RED MUQUI es un colectivo nacional que se conformó en octubre del año 2003 en una coyuntura particularmente especial, luego de culminado abruptamente el tercer gobierno de Alberto Fujimori por los hechos de corrupción que fueron públicos, del breve gobierno de transición de Valentín Paniagua y recién iniciado el gobierno de Alejandro Toledo.

En esa época se avizoraba una creciente conflictividad social vinculada con el crecimiento desmedido de las actividades extractivas, en especial la actividad minera, en la que se centraba nuevamente la dependencia de nuestra economía. Casos como la consulta vecinal realizada en Tambogrande (Piura) en el año 2002, donde el 98% de su población votó por la no realización de actividad minera en sus tierras, y la terrible contaminación producida en La Oroya (Junín), a sólo cinco horas de Lima, donde más del 90% de los niños tenía intoxicación por plomo producido por la actividad minero-metalúrgica, lo que la colocaba luego, entre las cinco ciudades más contaminadas del mundo, impulsaron a un conjunto de instituciones vinculadas a la defensa de los derechos humanos y del medio ambiente, a unirse en un solo esfuerzo por el acompañamiento de casos y propuestas, así nació la RED MUQUI.

Desde RED MUQUI, nuestras 29 instituciones miembro a nivel nacional de 11 regiones del país, avizoramos juntos, el logro de un Perú donde pueblos y comunidades disfruten plenamente del acceso a sus territorios y recursos naturales, donde ejerzan sus derechos individuales y colectivos con criterios de justicia social y ambiental nacionales e internacionales, y donde puedan ejercer sus modos de vida que se cimientan en la sostenibilidad y el Buen Vivir. Pero pese a nuestros llamados y propuestas, los retrocesos en los últimos años son evidentes, y borran los avances que se habían logrado, remontándonos a la misma situación que vivimos en la época del gobierno de Fujimori.

La coyuntura actual de crisis que vive el país, con el presidente Kuczynski salvado de la vacancia, a partir de tratos con la bancada fujimorista, nos remonta a recordar el por qué se conformó la RED MUQUI y plantear nuestra posición sobre la situación que atravesamos:

Recordamos que los problemas de flexibilización de marcos ambientales y de acceso a las tierras comunales se inician justamente con el gran paquetazo de decretos legislativos producido con el autogolpe del gobierno de Fujimori el año 1992, cuando con el D. Leg. 757, Ley Marco de la Inversión Privada, se deroga en gran medida el D. Leg. 613, Código del Medio Ambiente, con menos de dos años de vigencia, que era un Código de avanzada y ejemplo para América Latina, evitando medidas de protección y conservación, para facilitar las inversiones “a cualquier costo”. Asimismo, la nueva Constitución del año 1993, dictada por el gobierno de Fujimori, elimina las garantías de “inembargables e inalienables” de las tierras de las comunidades campesinas y nativas, para sólo dejar la de “imprescriptibles”, previendo sólo una perspectiva económica de su uso para el acceso a los créditos y la posibilidad de su embargo, sin considerar la relación social, cultural, religiosa que las comunidades tienen con sus tierras y sus recursos naturales.

Ese mismo escenario de involución legal, sin vivir la misma coyuntura económica y política que se vivió a inicios de los años 90, es el que sufrimos hoy, y es que en realidad pese a las votaciones cada 5 años, no vivimos una auténtica democracia.

Los hechos recientemente conocidos sobre los negocios realizados por empresas del Presidente de la República cuando ostentaba cargos públicos en anteriores gobiernos, evidencian las continuas denuncias de “puertas giratorias” que desde Red Muqui hemos realizado, donde los operadores del sector privado pasan al sector público, facilitando normas, contratos y proyectos, y luego regresan al sector privado promovidos a nuevos cargos por la información privilegiada que tienen, o por las facilidades que han prestado a las empresas durante la gestión pública que asumieron. Lo más grave es que éstas personas asumen como normales éstas prácticas, sin asumir responsabilidades por su accionar.

