El Documental “Historias de Agua” se presentará este viernes 17 de noviembre en Huancayo, en el auditorio de Passdih Jr. Lima 415- Huancayo a las 4 PM. Se trata de una realización sin fines de lucro coproducida por la red de instituciones ambientalistas Red Muqui y el aporte gratuito del Proyecto vivencial de intercambio cultural amazónico KiyaKuyay; con el aporte de la productora ViajandoFilmando y sus colaboradores, junto con el apoyo, de la confederación internacional OXFAM y la organización internacional 11.11.11.

El largometraje evidencia la vulnerabilidad de las fuentes de agua y de los ecosistemas que la generan en un contexto de cambio climático y muestra las repercusiones de la contaminación producida por la actividad minera y su impacto en el ambiente y la salud de las personas que viven en aquellas zonas y que pagan el precio de vivir en un país al que se le denomina como minero.

Bajo la codirección del productor y realizador audiovisual Juan Manuel Torres-Solari Injoque y la publicista social Gabriela Delgado Maldonado, el documental de cincuenta minutos, resume un “road-movie” que empezó a rodarse en Octubre de 2016 siguiendo la ruta del agua desde su naciente, pasando por la ciudad más alta del mundo: Cerro de Pasco, y bajando por Junín, La Oroya, Valle del Mantaro, Ticlio, San Mateo hasta llegar a Lima, registrando adicionalmente tomas exclusivas en el distrito de Shapaja (San Martín), Nauta e Iquitos.

El documental evidencia los efectos de la contaminación minera en la vida de las personas.  Muestra cómo todos los seres vivos que la consumen desde su naciente (en los valles altoandinos), hasta llegar a nuestras casas. Dejando claras evidencias de los abusos y negligencias tanto del gobierno como de la empresa privada, y de los intereses personales que existen desde hace décadas por parte de grupos políticos mayoritarios dentro de nuestro actual Congreso de la República y el Poder Ejecutivo.

Ver trailer: https://www.youtube.com/watch?v=E2bJU6ita7I&t=4s

Red Muqui presentó informe y documental en el Congreso donde alerta sobre la problemática de salud ambiental y los impactos de los diferentes pasivos mineros en Cerro de Pasco, La Oroya, y la Cuenca de San Mateo. El foro "Estudios en poblaciones afectados por metales pesados" fue coorganizado por la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología, Centro Labor, Sourse y la Municipalidad de Simón Bolívar. Las organizaciones expusieron sobre la afectación a la salud de la concentración de metales y pasivos.

 

Un inmenso cráter y una chimenea humeante son la herencia y el símbolo de los que fueron dos de los motores económicos mineros más potentes del país.  Y en medio de este escenario cenizo, las arterias fluviales que nutren estas tierras se tiñeron de colores amarillentos y rojizos que, a través de sus aguas sinuosas, y del  hollín, contaminaron las aguas, aire y  vidas de las poblaciones de Cerro de Pasco, La Oroya, zonas relacionadas hidrográficamente con el río Mantaro, y la Cuenca de San Mateo, cabecera donde nace el río Rimac,

24 niños de Cerro de Pasco y La Oroya, a quienes se les realizó un dosaje, están expuestos de manera crónica a arsénico, cadmio,  plomo, mercurio, superando todos los niveles permisibles por el Ministerio de Salud, es la conclusión del Informe de atención médica de salud a menores que habitan en ambientes asociados a minería y metalurgia residentes en Cerro de Pasco y La Oroya, y situación de los pasivos ambientales de San Mateo-2016, elaborado por la Red Muqui. "El arsénico y el cadmio son cancerígenos, tal y como reconoce  la Organización Mundial de la Salud, y el plomo y el mercurio son dos venenos que tienen una gran predilección por el sistema nervioso central, es decir, destruyen los nervios,  el cerebro, y producen anemia", sostiene Fernando Osores, doctor ambientalista autor del informe.

"Mi hijo Benjamín tiene un crecimiento anómalo de células retinales, un retinoblastoma, que ya le ha hecho perder un ojo. Además, sufre de diferentes enfermedades, como daño a la vesícula", afirma Lourdes Mendoza, habitante de Cerro de Pasco. "No existe ninguna solución hasta la fecha. Este no es un daño a personas aisladas, sino a una población integral y constituye un tema de salud pública. Los ministerios no están actuando desde una mirada de interrelación de salud y medio ambiente", afirma Javier Janhcke, secretario ejecutivo de  Red Muqui.

Exposición permanente de metales pesados y pasivos ambientales

El informe alerta del peligro de  los depósitos de relaves, que constituyen un foco de contaminación y afectación a la salud de las personas.  En Cerro de Pasco, se encuentran los depósitos de Quiulacocha con 115 hectáreas y 78 millones de toneladas de depósito, o del desmonte Excelsior con 94 hectáreas y 50 millones de toneladas de depósito. Por su parte, en la Oroya se encuentran los depósitos de trióxido de arsénico de Vado que contiene 115,000.00 toneladas.

 

La cuenca del Río Mantaro es de gran importancia para la economía del Perú: genera alrededor de 35% de la energía eléctrica, y la producción agrícola del valle provee de gran cantidad de alimentos a la capital. Sin embargo, el peligro de los relaves también está latente en Lima. El informe no solo alerta sobre el relave de Tamboraque- que contiene aproximadamente 690,000 toneladas métricas de residuos- sino también de otros ocho pasivos ambientales de los que poco se habla. Es el caso del relave Chinchán, el de Tablachaca, ubicado al margen del rio Rímac, que contiene unos tres millones de toneladas métricas de relaves producidos por la planta concentradora Casapalca. También están los depósitos de relaves de Antuquito, Casapalca, y el de Yauliliaco que contiene 3.3 millones de toneladas métricas.

 

Historias de agua

En el marco del Foro "Estudios en poblaciones afectados por metales pesados" , se presentó el  documental "Historias de Agua", producido por Red Muqui, que  narra  los impactos dramáticos de la contaminación sobre las poblaciones objeto del informe. El largometraje recorre las aguas de los Andes y retrata las historias de ciudadanos que viven afectados por problemas de salud y por contaminación ambiental.

