TRAS MODIFICACIÓN PROMULGADA

  • Intangibilidad debería estar vinculada con Ordenamiento Territorial
  • Con aprobación de esta modificatoria se pone en cuestión necesidad de un inventario hídrico oficial

Las cabeceras de cuenca ya son reconocidas como zonas “ambientalmente vulnerables” y muchas de ellas podrán ser declaradas por la Autoridad Nacional de Agua (ANA) como “intangibles”, a fin de que evitar sufran contaminación por parte de las actividades extractivas.

Después haber sido aprobado por el pleno del Congreso, el Ejecutivo promulgó la Ley N° 30640 que modifica el artículo 75 de la Ley de Recursos Hídricos (N°29338) e incorpora que se establezcan criterios técnicos para identificar y delimitar a las cabeceras de cuenca. De esta manera, la ANA podrá evaluar la vulnerabilidad y luego implementar medidas para la protección y conservación de las mismas.

A esto se suma, que la ANA -con opinión del Ministerio del Ambiente (MINAM)- puede declarar como “zonas intangibles” a aquellas cabeceras de cuenca que no se otorguen para ningún derecho de uso, disposición o vertimiento de agua.

Con esta modificación, parte del artículo 75, que trata sobre la protección del Agua, indica literalmente que “El Estado reconoce como zonas ambientalmente vulnerables las cabeceras de cuenca donde se originan los cursos de agua de una red hidrográfica”.

Tras la publicación de esta modificatoria de la Ley de Recursos Hídricos, la ANA deberá elaborar un Marco Metodológico para contar con los criterios técnicos que requiere la ley.

En ese sentido, RED MUQUI recomendó que, al momento de plantear dichos criterios, la ANA considere los procesos de Ordenamiento Territorial, así como lo de Zonificación Ecológica y Económica (ZEE) que ya existen –o están curso- en aquellas localidades donde se pretende conservar las nacientes de ríos. Precisamente, porque ya pueden estar identificadas las fuentes de agua que se necesitan declarar intangibles.

Inventario hídrico incompleto

Javier Jahncke, Secretario Ejecutivo de la RED MUQUI, advirtió que actualmente los derechos de uso del agua, se otorgan en base a inventarios hídricos que presentan los solicitantes (empresas), debido a que el Estado no cuenta con inventario oficial -y completo- sobre las fuentes de agua en el Perú, especialmente de zonas naturales alejadas donde habitan comunidades campesinas y nativas.

Es así que no se puede determinar la verdadera disponibilidad de agua, ni establecer los niveles de protección que requieren las zonas que captan los recursos hídricos.

“Cada vez que una empresa minera -en este caso- solicita autorización, tiene que demostrar a la ANA cuántas fuentes existen en la zona y si hay disponibilidad de agua. Muchas veces, este organismo no tiene como comparar esta información con una de carácter oficial. Entonces solo debe fiarse de los solicitantes de uso”, puntualizó.

A ello se suma que puede haber varios solicitantes en las zonas de agua, para destinarla a otras actividades económicas, además del consumo humano y las actividades sostenibles y propias de la población local, que debe tener prioridad sobre su uso.

Además, RED MUQUI remarcó que, en sus criterios técnicos para intangibilidad (no uso), la ANA también debe considerar a las aguas subterráneas de las cuencas a conservar. Para ello, esta entidad no debe dejar de lado la participación de la población local, sobre todo de aquellos usuarios que habitan en las zonas donde se ubican las cabeceras de cuenca.

DATOS:

  • Hay que recordar que este proyecto tuvo su origen en el año 2012, tras la gran Marcha por el Agua que convocó a cientos de pobladores que marcharon desde Cajamarca y recorrieron unos 870 kilómetros hasta Lima.
  • Desde todo el Perú se fueron sumando personas, así como sus respectivas demandas e iniciativas de ley, las cuales fueron expuestas y recopiladas en un Foro Hídrico, que se llevó a cabo al término de la movilización.
  • El pedido en común fue que no se permitan actividades extractivas cerca de las cuencas de los ríos. Fue así que hace 5 años, Red Muqui apoyó con la redacción inicial de la primera propuesta para llegar a esta Ley.
  • La iniciativa de esta ley fue presentada el año pasado por el congresista Marco Arana Zegarra, en la presente legislatura 2016-2021 del Congreso

Foto: Turismoi

logoOT transparente

El Ministerio del Ambiente (MINAM) acaba de aprobar un nuevo Reglamento de Organización y Funciones (ROF), a través del Decreto Supremo 002-2017-MINAM, en el que intenta reducir su función rectora del ordenamiento territorial solo a lo ambiental.

Esta decisión es ilegal, pues un reglamento no puede modificar el contenido de una norma con rango de Ley. Además, es un acto irresponsable porque genera en la práctica un vacío que ninguna otra entidad puede asumir mientras esté vigente, en ese extremo el Decreto Legislativo 1013, que solo el Congreso de la República puede derogar o modificar.

Actualmente existe un conjunto de procesos de planificación territorial impulsados por los gobiernos regionales (15 ya cuentan con zonificación económica y ecológica (ZEE) que forma parte de la fase de diagnóstico de la planificación territorial) que por esta decisión quedarían paralizados, con el riesgo de que la información producida se desactualice.

