Sinopsis: El documental evidencia la vulnerabilidad de las fuentes de agua y de los ecosistemas que la generan en un contexto de cambio climático y muestra las repercusiones de la contaminación producida por la actividad minera y su impacto en el ambiente y la salud de las personas.

La Red MUQUI Perú y la Red Iglesias y Minería, enviaron una carta al Papa Francisco, en el marco de su visita a Perú. En ella, dan a conocer al Papa, la situación de violencia y criminalización que viven las comunidades afectadas por la minería en el Perú, por defender sus derechos.

Al mismo tiempo, indican que las comunidades esperan del Papa, “un mensaje inspirador y esperanzador”, “un mensaje de denuncia de la situación ambiental, generada por un modelo económico consumista que se refleja en la depredación por parte de la actividad minera en los territorios de los pueblos indígenas”.

“La imposición de un modelo de consumo mundial” -dice el texto de la carta- “genera también la imposición de una serie de actividades económicas en países como el Perú, que es visto geopolíticamente sólo como un productor de materias primas a bajo costo y de trabajo barato, funcional a los países industrializados (…) lo que hace que nuestra economía sólo decida su futuro en base a la minería e hidrocarburos, que en ambos casos presionan más del 50% de las tierras de nuestras comunidades campesinas y nativas, que poco a poco están siendo condenadas a la desaparición por la pérdida de sus tierras”. “¿Tenemos que morir para que nuestro país tenga plata?”, dice el dirigente campesino Flavio Huarqquede Apurímac, donde se opera el proyecto minero Las Bambas, de capitales chinos.

“Frente a su mensaje esperanzador e inspirador, Santo Padre, nuestros gobernantes en el Perú, los mismos que Su Santidad recibió en su despacho en Roma para invitarlo a Perú, toman medidas, dictan normas, y establecen políticas públicas, que desregulan en materia ambiental y social y facilitan el acceso de los intereses económicos de las empresas mineras, poniendo en riesgo la salud ambiental y humana de las personas, su entorno y la supervivencia de los pueblos indígenas, comunidades campesinas y nativas en el Perú. Hay una gran incoherencia que denunciamos ante Su Santidad, en espera que pueda hacer un llamado, durante su visita, al gobierno del Perú al respecto”., denuncian La Red MUQUI -Perú y la Red Latinoamericana Iglesias y Minería.

“Los pueblos indígenas y comunidades, no quieren que se les siga imponiendo un modo de vida. Quieren vivir respetando la naturaleza de la que son y se sienten parte, quieren vivir de sus actividades económicas ancestrales, que también son las que mantienen nuestra canasta familiar a nivel nacional, como la agricultura familiar y la ganadería”, manifiestan los autores de la carta, dirigida al Santo Padre, con la expectativa que de un mensaje en defensa de los territorios de los pueblos indígenas del Perú.

La Red MUQUI Perú, es un colectivo de 29 instituciones de 11 regiones del Perú. La Red Iglesias y Minería, reúne a organizaciones de iglesias de Latinoamérica, cuya misión es acompañar a los pueblos y comunidades en la defensa de sus derechos y de su ambiente.

 

Algunos aspectos claves de la Carta al Papa Francisco enviada por la Red Muqui y la Red Iglesias y Minería:

 

El pueblo peruano, reconoce en la oración de San Francisco de Asís, a la Madre Tierra que, en nuestras lenguas originarias, se traduce como “Pacha Mama”. Cosmovisión ancestral de nuestros pueblos originarios, comunidades campesinas y nativas en el Perú, la que hemos ido olvidando por la presión del modelo económico de consumo que hoy nos invade y sojuzga.

“¿Tenemos que morir para que nuestro país tenga plata?”, interpelaba indignado al Ministro de Salud, el dirigente campesino Flavio Huarqque de Apurímac, donde se opera el proyecto minero Las Bambas, de capitales chinos. Usted, Santo Padre, ha reiterado en sus mensajes a los movimientos sociales, “la primera tarea es poner la economía al servicio de los Pueblos: los seres humanos y la naturaleza no deben estar al servicio del dinero”. Pero, lamentablemente esa economía, en la práctica genera mayores brechas sociales que a su vez generan situaciones de conflictividad social. Por ello, nuestros pueblos demandan respuestas concretas a problemas concretos.

La imposición de un modelo de consumo mundial, genera también la imposición de una serie de actividades económicas en países como el Perú, que es visto geopolíticamente sólo como un productor de materia primas a bajo costo y de trabajo barato, funcional a los países industrializados, con el fin de saciar los apetitos de los patrones de consumo, lo que hace que nuestra economía sólo decida su futuro en base a la minería e hidrocarburos, que en ambos casos presionan más del 50% de las tierras de nuestras comunidades campesinas y nativas, que poco a poco están siendo condenadas a la desaparición por la pérdida de sus tierras. Eso, usted ha dicho a los movimientos sociales, es colonialismo, que “engendra violencia, miseria, migraciones forzadas y todos los males que vienen de la mano”. “Eso hermanos es inequidad y la inequidad genera violencia que no habrá recursos policiales, militares o de inteligencia capaces de detener”.

