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Resolución del Tribunal fue publicada ayer en el diario El Comercio

Mediante Resolución N° 007-TE/2016 de fecha 25 de mayo del 2016, publicada el día de ayer miércoles 8 de junio en el Diario El Comercio, el Tribunal de Ética del Consejo de la Prensa Peruana,  declaró fundada la queja presentada por la RED MUQUI en contra de la periodista Cecilia del Pilar Valenzuela Valencia y del diario El Comercio por la publicación el miércoles 14 de octubre del 2015, de la columna “La filiación política de la mafia de las lentejas”.

En dicha columna la periodista, con expresa mal intención en el tratamiento de la información, que finalmente fue pública en su columna, “utiliza interesadamente” la Disposición Fiscal N° 20-1015-1D-FECCOR-MP-AR de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada contra el Crimen Organizado de Arequipa (Caso N° 15060156000-2015-03-0), para indicar, como si fuese verdad, que la citada Fiscalía “…  acusa a los dirigentes del frente (Frente Amplio de Defensa del Valle de Tambo) de extorsionar al Estado, a los arequipeños y la empresa minera Southern, y sostiene que se organizaron con la complicidad de las ONG Red Muqui y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Las mismas que, según la acusación fiscal, entregaron a los dirigentes el dinero para pagar, 30 soles diarios, como jornal, a los huaraqueros que en Cocachacra se hicieron llamar ‘espartambos’…”.

Acto seguido se señala respecto de Red Muqui que “… finge ser una genuina ONG ambientalista …”.

Asimismo, se sostiene que con los fondos que RED MUQUI recibe para financiar sus actividades: 

“…se pagaron los jornales de los subversivos que, a huaraca limpia, obligaron a la población arequipeña a someterse.  Quemaron cultivos y casas; destruyeron el canal de agua con la que se riegan los campos de la Punta de Bombón, el local de bomberos de Cocachacra…”.

“… se condujo a la muerte a tres pobladores humildes y se asesinó, a golpes y pedradas a un policía…”.

Es decir, se hacen falsas afirmaciones, sin ningún fundamento, que son acogidas y aceptadas como verdaderas en la página de “opinión” de dicho diario, por las cuales se acusó a RED MUQUI de ser  cómplice del delito de extorsión y que habría pagado un jornal diario a subversivos o violentistas.

El Tribunal de Ética del Consejo de la Prensa, luego de evaluar la queja de RED MUQUI, y de revisar la ya citada Disposición Fiscal, con claridad concluye que “en dicho documento oficial no aparece la supuesta acusación contra la RED MUQUI, con lo que está ante datos inexactamente consignados en la columna materia de la queja”.

Y el Tribunal añade, ante la afirmación del apoderado del diario El Comercio, de que “de no respetar el contenido de la columna se estaría atentando contra la libertad de expresión y opinión de la periodista”, que ”esto no es equivalente a una “opinión”, materia a ser contradicha por otra opinión, con lo que sí se está en éste caso ante una circunstancia sobre la que el Tribunal si tiene competencia por tratarse de un caso de difusión de información inexacta”.

Es decir EN NINGÚN MOMENTO la citada Fiscalía ha concluido que la RED MUQUI haya entregado montos de dinero a las personas imputadas, como tampoco sostiene que sea cómplice de algún delito.

Es importante resaltar que RED MUQUI, nunca ha entregado dinero con la finalidad de que se realicen acciones ilícitas o violentas, ni jamás ha sido ni será cómplice de delito alguno. Ello, porque uno de los principios rectores de nuestra actividad institucional y de todos quienes integran este colectivo (29 instituciones que promueven y defienden los derechos de comunidades y poblaciones que habitan en zonas mineras), es el rechazo y condena de todo tipo de violencia. Por el contrario, otro de los principios de la acción institucional de RED MUQUI es la promoción del diálogo y todas las demás formas democráticas de solución de los conflictos, y por ello apoyamos a las organizaciones sociales a buscar canales de diálogo para que puedan hacer escuchar sus demandas, preocupaciones y propuestas a fin de prevenir los conflictos sociales, contrariamente de lo que se nos denuncia.