Nuestros últimos gobiernos, desde el gobierno del condenado ex presidente Fujimori, pasando por Toledo, García, el propio Humala, pero en especial el actual presidente Kuczynski, estuvieron o fueron cooptados por el poder económico, para flexibilizar aún más las normativas y políticas públicas que ya se habían sido flexibilizadas desde el gobierno fujimorista, en diversos ámbitos, facilitando las actividades extractivas, fundamentalmente la actividad minera, eliminando las garantías para las tierras y derechos de nuestras comunidades campesinas y nativas, eliminando las regulaciones ambientales, con los paquetazos normativos y los decretos legislativos emitidos con las facultades brindadas por el actual Congreso de la República, en favor de las empresas.

Nos preocupa desde RED MUQUI que ésta situación de indiferencia de nuestros gobernantes, por una economía que tenga como centro a la persona, su dignidad, participación, seguridad y el bien común, y que más bien prioriza favorecer al poder económico, dejando de lado a la mayoría de peruanas y peruanos, genere situaciones de violencia, que ya se están promoviendo con la represión policial y procesos de criminalización de la protesta social, que se han seguido ejerciendo durante este gobierno, con las declaraciones de estado de emergencia en lugares donde las poblaciones han realizado protestas pacíficas y justas por actividades mineras que no cumplen estándares ambientales y sociales, y se agudicen ahora por las nefastas decisiones políticas del actual gobierno, como la del reciente indulto al condenado ex presidente Fujimori.

La situación actual de crisis que vivimos, evidencia que en materia económica, independientemente de las luchas por parcelas de poder entre el poder ejecutivo y el legislativo, en realidad lo que ha habido desde el inicio del mandato del presidente Kuczynski es un cogobierno con el Fujimorismo, que luego ha incluido acuerdos de impunidad y solapamiento de la corrupción, y que la actual decisión de otorgar el indulto al condenado por delitos contra los derechos humanos, ex presidente Fujimori, simplemente lo confirma.

Finalmente, nuestros gobernantes en el poder ejecutivo y legislativo deben asumir sus responsabilidades, y dar los pasos que correspondan para que haya autoridades que con independencia y dejando de lado lazos con intereses económicos, tomen decisiones en favor de todas/os los peruanos, no como ha sucedido hasta la fecha.

Lima, 28 de diciembre de 2018

 

  • Se realizará vigilia por la Tierra el día 20 de enero frente a la sede de la Nunciatura, en Lima.

 

Lima, 20 de diciembre. En menos de un mes el papa Francisco llega al Perú y las organizaciones ambientalistas se han reunido para preparar su recibimiento con una campaña ciudadana con el fin de difundir su mensaje sobre el cuidado de la Tierra y el papel del ser humano en ella.

Francisco, como le gusta que lo llamen, ha dado a conocer su postura a favor de la ecología en la encíclica Laudato Sí, publicada en el 2014. El papa habla sobre los problemas ambientales, donde afirma que la causa principal del calentamiento global es la propia acción del ser humano, y ante ello, es necesario cambios “profundos” en los estilos de vida, modelos de producción y consumo. Critica el consumo masivo de bienes y hace un llamado a no seguir desgastando el planeta.

En la encíclica se abordan temas como el agua y el agotamiento de los bienes naturales, la pérdida de biodiversidad, el deterioro de la calidad de vida humana, la afectación de los más débiles a causa de los problemas ambientales generándose una fuerte inequidad. “Cada año desaparecen miles de especies vegetales y animales que ya no podremos conocer, que nuestros hijos ya no podrán ver. (…) No tenemos derecho”, dice firmemente el Papa Francisco.

A su llegada a Perú, el Papa visitará Madre de Dios, región símbolo del daño ambiental que se hace a la naturaleza. Con este acto está demostrando su preocupación por las comunidades nativas y donde entregará diez compromisos a favor del medio ambiente.

Para dar a conocer este mensaje en favor del medio ambiente, organizaciones ecologistas y ciudadanas emprendieron la campaña “Francisco nos invita a actuar”  donde se difunde información sobre la encíclica Laudato Sí y el compromiso social y ambiental del pontífice.

El acto central de esta campaña será el 20 de enero, al realizarse una vigilia por la Tierra y nuestros derechos en Lima, desde las 5 de la tarde, frente a la nunciatura, cuadra uno de la Avenida Salaverry, donde descansará el Papa. En otras regiones del país como Pasco, Cusco, Trujillo y Cajamarca también se realizarán vigilias por el cuidado de la casa común, la Tierra.