No queremos más violencia ni criminalización por defender nuestros derechos. Los pueblos y comunidades, no quieren que se les siga imponiendo un modo de vida. Quieren vivir respetando la naturaleza de la que son y se sienten parte, quieren vivir de sus actividades económicas ancestrales, que también son las que mantienen nuestra canasta familiar a nivel nacional, como la agricultura familiar y la ganadería, pero cuyas tierras no están protegidas de ser favorecidas para otros intereses, poniendo en riesgo nuestra seguridad y soberanía alimentaria como país. Los pueblos, Santo Padre, cuestionan la realización de ciertas actividades económicas como la minera, que les son impuestas en sus territorios, sin la debida consulta previa.

En el Perú se está desconociendo a las comunidades campesinas como pueblos indígenas (siendo que el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo – OIT, suscrito por el Perú, la Ley de Consulta Previa del Perú, y los informes del Estado Peruano al Comité de expertos de OIT las reconocen como tales). La población que vive en zonas de operaciones mineras, cuestiona que los mecanismos de participación ciudadana sean sólo informativos y no permiten se ponga en discusión la decisión sobre la realización o no de una actividad, discutiendo el por qué, para qué, en que nos beneficia o no, como afecta nuestro entorno, nuestra cultura, nuestra existencia, es decir, privilegiar el vivir una ecología integral, que es el llamado de su Encíclica Laudato Sí.

Incoherencia de los gobernantes en el Perú con el Mensaje de Papa Francisco

Frente a su mensaje esperanzador e inspirador, nuestros gobernantes en el Perú, los mismos que Su Santidad recibió en su despacho en Roma para invitarlo a Perú, toman medidas, dicta normas, y establecen políticas públicas, que desregulan en materia ambiental y social y facilitan el acceso de los intereses económicos de las empresas mineras, poniendo en riesgo la salud ambiental y humana de las personas, su entorno y la supervivencia de los pueblos indígenas, comunidades campesinas y nativas en el Perú. Hay una gran incoherencia que denunciamos ante Su Santidad, en espera que pueda hacer un llamado, durante su visita, al gobierno del Perú al respecto.

Sólo, entre octubre 2016 y marzo 2017, el presente gobierno del señor Kuczynski, emitió 112 decretos legislativos, 65 de ellos aprobados bajo la consigna de reactivar la economía. Lejos de lograr su objetivo, estos cambios en el marco normativo han propiciado un clima de conflictividad social en el país porque la mayor parte de estos decretos vulnera derechos fundamentales de comunidades y población en general, como sucede con los derechos colectivos de las comunidades nativas y campesinas.

Sobre la minería informal que, por ejemplo, está en Puerto Maldonado, lugar que Su Santidad visitará, constatamos que son empresas mineras “formales”, las que mantienen el círculo vicioso de la minería informal, permitiéndoles alojarse en las concesiones de las que son titulares, les brindan herramientas, maquinaria e insumos químicos para su labor, y les compran la tierra mineralizada. Un círculo vicioso auspiciado por los marcos normativos vigentes.

Como su Santidad manifiesta “El desafío urgente de proteger nuestra casa común incluye la preocupación de unir a toda la familia humana en la búsqueda de un desarrollo sostenible e integral, pues sabemos que las cosas pueden cambiar” (Laudato Si, 13).

Su Santidad, esperamos escuchar su mensaje de esperanza en el Perú

Esperamos en nuestro corazón que la presencia y mensaje de Su Santidad Papa Francisco en el Perú contribuya a mostrar que la responsabilidad de lo que ocurre en el Perú con la contaminación minera es una responsabilidad compartida de las empresas mineras y del Gobierno peruano. Por un lado, las empresas que imponen sus operaciones sin tener en cuenta la voluntad de la población, sin considerar el impacto a largo plazo de sus actividades en el ambiente y violando derechos fundamentales de las personas y comunidades, por otra parte,  el Gobierno que es sumiso a las presiones de las empresas mineras y sus intereses económicos, desregulando sus operaciones, eliminando garantías a las tierras de los pueblos   priorizando la economía y los ingresos por encima del bien común, la salud y la vida.

 

Carta abierta al Papa Francisco by prensamuqui on Scribd

 

 

Lee la CARTA AQUI

El miércoles 13 de diciembre de 2017 se presentó el 21° Reporte del Observatorio de Conflictos Mineros en el Perú (OCM), a cargo de las y los representantes de las instituciones que conforman dicho observatorio como son CooperAcciónFedepaz y Grufides.

Dentro de las principales conclusiones de este informe se señala que este año ha sido peculiar porque los conflictos sociales bajaron en comparación a otros periodos. Las movilizaciones se han dado por los derechos laborales y por el derecho a la salud, mientras que la conflictividad social reporta unos 171 conflictos a noviembre. Se presume que puede estar relacionado al hecho de que a partir del 2009 hay una caída sostenida en las inversiones. Se estaría dando una reconfiguración de conflictos donde la macro región norte desplaza al sur del país como zona de mayor conflictividad.

De Echave señaló que, actualmente, un 14% del territorio nacional está concesionado. Luego de una caída estrepitosa de las exploraciones mineras, entre 2010 y 2015 (de un 15.1% a 5.9%), hacia el 2016 estas se han incrementado a un 10%. Y que este dato no deja de ser un indicador que refleja la incipiente recuperación del sector, sin embargo, de ninguna manera representaría un nuevo boom minero como un sector del empresariado quiere hacer creer.

Por su parte, Mirtha Vásquez, directora de Grufides, precisó que en la región de Cajamarca existen conflictos socioambientales relacionados con reclamos de dos tipos. Por un lado, reclamos por los serios impactos ambientales generados por los pasivos mineros, como los casos de Condebamba y Hualgayoc; por otro lado, reclamos por la expansión de proyectos mineros que incorporan el novedoso “Fondo de Adelanto Social”.

