POR FALTA DE LICENCIA SOCIAL

  • Se ratificó rechazo del convenio firmado entre el gobierno y el consorcio chino Xiamen Zijin Tongguan
  • Campesinos piden respeto a la consulta vecinal en rechazo de Río Blanco en el 2007

Los ronderos y comuneros campesinos de las provincias de Huancabamba y Ayabaca (región Piura) exigen que en el plazo de un mes, el gobierno local de Huancabamba  cierre las oficinas de la Empresa Minera Río Blanco, ya que no cuenta con la licencia social para sus realizar sus actividades.

Es así que una comisión conformada por autoridades y ronderos de la zona, llegó hasta la municipalidad provincial para exigirle al alcalde de Huancabamba, Marco Velasco, se pronuncie sobre este gran problema social que sigue latente en dicha provincia.

A través de un Acta de acuerdos, que resultó de la movilización del 16 de diciembre, las comunidades y sus autoridades ratificaron su rechazo al Convenio suscrito por el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski y el consorcio chino chino Xiamen Zijin Tongguan Investment Development Corporation, durante la APEC.

“Rechazamos de forma tajante el Convenio suscrito por el gobierno de Kuczynski para realizar el proyecto minero Rio Blanco a espaldas de las Comunidades Campesinas de Segunda y Cajas, Yanta, y gobiernos locales de Ayabaca y Huancabamba”, indica el acta.

De igual manera, se hizo un llamado a todas las organizaciones ronderiles de la Región Piura, Asociaciones de agricultores, Juntas de Usuarios y Regantes, Juntas Vecinales de barrios y Urbanizaciones Populares a informarse e incorporarse orgánicamente a la defensa de los Páramos Andinos y Bosques de Neblina.

Todo ello con el fin de exigir la validez de la Consulta Popular del 16 de setiembre del 2007, que avaló –en un 97%- su rechazo a la minería en los páramos andinos y bosques de neblina, y seguir priorizando sus actividades cotidianas como la agricultura, la ganadería y el turismo sostenible.

Desconfianza

Por su parte, David Velazco, director de la Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz (Fedepaz), recordó que la Dirección general de Asuntos Ambientales del Ministerio de Energía y Minas (MEM) había aprobado una modificación al plan de rehabilitación del proyecto Rio Blanco, porque según este sector, aún subsisten afectaciones ambientales que no se han remediado.

“El Estado le ha aprobado un plan de remediación por 7 años y 10 meses. no sabemos por qué tanto tiempo. Las comunidades sospechan que en realidad están tratando de ganar tiempo para regresar al territorio, y en la práctica solicitar ampliación para actividades de exploración minera”, señaló.

Velasco comentó que a ello se suma, el hecho de que las comunidades no han sido consultadas sobre esta eventual decisión del gobierno para aprobar esta ampliación.

Protesta masiva

Luego que el Ejecutivo suspendiera la mesa de diálogo programada para el martes 13 de diciembre en Huancabamba. El 16 de diciembre, se llevó a cabo una movilización pacífica hasta la sede municipal de Huancabamba. Ahí se congregaron cerca de 5 mil campesinos provenientes de las comunidades de Huancabamba y Ayabaca, para rechazar el intento del gobierno central de «promocionar» el proyecto Minero Rio Blanco.

Fuente / Fotos: REDAD Piura / Comunicaciones RED MUQUI

PARA IMPLEMENTAR MEDIDA CAUTELAR CIDH

  • Marisol Pérez Tello se reunió con Máxima Acuña el día de la No violencia contra la mujer
  • Familia campesina apenas recibe la visita de dos policías a la semana
  • Daniel Chaupe fue interceptado y hostilizado por personal de seguridad de Yanacocha  

La ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marisol Pérez Tello, admitió que el Estado no tiene desarrollado ningún protocolo de atención, ni medidas de protección para cumplir con la medida cautelar dictaminada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en favor de los Chaupe Acuña. Así lo informó, Mirtha Vásquez, abogada de esta familia.

Como parte de la campaña “Máxima no está sola”, que Amnistía Internacional viene promoviendo a nivel internacional, se logró que Pérez Tello reciba a Máxima Acuña en la misma sede del Minjus, el último 25 de noviembre, día de la No violencia contra la mujer.

Durante este encuentro, Mirtha Vásquez comentó a RED MUQUI, que la ministra ofreció sus disculpas a Máxima por su situación, y le reconoció que el Estado no está haciendo casi nada por ella.

Asimismo, Pérez Tello se comprometió a visitar a Máxima en Cajamarca para este mes de enero. “Nosotros esperamos que cumpla con esta visita porque las autoridades deben conocer de cerca, qué es lo que implica un conflicto y cómo se violan los derechos humanos. Ella también ha ofrecido trabajar sobre el protocolo de protección”, remarcó la abogada.

De igual manera, Vásquez señaló que la titular de Justicia y Derechos Humanos, reconoció que tema de Máxima no se reduce a una disputa de propiedad, sino a un tema de derechos humanos. Además, la ministra manifestó su preocupación referente a las políticas de relacionamiento que tiene la empresa Yanacocha con ella y las comunidades campesinas.

Dos policías, dos veces por semana

La directora de Grupo de Formación e Intervención para el Desarrollo Sostenible (GRUFIDES) también señaló que lo único que el Estado le ha ofrecido a Máxima Acuña es enviar a dos policías a la semana, para que constaten cómo se encuentra ella y su familia.

“Este no es un mecanismo eficiente de protección. A veces estos efectivos llegan cuando ya han acabado los ataques. Lo único que hacen es levantar un acta de constatación. ¿Qué tipo de protección eficiente es esa? Solamente llegan en un momento puntual y luego se retiran. Ni siquiera hacen un registro de incidentes”, comentó Vásquez Chuquilin a RED MUQUI.

En diálogo con RED MUQUI, comentó que esto ya ha sido expuesto en la 159 audiencia de la CIDH, en la que también participó la ministra de Justicia. “No se puede hablar de protección cuando el Estado no tiene mecanismo y personal preparado para ejecutar estas medidas. No están preparados para ninguna acción frente a la empresa o al agresor”, aseveró.

Ante la CIDH, el procurador del Estado respondió que lo único que se podía pedir al Ministerio del Interior (Mininter), es mejorar el sistema de envío de policías.

“Para Máxima y su familia representan una amenaza y desconfianza, porque recordemos que la Policía han sido parte del convenio de seguridad privada que esta institución mantiene con la empresa Yanacocha”, advirtió.