Estos cambios institucionales constituyen un retroceso para el proceso de ordenamiento territorial y ocurren después de que los desastres socionaturales evidenciaron la necesidad de implementar el ordenamiento territorial para brindar seguridad a la población en la ocupación del territorio, en la ubicación de la infraestructura, el equipamiento y las inversiones en general.

Esto significa además que la reconstrucción de los lugares afectados por los desastres naturales no irá acompañada de un proceso de ordenamiento territorial que nos conduzca a un desarrollo sostenible.

Por lo tanto, las instituciones que formamos parte de la Plataforma para el Ordenamiento Territorial exigimos, la revisión y modificación del ROF del MINAM a fin de adecuarlo a su norma de creación y se garantice la continuidad de los procesos de ordenamiento territorial, haciéndolos además más participativos e interculturales.

ANTE DESASTRES NATURALES

  • Ministro olvidó que política de OT es aprobada por el Ejecutivo

El primer vicepresidente, Martín Vizcarra exigió que los alcaldes y Gobiernos Regionales (GORE) cumplan con su labor de planificación y Ordenamiento Territorial (OT), una vez que se comience la reconstrucción de las zonas afectadas por los desastres ocasionados por el Fenómeno El Niño.

“Según la constitución, el que está como responsable del ordenamiento de las ciudades, no es el gobierno nacional; quien planifica y ordenan las ciudades son los alcaldes”, señaló.

En ese sentido, reconoció la necesidad de comenzar un proceso de OT, y aseguró que desde el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski hay una voluntad firme de planificar el territorio, pero que se requiere lograr un consenso entre los tres niveles de gobierno.

“Estamos viviendo un problema, no solo de puentes y carreteras, sino de ordenamiento territorial de las ciudades. Se ha construido en sitios que no debe construirse”, aseveró en entrevista con Cuarto Poder.

Sin embargo, el también ministro de Transportes y Comunicaciones, desconoció que la Ley N° 30230* (en su artículo 22) establece que la política nacional de OT es aprobada por Decreto Supremo y con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros, recordó la RED MUQUI.

De igual modo, Vizcarra olvidó mencionar que desde el año 2014 el proceso de OT es de uso “referencial”, y que es un proceso que no define los usos –o exclusión de usos- de los territorios. Eso lo hace el Ejecutivo en pleno, ni siquiera el Ministerio del Ambiente (MINAM), que es el sector encargado de conducir este proceso.

En consecuencia, la Ley N° 30230 le quita competencias a los GORE y a gobiernos locales, que llevan a cabo el proceso de Zonificación Ecológica y Económica (ZEE), en conjunto con la participación de la población que habita en el territorio.

Es así que la RED MUQUI cuestiona ¿Cómo es que el vicepresidente puede pedir que las autoridades locales y regionales ejerzan funciones de planificación, organización del espacio físico, uso del suelo y conservación del medio ambiente?

huaico

RED MUQUI lamenta que, en una situación de desastre y daños terribles, el Ejecutivo recién haya visto la importancia del proceso de Ordenamiento Territorial para determinar qué tipo de actividades y usos se le pueden dar al territorio, incluso el de vivienda.

Actualmente se espera que el Ejecutivo de prioridad a los procesos de ZEE que GORE y municipalidades vienen cumpliendo, y que el MINAM les dé luz verde para comenzar con paso siguiente: el OT en sí.

RED MUQUI recomienda que Vizcarra y el Ejecutivo deben ver que el OT también brinda una oportunidad para llevar a cabo procesos de participación de comunidades y poblaciones, en primer lugar, de los miles de damnificados por El Niño.

Vizcarra asevera que no es la primera vez que estamos expuestos a las fuertes lluvias y huaicos generados por El Niño, y que, a lo largo de los periodos de gobiernos, locales y regionales, no se soluciona la situación de quienes viven en las laderas y quebradas, ya que se teme perder votos a vísperas de elecciones.

“Si ya sabemos que, en el 83, en el 98 y que ahora en el 2017 el agua pasa los 2000 m3 por segundo del río Piura, ¿por qué no planificamos una ciudad previendo esta situación? se puede hacer y vamos a hacerlo”, reclamó.

Según adelantó en Cuarto Poder, la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) viene preparando una propuesta para de ordenamiento, que será presentada en la próxima sesión del Consejo de Ministros.

*Ley que establece medidas tributarias, simplificación de procedimientos y permisos para la promoción y dinamización de la inversión en el país

Fuente: Cuarto Poder / RED MUQUI

Foto: Peru21 / Canal N

CON CAMBIO EN RESOLUCIÓN MINISTERIAL

  • ZEE debería ser más flexible y adecuada a situación de cada región

El Director General de Ordenamiento Territorial del Ministerio del Ambiente (Minam), Erasmo Otárola, indicó que al actual gobierno considera necesario reducir algunos instrumentos para que el proceso de Zonificación Ecológica Económica (ZEE) se pueda llevar a cabo en un máximo de dos años.

Para ello, el funcionario habló sobre la necesidad de modificar -o derogar- la resolución ministerial (N° 135-2013/MINAM) que hace mucho más instrumentalista a la ZEE y que incorpora distintos estudios especializados. Algo que, según dijo, complica más este proceso previo al Plan de Ordenamiento Territorial (OT).

“La mirada que tenemos en esta nueva gestión, es disminuir los procesos y trámites, por lo que debemos reevaluar (…) Cada región tiene sus problemáticas, y es por ello que se requiere de una herramienta más flexible”, recomendó.