"Sólo se habla de los beneficios que trae la minería, y con este documental quisimos mostrar el otro lado de la historia. Queremos que se visibilice esta problemática ante la falta de empatía con esta población que busca justicia y salud", afirma Gabriela Delgado, productora del documental

Los representantes de las comunidades campesinas de Ayabaca y Huancabamba reiteraron, una vez más, que la empresa minera Río Blanco opera de manera ilegal en sus propiedades. Así lo dieron a conocer durante el Foro Público “Riesgos e impactos del proyecto minero Río Blanco y alternativas al desarrollo” realizado en Piura, y que contó con un grupo de especialistas ambientales, quienes abordaron temas relacionados al extractivismo.

Isaul Guerrero, de la Comunidad Campesina de Segundo y Cajas de Huancabamba, indicó que la empresa opera de manera ilegal en las propiedades de la comunidad, “por lo que expresamos nuestra posición de defensa de nuestras comunidades campesinas”. Además, hizo referencia al Proyecto de ley 1718 en discusión en el Congreso que perjudica a las comunidades, con medidas como facilitar a los titulares de concesiones mineras, y proyectos de gran envergadura. “Exigimos al congresista Luis López Vilela, retirar su iniciativa legislativa porque es injusta, inconstitucional y no responde a los intereses de nuestras comunidades, sino al de las empresas mineras”, acotó.

Por su parte, Martín Scurrah, de RedGe, criticó el extractivismo minero que es visto como el único baluarte del crecimiento económico sin tomar en cuenta que se necesita diversificar la economía. Añadió que se debe tener respeto al ser humano en todo su sentido, “así como respeto al medio ambiente y a la naturaleza. La actividad extractiva sólo busca satisfacer una demanda fuera de la región y del país”. Igualmente, indicó que las políticas de Estado no se muestran contundentes con la minería ilegal que daña el medioambiente.


Javier Jahncke, secretario ejecutivo de Red Muqui, también expresó su rechazo a la poca atención del Estado a las comunidades campesinas y pueblos del interior de las regiones en donde se encuentran estos proyectos, las mismas que siguen postergadas sin políticas que ayuden a mejorar su calidad de vida.


Sobre el proyecto minero Rio Blanco en las comunidades campesinas de Segundo y Cajas, y Yanta en la sierra de Piura, los ponentes indicaron que significaría una grave afectación a la flora, fauna y las costumbres de la zona por la fuerte inyección de capitales y su repercusión en la sociedad no sólo de la sierra, sino también de la costa piurana.

Piura es una región rica en recursos naturales, los páramos y bosques de neblina que se encuentran entre Huancabamba y Ayabaca, son ecosistemas que captan el agua de la lluvia y humedad, y generan las nacientes de los principales ríos de toda la región. Brindan el recurso hídrico para actividades económicas sostenibles que dan la mayor parte de los puestos de trabajo locales, como agricultura, ganadería y turismo sostenible.

El páramo y los bosques de neblina de Piura, tienen una gran biodiversidad que alberga especies en extinción como el oso de anteojos, tapir de montaña y la pava aliblanca, entre otras variedades, y especies de flora endémicas y en serio riesgo por actividades no sostenibles.

Piura, octubre de 2017.-  Con el fin de analizar los riesgos que representa para Piura el proyecto minero Río Blanco y los impactos ambientales y sociales que ya ha generado, así como visualizar las alternativas de desarrollo que privilegian la protección de los ecosistemas del Páramo, los bosques de neblina y las fuentes de agua, expertos locales y regionales se reunirán en la ciudad de Piura para discutir y buscar propuestas de desarrollo bajo un enfoque de las Transiciones, en un contexto de reconstrucción regional luego de los desastres naturales, dejados por el Fenómeno del Niño Costero, priorizando la prevención y la sostenibilidad.

Durante el taller Regional Norte “Alternativas al extractivismo en las regiones: ¿otros desarrollos posibles?”, que estará dirigido a líderes y lideresas de movimientos sociales y miembros de organizaciones de la sociedad civil; así como con autoridades de los gobiernos regionales y locales, se espera contribuir a la identificación de políticas públicas necesarias para Piura, a partir de sus potencialidades, con el fin de pasar gradualmente de un modelo extractivista a uno post extractivista; buscando alternativas para lograr un uso sostenible de los recursos, por parte de todos los agentes económicos y en todos los sectores.

Expertos como Martin Scurrah, de RedGe, debatirán también sobre los impactos ambientales que ya se dejan sentir en la región por las actividades extractivistas, como el Fenómeno del Niño Costero, que dejó enormes pérdidas económicas en la región, así como los conflictos sociales generados por esta actividad extractiva.

Foro Público. Pensar desde las regiones

Pensar en las alternativas al extractivismo desde las regiones ayuda a pensar en los cambios que requiere el país, en ese sentido, el debate se debe dar a nivel nacional para conocer qué es lo que las regiones quieren para el futuro de su población, considerando el cuidado de los recursos naturales y los derechos de la naturaleza. En ese sentido, se realizará el 20 de octubre el Foro Público “Riesgos e impactos del proyecto minero Río Blanco y alternativas de desarrollo sostenible para Piura”. El ingreso es libre y se realizará en la Sala de Conferencias del Auditorio Central. Universidad Nacional de Piura. Campus Universitario s/n distrito de Castilla (espalda del Open Plaza).

Desde las regiones hay que construir esta visión, que aporte a una mirada más nacional, ahora que el crecimiento económico se ha estancado, es necesario buscar otras actividades que consideren el cuidado del medio ambiente y los derechos de la naturaleza.

El taller es una iniciativa que nace desde la RedGE, con el apoyo de la Fundación Friedrich Ebert, la Red Interquorum Piura, la Universidad Nacional de Piura, la Red Muqui, Red Regional Agua, Desarrollo, Democracia y 11.11.11, con el fin de discutir propuestas en relación al modelo de crecimiento basado en el extractivismo, para enriquecer el debate incorporando el contexto regional. 