La campaña está impulsada por MOCCIC, Red Muqui, CooperAcción, Comisión Episcopal de Acción Social, Comunicadores católicos entre otras organizaciones.

Para mayor información escribir al fanpage de la campaña Francisco nos invita a actuar en:

https://www.facebook.com/Francisco-nos-invita-a-actuar-1963640460588010/

El miércoles 13 de diciembre de 2017 se presentó el 21° Reporte del Observatorio de Conflictos Mineros en el Perú (OCM), a cargo de las y los representantes de las instituciones que conforman dicho observatorio como son CooperAcciónFedepaz y Grufides.

Dentro de las principales conclusiones de este informe se señala que este año ha sido peculiar porque los conflictos sociales bajaron en comparación a otros periodos. Las movilizaciones se han dado por los derechos laborales y por el derecho a la salud, mientras que la conflictividad social reporta unos 171 conflictos a noviembre. Se presume que puede estar relacionado al hecho de que a partir del 2009 hay una caída sostenida en las inversiones. Se estaría dando una reconfiguración de conflictos donde la macro región norte desplaza al sur del país como zona de mayor conflictividad.

De Echave señaló que, actualmente, un 14% del territorio nacional está concesionado. Luego de una caída estrepitosa de las exploraciones mineras, entre 2010 y 2015 (de un 15.1% a 5.9%), hacia el 2016 estas se han incrementado a un 10%. Y que este dato no deja de ser un indicador que refleja la incipiente recuperación del sector, sin embargo, de ninguna manera representaría un nuevo boom minero como un sector del empresariado quiere hacer creer.

Por su parte, Mirtha Vásquez, directora de Grufides, precisó que en la región de Cajamarca existen conflictos socioambientales relacionados con reclamos de dos tipos. Por un lado, reclamos por los serios impactos ambientales generados por los pasivos mineros, como los casos de Condebamba y Hualgayoc; por otro lado, reclamos por la expansión de proyectos mineros que incorporan el novedoso “Fondo de Adelanto Social”.

Vásquez sostuvo que la represión de Yanacocha contra la familia de Máxima Acuña y la familia Pajares continúa, al punto de reproducir escenarios de violencia con disparos por parte de la policía, un grave panorama que revela la carencia de una política pública de tratamiento de los conflictos que ya existen y la prevención de los que podrían iniciarse.

David Velazco, director de Fedepaz abordó la situación de criminalización que afecta a la población implicada en conflictos sociales relacionados con minería, a nivel nacional. Mencionó como ejemplo el caso de Ayabaca y Huancabamba, provincias de la región de Piura, en donde existe un gran número de campesinos y comuneros que han sido acusados por delitos de daños, lesiones, secuestro, usurpación y mal uso de los símbolos patrios. Esto, como respuesta a su rechazo y legítima protesta ante la imposición del proyecto minero Río Blanco en sus territorios.

Ana Leyva, directora de CooperAcción, abordó el entramado de normas que se han generado para seguir flexibilizando los estándares de cuidado y conservación ambiental, así como debilitando a las instancias reguladoras y fiscalizadoras. Algunos de los ejemplos señalados son la ampliación para la formalización de la minería ilegal, la flexibilidad para proyectos de entre 20 y 40 plataformas que ya no requieren certificaciones ambientales, o que algunas obras pueden iniciarse sin tener autorización de exploración minera.

Leyva mencionó, también, algunos avances en el ámbito normativo, tales como la sanción inmediata por parte de la OEFA en caso de no cumplir con la medida correctiva, la creación de un registro de infractores, aunque éste solo dura un año, o las modificaciones en relación a la contaminación de suelos que han sido orientadas hacia la remediación. Adicionalmente, precisó que aunque existe una ley de cabeceras de cuencas, no hay ninguna declarada intangible, probablemente, por no estar claros los criterios para definir lo que es una cabecera de cuenca en nuestro país.

El documental “Historias de agua”realizado con coproducción con Red Muqui, Viajando filmando y Killa Kuyay narra el drama  narra el drama de viven las comunidades de Pasco, La Oroya y San Mateo al verse contaminadas sus fuentes de agua con pasivos ambientales mineros y relaves está disponible online vía You Tube.  El largometraje fue estrenado en el Congreso de la República en noviembre y ha seguido una ruta de presentaciones en Huancayo, Cerro de Pasco y Lima.  En un afán de difundir la problemática ambiental y de salud latente, Red Muqui lo pone a disposición del público en general.