Vásquez sostuvo que la represión de Yanacocha contra la familia de Máxima Acuña y la familia Pajares continúa, al punto de reproducir escenarios de violencia con disparos por parte de la policía, un grave panorama que revela la carencia de una política pública de tratamiento de los conflictos que ya existen y la prevención de los que podrían iniciarse.

David Velazco, director de Fedepaz abordó la situación de criminalización que afecta a la población implicada en conflictos sociales relacionados con minería, a nivel nacional. Mencionó como ejemplo el caso de Ayabaca y Huancabamba, provincias de la región de Piura, en donde existe un gran número de campesinos y comuneros que han sido acusados por delitos de daños, lesiones, secuestro, usurpación y mal uso de los símbolos patrios. Esto, como respuesta a su rechazo y legítima protesta ante la imposición del proyecto minero Río Blanco en sus territorios.

Ana Leyva, directora de CooperAcción, abordó el entramado de normas que se han generado para seguir flexibilizando los estándares de cuidado y conservación ambiental, así como debilitando a las instancias reguladoras y fiscalizadoras. Algunos de los ejemplos señalados son la ampliación para la formalización de la minería ilegal, la flexibilidad para proyectos de entre 20 y 40 plataformas que ya no requieren certificaciones ambientales, o que algunas obras pueden iniciarse sin tener autorización de exploración minera.

Leyva mencionó, también, algunos avances en el ámbito normativo, tales como la sanción inmediata por parte de la OEFA en caso de no cumplir con la medida correctiva, la creación de un registro de infractores, aunque éste solo dura un año, o las modificaciones en relación a la contaminación de suelos que han sido orientadas hacia la remediación. Adicionalmente, precisó que aunque existe una ley de cabeceras de cuencas, no hay ninguna declarada intangible, probablemente, por no estar claros los criterios para definir lo que es una cabecera de cuenca en nuestro país.

El Documental “Historias de Agua” se presentará este miércoles 6 de diciembre a las 6PM en el Centro Cultural de la Pontificia Universidad Católica del Perú, ingreso es libre. El largometraje evidencia la vulnerabilidad de las fuentes de agua y de los ecosistemas que la generan en un contexto de cambio climático y muestra las repercusiones de la contaminación producida por la actividad minera y su impacto en el ambiente y la salud de las personas que viven en aquellas zonas y que pagan el precio de vivir en un país al que se le denomina como minero.

El documental evidencia los efectos de la contaminación minera en la vida de las personas.  Muestra cómo todos los seres vivos que la consumen desde su naciente (en los valles altoandinos), hasta llegar a nuestras casas. Se hizo tomando como base Atención médica en Salud en ambientes asociados a minería y metalurgia a menores residentes en Cerro de Pasco y La Oroya, y situación de pasivos ambientales de San Mateo realizado por Red Muqui a poblaciones de Cerro de Pasco, La Oroya. Los exámenes de salud que fueron tomados a niños y niñas de dichas zonas, que consumen agua contaminada, revelaron que los menores tenían hasta cuatro tipos de metales tóxicos como cadmio, arsénicos, plomo y mercurio en diferentes grados de afectación.

En Historias de agua las familias de los afectados cuentan cómo es la convivencia con enfermedades ocasionadas por la contaminación con metales y pasivos mineros de sus fuentes de agua. Asimismo, especialistas de diferentes disciplinas: médicos, ingenieros ambientales, biólogos dan sus puntos de vista sobre los problemas ambientales y la salud en zonas mineras.

Bajo la codirección del productor y realizador audiovisual Juan Manuel Torres-Solari Injoque y la publicista social Gabriela Delgado Maldonado, el documental de cincuenta minutos, resume un “road-movie” que empezó a rodarse en Octubre de 2016 siguiendo la ruta del agua desde su naciente, pasando por la ciudad más alta del mundo: Cerro de Pasco, y bajando por Junín, La Oroya, Valle del Mantaro, Ticlio, San Mateo hasta llegar a Lima, registrando adicionalmente tomas exclusivas en el distrito de Shapaja (San Martín), Nauta e Iquitos.

Se trata de una realización sin fines de lucro coproducida por la red de instituciones ambientalistas Red Muqui y el aporte gratuito del Proyecto vivencial de intercambio cultural amazónico KiyaKuyay; con el aporte de la productora ViajandoFilmando y sus colaboradores, junto con el apoyo, de la confederación internacional OXFAM y la organización internacional 11.11.11.

Ver trailer: https://www.youtube.com/watch?v=E2bJU6ita7I&t=4s

En el marco de la Semana sobre la problemática de salud ambiental vinculada a las actividades extractivas en el país –desde el lunes 27 de noviembre al viernes 1 de diciembre-, diversas organizaciones sociales vinculados al tema de derechos humanos, poblaciones indígenas, entre otros, vienen organizando una serie de actividades enfocadas a políticas de salud en zonas de influencia directa e indirecta de las actividades extractivas.

 

Primer encuentro de afectados por metales pesados se realizará en Lima. Uno de los temas que se abordarán será sobre la necesidad de medidas urgentes que debe emprender desde el Estado peruano para que se desarrollen políticas públicas con enfoque de prevención, atención y tratamiento especial a la salud de las personas que habitan en zonas de influencia directa e indirecta de las actividades extractivas. La Semana sobre la problemática de salud ambiental vinculada a las actividades extractivas en el país se desarrollará desde el lunes 27 de noviembre al viernes 1 de diciembre.