RED MUQUI se dirige a la opinión pública nacional e internacional para expresar lo siguiente:

  1. Es lamentable que en medio de la expectativa generada por el fútbol en nuestro país, que nos ha unido en torno a un anhelo, aprovechando la coyuntura que acapara la mayor parte de los medios de comunicación, el gobierno del señor Kuczynsky, apoyado por grupos de poder económico esté dictando una serie de normas e impulsando proyectos de ley en el Congreso que los favorecen. La Ministra Aljovín y la Premier Araoz ya habían anunciado, ante el auditorio de empresarios mineros en PERUMIN, un paquete de medidas que, comprobamos, sólo buscan la ampliación de la frontera minera para facilitar la exploración en la mayor parte del país, en desmedro de la regulación ambiental de las actividades extractivas, y la eliminación de las pocas garantías que quedan de la propiedad de la tierra, especialmente en el caso de las comunidades campesinas y nativas de nuestro país.
  1. Sin que exista criterio técnico alguno, el gobierno ha emitido la Resolución Ministerial N° 276-2017-MINAM del martes 03 de octubre, que estandariza la aplicación de Estudios de Impacto Ambiental (EIA) para proyectos mineros de gran y mediana minería, y Declaraciones de impacto ambiental (DIA) para actividades de pequeña minería y minería artesanal (que corresponden a los Gobiernos Regionales), estableciendo que se aplican sólo poniendo énfasis en un criterio de distancia (a partir de 50 metros de fuentes de agua o 100 metros de ecosistemas que las captan o generan)

Es decir, se prescinde de un estudio profundo del impacto y consecuencias de la actividad minera para tomar decisión que puede afectar vida, salud y actividad económica de poblaciones y comunidades.

El objetivo de fondo de ésta medida, en realidad es la ampliación de las zonas de actividad minera, “ordenando” el territorio unilateralmente, sin base constitucional, sin consulta previa ni participación ciudadana, poniendo en riesgo los ecosistemas y fuentes hídricas, que podrían verse afectados por los impactos ambientales, contaminando o eliminando los flujos de agua, y con ello el acceso al recurso hídrico y la calidad del agua.

  1. Paralelamente a ello, el día 04 de octubre, el Congreso de la República aprobó por mayoría en la Comisión de Descentralización, el dictamen que aprueba el proyecto de ley 1718, “ley que regula la obtención de inmuebles requeridos para la ejecución de obras de infraestructura priorizada”. Este proyecto de ley no es otra cosa que un reforzamiento del decreto legislativo 1333, aún vigente, que fuera derogado por el Congreso en primera instancia, pero luego observada dicha derogatoria por el Poder Ejecutivo y su derogatoria aún está pendiente de revisar en el Congreso.

Dicha norma, pasa por encima de la propiedad y posesión de la tierra de las comunidades y población en general, y de la seguridad jurídica que éstas figuras legales les brindan, y prioriza la concesión minera y otras figuras “legales” que facilitan el acceso a la tierra de parte de las empresas titulares de los proyectos de inversión pública priorizados y de gran envergadura. Incluso el APIP, organismo creado con el nuevo marco, puede convocar a una Asamblea Comunal para una reubicación, lo que hace ver que hay una “legalización de lo que es ilegal”, e inconstitucional, pues una comunidad es autónoma en sus decisiones según la Constitución.

  1. Ambas normas, y otras que están pendientes, como el Reglamento de Protección Ambiental para las actividades de exploración minera, todas ellas emitidas de espaldas a una discusión pública y participativa, consideramos que van a generar mayor conflictividad socio ambiental en el país. Y el gobierno lo sabe. Por ello, además ha afianzado en el último tiempo la normativa que criminaliza la protesta social, y ha establecido condiciones que aumentan las penas, aplicando la asociación ilícita para delinquir y otras figuras que buscan atemorizar a las defensoras y defensores en su rol garante de derechos, buscando deslegitimar su rol, para evitar cualquier traba a la actividad minería.
  1. Esta normativa además, pasa por encima del derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas, proceso que se encuentra totalmente desnaturalizado en minería, y de los elementales e insuficientes mecanismos de participación ciudadana existentes, evitando su aplicación en muchos casos. Ni siquiera el acuerdo previo, que es un mecanismo de negociación en la práctica, queda vigente cuando las modificaciones normativas generan mecanismos de imposición, que incluso pasan por encima de un mínimo acuerdo previo con el poseedor o propietario de las tierras superficiales, cuando hay otras figuras legales que lo evitan.

Por todo ello, demandamos al gobierno del señor Kuczynski y a las empresas mineras que evalúen las consecuencias de las decisiones que vienen tomando, pues al contrario de favorecer a sus intereses, van a generar mayor conflictividad social, y afectar aún más las inversiones, dejando a los gobiernos regionales y locales, y  en especial a las poblaciones y comunidades como sujetos pasivos, que deben asumir la imposición de éstas decisiones, formas de desarrollo, y modos de vida de un gobierno tecnócrata que es sumiso al poder económico que lo presiona, y al cual se debe.

Como país debemos unirnos, en la defensa de un desarrollo sostenible de nuestro territorio, por un ordenamiento territorial participativo, respetando los derechos de las poblaciones y comunidades campesinas y nativas, protegiendo nuestra biodiversidad y ecosistemas frágiles que captan y generan recursos hídricos para la vida y las actividades económicas de las cuales vivimos y nos alimentamos, en un país que ya sufre la consecuencias del cambio climático, para el que debemos prepararnos, y no seguir tomando decisiones sólo en base a criterios económicos. 

Lima, 06 de octubre de 2017

RED MUQUI

juanaste

Por: Ing Juan Aste Daffós, consultor Red Muqui                        

El gobierno de PPK acaba de perpetrar un atentado criminal contra nuestras cuencas hídricas, los nevados, los bosques primarios y tierras de protección, las áreas naturales protegidas, los bofedales, las aguas subterráneas y los manantiales, es decir, contra el potencial agroalimentario, la biodiversidad, el turismo y a los hermanos de las comunidades y poblaciones locales de nuestro Perú, al aprobar la Resolución Ministerial 276 del Ministerio del Ambiente publicada el 03 de octubre 2017 en medio de la algarabía de la posibilidad de ir al mundial de fútbol.