Mirtha Vásquez expuso que un mecanismo de protección adecuado, implicaría acciones desde varios sectores, entre ellos: el Mininter, Minjus y el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP).

“Actualmente coordinamos con funcionarios de nivel intermedio del Minister. El MIMP envió unos psicólogos para que evalúen a la familia en el mes de octubre, pero luego no han regresado. En este caso, los daños no solo son físicos, sino psicológicos”, expresó.

Atentado contra el hijo de Máxima

Otro hecho de hostilización sucedió el reciente domingo, aproximadamente a las 9:30 a.m., cuando Daniel Chaupe se dirigía en su motocicleta desde Tragadero hacia Cajamarca.

A la altura del sector de Quinuapampa, fue interceptado abruptamente por una camioneta, que provocó la caída de Chaupe al costado de la vía causándole varias heridas en todo el cuerpo.  La camioneta se dio a la fuga sin prestarle ningún tipo de auxilio.

El último 13 de diciembre, Daniel Chaupe Acuñafue nuevamente amenazado por personal de vigilancia de la empresa minera que se encuentra en inmediaciones del terreno de la familia: “Te vamos a encontrar en Santa Rosa y te vamos a pelar como a cuy”, le dijeron, mientras vertían una serie de insultos, pateando y destruyendo objetos descartables delante de él diciendo: “Ojalá éstos fueran tú”.

“Temo por la vida de mis hijos”

Máxima Acuña piensa que estos nuevos ataques pueden provenir de la empresa como represalia por haberse negado estos últimos días a hablar y recibir a funcionarios de la minera, que insisten en presionarlos para entrar en un supuesto diálogo.

“Ya hemos dirigido una carta formal a los directivos de Newmont en EE.UU. donde expreso cuál es nuestra posición como familia frente a este grave problema. Entonces no entiendo por qué la empresa sigue mandando a sus funcionarios a cada rato a molestar a mi familia ofreciéndole becas, dinero, terrenos, como si esto fuera un negocio. Que nos dejen de presionar, de amenazar, de atacar. Yo temo por la vida de mis hijos”, dijo Máxima en Cajamarca, sumamente afectada por este último atentado contra su hijo Daniel.

Fuente: Comunicaciones RED MUQUI / GRUFIDES / Noticias SER

Fotos: Ministerio de Justicia / GRUFIDES

Dr. Patricio Benalcázar Alarcón

Defensoría del Pueblo de Ecuador

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[email protected]

Javier Felipe Córdova Unda

Ministro de Minería

[email protected]

Abg. Cristina Silva Cadmen

Directora Ejecutiva, Agencia de Regulación y Control Minero (ARCOM)

[email protected]

Dra. Inés Arroyo

Subsecretaría de Tierras y Reforma Agraria

[email protected]

Dr. Galo Chiriboga Zambrano

Fiscalía General del Estado

[email protected]

19 de diciembre de 2016

Señores y señoras,

Las organizaciones internacionales de solidaridad y de la justicia ambiental suscritas en esta carta nos dirigimos a ustedes con profunda preocupación por la militarización del pueblo Shuar Nankints y el Estado de Excepción dictado en la provincia de Morona Santiago, con la intención de imponer el proyecto minero Panantza-San Carlos en la zona.

La comunidad shuar de Nankints fue desalojada por militares en agosto de 2016, para abrir paso para al proyecto de la empresa ExplorCobres S.A. Cuando la comunidad intentó recuperar su territorio a finales de noviembre, la zona fue militarizada. Luego, el 14 de diciembre, cuando policías y militares aparentemente actuando bajo órdenes del Fiscal de Gualaquiza de allanar a las comunidaes, se produjo un enfrentamiento violento que dejó el lamentable saldo de un policía muerto y otras siete personas heridas.

La empresa ExplorCobres S.A. es subsidiaria de Corriente Resources y CRCC-Tongguan Investment Co. registradas en Canadá, a su vez subsidiarias del consorcio chino CRCCTongguan, que compró la empresa Corriente Resources y el proyecto Panantza-San Carlos en 2010.

La mencionada empresa debió perder las concesiones mineras de Pananza-San Carlos por incumplir el Mandato Minero de 2008, el cual sigue vigente. Según este mandato, las concesiones mineras que no habían sido consultadas previamente con los pueblos indígenas afectados, ubicadas en fuentes de agua, entre otras criterios, debieron ser revocadas sin compensación económica alguna. Por esta y otras razones, la Contraloría encontró que este proyecto de extracción de cobre, oro y molibdeno no cumple con el Mandato Minero. Entre otras cosas, dentro de las 14.000 hectáreas comprendidas en las trece concesiones mineras hay más de 400 fuentes de agua, que son esenciales para la vida y la cultura de las comunidades shuar.

Es importante notar que las empresas mineras canadienses – entre ellas Corriente Resources – y la embajada canadiense comparten responsabilidades por la no aplicación del Mandato Minero desde 2008, tomando en cuenta que trabajaron en conjunto para defender los intereses económicos de las empresas privadas, en contra del estado de derecho y sin consideración de los impactos nocivos de estos proyectos en zonas ecológica y culturalmente sensibles, tal como la zona afectada por el proyecto Panantza San Carlos.

Además, otra grave irregularidad es que en el año 2011 el Ministerio del Ambiente otorgó la licencia ambiental del proyecto Panantza-San Carlos en base a un estudio de impacto ambiental presentado diez años atrás, bajo normas constitucionales, mineras y ambientales diferentes.

Este proyecto no solamente afecta a Nankints, sino a otros diez Centros Indígenas Shuar de las Asociaciones Tariamiat, Arutam y Churuwia, como también a numerosas familias campesinas. Otros centros shuar y establecimientos campesinos se encuentran en su zona de influencia.

Lamentamos profundamente la muerte del policía José Luis Mejía Solórzano y expresamos nuestra solidaridad con su familia, y la de los demás heridos. Al mismo tiempo, creemos que estos hechos de violencia podrían haber sido evitado.

En el interés de evitar mayor violencia y asegurar el bienestar de las comunidades afectadas, exigimos la inmediata derogación del Estado de Excepción, el retiro de las fuerzas armadas y de la empresa de la zona, y la urgente apertura de un espacio de diálogo con las comunidades afectadas en base del pleno respeto de sus derechos humanos, el derecho a la autodeterminación de los pueblos y su consentimiento previo, libre e informado, consagrados en la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas, la jurisprudencia internacional y otros convenios internacionales de los que el Ecuador es signatario.