Otárola indicó que esta propuesta responde al tiempo que demora en llevar a cabo estos los estudios especializados, que en algunos casos alarga la ZEE hasta 8 años, en algunas regiones. Ello se debe a cuestiones de gestión y presupuesto destinado al tema territorial. A ello agregó que la elaboración de la resolución nunca pasó por el Comité Consultivo de OT, en su momento.

“Es necesario simplificar, ya que la información va cambiando, y muchas veces cuando se termina el proceso de ZEE, estos se desactualizan”, comentó.

Además de revisar la normativa actual (la resolución ministerial del año 2013), Otárola asegura que se requiere repotenciar las ZEE al agregar el levantamiento de información sobre Cambio Climático y servicios ecosistémicos; fortalecer los comités técnicos que respaldan la participación en las ZEE; asegurar financiamiento; mejorar la coordinación intersectorial para tener una visión conjunta, y adecuar el proceso a la situación específica de cada región o localidad.

El funcionario resaltó que las ZEE es una herramienta que ha calado en las regiones, por ejemplo, en Cajamarca, que tiene más del 60% de sus estudios culminados. Informó que, actualmente, son 13 los gobiernos regionales que presentan una ZEE completa, para el resto les es complejo el proceso y no terminan de verle la utilidad, ni el objetivo que es el Ordenamiento Territorial.

Asimismo, reconoció que la Ley N°30230 complica el proceso de OT al darle carácter multisectorial. Específicamente en su artículo 22, que señala que la política de OT es aprobada mediante un decreto supremo.

erasmo

Más problemas identificados

Durante su participación en el IV Taller Nacional sobre planificación y ordenamiento territorial para el desarrollo sostenible, organizado por la Plataforma para el Ordenamiento Territorial, Erasmo Otárola, expuso que, pese a existir 13 regiones con una ZEE completa, aun no se le da un uso adecuado a la información obtenida como para resolver problemas específicos del territorio, como suelos, vegetación, conflictos, etc. Entonces se requiere potenciar esta información.

“No podemos usar información sobre el territorio para bloquear inversiones o la conservación, para fines políticos. Se debe usar para el bienestar común”, remarcó.

Otro reto, es lograr una mayor concertación y participación equitativa que incluya al sector de empresarios y la Sociedad Civil interesada por el Medio Ambiente, con el fin de buscar un equilibrio de los diferentes intereses que se tienen sobre el territorio. Todo ello siempre con una visión de futuro y a largo plazo.

Para ello, es necesario fortalecer las comisiones técnicas en los gobiernos y convocar nuevamente al Consejo Consultivo de Ordenamiento Territorial ya que se requiere una visión sectorial del proceso.

Otro de los problemas persistentes en el camino al OT, es la falta de articulación entre niveles de gobierno, y de desde sus competencias; así como la de planificación de instrumentos como planes nacionales, los de desarrollo concertado regionales y locales, con el fin de priorizar la inversión pública y privada.

Desde Plataforma OT

Por su parte, Javier Azpur, representante de la Plataforma para el Ordenamiento Territorial, resaltó la importancia de promover un enfoque de nuevo orden territorial que incluya dimensiones sociales, económicas, políticas y culturales. Por ejemplo, el pensar los territorios como sistemas urbanos y rurales integrados con redes sociales y empresariales y circuitos económicos.

javier

Para el técnico de la Plataforma OT, es necesario también promover un cambio en las políticas públicas, que no deben ser 100% sectoriales y autónomas, sino poseer una mirada desde el territorio, e integrarse a las realidades y a sus dinámicas sociales.

“El gobierno de Ollanta Humala ha sido una gestión que ha buscado limitar el avance para construir y planificar el territorio como dimensión clave. No puede pensarse, la planificación y ordenamiento, sino se vincula al proceso de descentralización, y sin una distribución del poder político en el país”, precisó.

En ese sentido, mencionó que los GORE son un punto de apoyo para que el OT se ubique dentro de la nueva agenda política nacional. Si bien se debe construir un sistema que permita integrar a los diferentes niveles de gobierno y fortalecer sus instancias de planeamiento y vínculos entre ellos, tampoco se trata de crear nuevos centralismos desde las regiones y sus mancomunidades.

Otro aspecto, es consolidar la institucionalidad pública que nos permita avanzar en un sistema efectivo de planificación. Consolidar el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN) y darle mayor capacidad de decidir las grandes políticas de desarrollo nacional y sus prioridades.

Azpur no dejo de mencionar que con una Ley OT se podrían establecer las funciones y que de un orden a la multiplicidad de instrumentos que hay como los planes, planes urbanos, de acondicionamiento, etc. “Se espera que este nuevo gobierno lo ponga en la agenda política”, dijo.

“Desde la plataforma hemos afirmado que la vigencia del planeamiento y ordenamiento territorial se mantiene viva, no porque exista voluntad del gobierno, sino porque existen acciones desde 13 gobierno regionales que vienen trabajando y culminando sus procesos de ZEE y las exigencias que vienen desde los estudios especializados”, finalizó.

DATO:

grupal

El último 25 de noviembre, se realizó IV Taller Nacional sobre planificación y ordenamiento territorial para el desarrollo sostenible, organizado por la Plataforma OT. Este encuentro reunió a los actores claves diversos que están involucrados con OT, como funcionarios de CEPLAN, Minam, gobiernos regionales de Piura, Cajamarca, Cusco, y gobiernos locales.