Ahora bien, respecto del Diario El Comercio, el Tribunal ha observado que frente a la carta de rectificación que enviamos como RED MUQUI en octubre del 2015, “ésta se publicó recortada y seguida de la respuesta de la autora de la columna, lo cual contradice lo resuelto por el Tribunal Constitucional en la sentencia del expediente 3362-2004-AA/TC que ha establecido como precedente vinculante que el medio de comunicación “no podrá insertar en la misma nota rectificatoria, como titular o comentario, nuevas apreciaciones o noticias, pues al insistir, revertir o poner en duda la rectificación del reclamante, se desvirtuaría la naturaleza de la rectificación, anulando el contenido esencial de dicho derecho fundamental”. Nos extraña que 12 años después el diario El Comercio desconozca dicho precedente legal, y además vaya en contra del principio rector 18 del propio Grupo El Comercio, como indica el Tribunal, el que señala que “en caso que se reciba un pedido de corregir un dato inexactamente consignado, los medios del Grupo tienen como política rectificarse”, lo que el diario El Comercio no ha cumplido con realizar.

Nuestra tarea de acompañar a comunidades y poblaciones que habitan en zonas mineras confronta con muchos intereses económicos. Nuestro afán es apoyar a nuestras 29 instituciones miembro a nivel nacional, y acompañar a las comunidades y poblaciones afectadas por proyectos mineros, en tanto nos lo soliciten, en la generación de información y asesoramiento para entenderla,  buscar canales de diálogo para que hagan llegar sus demandas, preocupaciones y propuestas, incidir en la propuesta y modificación de normas y políticas públicas que requieren para que sus derechos sean protegidos, todas ellas acciones que priorizamos para prevenir los conflictos, que justamente son aquellas acciones que el Estado no ejecuta o no prioriza.

En esa lógica, nuestra denuncia como RED MUQUI a la citada periodista y medio de prensa, no busca ni mucho menos “atentar contra la libertad de expresión y opinión”, buscamos que se informe con la verdad, para no seguir con la teoría de la “conspiración” detrás de los conflictos, sino buscar las verdaderas causas que están detrás de ellos, como la marginación y olvido histórico de nuestros pueblos, el diálogo abierto antes que la negociación, la escucha de sus agendas, demandas, preocupaciones y propuestas, con una perspectiva intercultural, considerando sus puntos de vista sobre el “desarrollo” o la mejora de su calidad de vida antes de tomar decisiones.

El periodismo tiene una gran responsabilidad en no apañar intereses económicos o políticos, sino en priorizar los intereses de todas y todos los peruanos, y por ello exigimos responsabilidad en la información y veracidad, escuchando las voces de todas y todos.

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muguiro

Por: Francisco Muguiro Ibarra S.J., director de Radio Marañon de Jaén

Este 05 de Junio se cumplen seis años, de aquel tristísimo acontecimiento en donde murieron 34 peruanos en la Curva del Diablo, hoy llamada de la Esperanza. Pero no se va a convertir en la Curva de la Esperanza si no hacemos verdaderos esfuerzos para que así sea. De aquel triste acontecimiento quedaron en calidad de acusados unos 86. De esos, unos 30 fueron quedando en libertad por distintas razones, 50 pasaron a ser acusados con penas de hasta 35 años y cadena perpetua, 3 quedaron en prisión durante más de tres años ilegalmente. Total son 53 acusados. A todos se les había aplicado la prueba de la parafina y salieron todas negativo. Ninguno de los 53 había disparado. Por acceso a la justicia se pidió que los juicios fueran en Santa María de Nieva, capital de la provincia de Condorcanqui, la capital de la mayoría los sentenciados, pero dicen que por seguridad de los jueces no se aceptó. Quedaba entonces Bagua, pero no se consideraban con capacidad para llevar a cabo este juicio y lo pasaron a Lima. El acceso a la justicia se veía cada vez más maltratado. Pero por fin y con presiones se determinó que fuera en Bagua.

Cuando empezó el juicio, Bagua estaba a 8 o 9 horas de Santa María de Nieva, pero es que muchos de los acusados eran de comunidades más lejanas, del río Cenepa, incluso del río Santiago. Del río Santiago a Santa María de Nieva hay tres, cuatro o cinco horas, según de qué comunidad se venga. Así que si sumamos horas y conexiones que no son inmediatas, se podría hacer en un día hasta el Nieva y otro a Bagua. Y los costos solamente en movilidad son 150 soles, añada alimentación y una noche de alojamiento, se completarían los 200 soles solamente en ir a Bagua.