Esta norma, que a todas luces, resulta inconstitucional ya que so pretexto de incluir nuevos proyectos de exploración minera, se incluyen, también, los lugares donde se puede hacer actividad minera, a efectos que para su realización en dichas zonas muy vulnerables, se presenten los respectivos Estudios de Impacto Ambiental (EIA). También, se ha incluido para que presenten el EIA a los proyectos de exploración minera que consideren túneles o que busquen determinar la existencia de minerales radioactivos. 

Este hecho pinta de cuerpo entero la catadura de este gobierno de ppk al que no le importa qué pase con la disponibilidad de agua proveniente de nuestras cuencas, nevados andinos, aguas subterráneas ni con la rica biodiversidad de los bosques de la amazonía que son el futuro del Perú. Lo único que le interesa es ceder a la presión de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, gremio de los empresarios mineros (EEUU, China y Canadá, principalmente). Con los actuales precios, nuevamente altos, quieren asegurarse nuevas reservas y mayores ganancias. Por eso, estaban  aparentemente mortificados por una Ley inocua como es la Ley que le da un año de plazo a la Autoridad Nacional del Agua para que identifique, delimite y zonifique una cabecera de cuenca (Ley 30640), cuando en realidad lo que querían es la aprobación de esta Resolución Ministerial.

Es hora de establecer un impuesto a la sobreganancia minera, regular la expansión minera y proteger ambientalmente nuestros recursos estratégicos ordenando el territorio, justamente al revés de lo que ocurre ahora, donde la actividad minera ordena el territorio e influencia de manera determinante sobre los gobiernos y la vida, económica y social del país impidiendo la industrialización, razón por la que seguimos dependiendo completamente de las importaciones (Chinas y de EEUU, principalmente) que a su vez dependen de los ingresos por las exportaciones mineras (EEUU, China y Canadá, principalmente) que solo benefician a las empresas que extraen los minerales y a los países que los compran para luego vendernos sus productos manufacturados o industriales. Necesitamos abandonar la dependencia minera del modelo económico que aporta tributariamente muy poco, no genera empleo y nos está dejando sin recursos estratégicos por el impacto ambiental que genera, es decir, porque con ella estamos matando nuestro futuro.

Lima. 06 de octubre de 2017

ANEXO

SOBRE LA RESOLUCIÓN MINISTERIAL 276-2017-MINAM

LA RM 276-2017-MINAM publicada el 03 de octubre del 2017 señala en sus principales considerandos que:

Que, mediante Resolución Ministerial N° 157-2011-MINAM se aprueba la Primera Actualización del Listado de Inclusión de los Proyectos de Inversión sujetos al SEIA, modifi cada por la Resolución Ministerial N° 298-2013-MINAM, la Resolución Ministerial N° 300-2013-MINAM, la Resolución Ministerial N° 186-2015-MINAM, la Resolución Ministerial N° 383-2016-MINAM y la Resolución Ministerial N° 159-2017-MINAM;

Que, mediante Oficio N° 1310-2017-MEM/DGAAM/ DGAM, el Ministerio de Energía y Minas, en su condición de autoridad competente en el marco del SEIA, ha solicitado al MINAM la modificación de la Primera Actualización del Listado de Inclusión de los Proyectos de Inversión sujetos al SEIA, a fi n de precisar los proyectos de inversión en materia de exploración minera que, por sus características, envergadura, tamaño e impactos ambientales que generarían, requieren contar con una Certifi cación Ambiental previa a su ejecución;

Que, mediante Resolución Ministerial N° 255-2017-MINAM, el Ministerio del Ambiente dispuso la prepublicación del proyecto normativo, conforme a lo dispuesto en el artículo 39 del Reglamento sobre Transparencia, Acceso a la Información Pública Ambiental y Participación y Consulta Ciudadana en Asuntos Ambientales, aprobado por Decreto Supremo N° 002-2009-MINAM, y el artículo 14 del Reglamento que establece disposiciones relativas a la publicidad, publicación de Proyectos Normativos y difusión de Normas Legales de Carácter General, aprobado por Decreto Supremo N° 001-2009-JUS, en virtud de la cual se recibieron aportes y comentarios al mismo;

Que, mediante Oficio N° 1457-2017-MEM/DGAAM/ DGAM, el Ministerio de Energía y Minas remitió el informe técnico legal que sustenta en la modificación de la Primera Actualización del Listado de Inclusión de los Proyectos de Inversión sujetos al SEIA, considerando los aportes y comentarios recibidos en la prepublicación del proyecto normativo; Con el visado del Viceministerio de Gestión Ambiental, de la Dirección General Políticas e Instrumentos de Gestión Ambiental y de la Ofi cina General de Asesoría Jurídica;

SE RESUELVE: Artículo 1.- Modificar la Primera Actualización del Listado de Inclusión de los Proyectos de Inversión sujetos al Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental (SEIA), considerados en el Anexo II del Reglamento de la Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental, aprobada mediante Resolución Ministerial N° 157-2011-MINAM y normas modificatorias, en relación a las actividades de exploración minera que corresponde al Sector Minería, quedando redactado de la siguiente manera:

MODIFICACIÓN DEL NUMERALES 3 Y 4 DE LA R.M. Nº 157-2011-MINAM

SECTOR GOBIERNO NACIONAL

Minería Ministerio de Energía y Minas

 (…) 3. Proyectos de exploración minera de titulares de la mediana y gran minería, considerando sus componentes auxiliares y otros que requiera, que contemplen más de veinte (20) plataformas de perforación y/o más de diez (10) hectáreas de área disturbada, o que se encuentren ubicados:

a) A menos de cincuenta (50) metros de un cuerpo de agua, bofedal, canal de conducción, pozo de captación de aguas subterráneas, manantiales o puquiales.

b) A menos de cien (100) metros de distancia en línea horizontal y perpendicular de la huella máxima de ocupación en invierno de un nevado o área glaciar.

c) A menos de cien (100) metros de tierras de protección y/o bosques primarios.

d) En Áreas Naturales Protegidas de administración nacional y/o sus zonas de amortiguamiento y/o áreas de conservación regional.

e) En áreas al amparo de alguna regulación especial expresamente reconocidas por Ley.