Fuente / fotos: Comunicaciones RED MUQUI

logoOT transparente

La política general presentada por el presidente del Consejo de Ministros ante el Congreso refleja objetivos positivos para el país, como avanzar hacia la igualdad de oportunidades para todos, generar nuevos motores para el crecimiento sostenible, reducir sustantivamente la pobreza y mejorar la calidad y el acceso universal a los servicios públicos. No se puede estar en contra de estos planteamientos. Sin embargo, el Gobierno se define como uno de continuidad, como una nueva fase del proyecto iniciado hace más de un cuarto de siglo. Bajo esta premisa, su propuesta considera suficiente la modernización del Estado, la eficiencia en la prestación de los servicios y el incremento de las inversiones en los tres niveles de gobierno para hacer realidad el cambio que ofrece al país y, en particular, a las mayorías que viven distintas realidades de exclusión.

Creemos que son aspectos necesarios, pero insuficientes para un cambio de rumbo. Sobre todo, si constatamos la falta de una estrategia de desarrollo y de descentralización y el desencuentro entre los ofrecimientos y la realidad de estancamiento económico, déficit fiscal y ausencia de cambios estructurales en el modelo extractivista que se evidenció tanto en el discurso como en el marco macroeconómico multianual y el presupuesto que el Ejecutivo ha presentado al Congreso.

Incluso si asumimos la discutible hipótesis del Gobierno y de un amplio sector de nuestra clase política, de que es posible hacer la anunciada revolución social solo con reformas institucionales, hay vacíos en ese terreno que hacen aún más difícil lograr los resultados planteados. Resaltamos dos que consideramos centrales: i) la ausencia del enfoque territorial como eje ordenador de un sistema de planeamiento nacional; ii) la falta de un proyecto integral para consolidar la descentralización.

La ausencia del enfoque territorial e intercultural limita el impacto de algunas orientaciones positivas planteadas por el Ejecutivo, como la generación de polos de desarrollo económico, la articulación de las ciudades, la integración de los espacios rurales o la conexión del país en el plano vial y de las telecomunicaciones. Ninguna de ellas es novedosa y la solución no requiere solo una mejor gestión. El problema central está en las visiones sectoriales y parceladas, así como en la apuesta unilateral por la inversión en infraestructura. La propuesta gubernamental persiste en este camino y deja de lado el enfoque territorial e intercultural integrado, sustentado en un efectivo sistema nacional y descentralizado de planificación y ordenamiento territorial.

La falta de una propuesta integral sobre la reforma descentralista a pesar de que uno de los ejes declarados en la nueva política es acercar el Estado a la población, es grave. Los planteamientos al respecto se limitan a una voluntad genérica por fortalecer el proceso y al anuncio de reuniones bimensuales entre el Gabinete y la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales. Los acuerdos entre ambas instancias ofrecen una mayor autonomía de los gobiernos regionales pero se limitan a promover la inversión pública que parece ser el único aspecto que se pretende abordar de una reforma compleja y de claro contenido político.

La política presentada carece de una agenda para afrontar temas críticos de la reforma, que van más allá de la autonomía política de las instancias subnacionales, como la integración regional y la promoción de las mancomunidades, la coordinación intersectorial e intergubernamental, la integración territorial, la descentralización fiscal, la articulación de las ciudades y los espacios rurales en un sistema, o la adecuada asignación de competencias para la gestión descentralizada. Tampoco se a tomado en cuenta el ofrecimiento de campaña de crear un ministerio encargado del proceso. Asistimos a la continuidad de la recentralización iniciada por Alan García y continuada por Ollanta Humala, esa tendencia se refleja en el presupuesto 2017, en el que el Gobierno nacional y el MEF manejarán el 75% de los recursos públicos.

En este contexto, las instituciones que conformamos la Plataforma para el Ordenamiento Territorial consideramos que es imprescindible que el Ejecutivo, el Congreso y la sociedad organizada promuevan el debate sobre aspectos y procesos que nos parecen de primera importancia. Destacamos los siguientes:

• El fortalecimiento de un sistema nacional y descentralizado de planificación y ordenamiento territorial, con efectiva capacidad para planificar, orientar, monitorear y evaluar la acción concertada de los tres niveles de gobierno.

• Una política nacional de ordenamiento territorial que sustente una efectiva y eficiente gestión sostenible de nuestros territorios, lo que requiere de un marco normativo claro, que recoja la experiencia acumulada en los procesos en curso en las regiones, provincias y distritos del país, así como en algunas comunidades campesinas y nativas o localidades rurales.

• Apoyar y acelerar los procesos de ordenamiento territorial de los diferentes niveles de gobierno, reconociendo su carácter vinculante e integrando los diversos procesos de diagnóstico y planificación comunitaria en los planes de desarrollo y de gestión sostenible de las municipalidades y gobiernos regionales.

• La reorientación y relanzamiento del proceso de descentralización, que requiere una instancia de conducción concertada, una agenda y una hoja de ruta, así como de efectivos sistemas de articulación territorial de los niveles nacional, regional y local.

• Impulsar la integración territorial desde las regiones, promoviendo y generando incentivos para la consolidación de los procesos en curso, como son las mancomunidades del norte, sur, centro y amazónica.

Lima, 14 de setiembre del 2016

Señor Presidente de la República del Perú

Señor Presidente del Consejo de Ministros

Señora Ministra del Ambiente

Señora Presidenta del Congreso de la República

Señores Congresistas de la República


Asunto: Organizaciones de la sociedad civil muestran preocupación por temas descentralización y ordenamiento territorial.