Otros tantos a la vuelta. A otros les habrá salido los viajes por la mitad. Pero saben cuántas audiencias ha habido? 29, pero saben de esas 29 cuantas no se llegaron a realizar por cambios y porque no se presentaban los testigos? 8. Así que han gastado su plata, su tiempo para nada en ocho oportunidades. Totalmente frustrante. Han multiplicado 400 soles por 29 viajes?. Pues sale nada menos que 11.600 soles para los más lejanos y unos seis mil para los más cercanos. Eso sí que es un indicador de desconsideración a las circunstancias. En un principio se pidió que asistieran los abogados solamente, y los implicados cuando les tocara dar sus declaraciones, pero no se aceptó.

El Poder Judicial los trató como si fueran ciudadanos que llegan a las audiencias en colectivo o taxi. No hubo consideración ni a las distancias, ni a los costos ni a nada. Lo menos que se puede decir es que ha habido maltrato, desconsideración total. Díganme qué criterios de acceso a la justicia ha habido? Ninguno. Sin embargo era una gran oportunidad para demostrarles que el Estado de Derecho era algo bueno y al que hay que someterse en cualquier caso. Con esta experiencia tan negativa no creo que lo piensen, y la curva seguirá siendo, por ahora, del Diablo y no de la Esperanza.

Ningún awuajun o wuampis ha tenido, ni tiene esos recursos a su disposición, ¿y entonces cómo? Pues ha sido posible gracias a la Iglesia Católica, a través de la Comisión Episcopal de Acción Social (CEAS), que ha cubierto de los gastos de la mayoría, (18 indígenas y 20 mestizos) con los apoyos de la Vicaría de DDHH del Vicariato Apostólico de Jaén y de otras ONGS, como IDL, AIDESEP, y el Centro de Pastoral de Bagua, que les daba hospedaje.

Cada audiencia ha supuesto S/. 5.694, solo en pasajes y alimentación sin contar gastos de honorarios y viajes de los abogados, y por las 29 audiencias, nada más ni nada menos que S/. 163.821. Conseguidos por colaboraciones de Secours Catholique (Caritas Francia) Porticus ( Empresa Privada Holandesa-cristiana) y Diakonia (Suecia).

El Estado Peruano ha estado muy lejos del criterio de “Acceso a la Justicia” de sus ciudadanos, incluso en este Gobierno que llegó al poder con el slogan: Crecimiento con inclusión. Lo que han vivido los acusados es exclusión total, por lo menos en el trato recibido por el Poder Judicial.

Señora Fujimori y Señor Kuczynski, candidatos a la Presidencia de la República del Perú:

Desde la RED MUQUI, colectivo de 29 instituciones de 11 regiones a nivel nacional que desde hace 13 años acompaña y asesora a comunidades y poblaciones que habitan en zonas mineras, nos dirigimos a ustedes, luego de presenciar los debates presidenciales y técnicos de las últimas semanas, para manifestarles lo siguiente:

