y Pacaipampa en Ayabaca en la región Piura,  en ocasión de conmemorarse el 10° aniversario de las Consultas Vecinales realizadas el 16 de setiembre del año 2007 donde el 97% de los votantes manifestaron su decisión de hacer respetar sus ecosistemas de páramos y bosques de neblina, y su modelo de desarrollo basado en la agricultura, ganadería y el turismo, frente al riesgo que generaría la de la actividad minera en sus tierras.

2.Las Consultas Vecinales son un mecanismo legítimo y constitucional, que fue en aquella oportunidad refrendado por instituciones como la Defensoría del Pueblo, Transparencia de la región Piura, y el Ministerio de Justicia y los observadores internacionales que participaron, y cuya institucionalización aportaría como mecanismo que podría aplicarse para prevenir y evitar conflictos sociales.

3.La decisión de los pueblos de Piura, a la que se suman los pueblos de las provincias de San Ignacio y Jaén en Cajamarca, que están directamente afectados por los impactos del proyecto minero Río Blanco, se sostiene también en su derecho como pueblos indígenas y originarios, amparados en el Convenio 169 de la OIT, por lo que les asiste el derecho a la consulta previa. Este nunca ha sido aplicado a las Comunidades Campesinas de Segunda y Cajas y Yanta, cuyas Asambleas Comunales, en reiteradas ocasiones se han reafirmado en la defensa de su modelo de desarrollo y de la protección de sus páramos y bosques de neblina, rechazando toda actividad humana que los ponga en riesgo.

4.Lamentamos que personas sin ninguna representatividad, acompañadas por funcionarios de la empresa, estén presentando firmas a diversas entidades públicas, muchas de ellas, de dudosa procedencia o tomadas de personas que recibían regalos, sin saber para qué fin serían utilizadas, con el fin de demandar un “diálogo” con la empresa minera, que no es otra cosa que buscar una negociación.

5.Consideramos que cualquier espacio de diálogo o decisión sobre éste caso debe pasar por los actores locales debidamente representados que son propietarios del territorio, como son las comunidades campesinas. El interlocutor sólo puede ser el Estado que es el que debe velar por los derechos de las comunidades a la propiedad, al medio ambiente adecuado y equilibrado, a la salud y vida, y al desarrollo. La empresa minera Rio Blanco Copper S.A. no tiene ningún permiso de operaciones otorgado por el Estado, ni de las comunidades para acceder a sus tierras, por lo que su presencia en dichos territorios resulta ilegal.

6.Esperamos que el Estado no cometa los mismos errores que en el pasado, y respete la decisión de las comunidades campesinas propietarias y de la mayoría de pobladores de Ayabaca y Huancabamba, que ya hace 10 años, reafirmaron su compromiso de priorizar la defensa de los páramos y bosques de neblina, ecosistemas que permiten que la mayor parte de la región Piura cuente con recursos hídricos que necesita para su consumo y actividades económicas.

 

Lima, 25 de setiembre de 2017 

 

Las instituciones y redes integrantes del Grupo Perú Ambiente y Clima saludamos que numerosos países -incluyendo al Perú y Francia en una declaración conjunta- hayan expresado su respaldo al Acuerdo de París ante el anuncio hecho por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de retirar a su país de dicho l Acuerdo. Para concretar este respaldo, instamos a los otros 194 países firmantes a intensificar sus esfuerzos y aumentar la ambición de sus compromisos nacionales de reducción de gases de efecto invernadero (GEI) y de adaptación. Solo de esta forma se podrá alcanzar la meta de limitar el calentamiento global a 2 grados centígrados y aumentar la capacidad de adaptación, la resiliencia y reducir la vulnerabilidad ante el cambio climático, respetando el principio de Responsabilidades Comunes pero Diferenciadas y los derechos humanos de personas en situación de vulnerabilidad.

La decisión del gobierno de Trump refleja la miopía de la actual administración estadounidense que no reconoce que procesos globales como el cambio climático afectan a todos los países y no puede ser enfrentado bajo esquemas de competitividad. La administración Trump justifica su decisión con el argumento que el Acuerdo de París perjudica los intereses económicos de Estados Unidos, ya que obstaculizaría sus planes para impulsar la industria de hidrocarburos, especialmente el carbón. También denuncia que los compromisos del Acuerdo de París no han sido lo suficientemente estrictos para países como China o la India que registran emisiones GEI pero que con otros países en desarrollo exigen miles de millones de dólares de ayuda por parte de los países desarrollados.