“Historias de agua” evidencia los efectos de la contaminación minera en la vida de las personas.  Muestra cómo todos los seres vivos que la consumen desde su naciente (en los valles altoandinos), hasta llegar a nuestras casas. Se hizo tomando como base Atención médica en Salud en ambientes asociados a minería y metalurgia a menores residentes en Cerro de Pasco y La Oroya, y situación de pasivos ambientales de San Mateo realizado por Red Muqui a poblaciones de Cerro de Pasco, La Oroya. Los exámenes de salud que fueron tomados a niños y niñas de dichas zonas, que consumen agua contaminada, revelaron que los menores tenían hasta cuatro tipos de metales tóxicos como cadmio, arsénicos, plomo y mercurio en diferentes grados de afectación.

¿Cómo surgió la idea?

Los realizadores del documental Gabriela Delgado Maldonado y Juan Manuel Torres Solari Injoque comentaron que fue a raíz de un viaje a Cerro de Pasco para cubrir una intervención artística que se les ocurrió trabajar la propuesta. Dijimos ¿Por qué no retratar esta realidad tan dura y generar conciencia?, afirma Gabriela Delgado.

A partir de ello, armaron un piloto y se embarcaron en un recorrido por las nacientes de los ríos del centro, así como por poblados de Pasco, La Oroya y San Mateo. “El guion se fue construyendo en el camino a medida que íbamos avanzando en la grabación de testimonios”, comenta Juan Manuel Torres.  Ha sido el compromiso social lo que los ha llevado a trabajar en este proyecto, afirmaron.

Durante su presentación en el Centro Cultural de la PUCP, los espectadores elogiaron el documental.  “Es un material que se puede llevar a las aulas para mostrárselo a los estudiantes”, comentó Rosa, una de las asistentes. En la proyección también estuvo presente Luis Salazar, compositor de la canción de fondo del largometraje, quien además hizo un llamado a la defensa de los ecosistemas y la tierra, además, de promover la educación ambiental.

El documental se encuentra disponible en el canal de You Tube de Red Muqui para su visualización y descarga libre.

Historias de agua ONLINE AQUÍhttps://www.youtube.com/watch?v=1K8Sk93qP00

El Documental “Historias de Agua” se presentará este miércoles 6 de diciembre a las 6PM en el Centro Cultural de la Pontificia Universidad Católica del Perú, ingreso es libre. El largometraje evidencia la vulnerabilidad de las fuentes de agua y de los ecosistemas que la generan en un contexto de cambio climático y muestra las repercusiones de la contaminación producida por la actividad minera y su impacto en el ambiente y la salud de las personas que viven en aquellas zonas y que pagan el precio de vivir en un país al que se le denomina como minero.

El documental evidencia los efectos de la contaminación minera en la vida de las personas.  Muestra cómo todos los seres vivos que la consumen desde su naciente (en los valles altoandinos), hasta llegar a nuestras casas. Se hizo tomando como base Atención médica en Salud en ambientes asociados a minería y metalurgia a menores residentes en Cerro de Pasco y La Oroya, y situación de pasivos ambientales de San Mateo realizado por Red Muqui a poblaciones de Cerro de Pasco, La Oroya. Los exámenes de salud que fueron tomados a niños y niñas de dichas zonas, que consumen agua contaminada, revelaron que los menores tenían hasta cuatro tipos de metales tóxicos como cadmio, arsénicos, plomo y mercurio en diferentes grados de afectación.

En Historias de agua las familias de los afectados cuentan cómo es la convivencia con enfermedades ocasionadas por la contaminación con metales y pasivos mineros de sus fuentes de agua. Asimismo, especialistas de diferentes disciplinas: médicos, ingenieros ambientales, biólogos dan sus puntos de vista sobre los problemas ambientales y la salud en zonas mineras.

Bajo la codirección del productor y realizador audiovisual Juan Manuel Torres-Solari Injoque y la publicista social Gabriela Delgado Maldonado, el documental de cincuenta minutos, resume un “road-movie” que empezó a rodarse en Octubre de 2016 siguiendo la ruta del agua desde su naciente, pasando por la ciudad más alta del mundo: Cerro de Pasco, y bajando por Junín, La Oroya, Valle del Mantaro, Ticlio, San Mateo hasta llegar a Lima, registrando adicionalmente tomas exclusivas en el distrito de Shapaja (San Martín), Nauta e Iquitos.