  • Nos llama la atención y nos preocupa el poco reconocimiento que sus propuestas hacen de la problemática ambiental y social generada por la MINERÍA en nuestro país. Si no reconocemos su existencia no haremos el esfuerzo necesario para solucionarla.
  • A partir de esa problemática Red Muqui ha formulado una agenda y propuestas en diversos documentos que les hicimos llegar, que deberían ser consideradas en la elaboración de las políticas públicas del nuevo gobierno. Desde esta perspectiva, el  Ordenamiento Territorial (OT) es un instrumento fundamental  para garantizar formas de desarrollo sostenibles, que tengan en cuenta las potencialidades y debilidades de nuestro territorio. Hasta el momento, no se han pronunciado sobre este tema ni  sobre la necesidad de derogatoria de la Ley 30230 en los aspectos referidos al OT, ya que lo debilitan como instrumento de planificación y gestión.
  • Consideramos que si no se deroga dicha ley, y no se dicta una Ley de Ordenamiento Territorial que  organice las competencias y vincule los instrumentos de planificación y gestión del territorio, los conflictos por uso seguirán reproduciéndose y el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) seguirá siendo uno de los principales ministerios ordenadores del territorio,  a través del otorgamiento de  concesiones mineras.
  • El Perú tiene oficialmente 8616 pasivos ambientales mineros (PAMs) a nivel nacional, es decir, desechos de las operaciones mineras. El 50% de ellos de alto riesgo. Estos pasivos ambientales deben ser adecuadamente remediados para que no generen aguas ácidas de minas, que contaminan suelos y cursos de agua.
  • Existen serios problemas de salud ambiental a nivel nacional que afectan a poblaciones y comunidades en zonas mineras, en especial a los niños, sin que exista una política púbica nacional que brinde atención médica especializada por contaminación por metales pesados a las víctimas. Los casos que requieren de una urgente atención son: Espinar (Cusco), Pasco, Condoraque (Puno), Hualgayoc (Cajamarca), San Mateo (que se encuentra a sólo dos horas de Lima), entre otros. No se solucionada nada con postas que atiendan sólo los síntomas de las personas, ni se avanza ignorando los focos contaminantes que son los PAMs y operaciones mineras que tienen vertimientos que no respetan los LMP ni los ECA.
  • El respeto a los territorios de las comunidades campesinas y nativas, pueblos indígenas en nuestro país, está en riesgo por las normas de los paquetazos pro-inversión: la Ley 30230, el D.S N° 001-2015-EM, la Ley 30327, entre otras. Con ellas se han eliminado y/o debilitado garantías de la propiedad comunal.  Pese a ello se propone ahora la priorización de la titulación individual, lo que podría quebrar la unidad de nuestras comunidades y desaparecerlas. Al respecto planteamos que se debe establecer primero la ubicación georeferenciada de las comunidades, y cumplir con las obligaciones que exige el Convenio 169 de la OIT sobre  garantías para sus tierras, debiendo derogarse los puntos de las citadas normas que afectan derechos colectivos.
  • Nuestra gestión ambiental a nivel nacional también se ha visto seriamente afectada por las normas de los paquetazos normativos ya citadas. Se han limitado las facultades sancionadoras y el presupuesto de la OEFA como entidad fiscalizadora. Se ha modificado la forma de aprobación de los  LMPs y ECAs a y de  las zonas reservadas, dando lugar a que primen criterios económicos sobre los ambientales y de salud de la personas. 
  • La Consulta Previa para las Comunidades Campesinas y Nativas en minería se ha realizado en solo tres proyectos, los tres referidos a actividades de exploración. En esos procesos la consulta no les ha permitido influir en las condiciones para la operación. Además, de ello existen por lo menos 16 casos  en donde, según Defensoría del Pueblo,  se debió realizar consulta previa y no se hizo. A ello se añade que hasta la fecha no se incluye  en la base de datos de pueblos indígenas del Viceministerio de Interculturalidad a un importante número de  comunidades campesinas.  Finalmente, algunos técnicos de la candidata Fujimori han planteado que es necesario revisar las normas de consulta previa, pero no han dicho en qué y para qué, esto nos genera preocupación, sobre todo considerando que Fuerza Popular tiene 73 parlamentarios a su favor de un total de 130 en el Congreso.
  • Sobre los conflictos sociales, se habla de sistemas nacionales de gestión de conflictos. Si bien ello es necesario, no existe una crítica a las Mesas de Desarrollo, que principalmente funcionan como  mesas de “negociación”, que evaden  los problemas de fondo detrás de los conflictos ofreciendo  recursos para lograr  que las poblaciones brinden licencia social  a los proyectos de inversión.  Esta misma idea está en la propuesta de “adelanto social”, que no es otra cosa que brindar beneficios económicos de parte del gobierno central a las poblaciones y comunidades, sin dialogar sobre los problemas que les pueden estar causando algún nivel de disconformidad. No podemos limitar la mirada de los conflictos a un tema de recursos.
  • Otra situación que se da como consecuencia de la conflictividad social, es la criminalización de la protesta. Los últimos gobiernos, incluido el actual y lamentablemente ambos candidatos a la presidencia y sus asesores, mantienen la perspectiva de la conspiración detrás de los conflictos.  
  • Las poblaciones no se movilizan y protestan, dejando sus quehaceres cotidianos, porque alguien los manipula, sino porque realmente sienten en riesgo recursos importantes para su existencia.  La candidata Fujimori ha dicho que no le temblará la mano para declarar estados de emergencia e incluso la intervención de las fuerzas armadas. Esta situación, que ya se ha presentado en varios conflictos sociales y sólo ha permitido contener o controlar el estallido del conflicto. Es importante que se entienda, que generalmente quienes protestan  no son  delincuentes que hay que perseguir, sino se trata de personas que buscan que se respeten sus derechos y al no encontrar otra vía, les queda la protesta pacífica, por lo que no se les debe tratar  como delincuentes. En ese sentido solicitamos a los candidatos revisar sus estrategias para hacer frente a los conflictos sociales y revisar las normas vigentes que criminalizan la protesta; así como las que permiten la impunidad de las fuerzas del orden en sus incursiones, y la intervención de las fuerzas armadas en labores que no les competen, y que podrían ocasionar afectación de derechos.
  • Respecto de la minería informal e ilegal, consideramos que no hay una visión integral del problema que incluya lo ambiental, lo económico, lo político, lo social y lo cultural, por ello el proceso de formalización ha fracasado.
  • La desatención del Estado al sector agropecuario, el mantenimiento de cerca de un 30% de la población aún en situación de pobreza y pobreza extrema, las débiles capacidades y escasos recursos de los Gobiernos Regionales y sus DREM y el poco apoyo de los Ministerios de Energía y Minas y de Economía y Finanzas, la débil institucionalidad pública, principalmente ambiental, y una corrupción institucionalizada, son temas que debe abordar una política que realmente pretenda resolver la problemática de la minería ilegal e informal.
  • En ese sentido, nos preocupan los acuerdos que la señora Fujimori ha celebrado con algunos gremios de la minería informal. No se debería olvidar la necesidad de  erradicar la minería en los ecosistemas frágiles, y continuar con la interdicción de la minería ilegal en regiones como Madre de Dios, donde el uso de mercurio y/o cianuro, impacta el ambiente contaminando el suelo, agua, animales y plantas, y a  los seres humanos. En estos casos es importante que desde el Gobierno Central, en coordinación con los Gobiernos Regionales y Locales, se plantee actividades alternativas que diversifiquen la economía local y desalienten actividades no sostenibles. Al respecto el señor Kuczynski ha planteado una política en ese sentido que  esperamos  se concrete de ser gobierno.
  • Finalmente es necesario diversificar nuestra economía, para que no sea sólo dependiente de actividades extractivas como la minería. Para ello es necesario que en base al OT y los Planes de Desarrollo Concertado, de manera coordinada con los Gobiernos Regionales y Locales y las Comunidades, se impulsen desde el Gobierno Central alternativas de desarrollo sostenible, basadas en las potencialidades locales, la disponibilidad de mano de obra, los saberes ancestrales y las perspectivas de desarrollo de las poblaciones y comunidades