Este razonamiento no toma en cuenta el principio de Responsabilidades Comunes pero Diferenciadas, que reconoce que históricamente los países desarrollados han emitido más gases de efecto invernadero para desarrollar sus economías que los países en desarrollo, y por lo tanto, no se les puede exigir lo mismo a todos los países. Al negar este principio, Estados Unidos estaría evadiendo su responsabilidad internacional en el cambio climático. Según el World Resources Institute, Estados Unidos fue el principal emisor de gases de efecto invernadero entre 1850 y 2007, y sería responsable de 28.8% de las emisiones.

En el caso del Perú, saludamos que la Cancillería haya emitido un comunicado en el que expresa "preocupación y decepción" por el anuncio efectuado por Trump, y "refuerza la convicción de desplegar los mayores esfuerzos a nivel nacional para cumplir con las obligaciones de este importante instrumento internacional", lo cual fue ratificado por el presidente Kuczynski en su reunión con el presidente francés Emmanuel Macron. Sin embargo, instamos al gobierno a mostrar mayor respaldo político en la implementación de los compromisos climáticos, especificando las responsabilidades sectoriales y territoriales en el cumplimiento de las Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC) del Perú, estableciendo incentivos y sanciones; asignando los fondos necesarios para la implementación y garantizando la participación plena y efectiva de la sociedad civil. Por su parte esperamos que Congreso de la República logre un rápido consenso para la aprobación de una Ley de Cambio Climático.

Asimismo, es esencial superar las contradicciones entre la política de promoción de inversiones relacionadas a las actividades extractivas (minería e hidrocarburos) y la obligación de proteger el medio ambiente y enfrentar el cambio climático. La efectiva implementación de los compromisos climáticos requiere del fortalecimiento de la institucionalidad ambiental, que recientemente está siendo afectada por retrocesos en las competencias del Ministerio del Ambiente en relación a temas como el Ordenamiento Territorial y los recursos hídricos. Asimismo, cabe resaltar que a nivel internacional se está cuestionando la compatibilidad entre el objetivo de limitar el aumento de temperatura del planeta y continuar con nuevos proyectos de explotación de combustibles fósiles o prácticas mineras no sostenibles. Es hora que en el Perú también se tome en serio el compromiso que renueva la Cancillería respecto a “desplegar los mayores esfuerzos a nivel nacional” para cumplir con las obligaciones del Acuerdo de París.

muguiro

Por: Paco Muguiro Ibarra S.J. , Director de Radio Marañon.

Día Internacional del Medio Ambiente, y qué contraste 35 muertos por defenderlo. Hace un mes, un economista y analista político del Perú, pasó por Jaén y quiso conocer la hoy famosa, por desgracia, Curva del Diablo, porque para él lo que ocurrió allá ese 5 de Junio del 2009 marcó un hito en la historia del Perú. El 5 de Junio marcó un Antes y un Después.

Un  año antes los indígenas awuajun y wuampis se habían manifestado, llegando hasta el puente de Corral Quemado, exigiendo que se derogaran las leyes inconstitucionales que cambiaban el carácter de los territorios amazónicos de “recursos naturales” a recursos que pueden ser vendidos, transados, como cualquier otro territorio del país.  Fue la primera vez que llegaron tantos indígenas hasta Corral Quemado,  como enseñando al país su DNI de ciudadanos,  como tales tendrían que ser  respetados, pero el Perú, sobre todo el Perú oficial y el de la política no se dio por enterado.

El ANTES está marcado por el desconocimiento, por la invisibilidad de los pueblos indígenas. Para el común de los peruanos y sus presidentes, la Selva era un lugar vacío que hay que conquistar. Con esa intención se hizo la carretera de Penetración Fdo. Belaunde Terry, con esa intención el Presidente Alan García, cuando empezó su gobierno fue a España a promover las inversiones en todo el país pero sobre todo  en la Selva. Lo que es peor el Presidente Alan los llamó, como a otros muchos campesinos, que defendían sus territorios de inversiones mineras: PERROS DEL HORTELANO y en otra ocasión, CIUDADANOS DE SEGUNDA CLASE. Por esto  cuando hicieron ese primer paro el 2008 y se formó la comisión que estudiara la ley para declararla inconstitucional, no se les hizo caso. Y estando en paro la Amazonía entera, y entre la Curva  del Diablo y la Estación Nº 6 más de 6000 indígenas, por una jugada sucia de los congresistas del Apra, el día 4 de Junio se devolvió la ley a la Comisión. Qué importaban 6000 indígenas que llevaban  56 días en la carretera exigiendo algo justo?

El Antes está señalado además por el desconocimiento de los pueblos indígenas,  su vida y su cultura. No se sabe o no se quiere saber que el territorio no es algo externo a ellos sino que forma parte de ellos mismos, de sus familias y de sus pueblos y que si terminan con su territorio terminan con ellos física, moral, psicológica y espiritualmente. Y se desconoce que cuando tocan su territorio, pueden estar divididos entre ellos en 20 federaciones distintas y con contradicciones fuertes, pero la lucha por su territorio es más fuerte y los une a todos.