 

De nuestra especial consideración:

Reciban el cordial saludo de las instituciones que conformamos la Plataforma para el Ordenamiento Territorial, colectivo de la sociedad civil que tiene como propósito promover la implementación de una política de ordenamiento y gestión del territorio basado en la participación democrática de la sociedad y el reconocimiento de la heterogeneidad sociocultural del país.

Después de la asunción de mando presidencial y la entrada en funcionamiento del nuevo Congreso de la República, el gobierno ha puesto énfasis entre otras cosas, en la necesidad de promover y desarrollar proyectos de inversión pública y privada para la reactivación económica. Si bien este propósito es importante debe conciliarse con otros objetivos de la sociedad peruana como son la protección de los derechos y del ambiente, la seguridad alimentaria, la descentralización y la planificación con visión de sostenibilidad. Para todo ello, el ordenamiento territorial es un instrumento clave.

Consideramos que las inversiones y el ordenamiento territorial no son contrarios y pueden armonizarse desde una perspectiva de desarrollo sostenible, como bien lo entiende la OCDE, organización de la cual Perú desea formar parte. Justamente, esta instancia, en el documento de evaluación de desempeño ambiental del Perú realizado por la CEPAL y que fuera publicada en mayo del 2016, señala que “las normas legales que se refieren al ordenamiento territorial son muchas, en diferentes ámbitos y con superposiciones lo que dificulta entender su alcance y fuerza jurídica”, por lo que recomienda que se defina una política nacional de ordenamiento territorial que tenga como resultado una ley que integre los temas dispersos y que establezca su fuerza legal en relación a otras políticas. Además sugiere que se concluyan los procesos y se cumplan con los instrumentos de ordenamientos existentes.

Por su parte, en la Agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible al 2030, compromiso asumido por el Perú, el objetivo 6 plantea garantizar la disponibilidad del agua y su gestión sostenible. Este objetivo tiene como meta poner en práctica la gestión sostenible de los recursos hídricos, estableciéndose como uno de sus indicadores el grado de aplicación de la ordenación integrada de los recursos hídricos (OIRH).

Según la OMS “OIRH es el proceso de promover el desarrollo y la ordenación coordinada de aguas, tierras y recursos conexos para optimizar el bienestar económico y social resultante de una manera equitativa sin comprometer la sostenibilidad de los ecosistemas vitales”, en otras palabras, este ordenamiento integrado de recursos hídricos es una forma de ordenamiento territorial.

Son diversos los documentos of que señalan la necesidad de contar con planes de ordenamiento territorial que nos conduzca a una ocupación ordenada del territorio. Por las razones expuestas recomendamos:
- Contar con una política nacional de ordenamiento territorial que impulse la planificación y la gestión territorial como parte importante de la promoción del desarrollo.

- Establecer criterios normativos claros para la aplicación de esta herramienta, dada la confusión actual. Esto debería llevar a contar con una ley de ordenamiento territorial que fortalezca la institucionalidad, y por lo tanto, que establezca mecanismos de coordinación en diferentes niveles de gobierno, sectores y actores que participan en el ordenamiento y armonice las políticas e instrumentos de planificación.

- Acelerar los procesos de ordenamiento territorial, muchos de los cuales se iniciaron hace más de dos gestiones gubernamentales, generando con ello desaliento y la pérdida del interés de la población.

- Para facilitar estos procesos, pero también el desarrollo descentralizado e integral de las regiones, provincias y distritos, es necesario fortalecer el Consejo de Coordinación Intergubernamental. El gobierno anterior y las asociaciones de gobiernos descentralizados acordaron un nuevo Reglamento para el funcionamiento del mismo, un primer paso en esta dirección, debiera ser su implementación y activación. Esta instancia debería garantizar que los funcionarios encargados del proceso de Ordenamiento Territorial - OT sean permanentemente capacitados y tenga el acompañamiento necesario y que los procesos sean participativos, interculturales y concertados. Esta instancia en definitiva, puede jugar un rol importante en la promoción de la diversificación e integración productiva de cada territorio, priorizando la creación de demanda interna y la infraestructura articuladora.

- En la medida que el artículo 22 de la Ley 30230 señala que “ni la Zonificación Económica Ecológica, ni el Ordenamiento Territorial asignan usos ni exclusiones de uso” es necesario que se le devuelva al Ordenamiento Territorial su función reguladora del uso del territorio a fin de que pueda cumplir con la finalidad de garantizar el desarrollo sostenible. Ello supone la derogatoria o modificatoria del artículo 22 de la Ley N° 30230.

Confiados en que nuestros aportes sean tomados en cuenta por los poderes Ejecutivo y Legislativo, nos despedimos.