4. Proyectos de exploración minera que consideren túneles de exploración o que se busquen determinar la existencia de minerales radioactivos. (…)

SECTOR GOBIERNO REGIONAL

(…) 2. Proyectos de exploración minera de titulares de la pequeña minería y minería artesanal considerando sus componentes auxiliares y complementarios****.

 Nota (****): Para el ámbito de Lima Metropolitana se encuentran bajo la competencia del gobierno nacional en tanto culmine el proceso de descentralización.

SECTOR GOBIERNO LOCAL

Ver Nota (******) al final del listado

Artículo 2.- Disponer la publicación de la presente Resolución Ministerial en el Portal Institucional del Ministerio del Ambiente (www.minam.gob.pe).

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL Única.- La presente Resolución Ministerial entra en vigencia con la entrada en vigencia del nuevo Reglamento de Protección Ambiental para las Actividades de Exploración Minera, adecuado a la normativa del SEIA, el cual incluirá las medidas técnicas mínimas en materia ambiental, aplicables a todas las actividades de exploración minera; así como, los procedimientos, plazos, participación ciudadana y condiciones aplicables a la Ficha Técnica Ambiental, con la que debe contar el titular del proyecto de exploración minera que no está sujeto al SEIA.

Representantes de comunidades campesinas de Ayabaca, Huancabamba y Pacaipampa de la región Piura  expusieron hoy su desacuerdo frente al proyecto minero Río Blanco ante la Comisión de Pueblos andinos, amazónicos, afroperuanos, ambiente y ecología y la ministra de Energía y Minas, Cayetana Aljovín.  “Son casi 15 años de conflicto en la región, nosotros ya nos hemos dado a conocer nuestra postura: Río Blanco no va” afirmó Benito Guarnizo García, ex presidente de la comunidad Segunda y Cajas, de Huancamba. 

Hace poco apareció un supuesto padrón de firmas a favor del proyecto, los dirigentes aseguran que muchas de ellas son falsas. “Los páramos son zonas de agricultura, nosotros cultivamos café, cacao, producimos panela, vivimos de la agricultura y no queremos minería en esta zona”, dijo Aninio Moreto Riofrío, representante de las comunidades campesinas de Pacaipampa.  Lo comuneros aseguran que la empresa china Xiamen Zijin Tongguan Investment Development Corporation cuenta con una oficina en la zona de Ayabaca y pretende continuar con sus actividades, así como convencer a la población de cambiar de opinión.

Los comuneros que llegaron a Lima para dar a conocer la problemática de su región exigieron al gobierno que se respete el proceso la consulta vecinal realizado el 2007 y se aplique el derecho a la Consulta previa. “Las comunidades dijeron no a la minería en los páramos”, acotó Magdiel Carrión Pintado, presidente del Frentre por Desarrollo Sostenible de la Frontera Norte del Perú.  Cabe recordar, que la zona en mención es un espacio de gran biodiversidad biológica con páramos y bosques de neblina, donde se encuentran las nacientes de los principales ríos de Piura y la población vive de la agricultura y ganadería. Casi el 80% de la zona de páramos está concesionado a inversiones mineras.

Al respecto, la ministra de Energía y Minas Cayetana Aljovín, respondió que el Proyecto minero Rio Blanco aún se encuentra en exploración y por lo tanto, se harán los estudios necesarios. “Está en una fase muy incipiente de exploración,  no debería haber mayor preocupación”, expresó.

Los representantes de las comunidades, acompañados por el congresista Hernando Cevallos realizaron una conferencia de prensa en el hemiciclo del Congreso. El legislador señaló que apoya la decisión de las comunidades campesinas de la sierra de Piura en su posición de no permitir el ingreso a sus tierras de la minera china, que tiene antecedentes de violación a los derechos humanos como el secuestro y tortura de comuneros, hechos que están siendo investigados y por los cuales, la empresa pagó indemnizaciones a los afectados.

El presidente de las Rondas campesinas de Ayabaca, Rubén Jiménez Carrión, anunció una movilización para el 21 de noviembre en Piura. Las rondas campesinas se manifestaron en contra del Proyecto minero, comentó. "Los dirigentes de la zona de influencia han sido perseguidos y se les ha criminalizado por defender las nacientes de agua de los páramos en Piura", afirmó

 

RED MUQUI, colectivo de 29 instituciones de 11 regiones del Perú que acompaña a comunidades y poblaciones que habitan en zonas mineras, se dirige a la opinión pública para manifestar lo siguiente:

1.Saludamos a las comunidades y rondas campesinas, organizaciones sociales, autoridades y pobladores/as en general de los distritos de El Carmen de la Frontera en Huancabamba, y los distritos de Ayabaca y Pacaipampa en Ayabaca en la región Piura,  en ocasión de conmemorarse el 10° aniversario de las Consultas Vecinales realizadas el 16 de setiembre del año 2007 donde el 97% de los votantes manifestaron su decisión de hacer respetar sus ecosistemas de páramos y bosques de neblina, y su modelo de desarrollo basado en la agricultura, ganadería y el turismo, frente al riesgo que generaría la de la actividad minera en sus tierras.

2.Las Consultas Vecinales son un mecanismo legítimo y constitucional, que fue en aquella oportunidad refrendado por instituciones como la Defensoría del Pueblo, Transparencia de la región Piura, y el Ministerio de Justicia y los observadores internacionales que participaron, y cuya institucionalización aportaría como mecanismo que podría aplicarse para prevenir y evitar conflictos sociales.

3.La decisión de los pueblos de Piura, a la que se suman los pueblos de las provincias de San Ignacio y Jaén en Cajamarca, que están directamente afectados por los impactos del proyecto minero Río Blanco, se sostiene también en su derecho como pueblos indígenas y originarios, amparados en el Convenio 169 de la OIT, por lo que les asiste el derecho a la consulta previa. Este nunca ha sido aplicado a las Comunidades Campesinas de Segunda y Cajas y Yanta, cuyas Asambleas Comunales, en reiteradas ocasiones se han reafirmado en la defensa de su modelo de desarrollo y de la protección de sus páramos y bosques de neblina, rechazando toda actividad humana que los ponga en riesgo.