El antes está marcado porque este desconocimiento les hace plantear a la Ministra del Interior Mercedes Cabanillas, de nefasto recuerdo, y al mismo Presidente Alan desde Lima, a 1000Kms de los hechos, que había condiciones para el desalojo, cuando los generales tanto de la 6ª Región Militar del Milagro (Bagua), como de la PNP,  decían que no se daban las condiciones. Y organizan un operativo policial como si fuera a desalojar a unos campesinos de la Costa, arroceros u otros, que cortan la panamericana para que les suban tres soles en el precio del arroz o del algodón. No eran campesinos de la Costa sino descendientes de los Jíbaros, la étnia más guerrera de la Amazonía peruana, que no luchaba por unos soles  sino por su territorio que es  su vida, la de sus familias y la de sus pueblos, con el agravante que Alan enterándose que se iban al día siguiente, confirma el desalojo: “Para que les den un escarmiento”(Informe en Minoría) Tremendo escarmiento para el Perú, 34 peruanos  muertos y un  desaparecido.

El DESPUÉS  consiste, que por este costo  absurdo de 35 muertos, ahora empezamos a saber  que la Amazonía no es un espacio vacío, que existen indígenas  con  DNI, que son mucho anteriores a la fundación de Lima, por tanto serían peruanos de primerísima clase, que forman una sola cosa con su territorio y que en defenderlo les va la vida. El Después se marca por el dictamen sobre el Lote Petrolero 116 que el Poder Judicial declara que le empresa debe salir de la zona porque no tiene la licencia social y no ha hecho la consulta previa, y además         porque se acaba de derogar el D.L Nº 1333 que simplificaba el acceso a predios, para proyectos de inversión priorizados, llamada Ley del Despojo, que no se hubiera conseguido tan fácilmente en el Antes, y que resulta que tienen otra idea de desarrollo que no es la que se tiene en Lima y en la Costa, y que consiste en el BUEN VIVIR.  Lecciones que Lima debería haber aprendido hace tiempo. Por estas cosas, efectivamente hay un Antes y un Después.   

Jaén, 31 de Mayo del 2017    

  

“Un grito por la tierra perdida; un grito por la extracción de riquezas del suelo que, paradójicamente, no ha producido riqueza para las poblaciones locales que siguen siendo pobres; un grito de dolor en respuesta a la violencia, a las amenazas y la corrupción; un grito de indignación y de apoyo por las violaciones de los derechos humanos, discreta o descaradamente pisoteados…”. (Papa Francisco al encuentro de comunidades afectadas por la minería, julio 2015)

Quienes conformamos la Red Iglesias y Minería, mujeres y hombres de países de América y Europa, teniendo como marco la Jornada Mundial de Oración por la Casa Común, nos hemos reunido en Bogotá 50 religiosos y laicos, para escuchar los gritos de la Madre Tierra, intercambiar experiencias de resistencia y alternativas al llamado “desarrollo” y para reflexionar sobre los desafíos que tenemos como cristianos frente a los múltiples problemas que sufren las comunidades afectadas por la minería. Iniciamos nuestro encuentro con visitas a los departamentos de Tolima (Ibagué y Cajamarca) y Cesar (Valledupar - Cerro Largo), donde operan las empresas y Anglo Gold Ashanti y Drummond; dos de las múltiples zonas afectadas en territorio Colombiano por la minería a cielo abierto. A través de la observación y los testimonios escuchados pudimos constatar que los efectos nocivos de la mega minería atentan contra los derechos de la naturaleza por lo tanto se constituyen en un delito contra la humanidad.

 Nos preocupa la creciente criminalización y los asesinatos de quienes ejercen la defensa de los territorios, como es el caso de nuestra hermana Berta Cáceres, por quien exigimos Justicia y a través de ella pedimos por un mundo más justo para las mujeres, actores protagónicos en defensa de la vida y primeras víctimas del extractivismo. Somos conscientes que defender la Creación, en un sistema depredador cuyo fin máximo es el lucro y el dinero, es una acción que implica riesgo y peligro de muerte, pero nos anima el evangelio de Jesús, la encíclica “Laudato Si” y el espíritu de lucha de muchas comunidades afectadas por la minería y otras actividades extractivas.

 Exhortamos a las autoridades locales elegidas por la voluntad popular a apoyar las iniciativas en defensa de la vida. Nos alegra constatar que el Concejo Municipal de Cajamarca y el Alcalde de Ibagué consideran un compromiso ético con la ciudadanía el acompañamiento de iniciativas en defensa de la población y de la naturaleza.