Atentamente,

Asociación Arariwa
Asociación Servicios Educativos Rurales - SER
Amazónicos por la Amazonía – AMPA
Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica – CAAAP
CEPES
Cima Cordillera Azul
Cooperacción
Derecho, Ambiente y Recursos Naturales – DAR
Fedepaz
Forum Solidaridad Perú – FSP
Grupo Propuesta Ciudadana
Instituto del Bien Común
Movimiento Ciudadano frente al cambio climático – MOCICC
Paz y Esperanza Ayacucho
RED MUQUI
Unión Geográfica Internacional - UGI

La RED MUQUI, colectivo de 29 instituciones a nivel nacional que desde el año 2003 se dedica a la defensa y promoción de los derecho de comunidades y poblaciones que habitan en zonas mineras,  plantea una agenda temática priorizada al gobierno del Presidente electo Pedro Pablo Kuczynski, a su Primer Ministro, Fernando Zavala; así como al Congreso de la República que presidirá el partido Fuerza Popular. Los temas de dicha agenda han sido resultado del acuerdo de su Asamblea Nacional realizada los días 07 y 08 de julio del 2016 en Lima, y a propuesta de su Consejo Directivo Nacional: 

  1. Priorizar un Plan Nacional de atención especializada de emergencia para personas afectadas por metales pesados y la remediación de pasivos ambientales mineros a nivel nacional. Para ello es necesario recoger diagnósticos de víctimas en zonas con impactos ambientales para definir quiénes requieren atención, implementar laboratorios para dicha finalidad e iniciar la remediación de los pasivos ambientales mineros priorizados. Asimismo, se debe contar con políticas públicas y normativa que permita dichas acciones y el presupuesto necesario. Países con experiencia y tecnología pueden brindar apoyo.
  2. Fortalecer la institucionalidad ambiental y social, a fin de prevenir mayores conflictos y atender los verdaderos problemas que están detrás de ellos. La adecuada fiscalización y evaluación ambiental, así como la resolución de conflictos sin violencia, a través de mecanismos de diálogo, participación y consulta previa, con normatividad adecuada y debida aplicación, permitiría que funcionen como mecanismos preventivos, efectivos y eficaces, siempre que se apliquen en todas las etapas de los proyectos que corresponda.
  3. El Ordenamiento Territorial (OT) es fundamental, ya que el propio MINAM indica que permite “(…)la formulación e implementación de procesos de planificación existentes a nivel regional y/o local, vinculadas al aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y la ocupación ordenada y uso sostenible del territorio". Sin embargo, no contamos con una Ley de Ordenamiento Territorial que estandarice los procesos y permita su adecuada ejecución, por lo cual esperamos se retome su discusión. Es lamentable que la Ley N° 30230 haya establecido que el OT es sólo referencial, siendo importante que los gobiernos regionales y locales cuenten con herramientas para obtener información de sus territorios, y que les permita orientar su toma de decisiones para una ocupación adecuada de los mismos, y así realizar un aprovechamiento sostenible de los recursos naturales.
  4. Protección delas cabeceras de cuenca hidrográficas, fuentes de agua y ecosistemas frágiles a nivel nacional, que son las zonas que almacenan y captan el agua, que están en serio riesgo por presiones de actividades económicas no sostenibles, retomando la discusión del proyecto de ley para la Conservación de las Cabeceras de Cuenca.
  5. Adecuada aplicación del Derecho a Consulta Previa de los Pueblos Indígenas en minería e impulso a la Consulta Ciudadana como mecanismo de participación y preventivo de conflictos sociales. Sólo se cuenta con 4 procesos de consulta previa en minería culminados desde setiembre 2015. No se ha aplicado a casos conflictivos. En la práctica es un mero trámite. Es necesario haya una evaluación de los casos llevados hasta la fecha, para establecer los problemas que se presentan en su realización, y plantear modificaciones normativas y de políticas públicas al respecto. Sobre la Consulta Ciudadana, debiera ser integrada como mecanismos en la Ley N° 26300, Ley de Participación y Control Ciudadano.
  6. Participación activa de la población en la prevención de conflictos, con la aprobación del proyecto de Ley de Vigilancia y Monitoreo Ambiental y Social Ciudadano e Indígena, que plantea el reconocimiento de los Comités que realizan acciones de Vigilancia y Monitoreo ambiental participativo a nivel nacional, y que los resultados de sus muestreos sean vinculantes, y considerados por el Sistema Nacional de Gestión Ambiental (SNGA) y el Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental (SINEFA).
  7. Proponemos la derogatoria de los paquetazos normativos(Ley N° 30230, N° 30327 y el D.S. N° 001-2015-EM, entre otros), que afectan la institucionalidad y derechos fundamentales. Exigimos que no continúe la desregulación en materia ambiental y social, y que no se sigan rebajando los estándares, ello y la eliminación de garantías para las tierras de comunidades campesinas y nativas que propician los paquetazos, sólo logran impactos negativos en la vida y salud de las personas, afectación de sus derechos y con ello finalmente mayor conflictividad.
  8. La Diversificación Económica que se ha dado durante el gobierno de Ollanta Humala, ha estado vinculada directamente con los recursos que para ello brinden las industrias extractivas. Consideramos importante evaluar las actividades de las que depende nuestra economía y establecer el costo – beneficio que éstas brindan, en ingresos, empleos, impactos ambientales, salud y pasivos ambientales, entre otros aspectos, a fin de definir qué otras alternativas de desarrollo se podrían tener.
  9. Priorizar la atención al Cambio Climático. Nuestro país es uno de los más afectados a nivel internacional, y hasta el momento no contamos con una Ley Marco de Cambio Climático. Se requiere retomar la discusión del proyecto de ley en el Congreso, a fin de afrontar de manera integral, desde el Congreso y el Gobierno Central, los problemas que estamos sufriendo a nivel nacional, como el fenómeno de El Niño, las heladas en el Sur, entre otros.
  10. Protección de las Zonas Marino Costeras respecto de la contaminación e impactos de la minería, especialmente donde desembocan los mineroductos y/o se realiza el transporte y embarque de metales pesados para su comercialización, como puertos o almacenes.