Firmado:

1. Alternatives au Développement Extractiviste et Anthropocentré (ALDEAH)

2. Amazon Watch, U.S.

3. Atlantic Regional Solidarity Network, Canada

4. Bios Iguana, México

5. CATAPA, Belgium

6. Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB), Bolivia

7. CEIBA, Guatemala

8. Censat Agua Viva, Colombia

9. Cercle des Premières Nations de l’UQAM, Québec, Canada

10. Colectivo CASA, Bolivia

11. Colectivo Voces Ecológicas (COVEC), Panamá

12. Comité Ambiental en Defensa de la Vida, Tolima, Colombia

13. Committee for Human Rights in Latin America (CDHAL), Québec, Canada

14. CooperAcción, Perú

15. Defensa y Conservación Ecológica de Intag (DECOIN), Ecuador

16. Defensa del Ixofillmogen – Vancouver, Canada

17. Delhiin Mongol Nogoon Negdel (DMNN), Mongolia

18. Earth Law Center, U.S.

19. Environmental Defender Law Center (EDLC), U.S.

20. The Esperanza Project, U.S.

21. Friends of the Earth – Canada

22. Fundación Ecuménica para El Desarrollo y la Paz (FEDEPAZ), Perú

23. The Gaia Foundation, U.K.

24. GRUFIDES, Perú

25. Intercontinental Cry, Canada

26. Justiça nos Trilhos, Brasil

27. Justicia, Paz e Integridad de la Creación (JPIC), Chile

28. KAIROS: Canadian Ecumenical Justice Initiatives

29. Kalikasan Peoples Network for the Environment, Philippines

30. Kanaka, Ecuador

31. Listen To The Amazon, U.K.

32. McGill Research Group Investigation Canadian Mining in Latin America (MICLA), Canada

33. Mining Injustice Solidarity Network – Toronto, Canada

34. Mining Justice Action Committee – Victoria, Canada

35. Mining Justice Alliance – Vancouver, Canada

36. MiningWatch Canada

37. Movimiento Mesoamericano en Contra del Modelo Minero (M4), Regional

38. Movimiento Morelense Contra las Concesiones Mineras de Metales Preciosos, México

39. Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL), Regional

40. Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA), Chile

41. Otros Mundos Chiapas, México

42. Procesos Integrales para la Autogestión de los Pueblos (PIAP), México

43. Red Muqui, Perú

44. Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), México

45. Servicios Internacionales Cristianos de Solidaridad con America Latina – Oscar Romero (SICSAL), Canada

46. United for Mining Justice, Canada

DETERMINÓ 19 INFORME OCM

  • Región macrosur sigue concentrando mayor parte de conflictos socioambientales del país (34%)
  • Se recomienda derogar convenios entre las mineras y la PNP para evitar mayores fricciones con la población

El director del Observatorio de Conflictos Mineros (OCM), José de Echave, consideró el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski (PPK) debe discutir en serio -y a fondo- sobre qué tipo de institucionalidad y políticas públicas necesita el Perú para hacer frente a los conflictos sociales.

Durante la presentación del 19 reporte del OCM, se evidenció en que aún no se tiene una Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad fortalecida, que pueda orientarse a implementar el Sistema Nacional de Gestión de Conflictos que PPK propuso en su plan de gobierno.

“Se requiere un Sistema Nacional con alta capacidad de prevención y nula letalidad. De igual manera, un refuerzo de la institucionalidad y presencia del Estado en todo el territorio donde exista conflictividad, así como una buena coordinación multisectorial”, puntualizó De Echave.

Asimismo, recordó que es fundamental que se desarrolle un claro enfoque de derechos que tome en cuenta que los territorios en los cuales se producen los conflictos no son territorios vacíos; hay comunidades y pueblos indígenas con derechos que deben ser respetados.

Adelanto social “atrasado”

El también exviceministro de Gestión Ambiental, José de Echave, señaló que, en el trancurso de esta gestión, sigue predominando el enfoque del “adelanto social”. Propuesta que está presente en el plan de gobierno como la gran solución a la conflictividad socioambiental en el país.

“Aún no se entiende desde el Estado que los conflictos son multidimensionales y con variables, no solo económicas, sino sociales, culturales, y ambientales. Además, este instrumento ya ha sido utilizado en el periodo 2006 y 2011 durante el súper ciclo. Si bien hubo recursos, no se solucionó el problema y los conflictos aumentaron”, especificó.

De Echave comentó que la aplicación del “adelanto social” ya es evidente en el caso de Las Bambas, con la diferencia que el proyecto minero ya está en marcha.

“Este “adelanto social atrasado” de “Cotabambas competitiva”, incluye infraestructura y servicios públicos; entidades productivas; educación y salud; acompañamiento, control y monitoreo. Sin embargo, la agenda que la población plantea tiene que ver con derechos humanos, medio ambiente, desarrollo sostenible, y responsabilidad social que tiene que ver con el comportamiento de la empresa”, recordó.

Criminalización

Mirtha Vásquez, directora del Grupo de Intervención y Formación para el Desarrollo Sostenible (Grufides), se refirió a las nuevas disposiciones legales sobre detención de personas, que ahora ha cambiado con un decreto supremo. “En contexto de conflictos socioambientales, detener a una persona hasta 15 días, puede resultar grave”, indicó.

En ese sentido, Vásquez dijo que la política de criminalización se viene profundizando con la persecución, encarcelación de líderes medioambientales, a quienes se les impone las condenas por los delitos más graves del código penal. “Esta es una clara muestra de que el gobierno puede dar lecciones, condenando un líder, y los demás no se atrevan a levantarse. Es una pedagogía del miedo”, alertó.

A su turno, David Velazco, director de la Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz (Fedepaz), comentó que la reciente promulgación del decreto N° 1245, pese a que la ministra de Justicia, Marisol Pérez Tello, expuso sobre la política de derechos humanos ante la CIDH.

“Este decreto supone la sobre criminalización y el aumento de penas por delitos como hurto agravado, daños, que perjudicarán a quienes protestan, porque estos delitos son los que se utilizan para acusarlos”, puntualizó durante su presentación.

Convenios PNP-Mineras

Respecto a los convenios que mantiene la Policía Nacional con las empresas mineras, Velazco aseguró que aún se mantienen, como en el caso de Las Bambas.

Los Decretos Supremos N° 1213 y 1230 aprobados hace un año, junto con el Decreto Legislativo N° 1148, mantienen la posibilidad de los contratos de seguridad privada con la Policía. Se presta la fuerza pública, lo cual ha sido denunciado ante la CIDH en presencia de la ministra de Justicia, quien se ha comprometido a revisarlos”, manifestó.