 Llamamos a nuestras Iglesias a asumir un compromiso activo en defensa de la Casa Común por ser este un elemento constitutivo del ser cristiano. Alertamos a las organizaciones de la sociedad civil y a nuestra jerarquía eclesial sobre los mecanismos de cooptación que llevan a cabo las empresas y algunos gobiernos. Nos esperanzamos en la actitud de muchos Obispos, sacerdotes, pastores y laicos que escuchan los clamores de las víctimas en sus territorios y celebramos su compromiso con la vida.

 Saludamos al pueblo colombiano en sus esfuerzos por alcanzar la paz y poner fin definitivamente al largo período de guerra interna que sufrieron. La paz es el camino para seguir construyendo una Colombia más justa, equitativa y en armonía con la madre naturaleza. Desde el espíritu ecuménico que nos anima, nuestra Red Iglesias y Minería, reafirma su compromiso de seguir apoyando a las pequeñas comunidades que son desplazadas y atropelladas en sus derechos más elementales. La experiencia nos demuestra que en ninguna parte del mundo la minería es una alternativa de desarrollo ni integral ni sostenible para nuestros pueblos.

Bogotá, 4 de septiembre, 2016

Red Iglesias y Minería

P. Dario Giuliano Bossi, Misioneros Combonianos, Rede Justiça nos Trilhos, Brasil
Claudia Andrea Huircan, Claretianos de la provincia San José del Sur, Argentina
Rodrigo de Castro Amédée Péret, Franciscans International, Brasil
Rosa del Valle Aráoz de Machado, Colectivo Sumai Kausay, Catamarca-Argentina
Dom André de Witte, Obispo de Ruy Barbosa, Comição de Pastoral da Terra - CNBB, Brasil
Birgit Weiler, Teóloga de Universidad Antonio Ruiz de Montoya, Perú
Monseñor Juan Carlos Barreto, Obispo de Quibdó, Colombia
Apolinar Flores Tococari, Centro de Ecología y Pueblos Andinos, Bolivia
Víctor Manuel Hirch, Vivat International, Argentina
Viviana del Carmen Vaca, Equipo Nacional de Pastoral Indígena –ENDEPA, Argentina
Stefan Reinhold, CIDSE, Holanda
Moema Marques De Miranda, Servicio Inter Franciscano de Justicia Paz y Ecología, Brasil
P. Nelson José Barrientos Chodiman, Diócesis de Copiapó, Alto del Cármen, Chile
Igor Guilherme Pereira Bastos, Movimiento Católico Mundial por el Clima, Brasil
Sandra del Carmen Ferrero, EDIPA, Hermanas de la Misericordia, Argentina
Alessandro Gallazzi, Teólogo, Asesor de la Pastoral de la Tierra, Brasil
Susanne Friess, MISEREOR, Alemania
Patrícia Generoso Thomaz Guerra, Colectivo REAJA, Conceição do Mato Dentro, MG-Brasil
Maria Angely Robles Carvajal, Iglesia Presbiteriana, Chile
César Eduardo Correa Valenzuela, Sociedad Misionera San Columbano, Chile
P. Henry Ramírez Soler cmf, Misioneros Claretianos, Colombia
Carmen Alícia Amaya Rodriguez, Comisión Inter Eclesial de Justicia y Paz, Colombia
P. Jesús Alberto Franco Giraldo, Comisión Inter Eclesial de Justicia y Paz, Colombia
Milton Fernando López Ruiz, Fastenopher, Colombia
Martha Inés Romero Medina, Pax-Christi International, Colombia
César Augusto Padilla Ormeno, Observatorio Conflictos Mineros América Latina, Chile
Alírio Cáceres, AMERINDIA, Colombia
Mauricio López, Red Eclesial Panamazónica, Ecuador
P. Gregory Kennedy S.J. CLAR – CRC, Colombia
Milton Mariano Mejia Camargo, CLAI, Ecuador
Pedro Sánchez, SIGNIS ALC, Ecuador
Vidalina Morales de Gamez, Asociación de desarrollo económico social, El Salvador
Scott Wright, Interfaith Working Group on the Extractive Industries, USA
Carlos Alarcón Novoa, Organización de derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala
César Augusto Espinoza Muñoz, Misioneros Claretianos, Honduras
Pedro Landa Palma, Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación - ERIC, Honduras
Lupo Canterac Troya, Red Regional Agua, Desarrollo y Democracia, Piura-Perú
Pablo Arturo Sanchez de Francesch, GRUFIDES, Perú
Javier Rodolfo Jahncke Benavente, Red MUQUI, Perú
Dorothea Esther Winkler, Fastenopher, Suiza
Continúan firmas…

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