 

El lunes 27 se realizará el conversatorio “Espinar sigue esperando: entre la desidia del Estado y la urgencia de una población que sufre la contaminación con metales pesados”. El miércoles 29 se desarrollará el Foro Público Internacional: “Lineamientos de política de salud pública para atender zonas contaminadas por metales pesados”, que se llevará a cabo en Auditorio del Colegio Médico del Perú, Miraflores a las 6pm. Los representantes y poblaciones de las zonas críticas afectadas solicitarán a diversas instituciones del Estado respuesta a sus demandas de atención especializada y prevención como una prioridad de la política pública en el sector salud en el país, sobre todo, en zonas que han sido declaradas en Emergencia Ambiental como el caso de Cerro de Pasco.

Pese a las evidencias de los graves impactos en la salud en varias zonas con presencia de actividades extractivas en el país, poco es lo que se ha hecho en materia de políticas públicas orientadas a proteger a las poblaciones.  Lourdes Mendoza, madre de un niño afectado por contaminación con metales pesados en Pasco, afirma que su hijo padece de serios problemas. Su hijo Benjamín perdió la vista a causa de una enfermedad relacionada con la contaminación por metales pesados en Cerro de Pasco. A raíz de ese problema, ella dedicó gran parte de su tiempo a cuidarlo, ahora el único ingreso del hogar está a cargo de su esposo y resulta insuficiente para la atención médica que necesita. “El gobierno nos ha dicho que pronto habrá una clínica de desintoxicación y que se atenderá a nuestros niños, pero luego no hemos tenido mayores noticias”, asegura.

 

 

El médico ambientalista Fernando Osores evaluó a 24 niños de Pasco y La Oroya para realizar un Informe de Atención de salud para Red Muqui.  Este concluye que existe un elevado riesgo de exposición e intoxicación crónica en seres humanos principalmente de plomo por inhalación de aire contaminado en la zona de las ciudades de La Oroya y de Cerro Pasco. Otros metales como el arsénico, mercurio y cadmio afectan gravemente la salud de las personas en la zona ya que se ingieren con agua contaminada. Ante esta situación el Ministerio de Salud aún no ha respondido.

El caso de Cerro de Pasco es solo uno de los casos que se abordarán en las actividades, donde participarán además personas afectadas por metales pesados de Espinar (Cusco), ,Hualgayoc (Cajamarca), La Oroya (Junín), San Mateo (Lima), las cuencas de Corrientes, Tigre, Marañón y Pastaza (Loreto), Comunidades nativas del Río Chiriaco (Región Amazonas), de Puno y El Callao.

 

Estas actividades vienen siendo promovidas por la Mesa de Coordinación sobre salud ambiental conformada por CooperAcción, Derechos Humanos sin Fronteras, Instituto de Defensa Legal, Amnistía Internacional, Broederlijk Delen, Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Equidad, RedGE, OXFAM, Comisión Episcopal de Acción Social, Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica, Red Uniendo Manos Perú y Red MUQUI.

Las defensoras de la tierra y el agua están siendo vulneradas, afirmó enfáticamente la investigadora Rocío Silva Santisteban, quien presentó su libro “Mujeres y conflictos ecoterritoriales, impactos, estrategias, resistencias” el día de ayer, 20 de noviembre, en el Centro Cultural de España.  Para iniciar este libro partí de una pregunta que muchos se hacen: ¿Cómo afectan los conflictos eco territoriales en la vida de las mujeres?

El capitalismo por despojo que vivimos en la actualidad por el extractivismo, genera que las grandes empresas asuman el control de la vida, de animales, plantas, personas, y con ello, de territorios en su conjunto, propiciando los conflictos, por lo que la denominación socio ambiental que se utiliza no los refiere, hay que hablar hoy de conflictos “eco territoriales”.

El 73% del total de la tierra se encuentra en posesión de los hombres, por lo que ellos toman decisiones sobre la negociación de la misma, comentó Silva Santisteban. La Ley de Comunidades Campesinas, por su parte, solo considera al “jefe de familia” como comunero habilitado para tomar parte en las asambleas, lo que excluye a la mujer de los espacios de poder.  Cuando ocurren conflictos socio ambientales, son ellos, los que se sientan en las mesas de “diálogo”, agregó la investigadora.

El uso desmedido de la fuerza y la criminalización de la protesta afectan a las defensoras de derechos humanos. Ellas son perseguidas por el Estado, aseveró. Silva Santisteban dio una serie de recomendaciones que surgieron de la investigación, como impulsar la participación de mujeres en los procesos de Consulta previa, la promoción del liderazgo de la mujer en los movimientos sociales y la creación de Políticas Nacionales contra la violencia de género en conflictos sociales.

En la mesa de presentación del libro, estuvieron las lideresas Teresita Antazú del Pueblo Yanesha de la Selva Central, y Elsa Merma de Espinar, Cusco. Antazú contó cómo fue el proceso de empoderamiento de mujeres amazónicas en el que ella estuvo involucrada. “Yo me preguntaba por qué las mujeres no podían sentarse a la mesa junto a los hombres, por qué nos decían que traíamos mala suerte. Las cosas han empezado a cambiar poco a poco”, afirmó.  Ella participó en varias campañas por la titulación de tierras comunales y es una dirigenta reconocida.