Río Blanco

De otro lado, Velazco advirtió que ante la presencia del proyecto Río Blanco, la situación de conflictividad en Piura podría recrudecer en los próximos meses. Comentó que, ahora que el Ministerio de Energía y Minas (MEM) le ha aprobado a Río Blanco, un plan de rehabilitación ambiental para los próximos 7 años, las comunidades se sientes desconfiadas y preocupadas.

“Al no ser consultadas, las comunidades estiman que con esto el Estado solo está ganando tiempo para ingresar a sus territorios y que, en la práctica, la empresa solicite ampliaciones para realizar exploración y –hasta- explotación minera”, agregó.

También informó que las comunidades han comenzado a organizarse y movilizarse para exigirle al Estado que se respete la decisión del 97% de la población que, por el año 2007, pidió el retiro de la empresa Río Blanco, y se impulsen actividades como la agricultura y ganadería en sus territorios.

Las Bambas

Al referirse al caso del proyecto minero Las Bambas, De Echave comentó que no queda claro de qué manera es que la empresa MMG Limited atenderá el pedido de modificar el EIA de Las Bambas a marzo del 2017.

“Hay que recordar que una modificación del EIA puede darse por pedido de la empresa o por exigencia del OEFA. Hasta donde tenemos entendido no se ha dado ninguno de estos casos. No se sabe cuál será mecanismo legal que se está utilizando para cambiar un EIA en tres meses, y que además ha sido modificado 6 veces en 2 años”, advirtió.

DATOS DEL OCM

  • 34% de los conflictos están ubicados en el sur, en el norte 28%, en el centro 22%. Siendo Apurímac, Áncash, Cusco, Puno y Cajamarca las zonas de mayor concentración.
  • El Marco Económico Multianual ha proyectado un crecimiento para la Minería del 20% durante el próximo año. Sin embargo, en el crecimiento del país se proyecta alrededor del 7% que no es muy alto.
  • El aporte tributario ha ido cayendo de manera sostenida en estos últimos años, hasta llegar apenas al 4%, en lo que se refiere a impuesto a la renta, y un poco más del 5% de tributos internos en total. En el año 2007, el impuesto a la renta por recaudación minera, llegaba al 50%.

Fotos: CooperAcción / OCM Perú

TRAS MOSTRAR PREOCUPACIÓN

Durante su 159º Período Ordinario de Sesiones, los integrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) exhortaron al Estado peruano a mantener un diálogo con la Sociedad Civil en cuanto a la existencia de los convenios de seguridad privada entre la Policía Nacional y las empresas mineras que operan en el Perú.

En presencia de la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marisol Pérez Tello, la CIDH mostró su preocupación por la existencia de estos convenios que han agudizado los conflictos socioambientales, así como la criminalización de la protesta social a causa de los mismos.

Es por ello, que durante la Audiencia General “Política del estado peruano en materia de derechos humanos” solicitaron al Estado peruano y a los representantes de la sociedad civil, a seguir informando a la Comisión sobre la evolución de ambas problemáticas.

Convenios PNP en la mira

El encargado de exponer sobre los convenios de seguridad privada que la Policía Nacional mantiene con las empresas mineras, fue David Velazco, director ejecutivo de la Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz (Fedepaz).

En este punto señaló que lo más grave es cuando la Policía Nacional del Perú (PNP), en aparente cumplimiento de su función pública de control del orden interno en los conflictos sociales, ejerce represión –que suele ser brutal- no sólo bajo la dirección de su comando sino, también, de la Gerencia General o Gerencia de Seguridad de las empresas extractivas.

“Se está produciendo es un fenómeno de “delicadísima privatización” de la Policía al servicio de empresas privadas, fundamentalmente del sector minero e hidrocarburos. Ya se habla de la mercerización de la fuerza pública en favor de la defensa de los intereses de grandes empresas nacionales y transnacionales”, aseveró ante la comisión.

Aquí también precisó que el Estado peruano ha dado facilidades y apariencia constitucionalidad a la intervención de las fuerzas policiales, con la aprobación de normas de jerarquía legal que, aunque prohíben servicios de seguridad privada por parte del efectivo policial -de manera personal- ratifican la excepcionalidad de los contratos de servicios de seguridad privada brindados por la policía a empresas privadas (Decretos Legislativos N° 1148, 1213 y 1230).

Es por ello que, Fedepaz solicitó que la CIDH exhorte al Estado Peruano a revisar y derogar las normas que criminalizan la protesta social, así como a establecer una política pública de protección a los defensores de derechos humanos que sigue pendiente desde el sector Justicia.

Ministra responde

A su turno, la Ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marisol Pérez Tello, señaló que el tema de los contratos de seguridad privada estaba siendo revisado por el Estado peruano en el contexto de lo que debe ser la responsabilidad social empresarial y en la línea de los principios voluntarios por parte de las empresas para respetar los derechos humanos. Para Fedepaz, con esto, Pérez Tello dio a entender que dichos convenios quedarían sin efecto.

Criminalización de la protesta

En cuanto a la criminalización de la protesta social alrededor de los conflictos socioambientales en el Perú, Velazco Rondón mencionó que tiene como base: el uso indiscriminado de la fuerza policial y militar, la instrumentalización del derecho penal para perseguir a los dirigentes de las protestas, campañas de difamación a los defensores de derechos humanos, y la inexistencia de justicia y reparaciones para las víctimas de la criminalización.

Al inicio de su intervención, el abogado explicó que la política sistemática de criminalización por parte del Estado, se va manteniendo gracias a medidas legislativas como la Ley N°30151 (Modificatoria del artículo 20° del Código Penal), que permite la impunidad en casos de violaciones de derechos humanos; así como el Decreto Legislativo N° 1095, que autoriza la intervención de las Fuerzas Armadas para el mantenimiento del orden interno con –o sin- declaratoria del Estado de Emergencia por parte del Ejecutivo.

Nueva normativa de represión

David Velazco también señaló que el derecho penal se sigue utilizando como principal instrumento de criminalización, y citó como ejemplo la reciente aprobación del Decreto Legislativo No. 1245 que aumenta injustificadamente las penas en delitos como daño agravado, hurto agravado, etc. Tipos penales que normalmente son empleados para iniciar procesos penales a quienes participan en las protestas sociales.