Se trata de una realización sin fines de lucro coproducida por la red de instituciones ambientalistas Red Muqui y el aporte gratuito del Proyecto vivencial de intercambio cultural amazónico KiyaKuyay; con el aporte de la productora ViajandoFilmando y sus colaboradores, junto con el apoyo, de la confederación internacional OXFAM y la organización internacional 11.11.11.

Ver trailer: https://www.youtube.com/watch?v=E2bJU6ita7I&t=4s

Representantes de siete regiones afectadas por metales tóxicos se reunieron con el ministro de Salud Fernando D Alessio y alto altos funcionarios de su cartera, el último viernes para dar a conocer sus demandas y propuestas. Exigieron que se establezca una política de salud integral que brinde respuesta inmediata a los casos más urgentes, sobre todo, porque los niños y niñas de sus comunidades están siendo gravemente intoxicados con la contaminación generada por pasivos ambientales y actividades extractivas siguen operando.

Participaron de la reunión, representado a las regiones: Fidel Sandi, de Trompeteros (Lote 8, Loreto), Melchora Surco y Flavio Huanqque de Espinar (Cusco), Rosa Amaro de La Oroya (Junín), Héctor Amaya de Huancayo (Junín), entre otros dirigentes locales. De parte del Ministerio de salud estuvieron los funcionarios: Walter Borja, secretario general del MINSA, Andres Guillermo Lescano, director general centro nacional de epidemiología, prevención y control de enfermedades; Lesli Zevallos, directora general de la Dirección General de intervenciones estratégicas en Salud Publica; Víctor Suarez, sub jefe del Instituto Nacional de Salud y César Vásquez Guevara, director general de la Oficina General de Gestión Descentralizada.

El ministro informó que estuvo en la provincia de Hualgayoc (Cajamarca) donde el suelo y el aire están contaminadas por la actividad minera. D Alessio constató las condiciones de salud de la población y aseguró que está haciendo gestiones con otros Ministerios como Vivienda y saneamiento, y Agricultura para mejorar la calidad de agua y salud en dicha zona.

Asumió el compromiso de hacer llegar el documento con la agenda de demandas y propuestas de las comunidades afectadas en salud por la actividad minera y de Hidrocarburos a los demás sectores involucrados: Ministerio del Ambiente (MINAM), Ministerio de Energía y Minas (MINEM), Vivienda y saneamiento, Agricultura y Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). Para D Alessio es importante acudir a las propias zonas como Hualgayoc y que su viceministro estaba realizando estos días una visita en Cerro de Pasco.

César Vásquez Guevara, director General de la Oficina General de Gestión Descentralizada, se dirigió a los afectados para pedir disculpas por la situación que atraviesan las poblaciones afectadas y pidió tener coordinación directa con las comunidades y poblaciones de las zonas donde existen pasivos ambientales, operaciones mineras y de hidrocarburos.

Por su parte, directora General de intervenciones estratégicas en Salud Publica, Leslie Zevallos, indicó que era importante abordar el tema de la salud de forma integral: tomando en cuenta el género y la cultura, sin dejar de lado la salud mental, tomando así en cuenta las propuestas de la agenda planteada por los afectados. Asimismo, aceptó que es necesario revisar la Guías de atención en salud por metales pesados, porque las que existen se encuentran desfasadas.

Sub jefe del Instituto Nacional de Salud, Víctor Suarez, informó que el Instituto Nacional de Salud continúa realizando evaluaciones de metales pesados como una de sus tareas. “El MINSA ha invertido para la construcción de un laboratorio toxicológico con mejores capacidades y tecnología para verificar la presencia de metales pesados en el cuerpo de los afectados y en agua”. Dicho laboratorio se encuentra en Chorrillos y estará operativo a partir de mediados del 2018.

En una de sus participaciones finales, el dirigente de Espinar Flavio Huanqque, cansado de la inacción del Estado frente a estos temas increpó: «¿Tenemos que morir para que el Estado tenga plata?»