“Nosotras no debemos callarnos, pensemos en las compañeras de nuestras comunidades, por ellas debemos resistir”, dijo Elsa Merma Ccahua, de la Organización de Mujeres Defensoras del Territorio y la Cultura del Pueblo Kana. Ella contó que la población y, sobre todo, las mujeres padecen con el extractivismo porque el costo de vida se eleva y se generan una serie de conflictos.

El Caso Máxima Acuña

La abogada Mirtha Vásquez, abogada de la luchadora social Máxima Acuña de Cajamarca, estuvo presente en el evento.  “Rocío Silva Santisteban nos está dando a conocer parte de una historia que nadie quiere contar, tenemos en nuestras manos un documento que sistematiza la experiencia de lucha que han tenido muchas mujeres por el territorio”, afirmó.

Vásquez contó que Máxima Acuña ya no soporta el acoso de parte de la empresa minera Yanacocha.  El caso se está llevando a cortes internacionales, señaló María Ysabel Cedano, directora de DEMUS-Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer, y agregó que se tiene que dar todas las garantías para proteger a la defensora de las lagunas.  Ella comentó que las mismas regiones que fueron afectadas por el conflicto armado interno, tienen conflictos socio ambientales y las mujeres otra vez están siendo afectadas en las luchas por el territorio.  

El libro estará disponible online desde el 15 de diciembre.

Los representantes de las comunidades campesinas de Ayabaca y Huancabamba reiteraron, una vez más, que la empresa minera Río Blanco opera de manera ilegal en sus propiedades. Así lo dieron a conocer durante el Foro Público “Riesgos e impactos del proyecto minero Río Blanco y alternativas al desarrollo” realizado en Piura, y que contó con un grupo de especialistas ambientales, quienes abordaron temas relacionados al extractivismo.

Isaul Guerrero, de la Comunidad Campesina de Segundo y Cajas de Huancabamba, indicó que la empresa opera de manera ilegal en las propiedades de la comunidad, “por lo que expresamos nuestra posición de defensa de nuestras comunidades campesinas”. Además, hizo referencia al Proyecto de ley 1718 en discusión en el Congreso que perjudica a las comunidades, con medidas como facilitar a los titulares de concesiones mineras, y proyectos de gran envergadura. “Exigimos al congresista Luis López Vilela, retirar su iniciativa legislativa porque es injusta, inconstitucional y no responde a los intereses de nuestras comunidades, sino al de las empresas mineras”, acotó.

Por su parte, Martín Scurrah, de RedGe, criticó el extractivismo minero que es visto como el único baluarte del crecimiento económico sin tomar en cuenta que se necesita diversificar la economía. Añadió que se debe tener respeto al ser humano en todo su sentido, “así como respeto al medio ambiente y a la naturaleza. La actividad extractiva sólo busca satisfacer una demanda fuera de la región y del país”. Igualmente, indicó que las políticas de Estado no se muestran contundentes con la minería ilegal que daña el medioambiente.


Javier Jahncke, secretario ejecutivo de Red Muqui, también expresó su rechazo a la poca atención del Estado a las comunidades campesinas y pueblos del interior de las regiones en donde se encuentran estos proyectos, las mismas que siguen postergadas sin políticas que ayuden a mejorar su calidad de vida.


Sobre el proyecto minero Rio Blanco en las comunidades campesinas de Segundo y Cajas, y Yanta en la sierra de Piura, los ponentes indicaron que significaría una grave afectación a la flora, fauna y las costumbres de la zona por la fuerte inyección de capitales y su repercusión en la sociedad no sólo de la sierra, sino también de la costa piurana.

Piura es una región rica en recursos naturales, los páramos y bosques de neblina que se encuentran entre Huancabamba y Ayabaca, son ecosistemas que captan el agua de la lluvia y humedad, y generan las nacientes de los principales ríos de toda la región. Brindan el recurso hídrico para actividades económicas sostenibles que dan la mayor parte de los puestos de trabajo locales, como agricultura, ganadería y turismo sostenible.

El páramo y los bosques de neblina de Piura, tienen una gran biodiversidad que alberga especies en extinción como el oso de anteojos, tapir de montaña y la pava aliblanca, entre otras variedades, y especies de flora endémicas y en serio riesgo por actividades no sostenibles.

RED MUQUI se dirige a la opinión pública nacional e internacional para expresar lo siguiente:

  1. Es lamentable que en medio de la expectativa generada por el fútbol en nuestro país, que nos ha unido en torno a un anhelo, aprovechando la coyuntura que acapara la mayor parte de los medios de comunicación, el gobierno del señor Kuczynsky, apoyado por grupos de poder económico esté dictando una serie de normas e impulsando proyectos de ley en el Congreso que los favorecen. La Ministra Aljovín y la Premier Araoz ya habían anunciado, ante el auditorio de empresarios mineros en PERUMIN, un paquete de medidas que, comprobamos, sólo buscan la ampliación de la frontera minera para facilitar la exploración en la mayor parte del país, en desmedro de la regulación ambiental de las actividades extractivas, y la eliminación de las pocas garantías que quedan de la propiedad de la tierra, especialmente en el caso de las comunidades campesinas y nativas de nuestro país.
  1. Sin que exista criterio técnico alguno, el gobierno ha emitido la Resolución Ministerial N° 276-2017-MINAM del martes 03 de octubre, que estandariza la aplicación de Estudios de Impacto Ambiental (EIA) para proyectos mineros de gran y mediana minería, y Declaraciones de impacto ambiental (DIA) para actividades de pequeña minería y minería artesanal (que corresponden a los Gobiernos Regionales), estableciendo que se aplican sólo poniendo énfasis en un criterio de distancia (a partir de 50 metros de fuentes de agua o 100 metros de ecosistemas que las captan o generan)

Es decir, se prescinde de un estudio profundo del impacto y consecuencias de la actividad minera para tomar decisión que puede afectar vida, salud y actividad económica de poblaciones y comunidades.