4.Lamentamos que personas sin ninguna representatividad, acompañadas por funcionarios de la empresa, estén presentando firmas a diversas entidades públicas, muchas de ellas, de dudosa procedencia o tomadas de personas que recibían regalos, sin saber para qué fin serían utilizadas, con el fin de demandar un “diálogo” con la empresa minera, que no es otra cosa que buscar una negociación.

5.Consideramos que cualquier espacio de diálogo o decisión sobre éste caso debe pasar por los actores locales debidamente representados que son propietarios del territorio, como son las comunidades campesinas. El interlocutor sólo puede ser el Estado que es el que debe velar por los derechos de las comunidades a la propiedad, al medio ambiente adecuado y equilibrado, a la salud y vida, y al desarrollo. La empresa minera Rio Blanco Copper S.A. no tiene ningún permiso de operaciones otorgado por el Estado, ni de las comunidades para acceder a sus tierras, por lo que su presencia en dichos territorios resulta ilegal.

6.Esperamos que el Estado no cometa los mismos errores que en el pasado, y respete la decisión de las comunidades campesinas propietarias y de la mayoría de pobladores de Ayabaca y Huancabamba, que ya hace 10 años, reafirmaron su compromiso de priorizar la defensa de los páramos y bosques de neblina, ecosistemas que permiten que la mayor parte de la región Piura cuente con recursos hídricos que necesita para su consumo y actividades económicas.

 

Lima, 25 de setiembre de 2017 

COINCIDEN EXPERTOS EN CONADES

  • RED MUQUI y CooperAcción formaron parte de mesa principal sobre eje de modelo de desarrollo

Durante la Conferencia Nacional de Desarrollo Social (CONADES), expertos que participaron del eje de modelo de desarrollo, concluyeron en la necesidad de dar una mayor prioridad a las diversas actividades económicas y productivas para afianzar un crecimiento económico que sea sostenible, puesto que, el modelo de Economía Extractivista excluye a otros sectores y conlleva a una falsa noción de desarrollo que no contempla lo social y ambiental.

RED MUQUI y CooperAcción aportaron a estas conclusiones tras participar de la mesa “El modelo neoliberal y extractivista, su profundización y los paquetes legislativos, su impacto sobre los bienes y recursos comunes y la construcción de alternativas para un desarrollo alternativo”.

Falso desarrollo económico

José de Echave de CooperAcción expuso un análisis sobre las narrativas que, en estos últimos 15 años, han venido instalando el modelo extractivista en nuestro país, pese a que el sector de la minería ha sufrido la caída del precio de los metales.

El exviceministro de Gestión Ambiental remarcó que, si existen cifras positivas respecto a la expansión y a la producción minera, esto quiere decir la inversión en proyectos mineros haya aumentado.

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“La relación entre los precios de minerales y las inversiones mineras, es directamente proporcional. Y el Perú no es la excepción. El ‘súper ciclo’ de precios y el ciclo de expansión extractiva no es lo mismo, uno forma parte del otro, y esto último es lo que ha crecido en los últimos 25 años”, explicó ante CONADES.

A ello, De Echave agregó que las inversiones mineras a nivel global han caído en un 18.3%, mientras que en Péru, en un 10.2%. También mencionó que esta tendencia se mantiene en otros países como Estados Unidos (-56%), Canadá (-57%), México (-45%) y Chile (-32%).

Tras indicar que América Latina recibe el 28% de las inversiones en minería en el mundo, el representante de CooperAcción aclaró que el “milagro de la economía peruana” no es el resultado ‘exclusivo’ de una ‘fabulosa’ política interna, sino del periodo del súper ciclo de precios que hizo crecer a toda la región, entre el 2002 y 2012 con el disparo al alza de los precios de los metales.

De Echave señaló que, desde hace 5 años, la campaña sobre la existencia de una “tramitología” que –supuestamente- entrampa inversiones y contribuye a afianzar el modelo extractivista en el Perú. Es así que, el empresariado minero ha logrado presionar y rebajar exigencias “ambientales y sociales” mediante decretos legislativos y normas como los paquetazos ambientales. Además de conseguir beneficios tributarios.

“Hay un salto de producción minera, pero sin aporte tributario. La minería llegó a prepresentar casi el 50% del IR, y ahora es el 4%. El aporte tributario del sector minero viene a ser negativo por este mecanismo por devoluciones de IGV”, apuntó el Economista de CooperAcción.

A esto se suma, que el producto minero creció casi 20%, ahora con una mayor producción de cobre – a bajo costo- desde Las Bambas (Apurímac), Cerro Verde (Arequipa), Constancia (Cusco) y Toromocho (Junín).

“La minería forma parte de la matriz productiva del país, pero esta última debe ser diversa y sostenible. Se hace necesario pensar en escenarios de transición, y en cómo salir de este modelo extractivista –no extractivo- que alude a una extracción exacerbada y depredadora, que además afecta derechos. Se aspira a tener una lógica de extracción equilibrada”, puntualizó.

Extracción y derechos indígenas

Javier Jahncke, Secretario Ejecutivo de la RED MUQUI, cuestionó otro aspecto del modelo extractivista actual: la conflictividad social y la afectación de derechos territoriales de comunidades y pueblos indígenas.

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“Desde la actividad minera y el Estado, se ejerce una gran presión frente a los territorios de comunidades. Cuando se refieren a ‘calidad de vida’, solo se habla desde una perspectiva técnica de desarrollo. Una perspectiva en la que no todos los peruanos participan”, acotó.

Jahncke Benavente subrayó que en la región Lima existen unas 289 comunidades campesinas según base datos elaborada por el Instituto del Bien Común. A ello agregó que no se garantiza seguridad jurídica para las casi 10 mil comunidades campesinas (que ocupan el 50% del territorio peruano) ya que unas 4 mil no tienen título de propiedad.

“Si queremos proteger derechos o fortalecer perspectivas de desarrollo tenemos que tener instituciones ambientales fortalecidas para fiscalizar y supervisar, y otorgar seguridad jurídica de todos los peruanos, y que esto no esté al servicio de los poderes económicos”, enfatizó durant su exposición en la mesa sobre modelo de desarrollo.