La CIDH ha publicado el video de la sesión en este enlace: https://www.youtube.com/watch?v=-y9qCTz7fgA

DATOS:

  • Fedepaz participó en la Audiencia General convocada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre “Política del Estado Peruano en materia de derechos humanos”.
  • El Estado Peruano estuvo representado por la Dra. Marisol Pérez Tello, Ministra de Justicia y Derechos Humanos, mientras que la sociedad Civil estuvo representada por una delegación integrada por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, DEMUS, PROMSEX y Fedepaz.
  • La audiencia tuvo lugar de 9:45 a.m. a 10:45 a.m. en la Ciudad de Panamá, en el marco de su 159º Período Ordinario de Sesiones.

Fuente: Fedepaz

Fotos: Captura YouTube CIDH

CON UN DÍA DE ANTICIPACIÓN

  • Reunión se iba a desarrollar este martes 13 por la mañana
  • Comunidades de Piura y Cajamarca dieron a conocer sus condiciones de diálogo

La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) decidió suspender la primera reunión de la mesa de diálogo que iba a sostener con las comunidades de las provincias de Huancabamba, Ayabaca (región Piura), Jaén y San Ignacio (Cajamarca), informó Merbil Peña Vilela, alcalde del distrito de Carmen de la Frontera.

Según indicó Peña a RED MUQUI, la PCM no aceptó que la mesa se desarrolle en Sapalache (capital de Carmen de la Frontera), tal como lo propuso Frente por el Desarrollo Sostenible de la Frontera Norte del Perú (FDSFNP), por ser el lugar donde se inició el conflicto por Río Blanco en el año 2003.

Por medio de una carta enviada a la PCM y al Ministerio de Energía y Minas (MEM), el Frente presentó su lista de participantes, así como sus condiciones para iniciar este proceso de diálogo, tras el convenio suscrito entre el Estado y el consorcio chino Xiamen Zijin Tongguan Investment Development Corporation, que invertiría alrededor de US$ 2,500 millones para obtener, durante 20 años, una producción de 200 mil toneladas de cobre fino y 3,000 toneladas de molibdeno fino por año.

Entre ellas está incluir a todos los representantes que integran el FDSFNP, incluyendo a sus asesores; que quienes representen al Estado en la mesa, sean funcionarios con capacidad de decisión como son ministros o viceministros, entre otras.

En respuesta, el Ejecutivo también les comunicó que antes deberán sostener una reunión de coordinación para evaluar estos pedidos acordados por las autoridades locales y regionales y dirigentes de Rondas, Comunidades Campesinas y demás organizaciones sociales que habitan en lo que sería la zona de influencia del proyecto minero.

Cabe mencionar que estas condiciones del FDSFNP surgieron de una asamblea que sostuvieron este fin de semana en el Gobierno Regional de Piura. En este encuentro se acordó principalmente, rechazar la realización del proyecto minero en Ayabaca, Huancabamba y San Ignacio, debido a los serios impactos ambientales y sociales que ha ocasionado desde hace 13 años.

Asimismo, el FDSFNP coincidió en exigir que el Estado respete la Constitución y el Convenio 196 de la OIT que reconocen su autonomía comunal y el derecho a la consulta previa, que debe aplicarse antes de tomar cualquier decisión que les puede afectar. 

Otro de los acuerdos concretados, fue la coordinación y acciones de los integrantes del FDSFNP, de las cuatro provincias en los espacios de diálogo que se puedan generar a nivel nacional, regional y local; fomentar la diversificación productiva en los planes de desarrollo concertados con las municipalidades locales y provinciales, y gobiernos regionales, ello supone desarrollo de actividades sostenibles como la agricultura, la ganadería y el turismo.

Cabe mencionar que el Frente de Defensa ha solicitado el acompañamiento de un grupo técnico conformado por RED MUQUI, Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Páz (Fedepaz), Red Regional de Agua, Desarrollo y Democracia de Piura (REDAD), el área de Justicia y Paz de la diócesis de Chulucanas y la Coordinadora de Derechos Humanos (CNDDHH), organizaciones de la Sociedad Civil que conocen muy bien el caso (desde que era minera Majaz S.A.), además de haber asumido la defensa de los dirigentes comunales que fueron torturados por la policía en la campamento minero en el año 2005.

La zona de influencia del proyecto Río Blanco, está constituida por páramos y bosques de neblina generadoras de humedad y vegetación, en estos ecosistemas se encuentran las nacientes de los ríos: Piura, Quiroz y Huancabamba, fuentes de agua de la región de Piura. De igual manera, de estos lugares nace el río Chinchipe tributario del Marañon (cuenca amazónica) que también abastece a las provincias cajamarquinas de de Jaén y San Ignacio.

DATOS:

  • En su última visita a Lima, los representantes de las comunidades sostuvieron reuniones con la vicepresidenta de la República, Mercedes Aráoz, y con funcionarios de la PCM y el MEM. En este encuentro se planteó comenzar la mesa de diálogo el 13 de diciembre desde las 10:00 a.m.
  • El FDSFNP se ha conformado el 2005 para ejercer la defensa conjunta desde las provincias Ayabaca, Huancabamba, San Ignacio, de los derechos humanos y del medio ambiente.
  • En setiembre de 2007, se llevó a cabo una consulta vecinal en los distritos de Ayabaca y Pacaipampa (Ayabaca), así como en el distrito de El Carmen de la Frontera en (Huancabamba), donde el 95% se mostró en contra de que se desarrolle minería en sus territorios comunales.

 

Fuente: Red Muqui

Fotos: Oxfam / REDAD Piura / El Peruano

El Grupo Perú Ambiente y Clima (anteriormente Grupo Perú COP), saluda la entrada en vigencia del Acuerdo de París en noviembre pasado, lo cual representa simbólicamente la intención de los países – entre ellos el Perú – de cumplir con sus compromisos para que la temperatura global del planeta no sobrepase los 2°C, que de por sí ya nos coloca en una situación crítica.

La expectativa para la COP22, realizada en Marruecos en noviembre de este año, estuvo en que los países aprovechen el impulso de la entrada en vigencia del Acuerdo de París y se llegue a decisiones que permitan la implementación del Acuerdo. Sin embargo, en términos generales podemos afirmar que los avances concretados no dan señales de entrar firmemente en la ruta de reducción de emisiones de GEI hacia el 2021 y posteriormente 2030.

Uno de los hechos que pone en riesgo la implementación del Acuerdo es la reciente elección de Donald Trump como presidente de Estados Unidos, del cual se teme que no cumpla con los compromisos climáticos asumidos por su país. El nombramiento de un abierto negacionista del cambio climático como responsable de su política ambiental confirma que estamos en un momento de alto riesgo para lo avanzado en Paris y se pueda incubar un proceso de “Brexit Climático”.