RED MUQUI nació con el propósito de defender y promover los derechos de las personas que viven en zonas mineras. Con ese compromiso, estaremos vigilantes para que las actividades mineras que se realicen, lo hagan respetando el ambiente y los derechos de las personas.

Atentamente,

RED MUQUI

MÁS DE 190 ORGANIZACIONES

  • Justin Trudeau debe implementar reformas para que las empresas mineras de su país cumplan con los más altos estándares internacionales de derechos humanos
  • RED MUQUI y AMAS de Otuzco suscribieron esta misiva internacional

Más de 190 organizaciones basadas en América Latina, Europa y los Estados Unidos entregaron hoy al Primer Ministro de Canadá una carta pública instando a que su gobierno promueva reformas legales y administrativas con el fin de regular más eficazmente la acción de empresas mineras canadienses en el mundo.

El apoyo diplomático y financiero del estado canadiense a empresas mineras que cometen o toleran violaciones de derechos humanos en América Latina ha sido evidenciado por comités temáticos y relatorías especiales del Sistema Universal de Derechos Humanos (Naciones Unidas), así como en audiencias públicas llevadas a cabo por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Tales pronunciamientos refuerzan las conclusiones de un informe elaborado una coalición de organizaciones de América Latina, titulado: “El impacto de la minería canadiense en América Latina y la responsabilidad de Canadá”.