La ‘maldición’ de los recursos naturales

El Economista Francisco Santa Cruz expuso sobre la paradoja que trae consigo la “bonanza” del modelo económico extractivista, sobre todo cuando este se ve golpeado por la baja en el precio de los commodities, y se desencadenan distorsiones políticas, mayor pobreza, inestabilidad institucional y desigualdad.

A todo, Santa Cruz lo denominó la “maldición de los recursos naturales”, aquella que sufren países ricos en estos, pero crecen a menor ritmo, bajan su productividad, tienen poblaciones empobrecidas y dan paso a procesos de alta corrupción.

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“Esta visión se intensifica minería, pues se produce volatilidad de precios, ingreso de divisas abundantes por altos precios que da lugar a una baja del tipo de cambio, y por ende a la baja en la competitividad de otros sectores. Y al cambiar el ciclo alto, viene una brutal reducción de ingresos fiscales que es lo que pasa en Perú en los últimos 2 o 3 años”, explicó.

En ese sentido, Santa Cruz expuso que, el generar economías de exportación minera se inhibe la diversificación productiva, se estanca el crecimiento, se anula la innovación tecnológica, se bloquea el surgimiento de nuevos sectores exportadores, y resalta la debilidad institucional, al impedir la capacidad de regulación de los Estados en el tema ambiental.

“La maldición es hacer de esos recursos naturales, una estrecha y absoluta dependencia sin capacidad de diversificar, es consecuencia de policías públicas y modelos de crecimiento. Los rubros de exportación primaria no han significado para el país un crecimiento y desarrollo sostenible de la población”, aseveró.

Convivencia de empresa y comunidades

De otro lado, el Economista Germán Alarco, profesor de la escuela de posgrado de la Universidad del Pacífico, resaltó que el Perú necesita de la minería y los sectores extractivos ya que representan el 80% de divisas al país. No obstante, reconoció que contribuyen con poco en impuesto a la renta (IR), y se debe apuntar a que sean el elemento central para recaudación de impuestos y, así generar mayores ingresos fiscales.

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Asimismo, Alarco coincidió con RED MUQUI en trabajar caso por caso a partir de cada proyecto minero y evaluar el costo beneficio que estos traen a la población local donde se desarrollan.

“Hay que cambiar las condiciones de trabajo con las actividades extractivas, evidentemente hay que mejorarlas. Hay que llegar a fórmulas de entendimiento donde estas actividades sean aceptadas”, comentó.

Modelo sin gestión de riesgos

A su turno, Orlando Chuquisengo, de Soluciones Prácticas, aseguró que existe una relación directa entre la situación de riesgos, el escenario de cambio climático y las actividades extractivas. Todo ello, indicó, se debe en gran parte al modelo de desarrollo que estamos implementando en nuestro país.

“Tenemos desarrollo, pero con una economía extractivista, la minería y la industria maderera -que arrasa bosques- y ciudades que no se saben ubicar, obras que se construyen por cualquier lugar”, señaló.

El experto en enfoque de gestión de riesgos, recordó que nuestro país ocupa el segundo lugar de desastres en Sudamérica, y el tercero de vulnerabilidad frente al cambio climático. Igualmente, dio cuenta que entre el 2013 y 2016 se registraron 61 mil emergencias en el país, según INDECI con 15 millones de afectados, más de un millón de viviendas destruidas, 2.1 millones de cultivos perdidos.

“Se calcula que necesitamos unos US$6 mil millones -por año- en medidas para reducir los riesgos de desastres en los próximos 15 años. En el 2016 ha sido uno de los daños más costosos debido a los desastres, con US$175 mil millones, después del año 2012 en el que se llegó a US$180 mil.

DATO:

El objetivo central de CONADES es elaborar propuestas de políticas públicas orientadas a poner la economía y el estado al servicio de las personas. Desde su formación se realiza una conferencia con una problemática específica, acumulando conocimiento, propuestas programáticas y articulación con el movimiento social.

Fuente / Fotos: RED MUQUI

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CON FALLO FAVORABLE A PERUBAR

  • Eventual resolución favorable a minera Perubar costaría al Estado unos 200 millones de soles
  •  Hoy en día existen 70 procesos contra el aporte para el organismo
  •  Aporte por regulación que recibe OEFA está amparado en cuatro leyes y por la Constitución

Otro golpe al Organismo de Fiscalización y Evaluación Ambiental (OEFA). Ahora el Tribunal Constitucional (TC) decidirá si el Estado deberá devolver S/ 200 millones de soles de Aportes por Regulación (APR) que esta entidad ha recibido en los últimos tres años, así como la exoneración de este pago –a futuro- en favor de las empresas mineras y extractivas en general.

Y es que la demanda de la empresa minera Perubar, en contra del Decreto Supremo N° 130 -2013-PCM por el cual se establecen los porcentajes APR, podría generar un “efecto dominó” que perjudicaría los recursos económicos con los que OEFA cuenta para realizar sus actividades de supervisión y fiscalización ambiental.

Esta situación, que el TC debe resolver en los próximos días, fue analizada este 10 de agosto, durante el evento público “Importancia del aporte por regulación del OEFA: Fiscalización ambiental y el desarrollo sostenible del país”.

Henry Carhuatocto, Presidente del Instituto de Defensa Legal del Ambiente y el Desarrollo Sostenible (IDLADS), aseguró que funcionarios de OEFA le brindaron la cifra de unas 70 acciones judiciales (de amparo) que –a la fecha- han emprendido las empresas mineras para cuestionar este tributo. Perubar está a la cabeza.

“El único aporte que tiene OEFA es el APR, puesto que el dinero recaudado producto de las multas –a causa de sanciones impuestas- regresan al tesoro público. Las multas –de OEFA- no son recursos ordinarios, ello lo dice la Ley N°30230 que aún sigue vigente”, resaltó el abogado.

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APR respaldado por leyes

Carhuactocto Sandoval citó que en el artículo 8 de la Ley General del Ambiente se señala que: “el costo de acciones de prevención, vigilancia, restauración, rehabilitación y eventual compensación –relacionada con la protección del Ambiente– del impacto negativo de actividades humanas, deben ser asumidos por los causantes de dicho impacto”.