Consideramos igualmente preocupante que los negociadores hayan postergado hasta el 2018 el plazo para definir las reglas que permitan la implementación del Acuerdo de París; este retraso hace peligrar la meta de no superar los dos grados de aumento de temperatura, y la meta de 1.5 grados se aleja cada vez más. En este contexto, es esencial aumentarlos esfuerzos de mitigación y definir metas más ambiciosas para el periodo previo al 2020, sobre todo por parte de los países desarrollados.

Por otro lado, es preocupante el camino hacia la privatización de los mecanismos de financiación y muchas decisiones de particular importancia para los países vulnerables, como el financiamiento climático o la agricultura han sido postergadas para ser tratadas el próximo año.

En relación al financiamiento climático, respaldamos el pedido de los países en desarrollo, que exigen mayor claridad y garantías sobre el incremento en la movilización y suministro de recursos financieros, en particular para las acciones de adaptación. Aunque se ha avanzado en definir orientaciones para el Fondo Verde para el Clima, el Fondo Global para el Medio Ambiente (GEF), y para el Comité Permanente de Finanzas, aún no se logra establecer una hoja de ruta para alcanzar la meta de US$ 100 billones anuales de financiamiento climático prometida por los países desarrollados.

Nos preocupan los desacuerdos que surgieron en la COP22 respecto a la continuidad del Fondo de Adaptación dado que fue creado bajo el Protocolo de Kyoto que ya fue reemplazado por el Acuerdo de París. Concordamos con la propuesta de que este Fondo sirva al Acuerdo de París, 2 como lo plantean los países en desarrollo. Este fondo es importante, pues permite un acceso más directo al financiamiento, con menos trabas burocráticas que exigen otras fuentes financieras, además los países en desarrollo tienen una mayor representatividad en las instancias directivas, lo que no sucede en otros casos.

La transparencia es otro de los pilares del Acuerdo de París, por lo que es preocupante observar que subsiste el desacuerdo en relación a si los países en desarrollo deben someterse a las mismas reglas que los países desarrollados. A este respecto, respaldamos la propuesta de AILAC sobre la relevancia de transitar de los esfuerzos actuales de reporte y revisión hacia un marco común y robusto de transparencia.

También consideramos preocupante el escaso avance respecto a la transparencia del financiamiento climático, ya que aún no se ha acordado un plan de trabajo que establezca plazos y procedimientos para contabilizar los recursos canalizados para la acción climática. La suma de estos elementos evidenció en la COP22, que muchos de los gobiernos querían eludir la responsabilidad por la aplicación de las Contribuciones Nacionales (NDC), hasta que tengan garantías de financiamiento para sus acciones; en ese sentido muchos países han defendido abiertamente el protagonismo de la iniciativa privada a través de Alianzas público-privadas, como sabemos, la participación privada en el fondo no será por filantropía ambiental, en el mejor de los casos debe ser la oportunidad para un debate y diálogo abierto con la sociedad civil.

Asimismo, lamentamos que las negociaciones sobre Agricultura no hayan logrado resultados concretos, pese a que el propio Acuerdo de París reconoce «la prioridad fundamental de salvaguardar la seguridad alimentaria y acabar con el hambre y la especial vulnerabilidad de los sistemas de producción de alimentos a los impactos del cambio climático». Hacemos un llamado a los negociadores a promover en las próximas reuniones de la CMNUCC la adopción de una decisión en relación a la Agricultura que reconozca la prioridad de las medidas de adaptación y permita construir capacidades y canalizar recursos a los agricultores familiares.

Reconocemos algunos avances en relación a diversos temas que el Grupo Perú Ambiente y Clima considera prioritarios.

  • Adaptación

Consideramos positivo que en la COP22 se haya establecido un plazo corto para que los países presenten sus propuestas sobre las características que debe tener la Comunicación de Adaptación. También saludamos que el Comité de Adaptación iniciara la discusión sobre cómo pueden reconocerse los esfuerzos de adaptación de los países en desarrollo y cómo se evaluará la adecuación de estos esfuerzos; y concordamos igualmente con la necesidad de que este Comité cuente con financiamiento suficiente para implementar su plan de trabajo, dada la importancia de la Adaptación para países vulnerables como el Perú que requieren apoyo en la implementación de sus Planes Nacionales de Adaptación.

  • Programa de Nairobi

Se analizó la relación entre el cambio climático y la salud, áreas en que nuestro país ya siente los impactos negativos; reconocemos como un avance la aprobación de un plan de trabajo de 5 años para abordar las pérdidas y daños por impactos climáticos que no pueden ser enfrentados con medidas de adaptación, como el retroceso glaciar en el caso peruano.

  • La construcción de capacidades para la adaptación y mitigación

Como prioridad para los países en desarrollo y para el Perú, saludamos que el Comité de París para la Creación de Capacidades haya iniciado sus labores, ya que consideramos que puede contribuir a que todos los países sean capaces de cumplir con sus compromisos climáticos. Destacamos que se haya decidido que este Comité aborde temas como la equidad de género, los conocimientos indígenas y los derechos humanos. También destacamos la puesta en marcha de la Iniciativa de Construcción de Capacidades para la Transparencia, que ya cuenta con más de US$ 50 millones para operar, pero advertimos que esta cifra es absolutamente insuficiente para cubrir las necesidades de los países en desarrollo.

  • Plataforma de intercambio de experiencias y buenas prácticas de adaptación y mitigación del cambio climático de comunidades y pueblos indígenas. En el caso peruano esta iniciativa es muy pertinente considerando el amplio bagaje de conocimientos y prácticas indígenas tradicionales. Esta Plataforma debería ser un espacio permanente en las futuras COP.

Respaldamos el planteamiento de los sindicatos, que exigen a los gobiernos que las NDC deben estar garantizadas por fondos públicos y que los países que han contribuido históricamente al cambio climático son los que deben asumir responsabilidades; asimismo que respeten y garanticen el trabajo digno, a los derechos humanos y ambientales e incorporen medidas de transición justa, que incluyan consultas con las organizaciones de trabajadores, empresas y comunidades campesinas y nativas. Debe especificarse como se afrontarán los impactos sociales de las políticas climáticas en los trabajadores, y como éstas serán reportadas en las NDC.

Asimismo, hacemos un llamado a no perder de vista la estrecha vinculación entre el Acuerdo de Paris, el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres, los resultados de Hábitat III, las metas de Biodiversidad de Aichi, la Agenda de Acción de Addis Abeba sobre Financiamiento para el Desarrollo y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. La planificación e implementación de los compromisos derivados de estos instrumentos internacionales debe ser integral.