Las organizaciones firmantes solicitan que Canadá garantice los más altos estándares internacionales en sus políticas de fomento a la minería y en sus relaciones con los países donde operan empresas canadienses. Por otra parte, solicitan también la creación de mecanismos de acceso a la justicia en Canadá para que las víctimas de violaciones a derechos humanos provocados por empresas canadienses puedan ser reparadas por los daños provocados, cuando esto no ha ocurrido en el país donde ocurrieron los hechos.

Caso del Perú *

En Perú los impactos de la minería canadiense no han sido ajenos, en la mina Lagunas Norte (región La Libertad)  la Asociación Marianista de Acción Social (AMAS) –miembro de la RED MUQUI- realizó, entre 2005 y 2010, un seguimiento que prueba la contaminación, y que cuenta con el acta de aceptación de la empresa firmada por el gerente de asuntos corporativos de Barrick el 15 de febrero 2010. En esta zona se ubican las operaciones de la Compañía Minera Barrick Misquichilca S.A. (en adelante “Barrick Misquichilca”), la cual realiza una intensa actividad de remoción de tierras para la extracción de oro, así como otras explotaciones mineras.

El seguimiento realizado a la calidad físico-química y biológica del agua en las cuencas de los ríos Perejil, Chuyuhual y Caballo Moro concluyó que existen serios problemas de contaminación. Desde el primer seguimiento de la calidad del agua se ha remitido la información a los dirigentes ronderos y se ha invitado a funcionarios de Barrick Misquichilca. En varias ocasiones los funcionarios de la minera han objetado los resultados que indican contaminación en las cuencas de los ríos.

Los informes producidos por AMAS han sido presentados al Ministerio del Ambiente y al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental en Lima (OEFA), a la Defensoría del Pueblo en Trujillo y al Gobierno Regional de La Libertad, sin que exista un pronunciamiento formal señalando las medidas eventualmente adoptadas frente a la contaminación

Respecto a consulta previa e informada ** para lograr un acuerdo u obtener el consentimiento es una característica común en los casos en que se afectan tierras indígenas, afrodescendientes y comunidades campesinas o rurales a las que, por su especial vínculo con la tierra y sus particulares formas de vida, se les aplican los estándares internacionales sobre el derecho a la consulta previa. Ninguno de los proyectos analizados en el informe fue sometido a un proceso de consulta libre, previa e informada, en búsqueda de un acuerdo o del consentimiento de la población afectada.

En Perú, en el proyecto Las Huaquillas, a pesar del rotundo rechazo de los pobladores y de las autoridades regionales, la empresa minera Huaquillas S.A.C., hizo llegar un ejemplar impreso y otro en un CD de la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto de exploración las Huaquillas, junto con una carta dirigida a la Municipalidad Provincial de San Ignacio. Asimismo, el Ministerio de Energía y Minas, mediante Resolución Directorial N° 169-2013-MEM/AAM de 29 de mayo de 2013, aprobó la declaratoria de Impacto Ambiental categoría I del proyecto. Tales medidas no han sido antecedidas de la consulta libre e informada a las comunidades aledañas a la zona del proyecto.

Entre las organizaciones firmantes, se encuentra la RED MUQUI y algunos de sus miembros como: Aprodeh, Centro Labor de Pasco, Red Regional Agua, Desarrollo y Democracia -REDADD, CooperAcción, Coordinadora Nacional de Derechos Humanos - CNDDHH, Derechos Humanos Sin Fronteras - DHSF Cusco, Derechos Humanos y Medio Ambiente, GRUFIDES, Radio Marañon; en esta carta se reconocen los gestos de apoyo hacia un mayor respeto a los derechos humanos manifestados por el gobierno de Justin Trudeau desde su nombramiento como Primer Ministro.

Sin embargo, esperan que el discurso de apertura hacia nuevas políticas de derechos humanos se materialice en medidas concretas para que las empresas mineras con sede en Canadá actúen dentro de un marco legal consistente con las obligaciones internacionales del Estado canadiense.

VER CARTA

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(*) Página 23 del informe “El impacto de la minería canadiense en América Latina y la responsabilidad de Canadá”.

(**) Páginas 76 y 77 del informe “El impacto de la minería canadiense en América Latina y la responsabilidad de Canadá”.

Foto: CTSNews.ca

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