El objetivo de fondo de ésta medida, en realidad es la ampliación de las zonas de actividad minera, “ordenando” el territorio unilateralmente, sin base constitucional, sin consulta previa ni participación ciudadana, poniendo en riesgo los ecosistemas y fuentes hídricas, que podrían verse afectados por los impactos ambientales, contaminando o eliminando los flujos de agua, y con ello el acceso al recurso hídrico y la calidad del agua.

  1. Paralelamente a ello, el día 04 de octubre, el Congreso de la República aprobó por mayoría en la Comisión de Descentralización, el dictamen que aprueba el proyecto de ley 1718, “ley que regula la obtención de inmuebles requeridos para la ejecución de obras de infraestructura priorizada”. Este proyecto de ley no es otra cosa que un reforzamiento del decreto legislativo 1333, aún vigente, que fuera derogado por el Congreso en primera instancia, pero luego observada dicha derogatoria por el Poder Ejecutivo y su derogatoria aún está pendiente de revisar en el Congreso.

Dicha norma, pasa por encima de la propiedad y posesión de la tierra de las comunidades y población en general, y de la seguridad jurídica que éstas figuras legales les brindan, y prioriza la concesión minera y otras figuras “legales” que facilitan el acceso a la tierra de parte de las empresas titulares de los proyectos de inversión pública priorizados y de gran envergadura. Incluso el APIP, organismo creado con el nuevo marco, puede convocar a una Asamblea Comunal para una reubicación, lo que hace ver que hay una “legalización de lo que es ilegal”, e inconstitucional, pues una comunidad es autónoma en sus decisiones según la Constitución.

  1. Ambas normas, y otras que están pendientes, como el Reglamento de Protección Ambiental para las actividades de exploración minera, todas ellas emitidas de espaldas a una discusión pública y participativa, consideramos que van a generar mayor conflictividad socio ambiental en el país. Y el gobierno lo sabe. Por ello, además ha afianzado en el último tiempo la normativa que criminaliza la protesta social, y ha establecido condiciones que aumentan las penas, aplicando la asociación ilícita para delinquir y otras figuras que buscan atemorizar a las defensoras y defensores en su rol garante de derechos, buscando deslegitimar su rol, para evitar cualquier traba a la actividad minería.
  1. Esta normativa además, pasa por encima del derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas, proceso que se encuentra totalmente desnaturalizado en minería, y de los elementales e insuficientes mecanismos de participación ciudadana existentes, evitando su aplicación en muchos casos. Ni siquiera el acuerdo previo, que es un mecanismo de negociación en la práctica, queda vigente cuando las modificaciones normativas generan mecanismos de imposición, que incluso pasan por encima de un mínimo acuerdo previo con el poseedor o propietario de las tierras superficiales, cuando hay otras figuras legales que lo evitan.

Por todo ello, demandamos al gobierno del señor Kuczynski y a las empresas mineras que evalúen las consecuencias de las decisiones que vienen tomando, pues al contrario de favorecer a sus intereses, van a generar mayor conflictividad social, y afectar aún más las inversiones, dejando a los gobiernos regionales y locales, y  en especial a las poblaciones y comunidades como sujetos pasivos, que deben asumir la imposición de éstas decisiones, formas de desarrollo, y modos de vida de un gobierno tecnócrata que es sumiso al poder económico que lo presiona, y al cual se debe.

Como país debemos unirnos, en la defensa de un desarrollo sostenible de nuestro territorio, por un ordenamiento territorial participativo, respetando los derechos de las poblaciones y comunidades campesinas y nativas, protegiendo nuestra biodiversidad y ecosistemas frágiles que captan y generan recursos hídricos para la vida y las actividades económicas de las cuales vivimos y nos alimentamos, en un país que ya sufre la consecuencias del cambio climático, para el que debemos prepararnos, y no seguir tomando decisiones sólo en base a criterios económicos. 

Lima, 06 de octubre de 2017

RED MUQUI

Cerro de Pasco y La Oroya, son dos zonas en donde ciudad, minería y fundición han crecido una sobre otra -sin mayores regulaciones ambientales y de salud- si bien han generado ingresos a las arcas del Estado Peruano, también han ocasionado el envenenamiento generacional por décadas de miles de peruanos que vivieron y viven en estas zonas. Lo mismo ocurre respecto de los pasivos ambientales en San Mateo.

Red Muqui presenta el resumen del  Informe de Atención médica de salud en ambientes asociados a minería y metalúrgica a menores residentes en Cerro de Pasco y La Oroya, y situación de los pasivos ambientales en San Mateo- 2016. Este documento ha sido realizado por el médico ambientalista, Fernando Osores, quien examinó a un total de 24 niños y niñas.  Se les realizó el dosaje y se les hizo análisis de cabello, sangre y orina para determinar la presencia de los siguientes metales pesados: As [arsénico], Pb [plomo], Cd [cadmio] y Hg [mercurio].