Al Perú le corresponde dar un ejemplo de responsabilidad climática en América Latina, y un primer paso ha sido la pronta ratificación del Acuerdo de París. Ahora enfrentamos el reto de garantizar la compatibilidad entre los compromisos asumidos en la Contribución Determinada a Nivel Nacional y las políticas de desarrollo. En este sentido, instamos a que el Estado peruano evite contradicciones entre los compromisos climáticos y las medidas de promoción de inversiones.

Es urgente la asignación de recursos necesarios para la implementación de las NDC, particularmente en lo relacionado a las condiciones habilitantes, la gobernanza de los bosques, el fortalecimiento de la institucionalidad y estándares ambientales, el ordenamiento territorial, la protección de tierras de comunidades para evitar el cambio de uso para actividades no sostenibles, la participación de la población y comunidades en los procesos de consulta y toma de decisiones sobre políticas ambientales y climáticas, protección de zonas productoras de agua y gestión de la recarga hídrica con enfoque de cuenca, la protección de los flujos de agua superficial y subterránea para consumo humano y actividades sostenibles, y la priorización de medidas de adaptación relacionadas con la agricultura y la seguridad alimentaria; todo ello con pleno respeto a los derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas, particularmente sus derechos territoriales y a la consulta previa.

13 de diciembre de 2016

A TRAVÉS DE UNA CARTA PÚBLICA

  • Empresa minera presiona hacia un diálogo con funcionarios prepotentes que han actuado en contra de Máxima Acuña y sus otros familiares

La familia Chaupe Acuña dirigió una carta a Newmont –accionista mayoritaria Yanacocha– pidiendo que cesen los actos de hostilidad y cumplan con las recomendaciones del informe RESOLVE para dar solución al conflicto que mantienen ambas partes por el predio «Tragadero grande”, ubicado en Celendín (Cajamarca).

“Pensamos que producto de los resultados del informe RESOLVE, Newmont cambiaría su enfoque luego de aplicar algunas recomendaciones, como hacer na evaluación de riesgos específicos del caso, realizar un análisis de causa a raíz del conflicto de Tragadero grande; y hacer una investigación exhaustiva de los problemas de seguridad que son motivo de nuestra preocupación”, expresaron.

Empresa presiona con “diálogo”

En la carta dirigida al Presidente de Newmont Mining, David Goldberg, los Chaupe Acuña, cuestionan que la minera haya buscado dialogar con ellos de manera informal y con actos de agresión de por medio a cargo de algunos funcionarios de Yanacocha, como: Raúl Farfan (vocero de la empresa), Carlos Mercado y Héctor Zegarra.

“Estamos experimentando, en los últimos meses, es un insistente y forzado intento de acercamiento hacia nosotros, usando para ello a los peores interlocutores, los propios funcionarios responsables del mal manejo de este conflicto. Los que han dirigido y sostienen los ataques contra nuestra familia, tanto físicos, psicológicos, como mediáticos”, refieren.

Mirtha Vásquez, abogada de los Chaupe Acuña, indicó que el 5 de noviembre pasado, estos altos funcionarios de la empresa se acercaron a la casa de la familia, donde fueron escuchados. En esta reunión los representantes de Yanacocha insistieron sobre la adquisición del terreno, que para esta familia campesina es innegociable.

“La empresa ha enviado dos cartas – a mí y a Máxima- con el fin de dialogar. El problema es que desde entonces vienen presionando e insistiendo día a día para concretar otra reunión, lo cual constituye también un acto de presión y hostigamiento. Esta no es la manera de propiciar un acercamiento”, dijo la directora del Grupo de Formación e Intervención para el Desarrollo Sostenible (GRUFIDES).

Ante ello, la familia manifiesta que precisamente son estos funcionarios los que siguen presionando, de manera confrontacional y agresiva, para llevar a cabo un diálogo.

“Sin duda algunos de estos funcionarios han sido los causantes de que el conflicto llegue hasta su estado actual, y hoy continúan empeorando la situación”, señalan a Newmont.

En ese sentido, Mirtha Vásquez, quien también ha sufrido actos de hostigamiento por ejercer la defensa del caso de Máxima Chaupe, aclaró que hasta el momento no existe ningún diálogo iniciado con Yanacocha, ya que, hasta el momento, no se han establecido los puntos a conversar.

“La empresa debe comprender que este tema va más allá de una transacción comercial. En este caso se han trasgredido los derechos humanos de la familia. Si el diálogo que plantea la empresa va por negociar en base al terreno, no se llegará a nada, porque el terreno no está en venta, ni en posición de intercambio”, aseveró.

Asimismo, los Chaupe Acuña pidieron que la trasnacional, especifique bajo qué puntos pretende entablar un diálogo con ellos.

“Escribimos esta carta a la máxima autoridad de Newmont para pedirle que, mediante una comunicación clara, precisa y pública, nos exprese cuales son los puntos sobre los que Newmont desea dialogar con nuestra familia”, solicita Máxima Acuña junto a su esposo Jaime Chaupe.

En gran parte de la carta dirigida a Goldberg, Máxima y su esposo Jaime, le recordaron el resultado del informe RESOLVE, a cargo de la Misión Independiente de Constatación de los hechos de Yanacocha, que Newmont contrató para recopilar información sobre su caso. Específicamente lo referido a violaciones a derechos humanos.

“Lamentamos que el informe, a pesar de todas las importantes constataciones que hace, incluyendo el registro del uso sistemático de la fuerza contra nosotros, concluya ambiguamente en que no existen evidencias de violación de derechos humanos, aunque señale que sí existe riesgo sobre los mismos”, manifiestan los esposo Chaupe Acuña.

Fuente: Carta abierta a Newmont Mining

Foto: Gabriela Delgado

Como parte de su labor de incidencia, la RED MUQUI propuso al Congreso de la República, la conformación de un sub grupo de trabajo para desarrollar los distintos aspectos de la Salud ambiental, así como la remediación de los Pasivos ambientales en las regiones más impactadas por la contaminación ambiental.

Este espacio de “Salud Ambiental y remediación de Pasivos Ambientales”, formaría parte de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y de Ambiente y Ecología del Congreso.

de conformarse, se espera la participación directa de las instancias competentes del gobierno central, gobiernos regionales y de la Sociedad Civil, a fin de revisar la legislación existente y plantear normativas que sustenten y ejerzan el mandato para la implementación de proyectos o programas de salud ambiental y de control efectivo de Pasivos Ambientales Mineros (PAMs).