Exigen política de salud especializada y se comprometen a realizar vigilancia ambiental

Llegaron de todas partes del Perú para hacerse escuchar. Afectados por metales pesados estuvieron en Lima reunidos para dar a conocer la problemática de contaminación ambiental y pasivos que afectan sus vidas. Representantes de casos emblemáticos como Pasco, La Oroya, Bambamarca, San Mateo, Cuninico, Espinar, Chiriaco y Puno conformarán una comisión para exigir una Política de salud integral y atención especializada al Estado peruano.

“El Gobierno lleva años de espalda a los que nos sucede”, comentó Rosa Amaro, presidenta del Movimiento por la Salud de La Oroya. Ella afirma que la fundidora Doe Run sigue operando y emitiendo gases tóxicos al ambiente, aunque el gobierno se ha empeñado en negar que está operando. En el último informe de salud presentado por RED MUQUI, se comprobó que los niños, a los que se les tomó pruebas de sangre, tenían hasta 4 tipos de metales con diferentes grados de afectación. Se les encontró, por ejemplo, arsénico, un cancerígeno, sobre el que la Organización Mundial de la Salud ha dado alerta.

En Pasco, el panorama sigue siendo desolador. Los pasivos ambientales continúan a la espera del presupuesto asignado por el Estado para su remediación, como afirmó el regidor de la Municipalidad de Simón Bolívar, Jaime Silva. Mientras tanto, “tenemos niños con casos de cáncer, leucemia que no son atendidos” comentó Hugo Sosa, parte de la delegación de Cerro de Pasco.  Por eso “pedimos que el Estado priorice la atención en la salud integral, que esto sea asumido como una política y que nuestros niños sean tratados de forma urgente”, puntualizó.

Ismael Julon López de Bambamarca comentó que en dicha región de Cajamarca la minería ha proliferado al punto de que la tierra y el agua se han visto afectadas y ya no se puede cultivar, asimismo, la población está afectada por enfermedades y desnutrición. “Tampoco contamos con especialistas que se dediquen a tratar problemas de salud ambiental. Necesitamos profesionales que traten la afectación de por metales tóxicos en la población”, aseveró.

Agnita Saboya viene de Cuninico, distrito donde ha ocurrido un derrame de crudo en setiembre, ella contó que una persona había fallecido el día 28 de noviembre a consecuencia de intoxicación con petróleo. “Nosotros no tenemos ninguna atención del estado, vivimos olvidados del Estado. Antes teníamos pescado, yuca, plátano para comercializar, ahora ya no tenemos recursos”, declaró a RED MUQUI.

Genaro Aguilar es de San Mateo, una zona de la sierra de Lima donde proliferan pasivos mineros. Él declaró a la prensa que no se trata de oponerse a la minería sino de exigir un trabajo responsable por parte de las empresas. «No estamos en contra del progreso, queremos calidad de vida, salud para las poblaciones», señaló.

En el acta que ha sido suscrita por los representantes de las regiones afectadas por metales tóxicos se resalta la necesidad de una Política integral de salud especializada y donde se cuenten con protocolos establecidos. Se solicita al Estado que dote de agua de calidad a las poblaciones para evitar que se sigan contaminando. Se pide, además, que se dé prioridad a la remediación de pasivos ambientales.

Por su parte, las dirigentes se comprometieron a realizar monitoreo y vigilancia ambiental para prevenir mayores desastres ambientales, así como, a fomentar la educación ambiental de las poblaciones.  Ellos consideran que las comunidades deben actuar como protectoras de la tierra, lagunas, ríos y fuentes de agua.

Puedes leer AQUÍ el acta de acuerdos

El encuentro de afectados por metales pesados fue promovido por la Mesa de Coordinación sobre salud ambiental que integran RED MUQUI, CooperAcción, Derechos Humanos sin Fronteras, Instituto de Defensa Legal, Amnistía Internacional, Broederlijk Delen, Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Equidad, RedGE, OXFAM, Comisión Episcopal de Acción Social, Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica, Red Uniendo Manos Perú.

Una denuncia sobre corrupción en el Ministerio de Salud acaba de aparecer. El médico ambientalista Fernando Osores fue entrevistado en el Programa “No hay Derecho” de IDL donde señaló que el ministro de Salud Fernando D’Alessio nombró como jefe del Instituto Nacional de Salud – CENSOPAS a una persona investigada por cohecho, malversación de fondos, todos delitos de corrupción.