Además, expuso que el Aporte por Regulación se creó en el año 2000 (mediante Ley N°27332), y no mediante decreto supremo, como argumenta Perubar ante el TC, ya que el artículo 74 de la constitución indica que los tributos se crean mediante ley.

“Ningún tributo puede imponerse si el Congreso de la República no lo crea mediante ley, esto corresponde al principio de reserva de ley en materia tributaria. Son cuatro leyes (N°29951, N°30011, N°30115 y N°30282) que apoyan y sustentan que OEFA es el acreedor tributario (quien debe cobrar) el APM en el sector minero. ¿Dónde está inconstitucionalidad?”, cuestionó el letrado.

De igual modo, recordó que el OSINERG se convierte en OSINERGMIN (2007) y se hace cargo del APM, así como de las obligaciones socioambientales. Un año despúes (mayo 2008) se crea MINAM y luego OEFA a la que se transfiere estas funciones y este aporte, es decir se convierte en acreedor tributario.

Contradicción del sector minero

La demanda de Perubar no cuestiona leyes, pero sí el D.S. N°130-2013-PCM, dispositivo legal al que señalan como autor del APR que es “ilegal” y “confiscatorio”. Aun cuando el decreto se basa en las leyes y la Ley de organismos reguladores.

Este fue el argumento que INDECOPI le rechazó a la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) en el 2014 (resolución N° 0425-2014/CTP INDECOPI) y en donde reclamaron que el APM es una “barrera burocrática” para ingresar al mercado, y por ser una “alta tasa” que les impide ser competitivos.

Luego el sector, presenta una acción popular ante el Poder Judicial, y la Corte Suprema de Justicia también resolvió que el APR es legal. Es así que ahí recurren TC, el único que falta pronunciarse.

Otros argumentos

El presidente de IDLADS también indicó que con menos del 1% de su facturación anual (0.11%), el APR no es confiscatorio, tal como señala la SNMPE y Perubar. “Ni que fuera el 60% que perjudicaría el capital de una empresa. Además, lo que el sector minero olvida es que el Ministerio de Energía y Minas (MEM) también recibe un APM desde 1992 desde las empresas eléctricas, aun cuando no es un organismo regulador”, puntualizó.

Ingresos recaudados por APR (2014, 2015, 2016 y 2017)

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Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF)

(*) Corresponde a la recaudación al mes de mayo 2017

Empujan a que mineras se “autorregulen”

A su turno, Javier Jahncke, Secretario Ejecutivo de la RED MUQUI, advirtió que al no haber recursos para OEFA, el Estado se podría ver obligado a disponer que las empresas realicen sus procesos de autorregulación. “Las empresas no puede fiscalizarse solas y luego pasar los informes a OEFA para decir que no contaminan y todo está conforme, cuando muchas veces no es así. A esto nos lleva esta acción llevada al Tribunal Constitucional por Perubar”, remarcó.

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Asimismo, mencionó que OEFA no cuenta con recursos suficientes, de por sí, para hacer una fiscalización y supervisión adecuada, ni alcanzar a todas las mineras durante las etapas “secas” y húmedas” (tiempos de lluvia) del año.

“Con el posible retiro del aporte, ¿cómo se podría supervisar y verificar que se cumplen las exigencias de los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) en campo? ¿Cómo se quiere que luego no se generen impactos ambientales y en la salud de las personas?”, aseveró.

Otra situación referida por Jahncke Benavente es que OEFA da a conocer “cronograma de supervisiones” y fija reuniones de “coordinación previa” (a la fiscalización) con la empresa. Pese a que estos procesos deben ser inopinados.

“No solo se trata de defender los recursos del OEFA, sino que cumpla bien su rol”, apuntó.

Peligro de mayores conflictos sociales

Vanessa Cueto, presidenta de Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), recordó que la Defensoría del Pueblo ha reportado 177 conflictos sociales (julio 2017), de los cuales el 73.4% son por temas ambientales. Lo cual indica que la necesidad de contar con mecanismos e instituciones fuertes, como el Ministerio del Ambiente y el OEFA.

“Hacemos un llamado al TC para que tenga una opinión mucho más amplia con la documentación y sustento técnico que desde DAR les hemos hecho llegar. Se trata de tener inversiones, pero que sean sostenibles con el cumplimiento de las reglas ambientales, y así garantizar derechos. Esa es la finalidad”, apuntó.

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Objetivo político, no constitucional

Por su parte, Paul Maquet de CooperAcción, comentó que la demanda de inconstitucionalidad de la empresa PeruBar está enfocada en “desfinanciar” a OEFA, y no en el APR que tiene 17 años de existencia.

“El objetivo no es cautelar un derecho constitucional. Esta demanda es política. Ello forma parte de una lógica que ‘contrapone’ regulación ambiental con crecimiento económico. Cuando la regulación ambiental reduce costos, de remediación, así como económicos y sociales”, acotó.

Celeridad a favor de Perubar

Ana María Vidal, secretaria adjunta de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), evidenció la rapidez con que “prosperan” las demandas de las empresas extractivas en el Poder Judicial y el TC.

“Resulta inaudito ver con qué rapidez ha avanzado el proceso. En menos de tres años ya llegó al TC. A comparación de las demandas presentadas en casos como el de Arboleda (Puno) y Cuninico (Uraninas, Loreto), en donde comunidades andinas y nativas siguen esperando que sus demandas presentadas ante el TC sean atendidas desde el presentado demandas ante el TC desde el 2011 y 2015, respectivamente.

DATO:

  • El evento público “Importancia del aporte por regulación del OEFA: Fiscalización ambiental y el desarrollo sostenible del país”; por organizado por Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), el Instituto de Defensa Legal del Ambiente y el Desarrollo Sostenible (IDLADS), CooperAcción, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNNDDH), la Organización Nacional de Mujeres Indígenas, Andinas y Amazónicas del Perú (ONAMIAP) y la RED MUQUI.
  • Perubar S.A. forma parte del Grupo Glencore y fue constituida el 31 de octubre de 1957. Hoy en día desarrolla principalmente operaciones logísticas de almacenamiento, mezcla, acondicionamiento y embarque de concentrados de minerales a empresas del sector minero, vinculadas y de terceros.

Fuente: RED MUQUI / DAR

Fotos: La República / RED MUQUI

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