Para ello es necesario identificar la problemática de la salud ambiental y humana y la remediación de PAMs, desde las diversas organizaciones sociales, población organizada, sociedad civil y entidades del Estado competentes (a nivel nacional y regional), indicó RED MUQUI en su propuesta.

Asimismo, esta subcomisión deberá realizar un diagnóstico, para luego plantear normas en el poder legislativo, políticas públicas a nivel ejecutivo y normativas específicas a los gobiernos subnacionales.

En su pedido a la comisión que preside la congresista María Elena Foronda, RED MUQUI justifica la necesidad de contar con un grupo de trabajo que atienda los PAM’S que son fuente de contaminación, y que en el año 2015 sumaron 8,616. La mayoría de estos se ubican en el área de intervención de proyectos mineros que ya cerraron, pero que aun así afectan seriamente la salud de las poblaciones cercanas.

La Oroya (Junín), Espinar (Cusco), San Mateo (Lima), Simón Bolívar (Pasco) y Hualgayoc (Cajamarca), serían los casos más urgentes por ver en este subgrupo de trabajo ambiental, ya que poseen características físicas, químicas, biológicas y sociales que hacen constante la intervención de organismos gubernamentales y la sociedad civil en general.

En estas zonas del país, no es solo la contaminación ambiental la que ha perjudicado la salud de la población, sino la persistencia de la pobreza y la marginación en brindar servicios básicos, son los que permiten este impacto en los pobladores.

Iniciativas y avances en las regiones afectadas

En la región de Pasco existe una ordenanza que permitió la creación de un registro de afectados, así como una serie de solicitudes para la construcción de una clínica de descontaminación que cubra las demandas de la emergencia ambiental, que ya ha sido declarada en tres distritos y un asentamiento humano.

En Junín, desde el año 2012, se promulgó una ordenanza –también a nivel regional- que declara de interés y necesidad pública regional la atención prioritaria y especializada a personas afectadas por la contaminación ambiental, tanto en la provincia de Yauli, como en toda la región Junín.

Hasta el momento, la implementación de esta ordenanza, que contempla un programa de atención en salud, no ha sido implementada debido a las limitaciones que tienen los organismos regionales y locales, en cuanto a sus capacidades técnicas y operativas.

En cuanto al Cusco, a partir de las denuncias de contaminación minera en Espinar en el año 2012, se realizaron monitoreos en salud a cargo del Estado, desde el Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del Ambiente para la Salud (CENSOPAS).

En el año 2013, esta dependencia del Ministerio de Salud (Minsa) reveló serios problemas ambientales y sanitarios a raíz de la contaminación, situación que exigía medidas de atención médica especializada y controles ambientales, ante la presencia de cadmio, arsénico, mercurio, plomo y talio. Lamentablemente, hasta hoy, la población no recibe ninguno de estos servicios.

Por su parte, el Comité por la Defensa de la Salud y del Ambiente de Espinar y comunidades afectadas han demandado que se implementen políticas públicas integrales y participativas a favor de las personas afectadas a su salud, ante el Ministerio del Ambiente, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), el Minsa y sus órganos descentralizados (CENSOPAS y DIRESA), así como al Gobierno Regional del Cusco.

Fuente: RED MUQUI

Foto: CEAS

RED MUQUI lamenta que el Estado peruano haya suscrito un convenio con la empresa Río Blanco Copper S.A. (antes minera Majaz y hoy subsidiaria del consorcio minera Zijin), sin haber brindado ningún tipo de información al pueblo, ni a las comunidades campesinas de Ayabaca y Huancabamba (región Piura) y tampoco a las de San Ignacio (región Cajamarca).

Con el fin de promover el proyecto minero Río Blanco en territorios comunales, el Estado no aplicado el derecho a la consulta previa en dichas zonas, y nuevamente, se viene vulnerando lo señalado en el Convenio 169 de la OIT y la propia Constitución Política del Perú que reconoce la autonomía de estas comunidades campesinas.

Es necesario recordar que en el setiembre del año 2007, las comunidades y poblaciones de los distritos de Ayabaca y Pacaipampa (provincia de Ayabaca), de El Carmen de la Frontera (provincia de Huancabamba), llevaron a cabo una consulta vecinal en la que 95% decidió apoyar el desarrollo de la agricultura, la ganadería y el turismo en sus territorios; rechazando así, la actividad minera, por los riesgos que ésta genera en el acceso al agua -para la mayor parte de la región- así como para el desarrollo sostenible de sus actividades económicas.

Es por ello, que desde la RED MUQUI rechazamos que nuestro gobierno acepte y promueva que éste tipo de empresas inviertan en nuestro país, aún cuando han cometido violaciones a los derechos humanos (el proyecto Río Blanco ha causado la muerte de 10 personas) y afectaciones a los ecosistemas frágiles y el medio ambiente.

En ese sentido, mostramos nuestra preocupación por las facilidades que el Estado brinda a la inversión, con una nueva regulación normativa que ha permitido el debilitamiento de las instituciones ambientales y sociales -con los paquetazos ambientales- que proyectos de este tipo se ejecuten, pese a que se afectan derechos humanos y colectivos, y ecosistemas frágiles y fuentes de recursos hídricos.

Consideramos que el retorno de la empresa Río Blanco Copper S.A. podría acarrear graves impactos en la vida y salud de las personas, así como, en nuestra naturaleza y en las actividades económicas enraizadas en dichas tierras, como la agricultura y ganadería de las que nuestras comunidades y poblaciones dependen.

Asimismo, con el aval que le ha permitido la suscripción del citado convenio con el Estado peruano, y el respaldo del Presidente de China durante la APEC, la empresa minera viene generando división y enfrentamiento entre las organizaciones, por medio de la entrega de dádivas a determinadas personas por trabajos ocasionales y la cooptación de dirigentes.

Es por ello, que desde la RED MUQUI demandamos que se cumplan las normas nacionales e internacionales que amparan los derechos de las comunidades y poblaciones locales, antes de tomar cualquier decisión que los afecte, como en el caso del proyecto minero Río Blanco y de cualquier otro proyecto de inversión.

Esperamos que el diálogo -instrumento al que siempre han recurrido las comunidades de Ayabaca, Huancabamba y San Ignacio para resolver sus problemas- sea el que impere, a fin de canalizar las preocupaciones de las organizaciones sociales y sus autoridades; evitar mayor conflictividad, y considerar las propuestas de las comunidades y poblaciones, quienes buscar mayor apoyo estatal para promover sus actividades económicas de desarrollo sostenible, como son la agricultura, agricultura ecológica, ganadería y el turismo sostenible.

Lima, diciembre de 2016

RED MUQUI