Desde RED MUQUI esperamos que haya apertura en el nuevo Gobierno y en el Congreso de la República para acoger y discutir estos temas centrales de la agenda minera, ambiental y social que son prioritarios para el futuro del país.

Lima, julio de 2016

EN FORO PARLAMENTARIO

A través del Foro: La agenda parlamentaria frente a las industrias extractivas y los conflictos socioambientales, la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh) generó un espacio de diálogo alrededor de una mesa compuesta de representantes parlamentarios, organizaciones de la sociedad civil y ciudadanos, a fin de evaluar conjuntamente las propuestas y perspectivas sobre la regulación y el impacto de las inversiones extractivas en el Perú incidiendo en la  promoción de  propuestas favorables  respeto a los derechos humanos, territoriales y ambientales.

Los congresistas electos de Acción Popular, Miguel Román; de Peruanos Por el Kambio, Gino Costa, y del Frente Amplio, Humberto Morales, dieron a conocer las propuestas de sus respectivos partidos, así como el impulso que darán, desde el Congreso, a problemáticas en torno a: Ordenamiento territorial, Consulta Previa, Fortalecimiento ambiental y Gestión de conflictos sociales. En este encuentro el partido de Fuerza Popular decidió no participar.

Consulta previa, conflictos sociales y diálogo pendiente

RED MUQUI y CooperAcción participaron como panelistas y expusieron la situación actual de la conflictividad social y la consulta previa ante los nuevos parlamentarios.

Javier Jahncke, secretario ejecutivo de la RED MUQUI, se refirió a los mecanismos de toma de decisión que no involucran a gobiernos regionales, ni locales, pese a que estos tienen competencias en planes de desarrollo y ordenamiento territorial, ya que las concesiones están por encima. De igual modo Jahncke indicó que un proceso de concesión no se puede afirmar que exista una verdadera participación ciudadana que otorgue una licencia social. "Las audiencias públicas que se llevan a cabo con la población se orientan solamente a informar a la población sobre el proyecto, es decir, solo se cumple un 'mero requisito administrativo' para dar luz verde a la concesión del proyecto", remarcó.

Como parte de esa problemática, Jahncke comentó a los congresistas electos que en el sector minería solo se han llevado a cabo tres procesos de consulta previa debido a esta lógica de “informar a la población en audiencias públicas”. El secretario de la RED MUQUI puntualizó que muchas de las empresas no reconocen la presencia de pueblos indígenas debido a que no existe una base de datos adecuada desde el Ministerio de Cultura, que además no es constitutiva de derechos.

Por su parte, Ana Leyva, Directora Ejecutiva de CooperAcción, indicó a los candidatos que los conflictos sociales deben ser entendidos de una manera multidimensional y que las demandas de las poblaciones afectadas por megaproyectos, no necesariamente son económicas. En ese sentido, Leyva remarcó la necesidad de establecer una tipología de conflictos, ya que no todos se dan por un afán de resistencia, sino de convivencia con la empresa. Una tipología permite un tratamiento diferenciado para poder lograr un mejor entendimiento y resolución del mismo.

Como asesora de las comunidades en la Mesa de Trabajo de Cotabambas (Apurímac), Ana Leyva aseguró que el carácter de estas mesas, son de negociación mas no de diálogo, lo cual conlleva a una lucha por anteponer intereses de la inversión a las demandas de quienes se sienten afectados, en este caso por el proyecto minero Las Bambas. “No hay un búsqueda por establecer nuevas relaciones de confianza duraderas entre la empresa y la población, sino de aminorar el problema”, señaló.

Propuestas a impulsar

foroarpodeh2

 

Para el congresista electo, Miguel Román de Acción Popular, en un escenario de conflictividad social sería necesario paralizar las operaciones de un proyecto hasta que se le explique a la población sobre los beneficios. Este proceso, según dijo, debería ser por tiempo indeterminado hasta el momento en que las comunidades den su aprobación, de ser necesario a través de una consulta previa.

Gino Costa de Peruanos Por el Kambio puntualizó que su partido tiene en propuesta la creación de un sistema nacional de prevención y gestión pacífica de conflictos sociales, en el cual la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad de la PCM, funcionaría como secretaría técnica. Costa también comentó que se reactivaría la procuraduría del orden público dentro del Ministerio del Interior, con el fin de identificar los actores que incitan a la violencia y al desorden público para que puedan ser llevados a la justicia con celeridad.

A su turno, Humberto Morales del Frente Amplio, manifestó que no se puede negar que la conflictividad social se da a causa de un tema ideológico, como es el del buen vivir y otras formas de entender el uso de los recursos naturales. Morales resaltó la necesidad de contar con una ley de Ordenamiento Territorial en el que las Zonificación Ecológica y Económica (ZEE) sea vinculante para gestionar el buen uso del territorio, además de una ley de protección de cabeceras de cuencas. Con el cumplimiento adecuado de ambas normativas podrían evitarse muchos de los conflictos sociales, anotó.