Los niños atendidos residen en Cerro de Pasco-Quiulacocha(15) y La ciudad de La Oroya Nueva y Vieja (9) respectivamente, tienen entre 3 y 15 años. La media aritmética de la edad fue 9 años.Todos los niños de Cerro de Pasco y La Oroya presentaron exposición puntual positiva (detectable) para arsénico, plomo, mercurio y cadmio. Asimismo, superaron el mejor estándar de medición para arsénico en sangre. En el caso de  la orina, en 8 de los 9 niños de La Oroya y 10 de los 15 niños de Cerro de Pasco superaron el estándar de medición para arsénico de acuerdo con el MINSA.

 

Por el lado de los pasivos en San Mateo, el informe alerta que no solo el relave Tamboraque –contiene casi 690 mil toneladas métricas de residuos- pone en riesgo el río Rímac y la ciudad de Lima. Son, aproximadamente, ocho pasivos ambientales más, entre los que destacan el relave Chinchán (Coricancha); ex depósito de Mayoc, Minera Lisandro Proaño S.A.; la mina Los Quenuales (Casapalca), cuenta con un pasivo ecológico de más de un siglo de operación; el depósito de relaves Chinchan (Los Quenuales), está activo y se encuentra a 110 Km. al norte de la planta concentradora; depósito de relaves Tablachaca, ubicado al margen derecho del río Rímac. Este último, contiene unos tres millones de toneladas métricas de relaves producidos por la planta concentradora de Casapalca.

El depósito de relaves Antuquito, contiene unas 600 toneladas métricas de relaves producidos por la planta concentradora de Casapalca, también se encuentra al margen izquierdo del río Rímac. Estos pasivos ambientales mineros son foco principal de contaminación y afectación a la salud de las personas.

 

 Al respecto el informe presenta algunas recomendaciones, el texto completo se puede leer en el resumen del Informe de Salud

 1. Desarrollar un Plan Nacional sostenible de monitorización epidemológica permanente, en tiempo real, transparente, coordinado y participativo de las matrices de agua.

2.Caracaterizar los peligros y riesgos de los impactos ambientales inmediatos, y a largo plazo a la salud humana en una concepción de Ecosalud y protección del bien público.

3. Fortalecimiento de la capacidad de vigilancia y monitoreo ambiental de los ciudadanos/as, poblaciones indígenas y originarias, así como, el reconocimiento de sus organizaciones, y su incorporación al Sistema Nacional de Gestión Ambiental como mecanismo de alerta temprana.

4. Promover la investigación priorizada en la protección, prevención y evaluación de riesgos a la salud por exposición crónica no ocupacional a sustancias químicas.

5. Promover la planeación estratégica nacional para la salud pública ambiental protectiva y preventiva en zonas de alto riesgo de exposición a metales pesados (como es el caso de Pasco y La Oroya)  

Libre descarga RESUMEN DEL INFORME AQUÍ

juanaste

Por: Ing Juan Aste Daffós, consultor Red Muqui                        

El gobierno de PPK acaba de perpetrar un atentado criminal contra nuestras cuencas hídricas, los nevados, los bosques primarios y tierras de protección, las áreas naturales protegidas, los bofedales, las aguas subterráneas y los manantiales, es decir, contra el potencial agroalimentario, la biodiversidad, el turismo y a los hermanos de las comunidades y poblaciones locales de nuestro Perú, al aprobar la Resolución Ministerial 276 del Ministerio del Ambiente publicada el 03 de octubre 2017 en medio de la algarabía de la posibilidad de ir al mundial de fútbol.

Esta norma, que a todas luces, resulta inconstitucional ya que so pretexto de incluir nuevos proyectos de exploración minera, se incluyen, también, los lugares donde se puede hacer actividad minera, a efectos que para su realización en dichas zonas muy vulnerables, se presenten los respectivos Estudios de Impacto Ambiental (EIA). También, se ha incluido para que presenten el EIA a los proyectos de exploración minera que consideren túneles o que busquen determinar la existencia de minerales radioactivos. 

Este hecho pinta de cuerpo entero la catadura de este gobierno de ppk al que no le importa qué pase con la disponibilidad de agua proveniente de nuestras cuencas, nevados andinos, aguas subterráneas ni con la rica biodiversidad de los bosques de la amazonía que son el futuro del Perú. Lo único que le interesa es ceder a la presión de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, gremio de los empresarios mineros (EEUU, China y Canadá, principalmente). Con los actuales precios, nuevamente altos, quieren asegurarse nuevas reservas y mayores ganancias. Por eso, estaban  aparentemente mortificados por una Ley inocua como es la Ley que le da un año de plazo a la Autoridad Nacional del Agua para que identifique, delimite y zonifique una cabecera de cuenca (Ley 30640), cuando en realidad lo que querían es la aprobación de esta Resolución Ministerial.

Es hora de establecer un impuesto a la sobreganancia minera, regular la expansión minera y proteger ambientalmente nuestros recursos estratégicos ordenando el territorio, justamente al revés de lo que ocurre ahora, donde la actividad minera ordena el territorio e influencia de manera determinante sobre los gobiernos y la vida, económica y social del país impidiendo la industrialización, razón por la que seguimos dependiendo completamente de las importaciones (Chinas y de EEUU, principalmente) que a su vez dependen de los ingresos por las exportaciones mineras (EEUU, China y Canadá, principalmente) que solo benefician a las empresas que extraen los minerales y a los países que los compran para luego vendernos sus productos manufacturados o industriales. Necesitamos abandonar la dependencia minera del modelo económico que aporta tributariamente muy poco, no genera empleo y nos está dejando sin recursos estratégicos por el impacto ambiental que genera, es decir, porque con ella estamos matando nuestro futuro.