“Ha sido denunciado por los procuradores anticorrupción y, aún con esos antecedentes, se le ha dado el cargo”, señaló el doctor al programa en mención. “Entre el 2010 y 2012 estuvo en la misma jefatura y los cargos que tiene pertenecen a este periodo”, indicó.

Osores resalta que durante ese tiempo “se concertó unos exámenes de salud pública en Cusco, en medio del Espinarazo y fue allí que se contrató a otra persona que se hizo pasar por médico, quien está siendo investigado por la Contraloría. Este director pactó para que los estudios se hagan en el extranjero cuando CENSOPAS ha gastado millones en equipos de alta Tecnología que están en sus cajas, recién están siendo instalados o no están debidamente certificados”. Se trataría de una práctica que busca que los estudios los realicen terceros para con ello, generar beneficios en paralelo.

Osores ha declarado ante “No hay Derecho” que tiene las pruebas para demostrar el conflicto ético en el que estaría envuelto el Ministerio de Salud al contratar por segunda vez a un investigado por delitos de corrupción.  A estas denuncias se le suma lo que Osores ha señalado como la venta de estudios médicos a empresas mineras, para que obtengan información de primera mano y se adelanten en sus acciones.

La institución no brinda información oportuna a los ciudadanos” y agregó que “incluso la oculta cuando se tratan de casos delicados”, haciendo referencia, a las evaluaciones de sangre que se hicieron a niños y niñas de Pasco afectados por plomo y otros metales pesados, cuyos exámenes no fueron entregados oportunamente.

Ante tanta ambigüedad de parte del Ministerio de Salud con respecto a evaluaciones y muestras a poblaciones afectadas por pasivos mineros, RED MUQUI ha presentado, recientemente, el “Informe de atención médica de salud a menores que habitan en ambientes asociados a minería y metalurgia residentes en Cerro de Pasco y La Oroya, y situación de los pasivos ambientales de San Mateo-2016”, del que es responsable el Dr. Osores. Este informe se realizó en base al dosaje los 24 niñas y niños que fueron evaluados en sangre, orina y cabello, y quienes dieron positivo, en diferentes niveles de afectación, a cuatro tipos de metales pesados: cadmio, arsénico, mercurio y plomo.

El informe fue presentado en el Congreso de la Republica y ha sido enviado al Ministerio de Salud, sin haber obtenido respuesta alguna hasta la fecha de parte de las autoridades competentes. La entidad tampoco se ha pronunciado hasta el momento por las denuncias de corrupción del Jefe del Instituto Nacional de Salud.

En el marco de la Semana sobre la problemática de salud ambiental vinculada a las actividades extractivas en el país –desde el lunes 27 de noviembre al viernes 1 de diciembre-, diversas organizaciones sociales vinculados al tema de derechos humanos, poblaciones indígenas, entre otros, vienen organizando una serie de actividades enfocadas a políticas de salud en zonas de influencia directa e indirecta de las actividades extractivas.

Primer encuentro de afectados por metales pesados se realizará en Lima. Uno de los temas que se abordarán será sobre la necesidad de medidas urgentes que debe emprender desde el Estado peruano para que se desarrollen políticas públicas con enfoque de prevención, atención y tratamiento especial a la salud de las personas que habitan en zonas de influencia directa e indirecta de las actividades extractivas. La Semana sobre la problemática de salud ambiental vinculada a las actividades extractivas en el país se desarrollará desde el lunes 27 de noviembre al viernes 1 de diciembre.

El lunes 27 se realizará el conversatorio “Espinar sigue esperando: entre la desidia del Estado y la urgencia de una población que sufre la contaminación con metales pesados”. El miércoles 29 se desarrollará el Foro Público Internacional: “Lineamientos de política de salud pública para atender zonas contaminadas por metales pesados”, que se llevará a cabo en Auditorio del Colegio Médico del Perú, Miraflores a las 6pm. Los representantes y poblaciones de las zonas críticas afectadas solicitarán a diversas instituciones del Estado respuesta a sus demandas de atención especializada y prevención como una prioridad de la política pública en el sector salud en el país, sobre todo, en zonas que han sido declaradas en Emergencia Ambiental como el caso de Cerro de Pasco.