 

Fotos / Videos: Comunicaciones RED MUQUI

EN FORO ELECTORAL

  • Perú Posible, Peruanos Por el Kambio, Todos por el Perú, Frente Amplio y Acción Popular debatieron con Sociedad Civil

Durante el Foro Electoral: Políticas públicas sobre pueblos indígenas, cinco candidatos al Congreso coincidieron en algunas medidas para prevenir la conflictividad socio ambiental a través del diálogo y articular los planes de desarrollo, tomando en cuenta las necesidades de las comunidades indígenas que se encuentran en zona de influencia, sea minera o petrolera.

Los postulantes al Legislativo aceptaron la invitación de la Sociedad Civil para dar a conocer sus propuestas en favor de los pueblos indígenas, sobre los siguientes temas: Consulta Previa, recursos naturales (agua), comunidades y seguridad territorial y conflictos socio ambientales.

Isabel Montalvo (Número 13 de Perú Posible)

La candidata al Congreso por Perú Posible, Isabel Montalvo, comentó que su agrupación política propone restituir al Instituto Nacional de Desarrollo de Pueblo Andinos, Amazónicos y Afroperuano (INDEPA) como ente autónomo, y no como parte del Ministerio de Cultura.

Según refirió Montalvo, este organismo debería estar encargado de conducir los procesos de diálogo con las comunidades andinas y nativas.

Montalvo también planteó que los programas de innovación y asistencia técnica dirigidos a las tierras agrícolas y así fomentar la agricultura familiar de las comunidades.

Fiorella Molinelli (Número 14 de PPK)

La candidata al Congreso de Peruanos Por el Kambio, Fiorella Molinelli, señaló que una política de "adelanto social", permitiría que las comunidades directamente afectadas por las industrias extractivas, obtener los beneficios desde antes de la ejecución de un proyecto minero o petrolero.

En cuanto al tema de seguridad territorial de los pueblos indígenas, La candidata al Congreso de Peruanos Por el Kambio, Fiorella Molinelli dio a conocer que el plan de gobierno de su partido, plantea el programa "propietario firme" para la titulación de un millón de predios agrícolas, junto con un programa de reforestación de la sierra que comprendería una eventual inversión de 50 millones de soles al 2021 con un millón de hectáreas. De igual modo, Molinelli, se refirió a la unificación del escaneo digital de tierras para lograr un mejor proceso de ordenamiento territorial y generar un sistema de acceso a la propiedad y con un solo ente organizador, además del COFOPRI y el MINAGRI.

Pedro Gamio (Todos Por el Perú)

El representante del equipo técnico de Todos Por el Perú, Pedro Gamio, señaló que para evitar los conflictos sociales, hace falta coordinar con los gobiernos locales y regionales un plan de desarrollo y de ordenamiento territorial (OT) que esté avalado por una organismos de OT que indique las prioridades de cada zona del país.

Gamio consideró que es necesario involucrar a los actores sociales de los territorios en el plan de desarrollo local y regional, y así enfrentar los conflictos. Asimismo, se mostró a favor de respetar la decisión de las comunidades que se oponen a un proyecto, por el respeto a los derechos humanos y el bien de la gobernabilidad.

Javier Torres (Número 36 del Frente Amplio)

El candidato al Congreso por el Frente Amplio, Javier Torres, expuso que avanzar en la seguridad territorial de las comunidades indígenas, hace falta que la política de ordenamiento territorial esté armonizada con los planes de vida que se trabajan desde las comunidades, además de algunos cambios en las leyes que tienen que ver con planes de desarrollo como la ley de municipalidades y gobiernos regionales.

Además remarcó que para garantizar la titulación se debe avanzar en el reconocimiento y contabilizar comunidades indígenas tiene nuestro país.

Torres indicó que entorno a los pueblos indígenas, el Frente Amplio propone derogar las leyes que criminalizan la protesta, así como continuar con los avances en la aplicación de la Ley de Consulta Previa.

Augusto Rey (Número 11 de Acción Popular)

Para el candidato de Acción Popular, Augusto Rey, es importante seguir impulsando el proceso de Ordenamiento Territorial. Resaltó que el partido al que representa cree en la indutrialización y sustentación, pero sin criminalización de la protesta, ni compra de dirigentes sociales. Plantear una democracia y plenitud de derechos a partir de la consulta previa, así como una atención a cada caso particular de las comunidades que se oponen o reclaman mejores condiciones por parte de las empresas extractivas.

foroelectoralPPII2

El panel de la Sociedad Civil, estuvo integrado por Fánel Guevara (Instituto de Promoción para la Gestión del Agua-IPROGA), Javier Jahncke (RED MUQUI), Richard Smith (IBC Perú) e Ismael Vega (CAAAP). Mientras que en el panel de periodistas especializados nos acompañaron Nelly Luna (Ojo Público), Rafael Ponte (Servindi) y Magali Zevallos (Gran Angular).

El Centro de Antropología Aplicada Amazónica del Perú (CAAAP), RED MUQUI y Colectivo Territorios Seguros para las Comunidades del Perú, organizaron este encuentro dirigido a candidatos al Congreso de la República, con el objetivo de promover un debate informado además de profundizar en los planes y proyectos políticos.

En el marco de la campaña “Volvamos a las propuestas”, RED MUQUI viene difundiendo los planteamientos que los diferentes partidos políticos a través de su canal de YouTube: http://ow.ly/ZS1DZ

 

Fotos: Comunicaciones RED MUQUI

  1. Popular
  2. Tendencias

Calendario

« Noviembre 2017 »
Lun Mar Mier Jue Vie Sáb Dom
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30