Lima. 06 de octubre de 2017

ANEXO

SOBRE LA RESOLUCIÓN MINISTERIAL 276-2017-MINAM

LA RM 276-2017-MINAM publicada el 03 de octubre del 2017 señala en sus principales considerandos que:

Que, mediante Resolución Ministerial N° 157-2011-MINAM se aprueba la Primera Actualización del Listado de Inclusión de los Proyectos de Inversión sujetos al SEIA, modifi cada por la Resolución Ministerial N° 298-2013-MINAM, la Resolución Ministerial N° 300-2013-MINAM, la Resolución Ministerial N° 186-2015-MINAM, la Resolución Ministerial N° 383-2016-MINAM y la Resolución Ministerial N° 159-2017-MINAM;

Que, mediante Oficio N° 1310-2017-MEM/DGAAM/ DGAM, el Ministerio de Energía y Minas, en su condición de autoridad competente en el marco del SEIA, ha solicitado al MINAM la modificación de la Primera Actualización del Listado de Inclusión de los Proyectos de Inversión sujetos al SEIA, a fi n de precisar los proyectos de inversión en materia de exploración minera que, por sus características, envergadura, tamaño e impactos ambientales que generarían, requieren contar con una Certifi cación Ambiental previa a su ejecución;

Que, mediante Resolución Ministerial N° 255-2017-MINAM, el Ministerio del Ambiente dispuso la prepublicación del proyecto normativo, conforme a lo dispuesto en el artículo 39 del Reglamento sobre Transparencia, Acceso a la Información Pública Ambiental y Participación y Consulta Ciudadana en Asuntos Ambientales, aprobado por Decreto Supremo N° 002-2009-MINAM, y el artículo 14 del Reglamento que establece disposiciones relativas a la publicidad, publicación de Proyectos Normativos y difusión de Normas Legales de Carácter General, aprobado por Decreto Supremo N° 001-2009-JUS, en virtud de la cual se recibieron aportes y comentarios al mismo;

Que, mediante Oficio N° 1457-2017-MEM/DGAAM/ DGAM, el Ministerio de Energía y Minas remitió el informe técnico legal que sustenta en la modificación de la Primera Actualización del Listado de Inclusión de los Proyectos de Inversión sujetos al SEIA, considerando los aportes y comentarios recibidos en la prepublicación del proyecto normativo; Con el visado del Viceministerio de Gestión Ambiental, de la Dirección General Políticas e Instrumentos de Gestión Ambiental y de la Ofi cina General de Asesoría Jurídica;

SE RESUELVE: Artículo 1.- Modificar la Primera Actualización del Listado de Inclusión de los Proyectos de Inversión sujetos al Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental (SEIA), considerados en el Anexo II del Reglamento de la Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental, aprobada mediante Resolución Ministerial N° 157-2011-MINAM y normas modificatorias, en relación a las actividades de exploración minera que corresponde al Sector Minería, quedando redactado de la siguiente manera:

MODIFICACIÓN DEL NUMERALES 3 Y 4 DE LA R.M. Nº 157-2011-MINAM

SECTOR GOBIERNO NACIONAL

Minería Ministerio de Energía y Minas

 (…) 3. Proyectos de exploración minera de titulares de la mediana y gran minería, considerando sus componentes auxiliares y otros que requiera, que contemplen más de veinte (20) plataformas de perforación y/o más de diez (10) hectáreas de área disturbada, o que se encuentren ubicados:

a) A menos de cincuenta (50) metros de un cuerpo de agua, bofedal, canal de conducción, pozo de captación de aguas subterráneas, manantiales o puquiales.

b) A menos de cien (100) metros de distancia en línea horizontal y perpendicular de la huella máxima de ocupación en invierno de un nevado o área glaciar.

c) A menos de cien (100) metros de tierras de protección y/o bosques primarios.

d) En Áreas Naturales Protegidas de administración nacional y/o sus zonas de amortiguamiento y/o áreas de conservación regional.

e) En áreas al amparo de alguna regulación especial expresamente reconocidas por Ley.

4. Proyectos de exploración minera que consideren túneles de exploración o que se busquen determinar la existencia de minerales radioactivos. (…)

SECTOR GOBIERNO REGIONAL

(…) 2. Proyectos de exploración minera de titulares de la pequeña minería y minería artesanal considerando sus componentes auxiliares y complementarios****.

 Nota (****): Para el ámbito de Lima Metropolitana se encuentran bajo la competencia del gobierno nacional en tanto culmine el proceso de descentralización.

SECTOR GOBIERNO LOCAL

Ver Nota (******) al final del listado

Artículo 2.- Disponer la publicación de la presente Resolución Ministerial en el Portal Institucional del Ministerio del Ambiente (www.minam.gob.pe).

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL Única.- La presente Resolución Ministerial entra en vigencia con la entrada en vigencia del nuevo Reglamento de Protección Ambiental para las Actividades de Exploración Minera, adecuado a la normativa del SEIA, el cual incluirá las medidas técnicas mínimas en materia ambiental, aplicables a todas las actividades de exploración minera; así como, los procedimientos, plazos, participación ciudadana y condiciones aplicables a la Ficha Técnica Ambiental, con la que debe contar el titular del proyecto de exploración minera que no está sujeto al SEIA.

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