Pese a las evidencias de los graves impactos en la salud en varias zonas con presencia de actividades extractivas en el país, poco es lo que se ha hecho en materia de políticas públicas orientadas a proteger a las poblaciones.  Lourdes Mendoza, madre de un niño afectado por contaminación con metales pesados en Pasco, afirma que su hijo padece de serios problemas. Su hijo Benjamín perdió la vista a causa de una enfermedad relacionada con la contaminación por metales pesados en Cerro de Pasco. A raíz de ese problema, ella dedicó gran parte de su tiempo a cuidarlo, ahora el único ingreso del hogar está a cargo de su esposo y resulta insuficiente para la atención médica que necesita. “El gobierno nos ha dicho que pronto habrá una clínica de desintoxicación y que se atenderá a nuestros niños, pero luego no hemos tenido mayores noticias”, asegura.

El médico ambientalista Fernando Osores evaluó a 24 niños de Pasco y La Oroya para realizar un Informe de Atención de salud para Red Muqui.  Este concluye que existe un elevado riesgo de exposición e intoxicación crónica en seres humanos principalmente de plomo por inhalación de aire contaminado en la zona de las ciudades de La Oroya y de Cerro Pasco. Otros metales como el arsénico, mercurio y cadmio afectan gravemente la salud de las personas en la zona ya que se ingieren con agua contaminada. Ante esta situación el Ministerio de Salud aún no ha respondido.

El caso de Cerro de Pasco es solo uno de los casos que se abordarán en las actividades, donde participarán además personas afectadas por metales pesados de Espinar (Cusco), ,Hualgayoc (Cajamarca), La Oroya (Junín), San Mateo (Lima), las cuencas de Corrientes, Tigre, Marañón y Pastaza (Loreto), Comunidades nativas del Río Chiriaco (Región Amazonas), de Puno y El Callao.

Estas actividades vienen siendo promovidas por la Mesa de Coordinación sobre salud ambiental conformada por CooperAcción, Derechos Humanos sin Fronteras, Instituto de Defensa Legal, Amnistía Internacional, Broederlijk Delen, Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Equidad, RedGE, OXFAM, Comisión Episcopal de Acción Social, Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica, Red Uniendo Manos Perú y Red MUQUI.

Con el fin de debatir sobre los impactos ambientales que ya se dejan sentir en la región por las actividades extractivistas, los conflictos sociales generados por esta actividad y la importancia de la mujer en la lucha por el respeto a los derechos sobre la naturaleza y su territorio; expertos naciones y regionales participaran en el Foro Público “Riesgos e impactos de la minería en Cajamarca y alternativas de desarrollo sostenible”, que se realizará el día 28 de noviembre de 2017 en el Hotel Costa del Sol, desde las 5:30 p.m.

Este panorama de creciente conflictividad socioambiental nos obliga a  buscar, construir y emprender caminos o transiciones a un modelo alternativo todavía no definido pero que se fundamenta  en la defensa y realización plena de los derechos humanos y de la naturaleza. El objetivo del evento es buscar propuestas para pensar en políticas nacionales que puedan plasmarse en este gobierno, para evitar los enormes impactos negativos en el medioambiente.

Los expertos también debatirán sobre los distintos tipos de desarrollo, su vínculo con los movimientos sociales, así como los impactos locales de las actividades extractivas, como la contaminación de suelos y aguas, y el deterioro de la política ambiental en el país.

Pensar desde las regiones

Pensar en las alternativas al extractivismo desde las regiones ayuda a pensar en los cambios que requiere el país, en ese sentido, el debate se debe dar a nivel nacional para conocer qué es lo que las regiones quieren para el futuro de su población, considerando el cuidado de los recursos naturales y los derechos de la naturaleza.

Desde las regiones hay que construir esta visión, esta alternativa que aporte a una mirada más nacional. Ahora que el crecimiento económico se ha estancado es un buen momento para reflexionar y diversificar la economía, con otras actividades que consideren el cuidado del medio ambiente y los derechos de la naturaleza.

El foro público es una iniciativa que nace desde la RedGE, con el apoyo de la Fundación Friedrich Ebert, la Red Interquorum Cajamarca, Red Muqui, Grufides, 11.11.11 y Pan para el Mundo, con el fin de discutir propuestas en relación al modelo de crecimiento basado en el extractivismo, para enriquecer el debate incorporando el contexto regional.